Juana Hofman, autor en Razón Pública

Compartir:

Las concepciones fragmentadas del territorio y las distinciones de lo que lo conforman, crean visiones sesgadas del mismo que afectan los diseños territoriales. Por Juana Hofman.
Continue reading «Los planes de ordenamiento territorial deben actualizar sus métodos»

0 comentarios

Juana Hofman

Escrito por:

Juana Hofman

*Abogada ambientalista, con maestría en ordenamiento ambiental del territorio, candidata a doctora en Geografía.

Portada: Agencia Nacional de Hidrocarburos Pilotos de Fracking

Compartir:

Juana Hofman

Los Proyectos Piloto de Investigación Integral sobre el fracking están inmersos en un conflicto de intereses y disfrazan el extractivismo con el ropaje de la ciencia.

Juana Hofman*

El fracking en Colombia

El debate sobre el fracking sigue avanzando en Colombia y, para algunos, existen dos bandos: quienes apoyan la ciencia y la objetividad, y quienes se siguen oponiendo a esta controvertida técnica.

El propósito de este artículo es brindar información sobre qué son los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), cómo han avanzado y alertar sobre las incertidumbres y dudas que rondan este ejercicio llamado “científico”, en donde las empresas y el gobierno son juez y parte. Las PPII están bajo la sombra del conflicto de intereses y debemos dudar de su seriedad.

De dónde salen los PPII

Los PPII fueron propuestos por la Comisión Interdisciplinaria Independiente contratada por el Gobierno Nacional en el informe que presentó en abril de 2019, que recomendó adelantarlos como “experimentos de naturaleza científica y técnica sujetos a las más estrictas condiciones de diseño, vigilancia, monitoreo y control y, por tanto, de naturaleza temporal”.

Actualmente, el marco regulatorio que reglamenta el fracking está suspendido por una decisión del Consejo de Estado que sigue en pie. En este litigio, el Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte de Barranquilla demandó el Decreto 3004/13 y la Resolución 90341/14. Estas son las normas que establecen los criterios y procedimientos técnicos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Los PPII fueron autorizados por el Consejo de Estado, mediante un auto de la Sala Plena de la Sección Tercera. En esa decisión, el alto tribunal menciona que, si el gobierno lo considera pertinente, podrá adelantar los PPII en cumplimiento estricto de lo mencionado por la Comisión de expertos.

Es decir, el Consejo de Estado da la posibilidad para que el Estado ponga en marcha los PPII con dos condiciones:

  1. Que se cumplan “de manera estricta” las recomendaciones de la Comisión Interdisciplinaria Independiente; y
  2. Que se cumplan las tres etapas propuestas por la Comisión en su informe: etapa de condiciones previas, etapa concomitante y etapa de evaluación.

Estas son las condiciones de la comisión de expertos que el Gobierno debe cumplir antes de empezar:

  • transparencia y acceso a la información;
  • mejoramiento de la capacidad institucional;
  • desarrollo de tecnologías de mínimo impacto;
  • garantía del derecho a la participación;
  • desarrollo de líneas base de información en salud, biodiversidad, aguas, entre otras;
  • listado de impactos ambientales no resueltos; y
  • licencia social.

Les recomendamos: Proyectos piloto de investigación integral del fracking: ¿qué podría salir mal?

¿En qué van los PPII?

En la actualidad, los PPII están en la etapa de condiciones previas, que empezó con la expedición del Decreto 328 de 2020 y finalizará con el otorgamiento de las licencias ambientales.

Es decir, los PPII de fracking ya comenzaron. El propósito de la etapa concomitante es hacer un diagnóstico y aprestamiento previo a la perforación de pozos y el fracturamiento hidráulico.

El gobierno ha llevado a cabo las siguientes acciones en la etapa de condiciones previas:

  1. A partir de la promulgación del Decreto 328 del 28 de febrero de 2020, que fijó los lineamientos generales para adelantar los PPII, se han proferido los lineamientos técnicos (Resolución 40185 del 4 de julio), sociales (Resolución 904 del 20 de agosto), contractuales (Resolución 613 del 14 de septiembre) y de monitoreo de sismicidad (Resolución 304 del 4 de noviembre).
  2. De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 40185 de 2020, se autorizó que se lleven a cabo hasta cuatro PPII, cada uno con un máximo de 2 pozos (8 pozos en total). Los pozos estarán en las cuencas del Valle del Magdalena Medio y Cesar Ranchería.
  3. Se han conformado las siguientes comisiones y comités:
    (a) la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico (CIATC), encargada de orientar y coordinar la ejecución de los PPII y entregar un informe técnico final sobre la ejecución. Está compuesta en un 100% por entidades estatales, con dos invitados permanentes de la comunidad académica (con voz, pero sin voto). Esta comisión expidió su reglamento el pasado 21 de agosto.
    (b) Comité Evaluador, instancia encargada de hacer la evaluación final y recomendar o no la explotación comercial a través del fracking. Está compuesto por cuatro ministerios y tres miembros independientes (dos de la academia y uno de la sociedad civil) que ya fueron seleccionados.
  4. Se han creado lentamente las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento, que le harán seguimiento a los PPII y serán el espacio de interlocución entre la comunidad, el Estado y las empresas y en la elaboración de las líneas base generales que estarían listas en el primer semestre del próximo año.
Foto: Agencia Nacional de Hidrocarburos Los pilotos no cumplen con los requerimientos y están siendo poco rigurosos.

Lea en Razón Pública: Minería en Santurbán: nadie responderá por los daños

Ni ciencia pura ni objetividad

El avance de las PPII ha sido mediocre pese a las exigencias que la comisión de expertos le recomendó al gobierno, y que después el Consejo de Estado convirtió en obligatorios. Hay muchos vacíos de información y una gran ausencia de capacidades institucionales. Estas son condiciones que no se han cumplido y que prometen no cumplirse.

Los PPII no son ejercicios de aprendizaje o mejoramiento institucional. Por el contrario, determinan la magnitud de los impactos ambientales y sociales y la sostenibilidad de una práctica, según la lectura del Auto del CE y el informe de la Comisión interdisciplinar de expertos.

Por lo anterior, la capacidad instalada debe existir previamente. Sin embargo, hoy no contamos con esta información. Cualquier “línea base” que se levante después de comenzar las actividades es un monitoreo, no una línea base. Y así se están desarrollando hoy los PPII.

Además, en la reglamentación sobre los PPII no se mencionan las licencias sociales. Es necesario prender las alarmas ante esta grave omisión, pues las zonas en donde se pretenden llevar a cabo los PPII son además zonas en donde históricamente ha habido conflicto armado.

El capítulo 3 del informe de la comisión de expertos, habla sobre la licencia social y la participación ciudadana, y menciona que “(…) uno de los principales riesgos que el gobierno de Colombia tiene que prevenir está asociado a [sic] la dinámica de los conflictos sociales. Para evitarlos, es necesario obtener la “licencia social” y esto exige una mayor transparencia en la manera como se adelantan las actividades, se toman las determinaciones, se invierten los excedentes y se usan los recursos destinados a beneficiar a las comunidades locales.”

Tal como se menciona en la comisión de expertos, un proceso de extracción incluyente exige una participación ciudadana efectiva, amplia, libre e informada, en condiciones de respeto por los derechos de la población local y en armonía con el territorio y las culturas existentes. Este tipo de participación no está planteada en el proyecto de Decreto.

Tan preocupante es el asunto que, según la reglamentación hoy vigente, no hay acceso a la información sobre la localización de los PPII, pues esta información se hace pública una vez sean firmados los contratos, es decir, una vez la decisión está tomada.

Respecto del mejoramiento institucional, el capítulo 9 del informe de la comisión de expertos afirma que “la legislación ambiental en Colombia es compleja y relativamente completa, pero la falta de cumplimiento de las normas ambientales en Colombia es muy elevada y está asociada a [sic] precarios niveles de supervisión, control y monitoreo”. Seguidamente explica: “con base[sic] en lo anterior, se hace necesario pasar de actos de voluntad, que se manifiestan en documentos de política ambiental y piezas legislativas, a ejecutar las políticas haciendo cumplir la legislación y las metas e indicadores con procedimientos concretos y efectivos.”

Frente al seguimiento en la etapa final de los PPII, no se contempla una revisión o evaluación de las instituciones estatales después del informe final, ni un proceso de adecuación o mejoramiento institucional, según lo recomendado por la Comisión de Expertos y el Consejo del Estado.

Así mismo, la evaluación no es vinculante, ni se contempla un proceso de cumplimiento con las recomendaciones de la evaluación final, sino que se permite celebrar contratos comerciales tan pronto se publique el informe final. Esto pone en evidencia el verdadero carácter de los reglamentos: avanzar con esta controvertida técnica que hoy está suspendida por sus altos riesgos.

Además, la evaluación final debe incluir una evaluación de los riesgos y daños acumulativos de los futuros pozos que serían necesarias para que la explotación comercial fuera rentable. También debe incluir un análisis de costo-beneficio de la explotación de hidrocarburos a través del fracking a gran escala. La reglamentación no habla de estos temas y omite las recomendaciones y obligaciones indicadas por el Consejo de Estado.

Es muy importante entender que los impactos de los pozos pueden prolongarse durante años o aparecer después de períodos largos. Es clave entonces preguntar cuáles impactos se van a evaluar en la “etapa de evaluación” porque evidentemente no serán los de la etapa de abandono.

El avance de las PPII ha sido mediocre pese a las exigencias que la comisión de expertos le recomendó al gobierno

Falta de rigor científico

Finalmente, la ciencia moderna se basa en el sistema de evaluación por pares externos, en el que personas expertas en el tema del estudio, pero independientes de sus autores, hacen una evaluación objetiva del proceso científico, sus resultados y conclusiones.

El Decreto 328 carece de rigor científico por el conflicto de intereses de tener a las mismas instituciones gubernamentales definiendo el diseño de los PPII en la fase previa a la etapa I (Condiciones Previas), tomando datos en la Etapa II (Concomitante), y evaluando los resultados en la etapa III (Evaluación).

En el ejercicio científico hay conflicto de intereses cuando el estudio es llevado a cabo con la financiación de las mismas instituciones que se benefician por los resultados de la prueba de hipótesis. Tal conflicto de intereses se suele declarar abiertamente debido al riesgo de pérdida de objetividad e imparcialidad a las conclusiones de un estudio.

Este no es un debate entre dios y el diablo, es un debate que debe ser informado y las dudas sobre los PPII deben ser oídas y tomadas en cuenta como posturas serias y legítimas. Nada ayuda más a la consolidación de una democracia sana que los disensos; dejemos de disfrazar de ciencia las posturas en favor del extractivismo. Los pilotos son la crónica de una explotación de fracking anunciada.

0 comentarios

Juana Hofman

Escrito por:

Juana Hofman

*Abogada ambientalista, con maestría en ordenamiento ambiental del territorio, candidata a doctora en Geografía.

Foto: Defensoría del Pueblo - Sin una protección legal, los indígenas que habitan la Sierra Nevada pueden quedar a la deriva.

Compartir:

Juana Hofman

La disputa jurídica de los pueblos indígenas para proteger la Sierra Nevada de Santa Marta.

Juana Hofman*

¿Qué hay detrás del #1500Latidos?

El miércoles pasado la etiqueta #1500Latidos fue tendencia en Twitter. Artistas como Carlos Vives, Marcela Carvajal, Doctor Krápula, los Rollings Ruanas y algunos ambientalistas reconocidos como Juan Mayr, el Foro Nacional Ambiental y distintas universidades unieron sus voces al llamado de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta para proteger el corazón del mundo.

En junio del 2019 un prestigioso abogado radicó una acción de nulidad ante la sección primera del Consejo de Estado donde demandaba el Decreto 1500 de 2018.

Este decreto busca redefinir el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra este territorio aparece como un ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental.

La opinión atacó en múltiples ocasiones este decreto. Algunos medios señalaron que su aplicación «paralizaría el desarrollo de tres departamentos» y que «hasta para hacer el Festival Vallenato habría que tramitar consulta previa».

Los gremios, la industria y otros sectores estigmatizaron el decreto debido a su ignorancia.

Foto:Ministerio de Ambiente - En 2018 se había decretado la protección de Línea Negra sobre la Sierra Nevada, pero alguien quiere que se declare nula.

Lea en Razón Pública: Estado, territorio y pueblos indígenas en Colombia

La lucha por el reconocimiento

El Gobierno reconoció la Línea Negra en 1973 con la Resolución No. 002 de 1973 «por la que se demarca la Línea Negra o Zona Teológica de las comunidades indígenas la Sierra Nevada de Santa Marta». Allí se identificó simbólicamente a la Línea Negra como un espacio delimitado por accidentes geográficos.

Algunos años después, el Ministerio del Interior expidió la Resolución No. 837 de 1995, con la cual se modificó la resolución anterior, considerando que «los pueblos indígenas de Nevada Santa Marta han delimitado de manera ancestral su territorio mediante una serie de líneas virtuales radiales denominadas “negras” o “de Origen” que unen hitos, considerados por ellos como sagrados», tal como menciona el decreto 1500.

Dichas resoluciones demarcan la delimitación tradicional del territorio indígena a la luz de la protección de la diversidad cultural.

Posteriormente, el Ministerio del Medio Ambiente expidió la Resolución No. 0621 de 2002, en la cual ordena «procurar y promover el fortalecimiento del Gobierno Indígena y el manejo armónico, integral y sostenible de esta ecorregión estratégica incorporando prácticas tradicionales», haciendo alusión a la Línea Negra.

En el 2017 la Corte Constitucional se pronunció con la Sentencia T-574, en donde resolvió un caso a favor de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Dicho caso versaba sobre una licencia ambiental concedida para la construcción y operación del puerto multipropósito De Brisa, sin consulta previa con las comunidades. Sobre este asunto la Corte menciona que:

«El proyecto del Puerto Multipropósito de Brisa se desarrolla en una zona que es considerada por las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta como parte de su territorio ancestral y en la cual se realizan prácticas culturales por dichas comunidades».

La Corte reconoció los derechos de los pueblos, su integridad económica y su derecho a la consulta previa, pero, además, gracias a su sentencia, surge el Auto 189 de 2013. Allí insta al Gobierno nacional a:

«revisar, modificar, derogar o adicionar, según sea el caso, las resoluciones 837 de 1995 y 002 de enero 4 de 1973 y demás normas complementarias, con miras a redefinir o actualizar la denominada línea negra, de conformidad con lo estimado en la parte motiva de esta providencia.».

De esta forma la Corte reconoció que existía una insuficiente protección del territorio de los pueblos indígenas en las normas vigentes, que, aunque importantes, hoy resultan desactualizadas.

Como último antecedente del Decreto 1500 está la Sentencia T-849 de 2014, en donde la Corte señala que «la “Línea Negra” es una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene los cuatro pueblos indígenas la Sierra Nevada de Santa Marta» y menciona que:

«el compromiso asumido por el Estado colombiano no se limita a la garantía de protección de algunos sitios de la línea negra, sino a la totalidad del que incorpora la misma toda vez que corresponde a un espacio geo-referencial delimitado por un polígono que recrea un espacio determinado y no un conjunto lugares sin conexión alguna».

Foto: Procuraduría General de la Nación - Proteger la Sierra Nevada de Santa Marta es proteger el corazón del mundo

Razón Pública le recomienda: La larga lucha de los indígenas del Cauca por su supervivencia

Los pueblos y el decreto

Después de la Sentencia T-849 los cuatro pueblos elaboran un Documento Madre —Jaba Seshizha (Kogui), Shetana Zhiwa (Wiwa) y Seykutukunumaku (Arhuaco)— que recoge la ley de origen y los principios espirituales que son la antesala a la existencia y la razón de percibir el mundo.

Este documento busca crear un puente entre el conocimiento ancestral y el ordenamiento jurídico. Es un esfuerzo titánico para que nosotros, los hermanitos menores, entendamos la cosmogonía indígena, ese vínculo inseparable y eterno que tienen con su territorio, sus lecturas desde la espiritualidad y toda la magia que engloba y se apropia de estas culturas y de sus espacios sagrados.

De este documento y de la necesidad de protección integral de la Línea Negra surge el Decreto 1500, el cual además fue construido como un acto de Gobierno a Gobierno. Después de largas excursiones por los espacios sagrados, infinitas discusiones con el Gobierno, recorridos con el IGAC y de mucho trabajo espiritual por los mamos de la Sierra, se llegó a un acuerdo sobre el contenido del decreto.

Temores

Los espacios sagrados son zonas interconectadas, en las que están los códigos ancestrales de la Ley de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El decreto apunta a que los pueblos puedan desarrollar su espiritualidad, pagamentos y recorridos por todos los espacios sagrados.

Son un total de 348 espacios sagrados que están protegidos y que no deben ser intervenidos, con el objetivo de garantizar la conectividad y supervivencia de los pueblos y su espiritualidad.

En teoría todo suena muy justo, acorde al Estado pluriétnico y multicultural que es Colombia. Pero la Sierra Nevada de Santa Marta es el escenario de innumerables disputas socio-ambientales, en las que los intereses mineros, urbanísticos y de macro-cultivos no se pueden sacar del juego fácilmente.

Justamente estos sectores son los que consideran problemática la protección del territorio de los pueblos, al igual que un reconocimiento legal a su espiritualidad.

¿En qué estamos hoy?

Después de la radicación de la demanda contra el decreto se prendieron las alarmas de los pueblos indígenas. Varios ambientalistas y organizaciones nacionales e internacionales acudimos a su llamado.

Nuestra meta es defender el Decreto 1500 de 2018 por su contenido, legalidad, historia, y porque representa el reconocimiento y la supervivencia física y cultural de los cuatro pueblos indígenas. En síntesis, es la defensa del corazón del mundo.

El miércoles pasado fueron radicados más de quince documentos en los que con argumentos legales, históricos y antropológicos se pretende que el Consejo de Estado declare la legalidad del decreto. Hoy somos muchos los que abrazamos este proceso y cada día se unen más voces.

Este fue el llamado que el miércoles 15 de julio hizo retumbar la tierra en una sola voz: #1500Latidos para Defender el Corazón del Mundo.

0 comentarios

Juana Hofman

Escrito por:

Juana Hofman

*Abogada ambientalista, con maestría en ordenamiento ambiental del territorio, candidata a doctora en Geografía.

Compartir:

Juana Hofman¿Qué significa la última decisión del Consejo de Estado sobre el fracking, en qué consisten los famosos pilotos y qué está en juego en esta batalla legal?

Juana Hofman*

Continue reading «Colombia sigue sin fracking»

1 comentarios

Juana Hofman

Escrito por:

Juana Hofman

*Abogada ambientalista, con maestría en ordenamiento ambiental del territorio, candidata a doctora en Geografía.

Compartir:

Juana HofmanCuatro pueblos indígenas le piden a la Corte Constitucional que proteja la Sierra Nevada. ¿Por qué está en peligro el Corazón del Mundo y qué podemos hacer para protegerlo?

Juana Hofman*

Continue reading «El corazón del mundo está en peligro»

0 comentarios

Juana Hofman

Escrito por:

Juana Hofman

*Abogada ambientalista, con maestría en ordenamiento ambiental del territorio, candidata a doctora en Geografía.

Compartir:

El PND ignora 20 años de luchas en terminos de genero

Juana HofmanAunque los medios lo dicen, aunque el Plan de Desarrollo abrió la puerta, y aunque el gobierno lo desee intensamente, esta forma de extraer los hidrocarburos no se puede utilizar en Colombia.

Juana Hofman*

Continue reading «El fracking todavía no es legal»

0 comentarios

Juana Hofman

Escrito por:

Juana Hofman

*Abogada ambientalista, con maestría en ordenamiento ambiental del territorio, candidata a doctora en Geografía.

Compartir:

La Casa Blanca iluminada con los colores del arcoíris en celebración de la legalización del matrimonio homosexual.

¿Puede haber matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres? A raíz de un  fallo  de la Corte Suprema de Estados Unidos, revive una controversia que también interesa a Colombia. ¿Qué dicen nuestra legislación? ¿Somos una sociedad igualitaria?

Juana M. Hofman Quintero* – Andrés Pérez-Carvajal**

Continue reading «Matrimonio igualitario en Colombia: un largo proceso legal»

0 comentarios

Juana Hofman

Escrito por:

Juana Hofman

*Abogada ambientalista, con maestría en ordenamiento ambiental del territorio, candidata a doctora en Geografía.

Compartir:

Delegados de paz del Gobierno Nacional y de las FARC en La Habana, Cuba.

Las amenazas de hoy son distintas de las que el gobierno y las FARC tienen en mente.  Análisis perceptivo de los avances en los preacuerdos y de los serios problemas que aún quedarían pendientes.

Juana M. Hofman Quintero* – Andrés Pérez-Carvajal**

Continue reading «La democracia local en la agenda de La Habana»

0 comentarios

Juana Hofman

Escrito por:

Juana Hofman

*Abogada ambientalista, con maestría en ordenamiento ambiental del territorio, candidata a doctora en Geografía.

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.