Aunque la atención se concentra en La Habana, también se están dando pasos para una negociación con el ELN. Hay algunos avances y el papel mediador de Uruguay podría contribuir al inicio del proceso.
Escenario complejo
El reciente ofrecimiento del presidente José Mujica para que la mesa de conversaciones con el ELN se establezca en Uruguay puede facilitar los diálogos de paz con este grupo insurgente.
La oferta uruguaya viene a confirmar que el gobierno y el ELN avanzan discretamente en definir las condiciones para la instalación oficial de la mesa. Pero la cuestión, al parecer, no avanza tan rápidamente como se quisiera.
Las negociaciones de paz son procesos complejos, mucho más cuando se trata de un conflicto prolongado, como en el caso de Colombia, que se caracteriza por la presencia de múltiples actores: un polo insurgente heterogéneo (FARC-EP y ELN), un polo paramilitar o, como se le denomina oficialmente, de Bandas Criminales (BACRIM) y, además, el narcotráfico.
La heterogeneidad del polo insurgente, el desigual desarrollo de las guerrillas y la percepción de su distinta importancia incidieron sobre la decisión presidencial de darle prioridad a negociar con las FARC. Con el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” se adoptó un modelo de conversaciones discretas sobre temas acotados y se fijaron los límites a la participación de la sociedad civil.
La prioridad dada a las FARC-EP y la definición de un modelo de negociación son puntos de referencia que pesan sobre las definiciones que deben darse entre el gobierno y el ELN. En unos aspectos causarán dificultades, en otros probablemente faciliten el desarrollo de las conversaciones.
Lecciones de la historia
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Foto: Kyle E. Johnson |
El ELN acumuló experiencia en las aproximaciones de paz que tuvieron lugar desde el gobierno Samper hasta el gobierno Uribe. De esas aproximaciones surgen enseñanzas variadas, de las cuales destacaría estas cuatro:
1. La importancia de facilitadores nacionales (Comisión Facilitadora Civil para el Proceso de Paz con el ELN, Comisión de Conciliación Nacional, iniciativa Casa de Paz) e internacionales (gobierno de España, Conferencia Episcopal Alemana, gobierno de México, Grupo de Países Amigos).
2. La participación de organizaciones de la sociedad.
3. La amplitud de la agenda y la inclusión de asuntos económicos, sociales y humanitarios.
4. La utilidad de los escenarios internacionales para avanzar en el diálogo.
La historia no transcurre en vano y, sin duda, estas experiencias gravitan sobre las conversaciones en curso para definir la agenda, las condiciones de funcionamiento de la mesa y el país donde sesionará.
Las “líneas rojas”
El alcance de la agenda está determinado por tres factores:
· Por el contexto general donde se desenvuelven las negociaciones –correlación de fuerzas en el campo de batalla, situación política nacional, situación internacional-.
· Por la posición e intereses de las partes.
· Por las interacciones y transacciones entre ellas pues, según muestra la experiencia nacional e internacional, las partes cambian como fruto del proceso de negociación.
Por lo pronto, el presidente Santos ha sido claro en establecer los fundamentos y delimitar las que ha llamado “líneas rojas” esto es, los límites que no podrían traspasarse. Esto consta sobre todo en su intervención en la Cátedra Colombia dirigida a los militares, cuando afirmó que no se negocia nada diferente de la “mecánica de la finalización de un conflicto”. Para el presidente:
- No se discute el desarrollo rural como medio para superar la pobreza o el atraso sino ante todo porque las raíces y la fuerza de las FARC se encuentran en el campo
- Se discute la participación política para que los insurgentes puedan cambiar “balas por votos” – que es la esencia de una paz negociada-.
- Se discuten los beneficios jurídicos para los excombatientes en el marco de la justicia transicional porque sin ello no es posible su desmovilización – y con la añadidura que estos beneficios se adoptarán también para los miembros de las Fuerzas Armadas.
El argumento parte pues de admitir que la insurgencia no ha sido exterminada en cincuenta años, que no es posible hacerlo y que por tanto hay que optar por la vía negociada, lo cual implica tender un “puente” para que la insurgencia tenga una “salida digna” de la guerra. Más aún: negociar es cumplir el mandato constitucional según la cual la paz es un derecho y un deber.
En otros términos el alcance de la agenda, tal como la concibe el gobierno, es el desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR), con alguna flexibilidad en lo atinente a la política de desarrollo rural.
Por parte del ELN la base de la negociación sería la búsqueda de soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos que originaron el conflicto armado: la guerrilla es consecuencia, no la causa, del conflicto armado. A partir de esa idea el ELN plantea lo que podríamos llamar su “línea roja”: el eje de la agenda no es la DDR sino la “participación plena de la sociedad”, y en especial la de las mayorías excluidas.
Petróleo y Convención
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Foto: Wikimedia Commons |
Al revisar la historia del ELN y las posiciones que ha planteado en sus diálogos con la sociedad civil y con los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, es fácil inferir que la cuestión minero- energética es para ellos un punto clave de la agenda.
En efecto, desde la década de 1970, la política petrolera y la revisión de los contratos de exploración y explotación han sido temas constantes del ELN; hoy, cuando la minería es la columna vertebral del modelo económico, sería difícil esperar que esta guerrilla renuncie a discutir el asunto.
Probablemente también aspirará a reunir la Convención Nacional: un espacio amplio y pluralista de concertación entre la insurgencia y los diversos sectores de la sociedad para definir el programa de reformas a convenir con el Estado. Así entendida, la Convención sería el instrumento para concretar la demanda de participación ciudadana en el proceso de paz.
Perspectivas
En estos procesos complejos uno de lo momentos más difíciles es el inicio: se trata de delimitar el ámbito de la negociación y los procedimientos para su desarrollo. Esto demanda tiempo, más aún cuando un proceso en curso ya ha señalado senderos.
Aunque muchos colombianos desearíamos que la mesa se instale cuanto antes, hay que tener la madurez y claridad necesarias para salirle al paso al escepticismo que de hecho favorece a los enemigos de la salida política.
Y en todo caso hay que tener en cuenta que habría puntos comunes entre la agenda que se negocia en La Habana y la que se acuerde con el ELN: participación política, garantías jurídicas y de seguridad, narcotráfico, seguimiento y refrendación de los acuerdos. Estos puntos de encuentro permitirán el cierre definitivo del conflicto armado y el tránsito a un nuevo estadio en la construcción de la paz para Colombia.
* Docente Investigador de la Universidad Externado de Colombia.
