Colombia: Hacia una sociedad justa y diferenciada del Estado - Razón Pública
Inicio TemasEconomía y Sociedad Colombia: Hacia una sociedad justa y diferenciada del Estado

Colombia: Hacia una sociedad justa y diferenciada del Estado

Escrito por Gustavo Zafra

El ex-constituyente y decano universitario hace un recuento breve de los cambios posibles y las reformas necesarias para atender los grandes desafíos que tenemos. Un aporte temático a la campaña presidencial que se avecina.

Gustavo Zafra Roldán*

El 2009 encuentra a Colombia con grandes contrastes. De un lado han mejorado su crecimiento económico, la confianza inversionista (que es distinta de la confianza país) y la percepción de seguridad. De otra parte la pobreza y el desempleo – abierto y disfrazado- muestran un grave problema de injusticia social. Este problema crece con el drama de cuatro millones de desplazados y con las persistentes violaciones de los derechos humanos y de los derechos a la vida y a la integridad personal (un tema que revisa María Victoria Duque esta misma semana en Razón Pública)  

Es necesario revertir la tendencia hacia una sociedad fracturada, que puede colapsar en cualquier momento por su vulnerabilidad social, económica y política. En lo que sigue repasaré algunos temas del momento que son vitales para el futuro de la sociedad colombiana.

1. El empleo

Es necesario crear empleo y en lo posible productivo. El Estado, la sociedad, los empresarios y los trabajadores pueden lograr acuerdos para alcanzar la meta de dos empleos por cada familia. El primer acuerdo sería aceptar las diferencias de enfoques y  solucionarlas a través de un "contrato social" de fortalecimiento de sindicatos, gremios y grupos de interés, con juego limpio, evitando los golpes bajos económicos, jurídicos y políticos, que endulzan a través de salarios por encima de la inflación, pero que rápidamente se deterioran por la presión de la economía mundial y por los problemas de abastecimiento.

Si se pensara más en el largo plazo, en mantener el poder adquisitivo, en condiciones reales de seguridad social, en controlar las alzas de los servicios públicos y en programas eficaces de capacitación tecnológica, seria un buen comienzo de un pacto social estable. Los empresarios podrían recibir una reducción del impuesto de renta, del de industria y comercio y la eliminación del impuesto a las transacciones financieras.

2. El gasto social

Necesitamos un compromiso real con el gasto social, sensiblemente deteriorado por las tres reformas constitucionales sucesivas que han terminado por sustituir la inversión para el Estado Social de Derecho en inversión para la Seguridad Democrática, con aumentos  hasta de cinco veces durante las dos últimas décadas.

3. La educación

El Estado debe garantizar once años de educación a todos los colombianos. Para ello debe cumplir con la obligación de educación gratuita, que cubra además seguridad social del niño, nutrición, textos, uniformes y demás requerimientos del sistema educativo. Ningún departamento, municipio o distrito podría invertir dineros de la educación en otros destinos hasta que no garanticen la cobertura total y eliminen la deserción antes del noveno grado, que registra un nivel dramático del treinta y tres por ciento.

Si se requiere de más recursos fiscales para este propósito, se pensaría en  universalizar la base tributaria para el IVA y el impuesto de renta, eliminando además las exenciones distintas de las establecidas para las rentas generadas en contratos de trabajo.

Fortalecer la capacitación de los jóvenes para el trabajo productivo sería una estrategia adicional, no sólo del SENA, sino de los institutos tecnológicos y de las universidades que podrían recibir incentivos, a través de ICETEX, para empezar a competir en el campo  sector de la formación tecnológica.

4. Los servicios públicos

El Estado seguiría subsidiando a los estratos 1, 2 y 3 por los próximos quince años pero en forma decreciente, compensando el sistema actual con un subsidio temporal al desempleo. Paralelamente se mantendrían los incentivos tarifarios para el uso de gas y otras energías  no contaminantes, pero sin caer en los excesos producidos en el caso del   etanol. Se continuaría aceptando el capital privado en los servicios públicos domiciliarios, pero se haría efectivo el poder sancionatorio de las instancias de regulación y de inspección y vigilancia.

5. La seguridad ciudadana

El Estado garantizará la seguridad en las grandes ciudades y en todo el territorio, a través de inteligencia, prevención, educación y colaboración ciudadana, Se fortalecerían las facultades de los alcaldes locales y la educación en derechos humanos de los órganos de la fuerza publica. Los alcaldes harían efectiva su autoridad de policía, en la jerarquía constitucional.

En la medida en que se sigan produciendo las desmovilizaciones de paramilitares y guerrilleros, estos deben ser reinsertados, teniendo en cuenta, sin embargo, el grado de participación en las actividades criminales. Los que no tienen cuentas pendientes  porque no han participado en violaciones de derecho humanos, debe ser capacitados y subsidiados con no más del salario mínimo y durante no más de un ano. Los que tienen cuentas pendientes con la justicia deben someterse a las leyes. Los que han cometido homicidios y delitos de lesa humanidad deben ser condenados y recluidos en zona especiales. Las amnistías, indultos o penas irrisorias le quitan la legitimidad al Estado colombiano, nacional e internacionalmente.

El Estado, dentro del respeto a la legislación nacional e internacional, debe facilitar el intercambio humanitario, siempre y cuando no incluya personas condenadas por delitos de lesa humanidad. El intercambio debe incluir el compromiso de los grupos al margen de la ley del respeto al DIH, y la aceptación del acompañamiento de la comunidad internacional para la solución del conflicto interno.

Carece de sentido seguir negando la existencia de un conflicto armado interno que ha sido reconocido por el Congreso de Colombia, en las leyes recientes y en las jurisprudencias de su Corte Constitucional y de su Corte Suprema de Justicia, así como en las decisiones del Consejo de Estado. La obstinación del gobierno en una tesis que nadie cree, ni nadie aplica, mantiene al Estado colombiano en un verdadero laberinto institucional, donde ni siquiera las figuras previstas de los estados de excepción permiten buscar soluciones rápidas y aceptadas en otras épocas. Con la Constitución actual es posible solucionar el conflicto armado.

6. La política internacional

Colombia debe mantener el respeto a los compromisos internacionales en el marco de los organismos multilaterales y seguir negociando el TLC con Estados Unidos y otros países sobre la base de criterios realistas, pero sin comprometer la sostenibilidad ya precaria de los sectores más vulnerables de la sociedad. No es suficiente con alegar reciprocidad, en un comercio internacional asimétrico y sin equidad, particularmente en los temas de propiedad intelectual, de producción agrícola y de salud publica.

Colombia debe mantener como prioridad sus relaciones con América Latina, en especial con los antiguos países andinos, Centro América y el Mercosur. Pero también hay que buscar una mayor apertura hacia Europa y Asia, sin perjuicio de reconocer que formamos parte del bloque económico liderado por Estados Unidos. Sin embargo es necesario empezar a desarrollar las estrategias para la época post-Bush. No debemos seguir compitiendo con Puerto Rico en la carrera para ser el primer estado asociado.

7. El grave problema de la droga

Si bien el mundo no va a legalizar las drogas psicoactivas ni en el corto ni en el mediano plazo y Estados Unidos seguirá jugando a la represión por fuera de su fronteras, es necesario tener políticas alternativas o al menos complementarias.

Lo que no puede hacer Colombia es caer en la ingenuidad de pensar que  con  el sólo  aumento del precio en las calles de Nueva York (si es cierto) y con la disminución de la pureza de estos productos, se está en camino de solucionar el problema. Este remedio  está resultando peor que la enfermedad, como lo hemos visto en el cataclismo que es la deslegitimación del congreso y de las últimas elecciones en Colombia.

Colombia sigue siendo victima de la violencia sistémica que la solución imperial le ha impuesto. Parece que frente a este escenario lo mínimo por hacer es ampliar las políticas educativas y de salud publica internas que deberían ser financiadas con los bienes de los narcotraficantes a los cuales se les extinga el dominio, además de la reparación judicial a las victimas, y no solamente de los actos de beneficencia de la mal llamada reparación administrativa.

8. El medio ambiente

El Estado tiene el deber jurídico y ético de garantizarles a las generaciones futuras que su ecosistema sobrevivirá. Este punto no puede ser negociable. El gobierno actual le debe una explicación a la sociedad sobre el pupitrazo de la ley forestal, declarada inexequible por la Corte Constitucional. Algo podrido hay en Dinamarca, y no son precisamente los bosques. Lo menos que pudo hacer una sociedad incluyente era oír a las minorías étnicas, indígenas y afro colombianas, en este punto.

No es posible que con los nuevos espejitos del empleo en turismo se pretenda concluir la barbarie de la conquista y el esclavismo. Por esta vía estaríamos inventándonos una nueva guerra: la racial.

9. El tema de la autonomía personal

El Estado tiene que recuperar las políticas públicas sobre planificación familiar que  propició Alberto Lleras Camargo, ahora usando los avances científicos del siglo veintiuno.

Las sociedades del tercer mundo deben superar el doble infierno de la ignorancia y el fanatismo, para no caer en el tercer infierno de la desigualdad. Necesitamos para ello, más sociedad y un estado más respetuoso de esta. La tendencia a confundir sociedad con Estado nos llevaría al último de los infiernos: los estados totalitarios.    

 

* Abogado, M.P.A. de la Universidad de Harvard, ex decano de las universidades  Javeriana y  Los  Andes,  profesor visitante de Salamanca y de Harvard,  miembro de la Asamblea Constituyente, conjuez de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana, ex Procurador Ad Hoc  y  ex alcalde  de Cali. 

 

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies