La economía colombiana: cómo y por qué debemos repensarla

Los principios

En un artículo anterior mostré cómo la pandemia ha puesto en evidencia los límites de la economía neoliberal, y afirmé la necesidad de una nueva economía solidaria. Ahora quiero mostrar las diferencias entre ambos tipos de economía.

En la economía de la solidaridad, la máxima es “uno para todos y todos para uno”. En la economía del individualismo, uno es para uno mismo, sin tener en cuenta a las demás personas.

Ambas maneras de entender la economía implican la existencia del mercado. Pero en la economía del individualismo el Estado simplemente deja actuar a los actores económicos, mientras que en la economía de la solidaridad el Estado corrige las distorsiones y las fallas de los mercados –como los monopolios y oligopolios–.

Ambos tipos de economía pueden crecer a tasas elevadas y con baja inflación. Pero solo la economía basada en la solidaridad puede lograr una distribución equitativa del ingreso, al menos por cuatro motivos:

• El Estado no es apenas un gendarme –un policía–, sino que interviene por la vía de los impuestos directos y la del gasto público en favor de los más débiles;

• La meta fundamental de la política económica es el pleno empleo;

• Los bienes llamados “meritorios”, como la educación, la salud y las pensiones, y los bienes “públicos”, como la seguridad y la justicia, se ofrecen en igualdad de condiciones para todos y el Estado los garantiza;

• Y, en general, si la satisfacción de los bienes y servicios esenciales no se logra de manera individual, el Estado contribuye a atenderla, particularmente para la niñez y la tercera edad.

Inversión estatal e innovación

En la economía de la solidaridad, la inversión es el motor de crecimiento en lugar del consumo.

La inversión permite aumentar la capacidad de producción, las economías de escala, y elevar la productividad, es decir, el uso más eficiente de la mano de obra, la maquinaria o la materia prima. Por eso una parte significativa de las inversiones deben concentrase en proyectos de innovación, ciencia y tecnología.

Pero, según la UNESCO, en 2018, el gasto total en investigación y desarrollo en Colombia fue 0,24% del PIB . En el mismo año, el gasto de China fue 2,19%, y el de Estados Unidos 2, 84%.

Estos datos no son accidentales. Invertir en nuevos productos y procesos es riesgoso, y por lo general solo lo hacen las grandes empresas de los países desarrollados para mantenerse en los mercados mundiales mediante el liderazgo tecnológico. Por eso, en países en desarrollo como Colombia, la única manera de aumentar significativamente la inversión en innovación, ciencia y tecnología es con financiamiento estatal; el sector privado difícilmente lo hará, menos aún en una economía del individualismo.

Adicionalmente, en la economía de la solidaridad, la política pública orienta la rentabilidad y el riesgo, que definen la inversión, en beneficio de los sectores intensivos en trabajo. Así, se aumenta el empleo y se mejora la distribución del ingreso. En cambio, la economía del individualismo no tiene esa preocupación y la política pública las orienta hacia los sectores intensivos en capital, como la explotación minera y de hidrocarburos.

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Menos consumo, más ahorro e inversión

En una economía de la solidaridad, se reduce la importancia del consumo y se aumenta relativamente la del ahorro.

En todo caso, reducir el consumo no significa interferir en la libertad de las personas. Las limitaciones en este sentido no deben ser de prohibición, sino de regulación: por ejemplo, desestimular el consumo de ciertos productos o servicios por motivos de bienestar o salud pública.

Estimular el ahorro en el caso de las empresas, es decir sus utilidades, es fundamental para lograr una tasa de inversión elevada. Esto quiere decir que las empresas deben ser prósperas, pero que la mayor parte de sus utilidades no se distribuya entre sus accionistas, sino que se destine a su expansión. Por eso se necesitan impuestos altos sobre los dividendos.

Los niveles de ahorro e inversión son fundamentales para el crecimiento de la economía. Según el Banco Mundial, mientras que la tasa promedio de ahorro doméstico en Colombia entre 2010 y 2017 fue 19,1% del PIB, y la de inversión fue 22,7%, las tasas promedio de China fueron 49% y 46, 3% respectivamente.

Esas cifras muestran otro hecho importante: mientras que en Colombia la diferencia entre ahorro e inversión es negativa, en China es positiva. Esto significa que en Colombia se importa más capital –en forma de inversión extranjera directa– que el que se exporta, mientras que en China se exporta más capital del que se importa.

El tamaño de los mercados

Lo anterior quiere decir que en una economía como la colombiana –con una importación neta de capital– la tasa de cambio tiende a revaluarse, mientras que en una economía como la china –con una exportación neta de capital– esta tasa tiende a devaluarse.

Lo anterior es fundamental, porque un país con una tasa de cambio más devaluada que la de sus socios comerciales puede competir favorablemente contra las importaciones en su propio mercado y con sus exportaciones en los mercados internaciones. Eso significa que puede vender más, producir más y emplear a más personas.

Por eso, el mercado internacional es importante para el desarrollo del país, porque tiene una dimensión que no tienen los mercados domésticos. La cuestión es identificar dónde están los mayores mercados mundiales, para concentrar los esfuerzos exportadores en esa dirección.

Según el Brooking Institute, en el 2015, 46% de la clase media del mundo, la que define el tamaño de los mercados, estaba en Asia, la mitad en China, 24% en Europa y 11% en Norte América; en el 2030, los porcentajes serán 65%, 14% y 7%, respectivamente.

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La competitividad de las empresas

Pero la competitividad no la define solamente la tasa de cambio. Los costos financieros también son relevantes: a mayor tasa de interés, menor competitividad.

Por eso, es importante que los mercados de crédito no funcionen en competencia monopolística o como carteles. De allí la importancia de una economía solidaria, donde la competencia en este sector sea regulada y promovida.

En materia de competitividad de las empresas, hay desacuerdos sobre el papel de los salarios. Por una parte, los salarios más elevados permiten más bienestar, pero, por otra parte, aumentan los costos de las empresas y reducen su competitividad, disminuyendo así sus posibilidades de crecer y contratar más gente.

No obstante, el propósito de la economía debería ser aumentar el bienestar de su población. Por eso es absurdo reducir los salarios o, como se dice, flexibilizar los mercados laborales, como sucede en la economía del individualismo. Los países desarrollados pagan salarios más altos porque sus economías tienen más stock de capital, más conocimiento, y, por lo tanto, mayor productividad.

Como dije más atrás, la productividad se deriva de la inversión y, en una parte significativa, de la inversión pública. Por lo tanto, para que las empresas puedan llegar a los mercados y competir en la escena mundial necesitan buenas carreteras, puertos, aeropuertos, comunicaciones, electricidad, agua potable y alcantarillado.

Estos son bienes públicos –es decir, bienes que usted y yo podemos disfrutar sin que el uso por su parte impida el mío y viceversa-. Por eso no es buena idea que el mercado los ofrezca y cobre por su uso, como ocurre en la economía del individualismo. Es más sensato que las empresas públicas, con una buena gobernanza, ofrezcan estos servicios.

En tiempos de pandemia

En el contexto de la pandemia, cuando los desempleados y los inactivos han llegado a niveles extraordinarios, es urgente empezar a adoptar una economía de la solidaridad.

La urgencia sería en la forma de un programa de empleo público en obras de infraestructura de todo tipo. Cuando la demanda privada colapsa y las empresas no venden, ni producen, ni pagan salarios, la única manera de recuperar la actividad económica es con la actuación del Estado. Keynes lo entendió claramente y, por eso, durante la Gran Depresión, recomendó aumentar el gasto público para que la demanda privada pudiera recuperarse. El New Deal lo financió monetariamente y lo llevó a cabo con éxito.

Todo esto implica una administración democrática del Estado, a todos sus niveles. Es decir, urge que los cargos públicos sean verdaderamente representativos y que los lobbies de los privados no interfieren en las decisiones públicas. Por eso los cargos no elegidos en todos los niveles del Estado deben ser de acceso y promoción por méritos, configurando una carrera pública, sin amiguismo ni clientelismos.