¿De la paz total a la guerra total en 2026?

Con apenas seis meses por delante, el Gobierno enfrenta un límite evidente: la paz total no se negocia a contrarreloj. Lo que sí puede hacerse es capitalizar avances puntuales y convertir la paz en un activo electoral rumbo a 2026.

El 2025 no fue un buen año para la paz total. El gobierno de Gustavo Petro tiene abiertos nueve escenarios de diálogo: tres mesas de diálogo político, cinco mesas de diálogo sociojurídico y una mesa con los excomandantes de las AUC. Sin embargo, los resultados no parecen convencer a mucha gente. En la última encuesta Invamer / Colombia Opina del año, el 65% de los encuestados respondió que la paz total va por mal camino y el 73,7% cree que el Estado y las Fuerzas Armadas han perdido el control de los territorios donde operan grupos armados. 

En este artículo, presentaremos un breve contexto sobre la seguridad y la paz en Colombia durante 2025. Luego, proyectaremos posibles escenarios para 2026. Tenemos dos argumentos centrales. Lo primero es que la paz, para este gobierno, se convertirá en una herramienta electoral durante los próximos seis meses. Así, podemos esperar que el Gobierno trate de avanzar frenéticamente en la implementación, al tiempo que negocia, con el propósito de mostrar beneficios y cosechar créditos político-electorales por ello. El segundo es que esa aceleración de la paz con propósitos electorales va a estar atravesada por la oposición militar de grupos armados fuera de la paz total (como el ELN y el EMC) y por las incertidumbres que generan las elecciones. Incluso los grupos comprometidos con la paz total tienen incentivos para planificar un retorno a la guerra, dado que muchos precandidatos y candidatos han mostrado una férrea oposición a las negociaciones de paz.

En ese sentido, cualquier pronóstico tendrá que detenerse inexorablemente en el primer semestre, ya que la guerra y la paz en Colombia están ligadas al resultado de la segunda vuelta presidencial. 

En 2025 la guerra se escaló y la paz tuvo pocos avances

El año se inició de forma dramática con la catástrofe humanitaria que causó el ELN en la región del Catatumbo. Más de 50.000 personas fueron desplazadas en el marco de una ofensiva que buscaba aniquilar la disidencia del Frente 33 de las antiguas FARC-EP y homogeneizar la política del territorio. El resto del año no fue particularmente mejor: hubo acciones armadas permanentes en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cauca, Guaviare, sur de Bolívar, nordeste antioqueño, sur de Cesar, y se cerró de forma trágica en diciembre con el paro armado del ELN, la toma de Buenos Aires (Cauca) por parte de unidades del Estado Mayor Central (EMC) durante nueve horas y nuevos combates en el Catatumbo entre el ELN y el Frente 33.

Luego, hay que sumar el escándalo de múltiples bombardeos contra disidencias de las FARC-EP en los que, según la Defensoría del Pueblo, murieron quince menores. Al comienzo de su mandato, el presidente Petro afirmó que “no van a morir más niños bombardeados en Colombia. Me preocupa que maten a los niños reclutados”. Sin embargo, luego de que se hizo público este escándalo, el presidente afirmó que los bombardeos no podían detenerse, dado que, ante su ausencia, los grupos armados reclutarían más.

Mientras todo esto ocurría, las mesas de negociación no mostraron resultados significativos. Una disidencia del ELN, Comuneros del Sur, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (disidente de la Segunda Marquetalia) entregaron material explosivo que fue destruido. Sin embargo, no entregaron fusiles, armas de apoyo ni drones. Si bien la noticia fue importante, no tuvo un eco significativo en la opinión pública. Además, ambos grupos son marginales en el escenario nacional de la violencia, por lo que incluso su desmovilización probablemente no acarreará resultados notables.

A la falta de resultados tangibles se suman las polémicas derivadas de las mesas. Primero ocurrió el llamado “tarimazo” en Medellín. En medio de una actividad pública, el presidente Petro subió a la tarima a varios de los líderes de las organizaciones criminales con los que el Gobierno está dialogando y que se encuentran privados de la libertad. Esa mesa no cuenta con un marco normativo, aunque esté lejos de un acuerdo final, y las víctimas no tuvieron espacio en el evento, lo que generó varias críticas.

Luego, Noticias Caracol publicó un informe que mostraba cómo, en dispositivos electrónicos incautados al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), había registros de interacciones con un alto oficial del Ejército y un importante funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Además, en múltiples conversaciones resultaba evidente que el EMBF utilizaba la negociación con el gobierno nacional para fortalecerse militarmente y expandirse territorialmente.

Quizá la única mesa que tiene algo que mostrar es la iniciada recientemente con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Este es el grupo armado no solo con más hombres en armas, sino también el de mayor presencia territorial. Además, por primera vez en la historia de los procesos de diálogo y negociación en Colombia, se cuenta con la mediación de un país árabe (Catar) y, en el segundo ciclo de diálogo, se sumaron España, Noruega y Suiza como países mediadores. Una experiencia difícil de equiparar para un grupo de esta naturaleza. Hasta el momento, las partes acordaron establecer quince territorios piloto para la implementación de los acuerdos que han suscrito (municipios de Chocó, Córdoba y Bolívar). 

2026 será un año de contrastes fuertes en temas de paz y seguridad

Al finalizar 2025, el presidente anunció el cambio de toda la cúpula militar. Se especuló que este cambio fue el resultado del deterioro de la seguridad que se estaba viviendo, y porque era necesario refrescar la imagen ciudadana sobre la fuerza pública. La decisión refleja que el aumento de la inseguridad no solo golpea la imagen del Gobierno, sino que también puede ser capitalizado electoralmente por la oposición, un riesgo que el Gobierno no quiere correr en un semestre con elecciones de Congreso (marzo) y de Presidencia (mayo y junio).

Sin embargo, la nueva cúpula solo tiene siete meses para mostrar resultados. Quizá por eso solamente podrá concentrarse en tres objetivos claros. El primero es contener las amenazas. Básicamente, esto consiste en evitar que la situación empeore y quizá reclamar alguna victoria militar en clave de recuperación de algún territorio en Cauca o el Catatumbo.

El segundo es cumplir con el Plan Democracia. En otras palabras, resguardar las elecciones y garantizar que la mayoría de los colombianos puedan votar libremente y, ojalá, limitar la influencia de los grupos armados en las dinámicas electorales.

El tercero es garantizar el cambio de mando presidencial, sin importar el resultado de la segunda vuelta. El nuevo gobierno debe contar con una Fuerza Militar cohesionada en su generalato y doctrina, y que siga cumpliendo su papel de defensa de la Constitución Nacional y las instituciones públicas.

En cualquier caso, el Gobierno parece haber entendido que negociar sin mostrar resultados de carácter militar no es una combinación exitosa en los oídos de muchos votantes. Esta nueva cúpula tiene seis meses para intentar cambiar esta percepción.

Acelerar a fondo la paz con objetivos de corto plazo

Es posible que veamos una importante dinamización en las mesas de los Comuneros del Sur, de la CNEB, del EGC y del EMBF. Probablemente, el Gobierno va a tratar de centrarse en implementar lo acordado durante las negociaciones, en lugar de esperar hasta el final, como en el Acuerdo de Paz con las FARC-EP. No es casualidad que con los tres primeros grupos armados señalados se espere instalar seis Zonas de Ubicación Transitoria (ZUT), a pesar de que aún no hay acuerdos formales de fin de conflicto ni claridad sobre el tipo de justicia que se aplicaría en cada caso y sobre la seguridad de los eventuales combatientes que dejarían las armas. 

La apuesta del Gobierno es que las ZUT sean un mecanismo de presión para que el nuevo gobierno continúe con estos procesos. Sin embargo, no está claro que los grupos armados sean ignorantes ante estas presiones. Los combatientes son conscientes de que no existe un marco jurídico sólido y de que un nuevo gobierno podría tener escasos incentivos para respetar lo acordado. El Gobierno tendrá que convencerlos de que su seguridad física o jurídica no está en riesgo al concentrarse en estas zonas. Esto es algo que, ahora mismo, el Gobierno no tiene forma de prometer por más de seis meses.

Por otro lado, algo similar podría suceder en algunas mesas urbanas. Allí, el Gobierno parece haberse concentrado en un objetivo de corto plazo: treguas entre los grupos criminales involucrados con el fin de reducir o mantener bajo el número de homicidios. Esta parece una apuesta electoral más que de paz: las treguas no están destinadas a ser eternas, pero si resultan lo suficientemente exitosas, el gobierno nacional podrá tomar el crédito por la disminución de los homicidios. En ese escenario, esto podría motivar votos a favor de los candidatos del oficialismo, ya que podrán decir que solo ellos pueden garantizar la continuidad de las mesas y, por ende, extender las treguas que redujeron los homicidios y, potencialmente, las extorsiones.

Finalmente, el espacio que el Gobierno abrió con los excomandantes de las AUC para “cerrar el proceso con las AUC” no puede mejorar ningún indicador de seguridad, pero sí puede salpicar a muchas casas políticas. En ese sentido, es posible que veamos acusaciones contra políticos o casas políticas regionales que los exparas señalarán como colaboradores de esa extinta organización armada y que hoy se encuentran en la oposición.

En síntesis, el Gobierno parece haber entendido que tiene solo seis meses y que negociar la desmovilización y el desarme de estos grupos en ese tiempo es imposible. Sin embargo, también saben reconocer que de esas mesas pueden salir resultados que pueden capitalizarse electoralmente: bajas en indicadores de seguridad, avances en la concentración de combatientes, implementación de proyectos mientras se negocia y acusaciones contra ciertos sectores políticos. Para los próximos seis meses, la paz será una bandera electoral.

Las incertidumbres 

Existen tres incertidumbres importantes. La primera es que algunos grupos armados, como el EMC y el ELN, se desvincularon de la política gubernamental de paz y, en distintos territorios del país, el Gobierno adelanta operaciones militares en su contra. Esto implica que estos grupos probablemente tienen incentivos para mostrar su capacidad de fuego durante el período electoral y, quizá, sabotear o respaldar a ciertos candidatos.

El EMC ha mostrado que puede llevar a cabo acciones terroristas en ciudades y cabeceras municipales. Esto extiende el riesgo de sus acciones más allá de la población civil que habita los territorios bajo su control o en disputa con el Gobierno u otros grupos armados. Y, de cara a las elecciones, abre preguntas importantes sobre su capacidad de incidencia (para sabotear o influir en los resultados) en departamentos como Cauca, Huila, Meta y Guaviare. Una tarea del Gobierno es lograr que estas elecciones se lleven a cabo sin que los grupos armados intenten demostrar su poder de fuego.

En cuanto al ELN, este demostró durante el paro armado que decretó a mediados de diciembre que tiene una importante capacidad operativa multidepartamental especialmente en toda la frontera con Venezuela. Además, este grupo se enfrenta a un dilema político. La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia los dejó técnicamente sin justificación para continuar en armas, ya que demostró que no solo se puede acceder al poder por vías democráticas, sino que además se pueden tramitar leyes y reformas populares por medio de las instituciones legales. En ese sentido, seguir confrontando militarmente al primer gobierno progresista de Colombia es un contrasentido difícil de justificar tanto política como socialmente. Paradójicamente, para este grupo armado podría ser más funcional un gobierno de derecha. Eso volvería las cosas a su estado natural y les permitiría seguir “justificando” indefinidamente su permanencia en armas. Además, como hemos señalado en otros escritos previos, su carácter binacional y su control territorial y regulatorio sobre economías legales e ilegales en suelo venezolano le quitan incentivos para negociar realmente el final de su conflicto armado. La reconfiguración del poder político en Venezuela será importante para pensar cómo el ELN se ajustará en Colombia.

La segunda incertidumbre se debe a los grupos comprometidos con la paz total. En territorios bajo su gobierno, probablemente podríamos esperar que las elecciones se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, el reto estará en que el Gobierno pueda mostrar que no hay interferencia con los votantes y que todos los candidatos están en condiciones de igualdad para competir allí.

Finalmente, la tercera incertidumbre se debe a quién llega a la Presidencia. El nuevo gobierno tendrá que decidir si respeta lo avanzado con los grupos armados o si decide renegar de todo e iniciar una guerra frontal. Ahora mismo, la paz negociada no cuenta con muchos defensores, por lo que electoralmente resulta difícil que nadie más que el candidato del oficialismo se comprometa con ella. Sin embargo, es tarea del Gobierno demostrar, durante los siguientes seis meses, que las negociaciones sí pueden producir beneficios importantes para todos los involucrados. 

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