El Estado, los jóvenes y el simulacro de la democracia

Este artículo es un llamado a la institucionalidad para que asuma la responsabilidad de repensar los mecanismos de participación juvenil más allá del gesto simbólico cuál elección del personero del colegio.

En diciembre de 2021, tras los largos meses del Paro Nacional y en medio de la realidad convulsa de un nuevo mundo pospandemia, el Estado colombiano (finalmente) decidió realizar, tras una serie de aplazamientos, las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud (CMJ). Se trata de una nueva figura de participación que se había quedado trabada en el papel, puesto que su implementación estaba prevista desde el año 2020; un espacio para que, en teoría, los jóvenes pudiesen “incidir” en la política local. Lo curioso es que, más que un escenario de participación y decisión, aquello terminó pareciéndose a un gobierno escolar con diploma de la Registraduría. 

La respuesta ciudadana no fue la esperada, aunque quizá sí la predecible: la juventud no logró escapar del abstencionismo, fenómeno que no encontró remedio en ninguna figura “innovadora”. Según el boletín final de la registraduría, apenas votaron 1.273.443 de los 12.282.273 jóvenes habilitados (entre los 14 y los 28 años), es decir, solo el 10,36% de estos acudió a las urnas. La reacción mediática no se hizo esperar y dio señalamientos claros: la responsabilidad recayó en los jóvenes. Ellos mismos le habían faltado a la democracia. 

¿Participación o simulacro?

Sin embargo, pocos titulares se detuvieron a cuestionar si esta figura respondía realmente a las demandas de los jóvenes en ese momento, o cualquier otro. Si bien en Colombia existe una problemática de abstencionismo arraigado en la cultura política, vale la pena preguntarse si los jóvenes legitiman la existencia de estos consejos y si los percibieron como una solución real tras el largo estallido social. 

Ahora bien, desde el otro lado del tarjetón electoral, para los jóvenes que se lanzan en las listas, los CMJ funcionan más como una plataforma de exposición política que como una real bienvenida a los escenarios de toma de decisiones. No se puede negar que el relacionamiento social que permite el espacio les da posibilidad de acceder a algunas discusiones públicas, pero la falta de poder real y de peso en los escenarios de toma decisiones hace que los vean más como pupilos y pequeñas bolsas de capital electoral dentro de las estructuras partidistas.

Entonces el ejercicio participativo se convierte en un simulacro de participación política: a los jóvenes no se les brinda una responsabilidad práctica para planear sus ideas, desarrollar soluciones o ejecutar proyectos. A la hora de la verdad, las decisiones siguen dependiendo de la disposición de los gobernantes en turno. Se podría decir, pues, que se trata de un mecanismo de esencia meramente simbólica, una característica que no es casual ya que tiene origen jurídico en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, una norma que promueve la participación como consigna, pero no garantiza los mecanismos para convertirla en una práctica con efectos reales dentro de la institucionalidad.

Incentivos que no llegan

Sin poder político práctico ni mecanismos para poder estar en la toma de decisiones, la relación entre los consejeros y los votantes está rodeada por el desánimo, no existen incentivos para ninguna de las dos partes del ejercicio democrático, lo que termina fragmentando la confianza en la figura del consejo y genera aún más distancia entre los jóvenes quienes, en últimas, son los únicos que les dan legitimidad a estos comicios.

En suma, los CMJ funcionan como una especie de semillero político en donde los jóvenes aprenden las lógicas del poder que existen dentro de las instituciones. La noción de la ‘formación democrática’, donde el Estado busca estimular la participación de los jóvenes, convive con la dinámica de aprovechamiento de los partidos que encuentran un espacio útil para identificar liderazgos con capacidad de movilización o medir fidelidades tempranas.

Nuevamente, valdría la pena cuestionarse: ¿Quién carga realmente con la responsabilidad? ¿Los jóvenes, por no acudir a las urnas, o la institucionalidad, que con su ausencia de incentivos terminó generando, de forma natural, una contradicción frente a la intencionalidad de llevarlos a votar?

Una juventud sin tiempo ni recompensa

El Estatuto de Ciudadanía Juvenil dice que “Se entiende por joven toda persona entre los 14 y los 28 años de edad, cumplidos”. Dentro del mismo se hace la división en dos grupos: de 14 a 17 años se entienden como “adolescentes” y de 18 a 28 se entienden como “jóvenes adultos”. No se pueden ignorar las realidades de estos últimos. Muchos deben trabajar de manera simultánea al desarrollo de sus estudios para poder costearlos, lo que consume la mayor parte de su tiempo.

El ocio, en ese contexto, se convierte en un lujo o en una recompensa ocasional para una juventud ahogada entre responsabilidades. Así, la desmotivación aparece como una consecuencia natural: sus demandas son, ante todo, materiales, mientras que la propuesta simbólica de “participar” en el Estado no llena ni billeteras ni estómagos, ni ofrece soluciones reales a esas urgencias (o demandas) cotidianas. 

¿Cómo movilizar entonces a estos jóvenes? El primer paso es reconocerlos, y ese reconocimiento implica, de manera directamente proporcional, construir una propuesta de incentivos que dialogue con los límites y condiciones de sus realidades, tanto materiales como sociales. 

En el mismo sentido, no existen incentivos diferenciales para ninguno de los dos grupos poblacionales. De hecho, son los mismos que se establecen para todas las elecciones, es decir, los establecidos en el artículo primero de la Ley 403 de 1997. Resulta, cuando menos, irónico, si se considera que se trata de unos comicios con enfoque diferencial de edad. ¿Le es realmente útil a un adolescente -menor de edad- la reducción de un mes en la prestación del servicio militar? ¿O el tener prelación en caso de empate dentro de los concursos de empleo público? Parece ser que se les olvidó por completo pensar en incentivos para estos jóvenes electores.

La democracia necesita de incentivos para funcionar.  Tanto para dar ese impulso inicial de atraer a los más desinteresados en la política electoral, como para mantener vivo ese interés en el tiempo con todo lo que implica participar en lo político. Sin estos, es solo poner una jornada de elecciones más dentro del calendario, sin capacidad de generar apropiación ni sentido de pertenencia entre los jóvenes. 

Incluso para quienes se encuentran más integrados y con el interés activo por las discusiones políticas, la desilusión no es menor. La falta de poder práctico y el desdén con que las administraciones municipales suelen tratar a los consejeros generan un profundo desencanto que desincentiva la participación y entorpece el sentido mismo del ejercicio democrático que se pretendía fortalecer.

Entre la desilusión, el desconocimiento y una apatía arraigada, el ejercicio electoral de los CMJ deja mucho para reflexionar, una oportunidad de dinamizar la democracia se ve mal aprovechada por la falta de un análisis serio y comprometido de las instituciones sobre las juventudes, las cuales enfrentan realidades muy distintas a lo largo del vasto territorio nacional.

Conviene hacer una salvedad: esta columna no pretende ser un llamado a la indiferencia absoluta. Es claro que la falta de interés en la participación democrática constituye un problema real. Más bien, se trata de un llamado a la institucionalidad misma, para que asuma la responsabilidad de repensar los mecanismos de participación juvenil más allá del gesto simbólico cuál elección del personero del colegio. 

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