Plan de Acción de Biodiversidad para el 2030: ¿Un paso adelante o un plan más?

En vísperas de la COP16, el gobierno nacional lanzó el Plan Nacional de Acción de Biodiversidad al 2030. Este ambicioso plan busca abordar múltiples problemáticas ambientales de la actualidad, pero también enfrenta grandes retos en materia de implementación.

Planes más allá del papel

En medio de la organización que para Colombia significa abrir por primera vez en su historia una COP, la reunión global de los estados firmantes del convenio sobre Biodiversidad, el gobierno de Gustavo Petro ha lanzado un nuevo Plan Nacional de Acción de Biodiversidad al 2030 (PLAB/30).

Este plan busca guiar las acciones frente a la triple crisis interconectada de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación que afecta a todos los colombianos. Presentado en la COP16 y alineado con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, el PLAB/30 refleja el compromiso que necesita el país para asegurar un futuro sostenible que mejore la calidad de vida y preserve la biodiversidad.

Aunque enfrentar estratégicamente ese desafío implica contar con una hoja de ruta que lleve al país a dar un paso adelante, este nuevo plan enfrenta retos complejos que podrían dificultar su ejecución. Entre otros, el PLAB/30 deberá superar las barreras que han enfrentado herramientas similares en el pasado y tendrá que concretarse en acciones que vayan más allá de los compromisos en el papel.

Por tanto, cabe preguntar ¿Qué garantiza que este plan logrará cambiar las tendencias negativas, que instan a actuar con urgencia ante la crisis de biodiversidad que afecta a todos los colombianos? ¿Que podría diferenciar a este nuevo plan en ese propósito de la Política Nacional de Biodiversidad de 1995, la Política Integral de Biodiversidad de 2012 o el ya existente Plan de Biodiversidad 2015 con horizonte también a 2030? ¿Qué riesgos tiene este plan de ser un documento más que parece condenarnos a estar cada gobierno reinventando la rueda o a empujar eternamente, como en el mito de Sísifo, una roca cuesta arriba para verla rodar una y otra vez hacia atrás a pesar del esfuerzo que hagamos para avanzar?  

El PLAB/30 se articula en cuatro pilares y seis metas nacionales, centradas en la planificación participativa, la integridad ecosistémica, la promoción de la economía de la biodiversidad, la reducción de la contaminación, la formalización y prevención de delitos, la gobernanza inclusiva y los modelos de financiamiento sostenible. Estas metas incluyen 194 acciones y 56 indicadores nacionales, comprometiendo la acción de múltiples instituciones públicas, privadas y sectores, especialmente del orden nacional.

En resumen, es un plan ambicioso, con una ventana de realización de apenas cinco años y que deberá confrontar el fracaso de planes y políticas que, hasta la fecha, han intentado sin éxito prevenir y controlar los procesos que involucran a la sociedad colombiana en una pérdida de biodiversidad que parece no tener solución.

Los pilares para proteger la biodiversidad

Uno de los pilares fundamentales del PLAB/30 es la planificación territorial participativa, cuyo propósito es incluir activamente a las comunidades locales y étnicas en la toma de decisiones sobre el uso del territorio. Este enfoque reconoce la importancia de integrar las voces de quienes han sido históricamente marginados, como las comunidades indígenas, afrodescendientes y otras minorías étnicas, que no solo son custodios del territorio, sino también sabedores de conocimientos ancestrales que permiten una gestión sostenible de los ecosistemas.

Uno de los principales desafíos es lograr una participación efectiva que vaya más allá de lo simbólico y que se convierta en parte integral de un proceso interinstitucional sólido. Estas comunidades han luchado durante décadas por su reconocimiento como actores políticos y, aunque se han logrado avances importantes en sus derechos, todavía enfrentan obstáculos arraigados para ejercerlos plenamente.

Es crucial que este plan no repita los errores del pasado, donde la participación se limitaba a procesos formales sin un efecto real en las decisiones. El éxito del plan dependerá de la capacidad de las instituciones para garantizar una participación genuina que no solo refleje las necesidades de estas comunidades, sino que también valore su papel como protectores del territorio y la importancia de sus conocimientos para la gestión ambiental sostenible.

Otro pilar es impulsar la promoción de modelos productivos sostenibles, lo cual es esencial para la conservación de la biodiversidad en entornos productivos. Sin embargo, transformar el paradigma económico de un país que ha dependido históricamente de prácticas extractivas representa un desafío considerable. Es necesaria una transición hacia el uso más eficiente y sostenible del suelo, lo que implica no solo ajustes en las políticas públicas, sino también una reevaluación de las vocaciones productivas de las diferentes regiones.

Muchas de las prácticas actuales, centradas en la explotación extensiva o intensiva de recursos, no son sostenibles a largo plazo. Para que esta transformación sea exitosa, es fundamental promover modelos que respeten la capacidad regenerativa de los ecosistemas, incentivando el uso adecuado del territorio según sus características ecológicas y favoreciendo actividades que armonicen con la conservación de los recursos naturales y la salud de los suelos.

Por otro lado, el PLAB/30 impulsa la economía basada en la biodiversidad, proponiendo que esta se convierta en una fuente de ingresos sostenibles para las comunidades rurales. Esta iniciativa tiene el potencial de ofrecer una solución a largo plazo frente a las economías ilícitas que degradan el ambiente. Sin embargo, su desarrollo no solo demanda tiempo y recursos, sino también un marco legal robusto que aún está en construcción. Además, es fundamental que esta nueva economía no cause conflictos en las comunidades locales, ya que podría haber tensiones entre quienes se benefician directamente y quienes quedan al margen.

Un enfoque equitativo es esencial, pero plantea la pregunta de si esta economía de biodiversidad será suficiente para generar oportunidades para todos los involucrados. Gestionar cuidadosamente la implementación será necesario para evitar desigualdades y asegurar que los beneficios de la biodiversidad lleguen a las comunidades más vulnerables, sin profundizar las divisiones sociales preexistentes.

Otro punto clave es la gobernanza colaborativa. Aquí el reto es aún mayor, pues involucra a una gran variedad de actores: coordinar las acciones de diversos sectores, desde el gobierno hasta las empresas privadas y las comunidades locales. La idea de una responsabilidad compartida es fundamental, pero la realidad es que los actores tienen prioridades, posiciones y recursos muy distintos, lo que complica la ejecución efectiva de políticas de conservación.

Además, históricamente ha sido difícil lograr agendas compartidas entre ministerios, lo que afecta la coherencia de las acciones interinstitucionales. El llamado a los ministerios, y de forma sobresaliente al Ministerio de Ambiente, deja la responsabilidad de la ejecución del PLAB/30 en manos del gobierno central. Esto podría profundizar la brecha de centralismo históricamente marcada en Colombia, lo que ha generado desaceleración del desarrollo de las regiones. Adicionalmente, debido a la variación en las voluntades políticas, la agenda de trabajo presentada podría quedar ignorada, con un efecto indeseado en el futuro de la biodiversidad en Colombia.

Entre las otras instituciones responsables de la ejecución del PLAB/30, destaca la presencia de solo una ONG como responsable directo, lo que podría generar desigualdades en la distribución de los recursos y competencias estériles para la conservación. La concentración de poder en pocos actores, en un tema ampliamente acogido por instituciones de múltiples procedencias, podría limitar la participación equitativa de otros sectores, como las comunidades locales y otros institutos académicos, afectando la capacidad de formular soluciones integrales y sostenibles.

Las perspectivas que faltaron

Es importante destacar que el PLAB/30 no logró involucrar a las universidades, instituciones clave en la generación de conocimiento, que persisten en el territorio y, cada vez más, están comprometidas con el servicio público y el desarrollo de soluciones sostenibles. Las universidades, además, son vistas con mayor confianza en los territorios y tienen un papel crucial en conectar las políticas nacionales con las realidades locales. Así, no se aprovecha este capital académico y social.

Otros ausentes vitales en la planeación presentada son los gobiernos locales, los cuales son llamados, a modo de recomendación, a “fomentar la colaboración entre sectores a nivel municipal, al asegurar que los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial (POT), incorporen acciones específicas relacionadas con las Metas Nacionales. Esto implica articular la zonificación ambiental no solo desde la vocación productiva del suelo, sino también considerando la estructura ecológica principal, la oferta de servicios ecosistémicos y los objetivos de conservación” (PLAB/30). 

La gestión territorial tiene sus principales retos y marco de ejecución en lo local, y la adaptación de metas, políticas e iniciativas nacionales o internacionales no logra en todos los casos permear los instrumentos de política local y las prioridades de ejecución. Esto podría dejar al PLAB/30 desentendido, y este esfuerzo podría perderse.

Los retos para la consolidación del Plan

El éxito de este plan depende en gran medida del financiamiento adecuado y de la cooperación internacional, lo cual queda enmarcado en la Meta 6 del PLAB/30. Esta meta busca incrementar la inversión en finanzas para la biodiversidad en un asombroso 188 % en los próximos seis años, pasando de 1.3 a 22.5 billones de pesos anuales (Tabla 24, PLAB/30). 

Este aumento es especialmente desafiante considerando el escenario deficitario de la última década y las crecientes demandas territoriales que surgen desde múltiples aristas del desarrollo. A pesar de los esfuerzos, el desafío de aumentar tan drásticamente la inversión en biodiversidad en tan poco tiempo necesitará no solo nuevas alianzas y mecanismos financieros innovadores, sino también una gestión eficaz de los recursos que garantice que las inversiones lleguen a las áreas más vulnerables y críticas para la conservación.

En resumen, el Plan de Acción de Biodiversidad al 2030 representa una nueva oportunidad para que Colombia, sus comunidades e instituciones protejan la megadiversidad biológica, de la que dependen aspectos como la seguridad alimentaria e hídrica, y enfrenten los impactos del cambio climático.

Sin embargo, el éxito del PLAB/30 dependerá de la capacidad y la voluntad para convertirse en una meta de país, un propósito común que no se vea afectado por la polarización política creciente, la concentración de poder de unas pocas instituciones del orden nacional central y el desconocimiento de las lecciones de instrumentos similares que surgieron con la misma fuerza con la que han decaído sin mayores resultados. Se necesitará una puesta en marcha innovadora que rompa el ciclo de políticas, planes y programas que solo adornan las estanterías de los gobernantes y que la mayoría de la población sigue sin enterarse de su existencia.

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