La nueva ola de violencia

Durante el primer trimestre de 2021 se registraron 50 eventos de desplazamiento forzado, masivo y múltiple en 9 departamentos del país. Antioquia fue el más afectado seguido por Nariño, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Córdoba, Magdalena y Arauca.

Se estima que el 32,5% de los desplazados son miembros de comunidades afrodescendientes, el 27,5% de pueblos indígenas, el 90% de los eventos han ocurrido en zonas rurales y un evento se ha originado en territorio venezolano. Estos datos reafirman lo dicho por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP el pasado 26 de enero: este ha sido el comienzo de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz a finales de 2016.

El desplazamiento forzado es una de las manifestaciones visibles de la crisis humanitaria que atraviesan varios territorios colombianos. Numerosos informes nacionales e internacionales han documentado el asesinato sistemático de líderes sociales y de excombatientes que se acogieron al Acuerdo de Paz.

Colombia está siendo testigo de una nueva oleada de masacres, de “paros armados”, reclutamiento forzado de menores, desaparición de personas, minas antipersona, amenazas y bombardeos contra comunidades vulnerables y abusos perpetrados por el ejército y la policía. Mientras que las instituciones creadas para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz trabajan por esclarecer la verdad histórica y judicial sobre los crímenes ocurridos antes de 2017, Colombia acumula nuevas víctimas.

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El recrudecimiento de la crisis

Los datos indican un recrudecimiento de la crisis humanitaria tras el período de calma durante los diálogos de paz entre 2015 y 2016. En el período de transición se han producido al menos 485 desplazamientos masivos que han perjudicado a más de 167.000 personas en 19 departamentos. Los territorios más afectados se encuentran en el corredor del Pacífico, el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo.

Así mismo, el desplazamiento forzado individual registrado por la Unidad de Víctimas entre 2017 y mediados de 2019, superó las 311.000 personas. Después de la firma del Acuerdo Final de Paz, la violencia se concentró en estas regiones, pero progresivamente se ha extendido hacia otros territorios que habían logrado una disminución significativa del conflicto.

La pandemia ha agravado la situación de las víctimas en regiones donde la presencia estatal es prácticamente nula. Aunque se ha intensificado la labor de entidades como las personerías, sus recursos siguen siendo sumamente limitados.

Explicaciones posibles

En medio de ese panorama, aparecen varios interrogantes:

• ¿Qué hay detrás de estos episodios de desplazamiento forzado?
• ¿Por qué el Acuerdo de Paz no logró ponerle fin a la crisis humanitaria?
• ¿Quiénes deben asumir la responsabilidad por estos hechos?
• ¿Qué podemos esperar en los próximos años?

Para contestar estas preguntas es necesario hacer un análisis exhaustivo de la transición colombiana. Por limitaciones de espacio, en este artículo nos limitaremos a explorar algunas de sus aristas.

Las disputas por los territorios antiguamente controlados por las FARC son una de las causas más visibles de la crisis humanitaria. Muchas de estas regiones han sido víctimas de enfrentamientos entre el ELN, la antigua disidencia del EPL, las disidencias de las FARC y otras organizaciones herederas del paramilitarismo como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Caparros, Los Pachely y Los Rastrojos.

Adicionalmente han aparecido nuevas agrupaciones delincuenciales “cazadoras de rentas” y grupos de sicarios que trabajan para grupos poderosos que persiguen a todo aquel que se oponga a sus designios. Se trata de un panorama complejo que no debe interpretarse como un “retorno al pasado” ni como la violencia residual característica del posconflicto.

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¿Qué ha hecho el gobierno?

La comunidad internacional ha manifestado su preocupación por la violación sistemática de los derechos humanos que tiene lugar en Colombia. Por su parte, la sociedad civil ha rechazado los asesinatos de líderes y lideresas sociales. El Ministerio Público y las cortes han pedido medidas efectivas para proteger la vida y la dignidad humana, en estos años.

Sin embargo, la situación se agrava día a día y los más damnificados son los miembros de comunidades vulnerables. La crisis humanitaria ha revelado que el Estado es incapaz de proteger los derechos de todos los colombianos.

El gobierno y el partido del presidente Duque se han dedicado a criticar el Acuerdo de Paz y a promover su reforma unilateral. Pese a la solicitud expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del Papa Francisco, Duque no se ha esforzado por avanzar en otros procesos de paz ni por lograr acuerdos humanitarios con grupos armados que siguen activos.

En lugar de ver el Acuerdo Final de Paz como una oportunidad para liderar el país y propiciar un círculo virtuoso que permita darle fin a la violencia en Colombia, el gobierno defiende ideas anacrónicas como la “seguridad democrática” y se rehúsa a dialogar con las voces que reclaman un cambio.

En vez de valerse de los instrumentos previstos por el Acuerdo de Paz como la reforma rural, la política de paz territorial y de sustitución de los cultivos ilícitos, el gobierno insiste en la militarización y la fumigación a ultranza.

Lo más grave es que el discurso oficial banaliza la crisis humanitaria e invoca explicaciones simplistas que impiden diseñar una política efectiva de protección. Las declaraciones de los mandatarios estigmatizan el liderazgo social como si fueran parte del problema y no de la solución. En lugar de acoger las recomendaciones de la comunidad internacional, ponen en tela de juicio los numerosos informes que registran la trágica situación que atraviesa el país.

Como sociedad, no podemos permitir que la violencia siga reinando en Colombia. Debemos enfocar nuestros esfuerzos hacia la construcción de la paz definitiva y la protección de la vida.