La publicación en redes de sendos videos sobre el escritor Andrés Caicedo y el poeta nadaista Gonzalo Arango, por parte del nuevo director del Instituto Caro y Cuervo, Sergio Esteban Vélez, ha reavivado la polémica en torno al tratamiento de la cultura en el actual gobierno.

¿Qué lugar ocupa la cultura en la democracia colombiana?

La controversia alrededor del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura pone a ese sector en el centro de una discusión que va mucho más allá de los recursos para artistas y gestores. Lo que está en juego es la idea que cada gobierno tiene sobre la cultura y sobre el papel que debe cumplir el Estado frente a ella.

El Gobierno Nacional ha explicado la suspensión de algunas modalidades de estímulos por presuntas inconsistencias fiscales y administrativas. Los ex ministros de Cultura de Petro, en cambio, aseguran que la cartera dispuso los recursos necesarios para cumplir sus compromisos y que proveyó un presupuesto histórico para el sector. Pero en medio de esta disputa entre gobiernos hay algo que debería preocuparnos todavía más: el hecho de que la cultura se convierta en otro campo de batalla política.

El gobierno de Gustavo Petro hizo de la cultura uno de sus ejes de política pública. Su principal apuesta fue Sonidos para la Construcción de Paz, un programa de formación artística para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que buscaba llevar la formación artística a territorios donde históricamente había sido limitada. Para ello anunció una expansión de gran escala, con la meta de llegar a un millón de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, cuando se examina su ejecución, aparecen problemas que van más allá de la medición: durante 2025, cuando el programa debía estar consolidándose, la documentación revisada registra vinculaciones de artistas formadores de apenas dos y cuatro meses, y en muchos territorios de apenas 2.6 meses, en medio de retrasos en varios convenios. También se presentaron retrasos en los pagos, un problema especialmente delicado cuando se trata de garantizar la continuidad de procesos de formación artística.

Esto obliga a mirar con cuidado las cifras de cobertura anunciadas durante el cuatrienio anterior: coexistieron distintas formas de contabilizar beneficiarios, participantes, atenciones y procesos formativos, lo que dificulta establecer con precisión el alcance efectivo del programa. La distancia entre las metas anunciadas y las condiciones en que se ejecutó la política merece, por lo menos, una evaluación más rigurosa.

Lo ocurrido debería ser una lección para cualquier gobierno: ni desmontar lo anterior solo por haber sido concebido por el adversario, ni conservarlo intacto por razones políticas. Que hablen sus resultados, no su origen. La cultura necesita justamente lo contrario a una política de trincheras.

Hay en todo este episodio una tensión que nos pone en alerta. El actual Gobierno, que dice defender por encima de todo la Constitución y la ley, no puede desconocer la dimensión cultural de nuestro contrato social ni el rango que la Carta del 91 le otorga a la cultura. El artículo 70 establece que el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y reconoce que sus diversas manifestaciones son fundamento de la nacionalidad. El artículo 71 garantiza la libertad de la búsqueda del conocimiento y de la expresión artística, establece que los planes de desarrollo deben incluir el fomento de la cultura y dispone que el Estado ofrezca incentivos para quienes desarrollen y fomenten sus distintas manifestaciones.

Es decir, los estímulos a la creación artística no son un capricho de un gobierno de izquierda, ni una concesión generosa a un grupo de artistas. Hacen parte de una concepción constitucional de la cultura como asunto público. Y esa concepción no le pertenece a una corriente política: la cultura no es patrimonio exclusivo del progresismo.

Aquí conviene hacer una distinción que a veces se pierde en medio del antagonismo. La cultura no riñe con las posturas políticas. Al contrario: es uno de los espacios donde esas posturas pueden convivir. Una sociedad culturalmente viva admite al liberal y al progresista, pero también al conservador y al de pensamiento más tradicional. La cultura no puede ser un territorio reservado para una determinada sensibilidad política. Puede acoger las posiciones conservadoras y tradicionales, las distintas concepciones de familia, de nación, de sociedad, de religión e individuo.

El Estado no está llamado a producir ni avalar una cultura oficial para garantizar la existencia de una cultura nacional. Y eso vale también para el progresismo: su defensa de la diversidad no puede convertirse en una forma de exclusión frente a quienes piensan distinto. La cultura tampoco puede caer en una política de cancelación que deje de escuchar, exhiba o estigmatice al otro porque sus ideas resultan incómodas o no encajan con la sensibilidad dominante de un momento determinado.

El presidente Abelardo de la Espriella lo dijo después de ganar las elecciones: afirmó que su propósito era gobernar para todos los colombianos, incluidos quienes no habían votado por él. Esa promesa adquiere una particular importancia cuando se habla de cultura, porque gobernar para todos también significa reconocer que no todos pensamos igual ni compartimos la misma idea de país.

Por eso sorprende la manera en la que definió el presidente su anunciada “batalla cultural”. En su discurso de posesión dijo que su gobierno libraría esa batalla para “recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual”. Esto cae más en el terreno de una campaña por la educación cívica tradicional que en una amplia comprensión del bloque cultural de la Constitución colombiana.

No hay nada malo en que el presidente tenga una concepción de los valores que quiere promover. El problema comienza cuando una concepción particular de esos valores pretende convertirse en la única concepción legítima desde el Estado. Y ahí la historia colombiana vuelve a ser pertinente.

Durante buena parte del siglo XIX, aquello que hoy llamaríamos política cultural estuvo parcialmente articulado alrededor de la instrucción pública y la educación. No existía todavía un Ministerio de Cultura ni una política cultural como la entendemos hoy. Había, en cambio, una preocupación por formar ciudadanos, alfabetizar, crear escuelas, formar maestros y construir una idea homogénea de nación.

No hay nada malo en que el presidente tenga una concepción de los valores que quiere promover. El problema comienza cuando una concepción particular de esos valores pretende convertirse en la única concepción legítima desde el Estado. Y ahí la historia colombiana vuelve a ser pertinente.

La Regeneración llevó esa relación entre Estado, educación, religión y formación ciudadana a una expresión mucho más definida. La Constitución de 1886 estableció que la religión católica era la de la nación y señaló expresamente que la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con ella.

No se trata de decir que la Colombia de hoy esté regresando a 1886. Las circunstancias son otras y la Constitución es otra. Pero sí cabe recordar qué ocurre cuando el Estado decide que, además de administrar los asuntos públicos, debe definir qué tipo de ciudadano quiere formar a partir de una determinada concepción moral, religiosa o cultural.

La Corte Constitucional ha señalado que la Carta de 1991 adoptó una fórmula de Estado laico, basada en el pluralismo, la igualdad y la libertad religiosa, y que ello implica la neutralidad del Estado frente a las distintas creencias. La Carta reconoció la diversidad cultural, protegió la libertad artística y estableció que en las instituciones educativas debe impartirse instrucción cívica y enseñarse la Constitución, junto con prácticas democráticas de participación. No eliminó la tarea del Estado de formar ciudadanos: cambió el horizonte de esa formación.

Por eso preocupa lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Instituto Caro y Cuervo. No porque esa institución, adscrita al Mincultura, tenga que pertenecer a una corriente ideológica, sino precisamente porque no debería pertenecer a ninguna. Una biblioteca, un museo, un instituto de investigación, una escuela de arte o un programa de estímulos pueden albergar ideas que se contradicen entre sí. Esa es una de las riquezas de la cultura. En ella caben el desacuerdo, la provocación, la tradición, la ruptura, la fe y la irreverencia. También caben quienes piensan que la sociedad debe cambiar y quienes consideran que algunas de sus formas tradicionales merecen ser preservadas. El problema aparece cuando la política deja de discutir las obras y las ideas y empieza a convertir a sus autores en objeto de señalamiento.

Que algunos escritores y artistas hayan incomodado al establecimiento en distintos momentos de nuestra historia no debería sorprendernos. Lo que sí debería preocuparnos es que la transgresión artística o la vida al margen de ciertas convenciones empiecen a utilizarse como argumento para estigmatizar a quien crea: el artista echado a perder, el caso sin remedio, el vago que pinta, escribe o hace teatro. Una suerte de sospecha moral que termina convirtiéndose en señalamiento político: el arte que incomoda, el arte que no sirve, el arte que huele mal.

Y entonces aparece Gonzalo Arango. Su búsqueda de Dios en los últimos años de su vida forma parte de su historia y no tendría sentido desconocerla. El problema es convertirla en una suerte de redención retrospectiva, como si el poeta irreverente, el nadaísta, el escritor que desafió las convenciones de su tiempo necesitara a estas alturas salvarse de sí mismo. Es la misma lógica que puede llevar a señalar o santificar a un creador según encaje o no en la batalla cultural de turno.

¿Qué sigue? ¿El Museo Nacional cuestionando a Débora Arango o a Beatriz González porque sus obras resultan incómodas? ¿Se prohibirán los libros de Fernando Vallejo y de José Asunción Silva? La cultura no se fortalece corrigiendo el pasado para hacerlo coincidir con las convicciones del presente. Tampoco se fortalece borrando lo que hizo una administración simplemente porque pertenece al gobierno anterior. Los gobiernos pasan. Las políticas culturales que funcionan deberían poder sobrevivirlos.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei trasladó la política cultural al ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia y emprendió una reorganización que incluyó la disolución, transformación y reubicación de distintos organismos culturales. Las formas son distintas y los contextos también. Pero esa experiencia permite hacerse una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar una batalla cultural cuando deja de ser una disputa por los valores y empieza a traducirse en decisiones sobre las instituciones que sostienen la cultura?

Porque, cabe recordarlo, dicha institucionalidad no fue una creación del petrismo. Es herencia directa de la Constitución de 1991 y de la Ley General de Cultura de 1997. La Ley 397 desarrolló los artículos 70, 71 y 72 de la Carta, creó el Ministerio de Cultura y estableció que el Estado debe impulsar los procesos culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad, al tiempo que prohíbe ejercer censura sobre el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales. Incluso dispuso el traslado al nuevo Ministerio de Cultura de una entidad que hasta entonces estaba adscrita al Ministerio de Educación.

Desmontar o subordinar esa institucionalidad supondría, por tanto, algo más que mover una dependencia de un ministerio a otro. Podría implicar un cambio en la concepción misma de la relación entre Estado y cultura. La entonces ministra de Educación, Viviane Morales, manifestó en su momento que había que “sacar la ideologización” de las aulas y habló de una campaña para recuperar valores que, a su juicio, habían sido desplazados por una cultura que identificaba como woke. Hoy ya no ocupa esa cartera: renunció al Ministerio de Educación en septiembre y fue reemplazada por Ilva Myriam Hoyos. Pero sus declaraciones hacen parte de la misma conversación acerca de los valores que debe promover el Estado y hasta dónde puede llegar una concepción particular de esos valores cuando se convierte en política pública.

La cultura no se fortalece corrigiendo el pasado para hacerlo coincidir con las convicciones del presente. Tampoco se fortalece borrando lo que hizo una administración simplemente porque pertenece al gobierno anterior. Los gobiernos pasan. Las políticas culturales que funcionan deberían poder sobrevivirlos.

Tal vez esa sea la discusión que hace falta recuperar en medio de esta confrontación: no si la cultura es de izquierda o de derecha, sino qué lugar ocupa en la democracia. Porque una política cultural verdaderamente pública no tiene que imponer una manera de pensar. Tiene que garantizar las condiciones para que muchas maneras de pensar puedan expresarse, interpelarse y convivir.

Umberto Eco advertía que, entre los rasgos del Ur-Fascismo —una forma de fascismo capaz de reaparecer bajo distintas circunstancias históricas— está la desconfianza hacia una cultura identificada con el pensamiento crítico y que, en ese marco, el desacuerdo puede llegar a ser interpretado como traición. También advertía sobre un populismo que pretende hablar en nombre de un pueblo concebido como una entidad monolítica, negando la diversidad de los ciudadanos.

Este llamado aplica para todos los extremos: la cultura se empobrece cuando se le exige obediencia. La cultura no debería ser el territorio donde un gobierno gana una batalla contra el anterior.

Para mí, la cultura es más una trama que una batalla. Es uno de los pocos lugares donde una sociedad puede aprender a vivir con sus diferencias sin tener que ocultarlas ni silenciarlas. Tramar es entretejer, disponer los hilos de algo hasta darle forma. Pero también es urdir, preparar algo que todavía no se muestra del todo. En ambos sentidos hay una idea de construcción, una expectativa in crescendo. La diferencia está en si aquello que tramamos busca encontrarse con otros hilos o cerrarse sobre sí mismo.

Hablar de una trama es poner en relación experiencias distintas, cruzar memorias, enlazar lenguajes, hacer posible que una persona entre, aunque sea por un instante, en el mundo de otra. Porque la trama tiene también una acepción negativa: puede fraguar identidades cerradas, fabricar enemigos donde no los hay, construir relatos que solo dejan lugar para quienes comparten una determinada postura. La pregunta, entonces, no es si la cultura debe sentar una posición. La pregunta es qué hacemos con las incontables posiciones que la cultura pone en diálogo, cuando no en conflicto.

Quizá esta sea una de las tareas más importantes de una democracia: no conseguir que todos pensemos lo mismo, sino construir las condiciones para que podamos seguir pensando distinto, habitando la misma Constitución, existiendo en el mismo país.

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*Una versión de este texto se publicó en Contexto Media el 05 de octubre de 2026.