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Ley de Víctimas: siguen las confusiones

Escrito por Pablo de Greiff

Pablo de GreiffAunque es un avance frente al gobierno Uribe, la propuesta de Santos no resuelve tres grandes confusiones acerca de la reparación que merecen las víctimas. Tanto que mejor sería no hablar siquiera de “reparaciones”.

Pablo de Greiff*

Los avances

En Colombia sin duda se ha aprendido mucho sobre el concepto de justicia transicional. En 2004 apenas los especialistas conocían el término;  hoy el preámbulo del Proyecto de Ley de Víctimas que el gobierno presentó al congreso hace uso repetido del término. Pero los cambios van más allá del aprendizaje. Probablemente el más concreto de ellos es la creciente "visibilización" de las víctimas – que, algo paradójicamente, es uno de los efectos esperados de poner en marcha las medidas de justicia transicional. 

Aunque no es fácil cuantificar el asunto en forma directa, el problema de la violencia en Colombia tendía a ser concebido en términos de "seguridad" -es decir, uno cuya solución consistía en proteger, prospectivamente, la seguridad, especialmente la de las clases media y alta y la de la infraestructura productiva, sin incluir también un elemento retrospectivo para atender las demandas de justicia de tanta gente, especialmente la desprotegida que ya había sido afectada por la violencia.

Mucho ha cambiado desde entonces, y es claro que las víctimas ocupan un lugar cada vez más importante en el discurso sobre la violencia en Colombia. Hay una forma indirecta de medir este  fenómeno: más de 300 mil personas se han registrado como víctimas ante la Fiscalía en el marco de los procedimientos establecidos por la Ley de "Justicia y Paz". 

Sobra decir que ha habido otros cambios positivos desde que comenzó a discutirse el concepto de justicia transicional, alrededor de 2002, cambios asociados sobre todo con los diversos proyectos que eventualmente condujeron a promulgar la ley 975 de 2005. Sin embargo hay ciertos temas donde no se registran progresos suficientes. 

El viejo error de fondo

Hay algo particularmente frustrante en las crisis que no sólo eran predecibles sino que fueron predichas. Y digo esto sin satisfacción, pues no se necesitaba genialidad alguna para anticipar ciertos problemas.

Era predecible que el esquema propuesto por la Ley de Justicia y Paz, que en términos de procedimiento ataba las reparaciones a los casos judicializados y en términos financieros a la recuperación de bienes de los perpetradores, iba a ser un sustituto pobre de programas administrativos que pudieran actuar con celeridad y consideración con las víctimas.  Esta parece ser parte de la motivación que subyace al proyecto de ley de víctimas que el gobierno acaba de presentar. Pero estaría bien tener otros tres puntos en mente, pues también éstos generaron obstáculos en el pasado.

1. Los agentes del Estado victimarios

Era predecible que un régimen de reparaciones que establecía diferencias entre tipos de víctimas de acuerdo a quién fuera el violador de sus derechos iba a encontrar oposición. En efecto: esta tesis implica el incumplimiento de obligaciones legales básicas (incluyendo el principio de no discriminación) y es además muy sensible en un país como Colombia, donde el Estado no sólo ha fallado de forma sistemática en sus obligaciones de protección de los derechos básicos, sino que agentes suyos han colaborado activamente en su violación -y así lo muestran no sólo los reportes de diversas organizaciones especializadas sino también sentencias de diferentes tribunales tanto nacionales como regionales, así como los tristemente célebres casos de los "falsos positivos". 

Peor aún, insistir en que las víctimas de agentes del Estado serán reparadas solamente si tienen una sentencia judicial en su favor, es un sinsentido en un país donde muchas localidades han sufrido "oleadas" de violencia, unas veces de grupos insurgentes, otras de grupos para-estatales; y donde obtener una sentencia en contra del Estado puede tardar diez años. 

Basta recordar que en la definición de las víctimas de violaciones de derechos humanos la identidad del victimario es irrelevante, que lo único que hace a alguien merecedor de este calificativo -y de lo poco de positivo que se derive de él- es haber tenido la desgracia de sufrir la violación de un derecho fundamental. 

El gobierno reconoce en teoría que la distinción entre víctimas del Estado y "las otras" no tiene sentido. Pero que la reparación de las víctimas se considere un asunto de derecho está todavía por verse, y no sólo porque hay quienes aún defienden la tesis de que no distinguir entre víctimas de los grupos armados ilegales y víctimas de agentes del Estado mina la moral militar. Este último argumento, aparte de constituir un non sequitur, merece respuesta, especialmente por parte de los propios militares, quienes seguramente objetarán que se piense que su disposición a desempeñar sus labores depende de que se les permita violar los principios que esa labor defiende.  

Que en Colombia no es claro que las reparaciones sean vistas como asunto de derechos se revela también por la exclusión que en el proyecto se hace de las víctimas de violación de derechos humanos pertenecientes a grupos armados al margen de la ley (sin establecer criterios para determinar su pertenencia). Los derechos fundamentales se supone que nos protegen a todos, independientemente de si nuestro comportamiento es objetable o no.  

Por último, la posición del Gobierno y de otros, según la cual el Estado financia las reparaciones en virtud del principio de solidaridad, debilita también el sentido de la reparación como asunto de derecho.[1]

2. Reparar no es asistir

La nueva iniciativa debe evitar confundir las reparaciones con la asistencia a las víctimas.

El gobierno de Colombia, bajo tutela de la Corte Constitucional, ha hecho esfuerzos notables por darles asistencia humanitaria a las víctimas y en especial a los desplazados. Sin embargo hay diferencias fundamentales entre la asistencia y las reparaciones: la principal consiste en que las reparaciones requieren un reconocimiento de responsabilidad que la asistencia no reclama. 

Los intentos por parte del gobierno anterior, particularmente a través de Acción Social, de deducir del pago de las reparaciones los montos que las víctimas habían recibido por concepto de asistencia, asumen que una y otra son intercambiables. Este, aparte de ser un error conceptual,  socava la posibilidad de obtener uno de los fines de las reparaciones, el  que las personas que han sufrido cuando menos de desprotección por parte de las instituciones del Estado, vuelvan a confiar en ellas[2].

3. Si no es integral no sirve

De hecho, durante algunos años me he preguntado si en la situación actual de Colombia es correcto utilizar el término "reparaciones". Parte de mi duda descansa sobre la convicción de que deben existir vínculos claros entre las diferentes medidas de justicia. Las razones para abogar por esta "coherencia externa" son múltiples, pero incluyen el hecho de que en realidad las medidas de la "justicia transicional" son débiles, especialmente ante la magnitud de los crímenes que pretenden corregir.  Lo son sobre todo cuando operan independientemente unas de otras. 

Y sin embargo el balance general de la Ley de Justicia y Paz y de las demás iniciativas de justicia es bastante desalentador:

  • Después de más de cinco años de su promulgación, en términos de justicia penal todo lo que el país puede mostrar es una sentencia anulada por la Corte Suprema, y otra actualmente bajo apelación.
  • En términos de verdad el panorama es más complejo (afortunadamente) pero no necesariamente más alentador. Hay que subrayar la importancia de los reportes del Área de Memoria Histórica de la CNRR y las "versiones libres" establecidas por la ley de Justicia y Paz, que han producido bastante información.
    Pero no es claro que el Estado haya logrado hacer nada concreto con esa información, y los intentos hechos por el gobierno Uribe para debilitar el potencial esclarecedor de la Ley (sólo en parte contrarrestados por la Corte Constitucional al revisarla), despertaron dudas acerca de si el gobierno estaba proponiendo un marco de justicia transicional que promoviera los derechos a la justicia, la verdad y la reparación o -por el contrario- una manera "transicional" de cubrir los expedientes.
  • En términos de verdad, la extradición de los principales perpetradores, sin ningún tipo de previsión acerca de cómo asegurar su contribución al esclarecimiento de la verdad, tienden a confirmar esas sospechas. 
    Si es cierto que las reparaciones en últimas funcionan como tales sólo en virtud de sus vínculos con otras medidas de justicia, vale la pena volverse a preguntar si las condiciones en Colombia permiten que una serie de beneficios materiales y simbólicos (que por supuesto están lejos de  resarcir el daño sufrido), sean razonablemente vistos como medidas de justicia, cuando las otras dimensiones de la justicia permanecen tan rezagadas. 

Para ilustrarlo en otros términos,

  • ¿Puede alguien recibir realmente los beneficios establecidos por una eventual ley de víctimas, cuando la impunidad permanece reinante?
  • ¿Pueden esos beneficios contribuir a que yo vuelva a confiar en las instituciones del Estado cuando ese mismo Estado sigue intentando evadir o limitar el reconocimiento de su responsabilidad por todos los medios posibles? ¿Cuándo regatea beneficios, posterga decisiones sobre qué hacer con la verdad, y no contribuye de veras con los jueces cuando se trata de casos directamente relacionados con el proceso "de Justicia y Paz"? ¿Peor aún cuando, después de echar a andar ese proceso "de Justicia y de Paz", se registraron casos tan aberrantes como los mal llamados "falsos positivos", que por supuesto desmienten del arrepentimiento y del cambio de rumbo que habían prometido el gobierno y el Estado?   

En conclusión

Vale la pena preguntarse nuevamente si -dado que las necesidades de las víctimas son apremiantes y que satisfacer por lo menos algunas de ellas es impostergable- no es mejor concentrar las energías en programas de atención realmente efectivos y dejar las reparaciones para el momento en que los beneficios de estos programas puedan de veras ser vistos como parte de una política general de justicia, donde la judicialización de violaciones de los derechos humanos, la verdad y la reparación vayan realmente de la mano.    

* Director de la Unidad de Investigaciones del International Center for Transitional Justice en Nueva York.

Notas de pie de página


[1] Eduardo Pizarro, representante de la Vice Presidencia en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y por tanto, encargado de velar por los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, aún así defensor de las posiciones más afines a las del gobierno anterior, malinterpreta mis escritos cuando sugiere que mi argumento, según el cual las reparaciones pueden promover la solidaridad social, muestra que para mí la base de las reparaciones es la solidaridad. Esto confunde argumentos acerca de efectos con argumentos acerca de fundamentos, aparte de un concepto sociológico y normativo de la solidaridad con uno "legal".

[2] Que Eduardo Pizarro siga confundiendo estos dos conceptos y haciendo referencia a mis escritos para defender su posición, desconoce no sólo esos escritos sino las múltiples ocasiones, aun en su presencia, en las que he argumentado a favor de una clara diferenciación entre la asistencia a las víctimas y la reparación.

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