El gobierno parece indiferente ante al aumento de las agresiones contra personas que luchan por los derechos humanos en Colombia.
Sirley Muñoz Murillo*
Un trabajo heroico
¿Cuántos de ustedes se atreverían a hacer un trabajo riesgoso y no remunerado por el cual podrían recibir amenazas, agresiones e incluso la muerte?
Muy pocos, ¿verdad? Justamente así funciona el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia.
En territorio colombiano trabajar por los derechos humanos significa tener estándares bajísimos de bienestar, convivir con grupos armados que decidieron adueñarse del poder ante la ausencia del Estado, y tener acceso limitado a servicios y derechos básicos como la salud y la educación.
En Colombia, donde el horror encuentra formas inéditas de manifestarse, trabajar por los derechos humanos no es una labor cotidiana, sino un acto heroico.
Durante los últimos cinco años, la violencia contra las defensoras y defensores de derechos humanos no ha mermado, sino que se ha transformado. Por ejemplo, el número de asesinatos y amenazas varía dependiendo de factores como la presencia de grupos armados, pero nunca llega a cero. Es evidente que la situación de seguridad para estos trabajadores cada vez es peor.
Cifras escabrosas
A pesar de las numerosas alertas emitidas por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, el sistema de información del Programa Somos Defensores registra un aumento constante de la violencia contra las personas que luchan por los derechos humanos en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Ese año se reportaron 481 ataques contra los defensores, el año siguiente hubo un aumento del 16% y se reportaron 560 casos, en 2018 el aumento llegó al 44% y el número de casos a 805, y en 2019 hubo un aumento del 5% y un total de 844 casos.
La violencia no se ha detenido en 2020 pese a la llegada de la pandemia. Desde el primer mes del año, cientos de defensores han sido perseguidos, agredidos y en el peor de los casos, asesinados. De acuerdo con el informe titulado El virus de la violencia del Programa Somos Defensores, durante el primer semestre de este año, 95 defensoras y defensores fueron asesinados, lo que quiere decir que los asesinatos aumentaron en un 61% en comparación con el mismo período de 2019. Además, 452 personas fueron víctimas de amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y robos de información. El objetivo último de estas agresiones es el mismo: silenciar las voces de las y los defensores.
Advertencias ignoradas
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Defensoría del Pueblo, la Unión Europea y numerosas organizaciones de derechos humanos colombianas advirtieron en repetidas ocasiones que la situación podría salirse de control si el gobierno no tomaba las medidas necesarias para proteger a las y los defensores. ¿Por qué el gobierno hizo caso omiso de estas advertencias?
En su discurso de posesión, Iván Duque aseguró que combatiría la violencia contra las y los defensores de derechos humanos y sancionaría a los autores de dichos crímenes. Sin embargo, tras dos años de su mandato, el miedo y la impunidad siguen reinando porque no ha cumplido ninguna de sus promesas.
Como si fuera poco, el actual gobierno ha pisoteado muchos de los compromisos que se pactaron en Acuerdo de Paz, especialmente aquellos que buscaban mejorar las condiciones de seguridad en los territorios donde viven las y los defensores de derechos humanos. El desinterés que el gobierno siente por nuestros defensores es tal que decidió modificar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para restarle capacidades e importancia.
Medidas peligrosas
En vez de cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz, el gobierno ha decidido apostar a medidas poco efectivas, que están muy lejos de las realidades de las comunidades. Por ejemplo, ha decidido militarizar zonas vulnerables para “proteger a las y los defensores” pese a que la historia demuestra que se trata de una fórmula muy poco efectiva.
La nueva política del gobierno “Paz con legalidad” pretende reemplazar los acuerdos que se habían pactado con las comunidades por armas militares. En el papel, la finalidad de las controvertidas Zonas Futuro es “mejorar la seguridad e impulsar el paso de economías ilícitas a economías lícitas” en cinco territorios donde la presencia del Estado es marginal: el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba, Arauca, y Chiribiquete y los parques nacionales aledaños.
Según el gobierno, las Zonas Futuro complementan el Acuerdo de Paz porque pretenden transformar 50 de los 170 municipios cobijados por Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, el desconocimiento de los pactos establecidos con las comunidades que viven en esos territorios sugiere que esta estrategia no está alineada con el Acuerdo.
Todo indica que, en realidad, se trata de una política destinada a militarizar zonas vulnerables que desconoce los intereses de las comunidades involucradas y podría aumentar la violencia en vez de reducirla, y poner en riesgo a los líderes sociales en vez de protegerlos.
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El último informe del Programa Somos Defensores señala que la participación de la Fuerza Pública en las agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos aumentó en un 157% durante el primer semestre de 2020, lo cual indica que la militarización de zonas vulnerables suele ser sumamente dañina.
Dado que la violencia contra nuestros defensores ha llegado a niveles inimaginables y que las autoridades se rehúsan a tomar las medidas necesarias para protegerlos, lo más probable es que tengamos que contar muchas más muertes, amenazas y agresiones en lo que queda del año.
