El último semestre se registró la mayor cantidad de agresiones desde hace diez años. Mientras tanto, líderes y defensores siguen a la espera de garantías por parte del gobierno.
Sirley Muñoz*
Una paz efímera
Para los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC fue una esperanza efímera. Confiaron en lo que parecía imposible: que después de décadas de sentir la brutalidad de la violencia en sus territorios, finalmente esta iba a desaparecer.
Muchas comunidades alcanzaron a probar un poco de esa paz tan mencionada pero esquiva; cesaron los enfrentamientos, disminuyeron los asesinatos y dejaron de vivir bajo los ritmos impuestos por un grupo armado.
Pero tan solo unos meses después la esperanza se desvaneció. Con la desmovilización de la guerrilla de las FARC y su retirada de muchas regiones, otros grupos armados vieron la oportunidad de disputar esos territorios. Por eso, después de unos meses de relativa calma, el conflicto armado reinició su escalamiento y la violencia nuevamente golpeó a las comunidades con toda su crudeza.
Los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos han sido uno de los grupos más afectados con esta reactivación de las violencias. A pesar de las múltiples alertas lanzadas por los líderes, organizaciones sociales y sociedad en general, la violencia contra ellos no se detiene. Lejos de disminuir, las agresiones no solo no han parado durante el primer semestre del 2019 sino que han aumentado de manera significativa.
Las cifras
Los hechos anteriores se constatan en el informe semestral enero-junio 2019 del Programa Somos Defensores, titulado Defensores: ¿El juego final? En este informe se registran 591 agresiones entre los meses de enero y junio, hechos que conocimos desde nuestro Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia. Es la cifra más alta que hemos registrado en un semestre desde la creación de nuestro sistema hace diez años.
La mayoría de esas 591 agresiones se produjeron en los departamentos de Cauca (115), Arauca (48), Antioquia (40), Córdoba (34), La Guajira (32), Valle del Cauca (32), Risaralda (25), Santander (23), Bolívar (20) y Chocó (19). Pero los hechos violentos ocurrieron en por lo menos 28 de los 32 departamentos que tiene el país.
Se registran 591 agresiones entre los meses de enero y junio.
También se encontró que los asesinatos disminuyeron en un 23 por ciento en comparación con el primer semestre del 2018 —59 casos en 2019, frente a 77 en 2018—. De los 59 asesinatos, el 83 por ciento fueron contra hombres (49 casos) y el 17 por ciento contra mujeres (10 casos); lo anterior muestra un aumento significativo de asesinatos cometidos contra mujeres, pues en el mismo período de 2018 se registraron tres casos.
 Foto: Facebook Somos DefensoresLa violencia en contra de los líderes sociales ha aumentado considerablemente en el último año. |
A pesar de la disminución en los asesinatos, otros tipos de agresiones aumentaron; es el caso de las amenazas de las cuales se reportaron 477, una cifra alarmante si se consideran las 272 que se conocieron en el primer semestre de 2018, lo que quiere decir que este año el aumento en las amenazas ha sido de un 75 por ciento. También aumentaron los casos de atentados en un 17 por ciento y las detenciones arbitrarias en un 450 por ciento.
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Más allá de los asesinatos
Esta particularidad en las cifras del primer semestre de este año parece indicar que hay un cambio en las estrategias de las violencias en los territorios y en las acciones de los grupos armados.
Las formas de violencia más utilizadas han cambiado. El 2018 se destacó por las altas cifras de asesinatos, debido en parte a las disputas territoriales. Este año, en cambio, el centro ha pasado hacia las agresiones no letales, en un contexto muy distinto del del año anterior puesto que muchos de los actores nuevos y antiguos del conflicto armado han definido los límites de su poder en las regiones.
Esto último explica el predominio de hechos que, más que eliminar a las personas, buscan contener y controlar.
Por eso es necesario que la intensidad de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales no se mida solo a través de los asesinatos. Sin embargo, así lo ha hecho durante el último año el Gobierno para asociar de manera forzada las políticas de protección con la disminución de los homicidios.
Aunque el asesinato es uno de los hechos más graves, no es el único al que se enfrentan los líderes y activistas, como muestran los resultados en nuestro sistema de información; hay muchas otras acciones que buscan controlarlos a través del miedo y acabar con los procesos que adelantan en la defensa de los derechos colectivos.
Aunque la violencia selectiva contra esta población es innegable y el país es testigo de ella, seguimos a la espera de respuestas por parte del Gobierno Nacional para brindar garantías y proteger la vida y los derechos de defensoras y defensores.
A pesar de unas agresiones que no dan tregua, las medidas trazadas por las instituciones siguen siendo precarias:
- Aumento de recursos para protección física y material;
- Campañas de sensibilización;
- Militarización de los territorios; y
- Programas gubernamentales para mitigar.
Estas estrategias blandas no atacan el problema de fondo y, mientras se ejecutan, la violencia se reorganiza en las regiones y los diferentes actores armados y no armados continúan tratando de silenciar a quienes abogan por los derechos de sus comunidades. Muestra de ello son la situación de orden público en el norte del departamento del Cauca y los continuos ataques contra las comunidades indígenas.
Este año el aumento en las amenazas ha sido de un 75 por ciento.
El país vive una crisis humanitaria innegable, y cientos de comunidades se encuentran en riesgo. Según la Defensoría del Pueblo, en el primer semestre de este año hubo 35 desplazamientos masivos, que involucraron a 8.223 personas y se registró el confinamiento de 63 comunidades, lo que afectó a 14.773 personas.
 Foto: Facebook Somos DefensoresSeguimos sin hacer lo suficiente para salvar la vida de las y los líderes sociales. |
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Con un chasquido de dedos
Si en este momento comparamos a Colombia con una película, esa podría ser Avengers: el juego final. Esto, porque nos encontramos frente a un Estado que parece estar bajo el poder del súper villano de comics, Thanos, que con un simple chasquido de sus dedos intenta devolvernos al pasado y no dejarnos salir del caos, impidiendo que se conozca la verdad, callando a la mitad del país, cerrando las puertas a la democracia y poniendo nuevamente el acento en la guerra y la militarización.
De allí que nuestro informe semestral tenga como título Defensores ¿El juego final?, pues estamos en un escenario donde se ha intentado borrar muchos de los procesos adelantados por la sociedad civil para construir un país diferente, y donde se pretende moldearla de acuerdo con los intereses de un pequeño grupo, pasando por encima de las necesidades y los derechos colectivos.
Mientras tanto, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales viven todos los días en medio del miedo y arriesgando sus vidas sin soluciones claras a una violencia que no tiene freno. Sin embargo, ellos, en compañía de una gran parte de la sociedad, hacen grandes esfuerzos para no permitir que estas fuerzas determinen el destino del país, para impedir la continuación de las violencias y del conflicto armado, y para exigir al Gobierno que se respete y se cumpla lo pactado en el Acuerdo Final de la Habana.
En últimas, el esfuerzo es para que no se les niegue a las comunidades la posibilidad de trabajar por la paz en los territorios.
El informe semestral de Somos Defensores enero-junio 2019 puede descargarse en este enlace.
*Periodista y magíster en Ciencia Política, coordinadora de Comunicaciones, Incidencia y Sistema de Información del Programa Somos Defensores.
