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Las posibilidades y los riesgos de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

Escrito por Giselle Andrea Osorio Ardila
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Después de décadas de intentos frustrados, el Congreso aprobó una forma de asociación entre Bogotá y la región. ¿Cuáles son sus potencialidades y sus retos?

Giselle Andrea Osorio Ardila*

La reforma

El pasado 16 de junio, el Congreso aprobó el Acto Legislativo que modifica el artículo 325 de la Constitución para crear la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

Con esta nueva norma, Bogotá, Cundinamarca y los municipios de la región que así lo dispongan podrán asociarse en una entidad administrativa de régimen especial que les permita tomar decisiones en común. Sin embargo, la figura debe ser reglamentada por una ley orgánica que determine en detalle todas sus características.

La formulación de dicha ley orgánica se suma a otros hitos en el ordenamiento de la región que tendrán lugar próximamente, como la expedición de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Bogotá y en otros municipios, y la coordinación de acciones para la descontaminación del río Bogotá. En fin, se trata de un momento decisivo para la región y especialmente para la Sabana de Bogotá.

En ese contexto, quiero explorar las posibilidades y los riesgos que esta nueva forma de asociación regional trae para Bogotá, el departamento y los municipios de la región.

¿Para qué una Región Metropolitana?

La asociación entre Bogotá y su área de influencia fue un proyecto frustrado de manera repetida durante varias décadas.

Aunque en la práctica siempre ha existido un área común entre la capital y los municipios vecinos, cada ciudad crece de manera desarticulada y desordenada, y reproduce así el patrón existente de segregación y desigualdad.

Una parte significativa de los habitantes de la región busca su sustento en Bogotá, pero vive en “municipios dormitorio”. Los planes de desarrollo municipales rara vez responden a las necesidades de las personas, y, a menudo, los planes de ordenamiento territorial simplemente legitiman las imposiciones del mercado inmobiliario y el volteo de tierras.

Parte de estos problemas podrían resolverse o al menos mitigarse con coordinación y articulación de los planes y las metas de los municipios vecinos: de allí la importancia de crear una Región Metropolitana.

¿Y si la Corte tumba la reforma?

El primer obstáculo que deberá pasar la Región Metropolitana son las demandas de inconstitucionalidad que se han anunciado, por la posible afectación de la autonomía de los municipios y la escasa participación con la que habría contado el proyecto.

Si la Corte Constitucional acoge esa tesis y decide que la reforma es contraria al resto de la Constitución, nos devolveríamos al escenario inicial: una vez más, nos quedaríamos sin instrumentos legales para coordinar el crecimiento de la capital y los municipios vecinos.

Si ese es el caso, existen dos posibilidades: una, que la discusión se dilate indefinidamente y se estanque; otra, que los demandantes decidan emprender la creación de un área metropolitana a su manera, que subsane los errores que tendría el actual proyecto.

En todo caso, el hipotético hundimiento de la actual Región Metropolitana representaría un largo retroceso. Recuperar el avance podría tardar décadas.

Foto: Wikimedia Commons - ¿Qué se hará para recuperar el río Bogotá?

El escenario actual y sus retos

Si la Corte Constitucional decide que el proyecto debe seguir en pie, el desafío es formular una ley orgánica que defina qué es la Región Metropolitana y reglamente su operación. Este escenario, a su vez, tiene dos caminos posibles.

– La primera posibilidad es aprobar una ley orgánica formulada deprisa, a puerta cerrada y sin participación real de la ciudadanía. Es decir, mantener el modelo planteado desde arriba, que favorece al sector de la construcción y perjudica a los de siempre en las periferias.

Bajo esta visión, la asociatividad y la planeación regional se propondrían garantizar las condiciones para la libre competencia, pero no se ocuparían de disminuir la desigualdad y la segregación.

La elección de este camino llevaría a la expansión de la capital y a su fusión con los municipios del occidente y el noroccidente. Esto crearía una gran mancha urbana en la que se fortalecería el centro de Bogotá como ciudad núcleo.

– La segunda posibilidad exige un cambio de las tendencias históricas, y solo es posible mediante la toma colectiva de decisiones. Seguir este camino implica cambiar los términos en los que han funcionado los instrumentos de planeación y gestión: pasar de los pactos entre políticos, al debate amplio con la ciudadanía.

Esto, a su vez, exige una comprensión realista del territorio, de las causas de los problemas y de las particularidades del proceso de metropolización.

¿Qué debería incluir la ley orgánica?

Tomar el camino complejo supone una nueva visión del desarrollo, que establezca las pautas para mejorar la calidad de vida en la región y para reducir las desigualdades. Para esto, la ley orgánica debería contemplar, al menos, los siguientes tres puntos:

1. Criterios claros de asociación
Se necesita adoptar una metodología para definir cómo pueden asociarse los municipios que así lo decidan. Para esto debe identificarse claramente cuál es la Estructura Ecológica Principal de la región y qué otros factores metropolitanos de diferentes escalas serán tenidos en cuenta.

La asociación debe tener un plazo definido, que sea superior al de las administraciones locales, de modo que no dependa de la voluntad de los gobiernos de turno.

2. Mecanismos para disminuir el desequilibrio territorial y conformar una región policéntrica.
La ley orgánica debe reconocer la heterogeneidad de los municipios y de las actuales dinámicas urbano-rurales. Se deben construir las condiciones para consolidar una red de nodos municipales, con diferentes centros capaces de disminuir la primacía de Bogotá.

En este sentido se precisan directrices para coordinar los instrumentos de planeación y gestión de los municipios, con al menos dos objetivos: (i) reducir la competencia entre los municipios por atraer capitales inmobiliarios e industriales; (ii) y ubicar la infraestructura de forma equitativa, para estimular centros distintos de Bogotá, según la vocación de cada municipio.

Para eso, es importante formular planes maestros metropolitanos, especialmente en materia de salud, educación y movilidad. La ley orgánica debe contemplar cómo se formularán estos planes, para asegurar que sean lo suficientemente participativos.

3. La dimensión técnica de la Región Metropolitana.
Por último, sería necesario un Observatorio Regional Metropolitano, que produzca estudios al servicio de la región y, en particular, de los municipios.

Aunque este observatorio podría ser financiado por entidades públicas y privadas, es importante que la participación del sector público sea mayoritaria, de modo que responda a las preguntas e intereses de las entidades territoriales.

Además, la ley debe ordenar una figura de veeduría o auditoría ciudadana con recursos financieros, que permita el control de sus formulaciones y ejecuciones.

Si estos tres puntos no se desarrollan con claridad, se corre el riesgo de que la Región Metropolitana sea una figura inane. Las decisiones sobre estos tres puntos tendrán profundas implicaciones, más allá de la autonomía de los municipios, pues toda figura de asociación implica que en algún momento todos tengan que ceder en algo.

En todo caso, las decisiones que se tomen en la región afectarán el territorio y la vida de sus habitantes, por lo que se hace imperativo ampliar la participación de los habitantes de los municipios en la construcción de esta ley y en su puesta en marcha.

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