La gobernadora fue destituida, pero apenas en virtud de un tecnicismo. Y mientras tanto en el departamento lleno de miseria se siguen sucediendo los escándalos, las investigaciones – y las reelecciones de políticos corruptos-.
Fabián Alejandro Acuña* – Carolina Aragón Arias**
Cero y van seis
A los profundos males sociales que padece la Guajira y a la ya casi proverbial corrupción de su clase política vino a sumarse la destitución de la gobernadora Oneida Pinto, después de seis meses de gestión, por decisión del Consejo de Estado.
Con ella ya son seis los gobernadores implicados en procesos penales o administrativos y sancionados en este departamento. En la lista se encuentran:
1. Álvaro Cuello Blanchar, gobernador entre 1997 y 2000. Fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en la celebración de contratos.
2. Hernando Deluque Freyle, gobernador para el período 2000-2003. El Consejo de Estado anuló su elección debido a que se comprobó fraude en su elección. También fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en la celebración y ejecución de contratos. Además, en mayo de este año la Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Las glosas a Oneida Pinto fueron constantes durante la campaña.
3. José Luis González Crespo, gobernador en el período 2003-2005. Fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría, que lo encontró responsable de irregularidades en la licitación de un contrato con la empresa Gescop Ltda. Además fue encontrado responsable de irregularidades en quince contratos con empresas de servicios públicos.
4. Jorge Eduardo Pérez Bernier, gobernador en el período 2007-2011. La Procuraduría lo procesó por irregularidades en seis contratos de prestación de servicios de salud.
5. Juan Francisco Gómez Cerchar, gobernador para el período 2011-2014. Fue acusado y destituido por homicidio y concierto para delinquir. También se habla de su cercanía con las AUC de la región y con bandas criminales. Además fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por incurrir en irregularidades en la contratación de servicios de seguridad y vigilancia privada para los funcionarios y entidades del departamento.
6. La actual gobernadora fue destituida por violar el régimen de inhabilidades.
Escoger entre dos males
 Alejandro Char, Alcalde de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla |
En la elección de gobernadores del año pasado, a los guajiros se les presentaron dos opciones: Oneida Pinto, avalada por el partido Cambio Radical, y Ovidio Mejía Marulanda, por el Partido de la U. Pero en verdad no había mucho de dónde escoger porque los dos candidatos estaban cubiertos por un manto de dudas y señalamientos a propósito de sus antecedentes o de sus socios de campaña.
Las glosas a Oneida Pinto fueron constantes durante la campaña, porque era consideraba como la candidata del muy controvertido y poderoso “clan Ballesteros”. Pinto fue esposa de Pablo Parra, quien presuntamente colaboraba con grupos paramilitares en el cobro de extorsiones, y era considerada la sucesora de Francisco “Kiko” Gómez Cerchar (en proceso judicial por homicidio y presunta relación con bandas criminales). Por eso, la mayor parte de su campaña la dedicó a defenderse de las acusaciones de su oponente por presuntos nexos con crímenes, organizaciones ilegales y políticos cuestionados.
El aval a Oneida Pinto fue otorgado por Alejandro Char (delegado por el Comité Central del partido Cambio Radical para proponer los candidatos del Caribe), y la decisión causó serias fracturas dentro del partido que concluyeron con la renuncia de su presidente, Carlos Fernando Galán, quien no estaba de acuerdo con el aval para una persona con tales antecedentes.
El otro candidato fue Ovidio Mejía, del Partido de la U y apoyado por el movimiento Nueva Fuerza Guajira, movimiento acusado por tener vínculos con paramilitares. Entre quienes apoyaron su candidatura se encontraban tres de los exgobernadores destituidos en el departamento (Jorge Pérez Bernier, Hernando Deluque y Álvaro Cuello). Un apoyo importante a su aspiración fue el de la exalcaldesa de Uribia, la cacica Cielo Redondo, señalada de tener vínculos con paramilitares y bandas criminales.
Ovidio Mejía fue sancionado en 2008 por el Consejo de Estado, que anuló su elección a la Alcaldía de Maicao por violación del régimen de inhabilidades al inscribirse como candidato por segunda vez cuando aún estaba cobijado por una suspensión de la Procuraduría, que lo sancionó por irregularidades en el manejo de los recursos del municipio.
Finalmente, Oneida Pinto resultó elegida por el 65,9 por ciento de los votos, frente al 26,2 por ciento de su oponente.
Le faltaron unos días
 Audiencia del Consejo de Estado. Foto: Consejo de Estado |
Antes de ser gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto fue alcaldesa del municipio de Albania en el período 2012-2015. Pinto ocupó el cargo hasta el 21 de julio de 2014, cuando renunció para inscribirse como candidata a la gobernación el 15 de junio de 2015. La sección quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de la gobernadora por violar el régimen de inhabilidades, pues los doce meses que contempla el artículo 32 de la Ley 617 de 2000 para que los funcionarios que quieran participar en una elección renuncien deben contarse antes de la inscripción de la candidatura, no de la elección.
La Guajira sigue siendo uno de los departamentos más atrasados del país.
Debido a la nulidad de su elección, fue nombrada como gobernadora encargada la actual secretaria de Asuntos Indígenas, Margarita Pimiento Prieto.
Después de conocerse la decisión del Consejo de Estado, fueron muchas las denuncias que se hicieron sobre las “amistades peligrosas” de la gobernadora destituida. Rodrigo Lara, director del partido que la avaló, fue particularmente criticado pues de muchas maneras se le había advertido sobre el riesgo de avalar a Pinto para la gobernación de La Guajira.
Sin embargo hay que reconocer que la decisión del Consejo de Estado no estuvo motivada por las denuncias de los contradictores, pues Oneida Pinto no fue destituida (como sí lo fue su antecesor) por nexos con grupos al margen de la ley y homicidio, sino por un error procedimental. Esto no quiere decir que existan o no los nexos y las irregularidades que han denunciado algunos analistas. Solo muestra que el partido no se percató de que en los tiempos de la inscripción se incurrió en una inhabilidad.
La elección de autoridades subnacionales del año pasado estuvo plagada de irregularidades y de candidatos con antecedentes y relaciones peligrosas. Los partidos políticos y las instituciones siguen siendo un filtro muy débil para la democracia y la ciudadanía aún continúa votando por candidatos llenos de cuestionamientos. Y mientras tanto La Guajira sigue siendo uno de los departamentos más atrasados del país y cuya población registra los peores índices de necesidades básicas insatisfechas.
* Docente-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. @acuna_fabian
** Estudiante de último semestre de Ciencia Política en la Universidad Javeriana. caroaragon7@gmail.com
