La región más vulnerable de Colombia sufre ahora el embate de la variante brasileña del coronavirus. Qué está haciendo el gobierno y por qué se necesita un plan de vacunación muy distinto del actual.
Pablo Montoya Chica, M.D.*
Una gran inequidad ante la muerte
Esta semana Colombia sobrepasó las 60.000 muertes por la COVID-19: esto equivale a llenar casi dos veces el estadio El Campín de Bogotá.
Aunque las muertes se extienden a lo largo y lo ancho del territorio nacional, las inequidades que nos caracterizan han hecho que la pandemia golpee con más fuerza en algunas regiones del país. Para apreciar este hecho necesitamos acudir a las estadísticas, que suelen parecer aburridoras, pero en efecto son reveladoras e inquietantes cuando ayudan a entender lo que la gente está viviendo en realidad. Pues bien:
A partir de los datos del DANE y del Instituto Nacional de Salud hasta el 4 de marzo, se sabe que en los municipios donde más del 20 % de la población tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI), la probabilidad de morir por la COVID-19 es 54 % mayor que en los municipios con menos del 10,5 % de la población con NBI.
Lo anterior sucede cuando hablamos de personas de la misma edad, sexo, pertenencia étnica, región geográfica, categoría del municipio y residencia dentro o fuera de la ciudad capital. En palabras más simples: la diferencia del 54% se debe exclusivamente a qué tan pobre sea la población del municipio.
Los datos también muestran que la probabilidad de morir por COVID-19 es 16% más alta en los seis departamentos que integran la Amazonía que en el resto del país. Dentro de esta región —que abarca el 41% del territorio nacional —, los servicios de salud están concentrados en las capitales departamentales, las grandes zonas rurales dispersas prácticamente carecen de acceso, y las instituciones tienen escasa capacidad de atender a las comunidades.
En los municipios donde más del 20 % de la población tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI), la probabilidad de morir por la COVID-19 es 54 % mayor
Bajo las circunstancias anteriores, resulta ser que una persona indígena que vive fuera de la capital en municipios con índices de NBI elevados en la Amazonia tiene 2,5 veces más posibilidades de morir por la COVID-19 que el resto de los colombianos.
Peor todavía: sabemos que el subregistro de las muertes en esta región tiende a ser mayor que en el resto del país, de modo que la situación de inequidad sería aún más dramática de lo que indican las cifras anteriores.
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El olvido del gobierno nacional
Una muerte inesperada es muy dolorosa y deja una huella profunda en las personas allegadas. Pero entre los pueblos indígenas, muchos de ellos en riesgo de extinción, esas muertes tienen implicaciones adicionales: las personas mayores —los guardianes de los conocimientos pilares de estas culturas— mueren en una proporción más elevada que el resto de los colombianos.
Las carencias en materia de nutrición y salud, la violación sistemática de los derechos fundamentales de muchos pueblos indígenas, los efectos especialmente dañinos de la pandemia en estas comunidades eran y son condiciones que por supuesto debieron tenerse en cuenta al diseñar el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Pero no fue así.
De hecho, en el Plan inicial el gobierno nacional olvidó la existencia del departamento del Amazonas —ubicado en una triple frontera y con una muerte por cada 434 habitantes, la mayor mortalidad del país—.
La variante brasileña y la respuesta desde Bogotá
Por desgracia o por ventura, apareció la variante P.1 en Brasil y azotó la región, haciendo colapsar los servicios de salud en algunos sectores de Perú y Brasil y obligando al gobierno colombiano a elaborar un plan diferencial para los departamentos que limitan con Brasil.
Así Amazonas, Vaupés y Guainía tienen por ahora la posibilidad de vacunar a gran parte de su población en los cascos urbanos de las capitales y en las comunidades aledañas.
Es de resaltar que mientras Colombia tenía una cobertura de vacunación inferior al 0,5 % de la población para el 5 de marzo, estos tres departamentos alcanzaron 20,2 %, 6,7 % y 10,9 % respectivamente. En contraste, Caquetá, Putumayo y Guaviare apenas tienen un 0,3 %, 0,2 % y 0,4 % de su población vacunada.
Resulta preocupante que la vacuna de Sinovac se enviara a estos departamentos, ya que aún no se tiene claridad sobre su capacidad de inmunizar contra la variante P.1. Sin embargo, es importante resaltar que los datos reportados hasta ahora muestran que las personas sí quedan protegidas contra los síntomas graves, disminuyendo los casos de hospitalización y las muertes.
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Se necesita otro plan
La vacunación en estos territorios presenta dificultades especiales. La mayoría de la población es indígena y habita en zonas rurales dispersas y carentes de servicios públicos básicos. A esto se suma la escasa confianza de las comunidades en las instituciones estatales.
Las jornadas de vacunación exigen que la población este informada, preparada y dispuesta a vacunarse en fechas concertadas. Pero si la población es reticente a vacunarse o no está presente cuando lleguen los equipos se pierde una gran oportunidad.
Los costos logísticos hacen difícil o desaconsejable que se repitan las visitas o jornadas de vacunación. Por eso es imperativa una coordinación ejemplar con las poblaciones y las organizaciones locales, lo cual no es fácil de lograr.
Las autoridades indígenas son entes públicos de carácter especial con quienes debe concertarse cualquier acción que se desarrolle dentro de su territorio. Los pueblos indígenas exigen espacios de concertación para resolver las dudas y definir conjuntamente la manera de llevar a cabo la vacunación; esta exigencia es razonable y constituye otro derecho fundamental, pero hasta ahora no puede concretarse en la mayoría de los territorios.
Las jornadas de vacunación exigen que la población este informada, preparada y dispuesta a vacunarse en fechas concertadas
A lo anterior se suman el silencio del sector salud en los momentos más críticos de la pandemia y la dificultad para lograr el reconocimiento de los sistemas de salud autóctonos, para explicar por qué algunas autoridades indígenas se oponen a la vacunación.
En esas circunstancias se necesita saber cuáles son las dudas y miedos de las comunidades para mejorar la información que reciben. También hay que conocer su lenguaje y los paralelos culturales entre las vacunas y sus sistemas de protección para construir los mensajes a partir de esos hechos, idealmente con las voces e idiomas locales.
Adicionalmente, si el acceso a los medios masivos de comunicación es limitado, hay que conocer los canales que pueden usarse para transmitir dichos mensajes a la mayor cantidad de personas posible.
Desde Sinergias desarrollamos procesos de comunicación como el programa de radio El Canto del Tucán, que incorpora elementos interculturales, se transmite en diferentes emisoras locales y envía sus programas por WhatsApp a otros territorios.
Pero estos intentos tampoco llegan a toda la población. Algunos líderes sugieren que se envíen equipos de avanzada, preparados para resolver las dudas en un lenguaje adecuado y que visiten a las comunidades inmediatamente antes de las jornadas para crear las condiciones adecuadas para las mismas.
En las comunidades indígenas hay muchas personas sin documentos de identidad; otro derecho fundamental. Esto no puede ser una barrera para acceder a las vacunas; por eso deben realizarse jornadas de registro para remediar esta situación.
La economía de la mayor parte de las comunidades indígenas es de subsistencia, es decir, trabajan para conseguir el alimento del día. Por eso las jornadas deben concertarse con suficiente tiempo de antelación; de este modo las comunidades podrán abastecerse de alimentos y no se perderán la vacunación.
Las fases propuestas en el Plan Nacional de Vacunación no son adecuadas para estos contextos. Hay que organizar jornadas de vacunación con previa concertación para la población susceptible y con vacunas que empleen una única dosis.
Las campañas de vacunación y la protección de esta población dependerán de dicha organización y de la posible articulación con la medicina tradicional. Pero claro, resolver esto únicamente es la punta del iceberg.