Pese a las graves consecuencias de este crimen, la justicia colombiana no ha sido rigurosa ni efectiva en combatirlo. Una investigación busca identificar el estado del problema y encontrar caminos para resolverlo*.
María Cristina Solano**
El delito
Los colombianos nos hemos acostumbrado a ver noticias sobre hallazgos de remedios y equipos médicos alterados, envenenados o falsificados, que causan un gran daño a la salud de los consumidores. Por ejemplo, los medios de comunicación han difundido noticias sobre casos de sustancias descompuestas que se han encontrado al lado de productos farmacéuticos legítimos.
Naturalmente, este tipo de situaciones genera desconfianza entre los ciudadanos tanto respecto del establecimiento que vende o entrega las medicinas como de la casa que las fabrica. Como si fuera poco, se han encontrado sitios donde se elaboran, manipulan, almacenan o expenden remedios que no cumplen las mínimas condiciones de higiene. Estos lugares son laboratorios clandestinos o de garaje.
En una nota del diario El Tiempo se destaca muy bien la especial gravedad de este problema: “«Vender un medicamento fraudulento es más grave que vender cocaína. Porque el que compra la cocaína sabe lo que está comprando, pero un paciente no sabe que el medicamento no es bueno», dice Camilo Uribe, director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). «Cuatro de cada 10 medicamentos en el país provienen del mercado negro». Esta afirmación es de Miguel Germán Rueda, anterior director del mismo Instituto”.
Estas declaraciones hacen reflexionar sobre la responsabilidad de dueños y dependientes de droguerías y farmacias, en cuyas manos muchas personas depositan su salud -la mayoría de las veces- antes o en lugar de consultar al médico. Pues son ellos los primeros en recibir las ofertas de los distribuidores de estas supuestas medicinas. «Cuando el paciente no mejora, eso le cuesta plata al sistema de salud, porque tiene que seguir formulando hasta que el paciente se recupere». De acuerdo con estadísticas de la Cámara de la Industria Farmacéutica, el mercado negro de medicamentos puede mover alrededor de 500 millones de dólares anuales, mientras que la industria legal llega a 1.500 millones de dólares”.
La actividad delictiva en torno a los medicamentos ha venido aumentando de forma considerable.
Desafortunadamente, la actividad delictiva en torno a los medicamentos ha venido aumentando de forma considerable, lo que ha suscitado la alarma entre los organismos nacionales e internacionales. Varias entidades encargadas del cuidado de la salud han hecho recomendaciones a los gobiernos para que revisen la legislación, tanto en materia de prevención como de represión de estas conductas delictivas. En este asunto a los Estados no solo los debe motivar evitar los daños a las vidas humanas sino también los perjuicios a la economía que producen los delitos contra la salud.
Investigando el problema
 Prevención por parte de la Policía Nacional frente a la falsificación de alimentos. Foto: Gobernación de Bolívar |
El grupo de investigación Zoon Politikon, de la Universidad de Ibagué, se ha propuesto investigar las conductas que define el Código Penal colombiano como delito contra la autenticidad de las medicinas, así como identificar las medidas de prevención y represión que tiene el país para combatir este tipo de crímenes. Paralelamente, la investigación busca conocer lo que algunos países productores de medicamentos han hecho para combatir este flagelo. Para saber más sobre este problema hemos definido un conjunto de preguntas que nos ayudan en la investigación:
- ¿Qué acciones –alteración, imitación, envenenamiento o falsificación- son consideradas conductas delictivas?
- ¿En qué forma el Derecho Penal contemporáneo ha abordado las conductas que atentan contra la integridad de los medicamentos?
- ¿Existen pronunciamientos de las Cortes que sirvan para entender las normas penales que definen y sancionas este delito?
- ¿Existen diferencias en el tratamiento penal para estos delitos en países como Estados Unidos, España, Italia y Colombia?
- ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y de sus organismos de control en la tarea de prevenir y combatir este flagelo?
- ¿Cuál es el número de casos conocidos, denunciados y tratados en los últimos cinco años en Ibagué?
Para responder a los interrogantes es preciso definir el alcance que tienen conductas distintas como alterar, imitar, envenenar o falsificar medicamentos, para que se pueda hablar de un delito. También hay que establecer si solo se contempla como delito la forma dolosa o si es posible que haya comportamientos reprochables bajo la modalidad culposa.
Resulta igualmente importante establecer qué tanto las omisiones en el control del Estado, los fabricantes y distribuidores han propiciado la comisión del delito que afecta los medicamentos. En este sentido, un examen de las decisiones de los tribunales de justicia permite conocer los argumentos con los cuales los jueces analizan y valoran los comportamientos delictivos que afectan la legitimidad de los medicamentos. Y a través del derecho penal comparado se pueden conocer las semejanzas y diferencias en el tratamiento de las conductas. De este modo podemos informarnos sobre la existencia de mecanismos de cooperación en la lucha contra la falsificación de medicamentos.
Por último queremos examinar si en Ibagué se registran casos de falsificación de medicamentos, bajo qué modalidades están y cuáles han sido las respuestas de las autoridades ante ellos.
¿Qué hacen otros países?
 Manifestación de la Procuraduría frente a la problemática por falsificación de medicamentos . Foto: Procuraduría General de la Nación |
Precisando un poco más el alcance de esta investigación, se han seleccionado algunos países productores de medicamentos para identificar sus acciones frente al problema de las falsificaciones. Entre estos se encuentran
- Estados Unidos, donde hay casas farmacéuticas como:
- Eli Lilly and Company, fundada en 1876, considerada la primera productora masiva de penicilina y también productora de la vacuna Salk contra el polio, insulina y medicamentos psiquiátricos.
- Abbott, fundada en 1888 y ubicada en Chicago.
- Johnson & Johnson, fundada en 1886, dedicada a la fabricación de equipos médicos y productos para bebés.
- Pfizer, la empresa farmacéutica más grande del mundo, que tiene sede en Groton, Connecticut, y fabrica medicamentos en el área de la oncología, enfermedades trasmisibles, cardiología y oftalmología, entre otros.
- España es uno de los países de la Unión Europea que ha firmado el Convenio Medicrime, ratificado en 2013, para combatir la falsificación de medicamentos y similares. Para este país el aumento de la actividad de falsificación de medicamentos y venta de productos sin autorización exige sanciones administrativas y penales.
- Italia tiene laboratorios como:
- Fresenius Kabi Anti-Infectives (FKAI), especialista en fabricación de antibióticos betalactámicos de grado oral y estéril, entre otros.
- Silvano Monico SPA, que, entre otros productos, se ocupa de los alimentos para bebé.
Acciones en Colombia
En Colombia existe una legislación que define y sanciona los comportamientos delictivos relacionados con la salud. Estos delitos no solo afectan la integridad de las personas, sino que constituyen delitos que además de la salud perturban el orden económico y social.
La Ley 599 de 2000 aclaró lo relativo a los delitos contra los medicamentos, y los artículos 372 y siguientes del Código Penal definen y sancionan comportamientos como envenenar, contaminar, alterar, suministrar comercializar, imitar y simular.
La forma en que está redactado y penalizado el Código Penal es un tanto complaciente con los falsificadores de medicamentos.
Como se puede ver, todos estos comportamientos se entienden como acciones, es decir, no se tienen en cuenta las omisiones en que incurren las personas encargadas de ejercer el control. Pero los comportamientos de omisión también son de suma gravedad y merecen un castigo penal. Sin embargo, la forma en que está redactado y penalizado el Código Penal es un tanto complaciente con los falsificadores de medicamentos.
Por último, el grupo de investigación sobre este tema de la Universidad de Ibagué hará una solicitud al Congreso para que se haga una revisión de la legislación relacionada con los medicamentos. Este examen penal deberá acoger las recomendaciones de los organismos internacionales en la lucha contra aquellos que se lucran alterando los medicamentos.
Nuestro trabajo también busca motivar a otros investigadores a indagar más sobre los daños que causan a la sociedad las conductas que atentan contra la salud, como la alteración de equipos médicos y medicamentos.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad de Ibagué. Las opiniones expresadas son responsabilidad de la autora.
**Magíster en Derecho Penal y Criminología, docente de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas y directora del Grupo de Investigación Zoon Politikon de la Universidad de Ibagué.
