Presionada por el conflicto interno y por el narcotráfico, la Policía colombiana había descuidado su papel de prevención del delito y construcción de tejido social. Pero la situación ha venido cambiando y hoy hay avances y retos en el proceso de transición*.
Isabel Gutiérrez** – Santiago Tobón***
Dos momentos
En Colombia estamos acostumbrados a ver una Policía militarizada, con oficiales y agentes que actúan sobre la base de lógicas castrenses. Esto implica una organización altamente jerarquizada, donde las relaciones están sujetas a los principios de subordinación y obediencia, más que al tipo de organización horizontal donde el agente se guía por su criterio profesional ante cada situación que se le va presentando.
A esa Policía militarizada se le delegó la lucha contra el narcotráfico y la persecución de los grandes criminales, dejando en un segundo plano sus deberes de prevención del delito y de fortalecimiento del tejido comunitario para garantizar la convivencia entre los ciudadanos.
La Policía de la década de 1980, de 1990 y de principios del nuevo siglo estuvo orientada a capturar delincuentes de especial peligrosidad o a perseguir objetivos de alto valor militar, razón por la cual le dio prioridad a las actividades de antinarcóticos y contraguerrilla, fortaleciendo sus capacidades en materia de inteligencia y persecución criminal. Esta situación hizo que los colombianos perdiéramos de vista lo que representa una policía comunitaria.
La Policía debe convertirse en un vínculo entre las comunidades y otras entidades del Estado.
Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos hablar de dos momentos en la historia reciente de la Policía en Colombia. Un primer momento en el cual esta institución preservaba el orden público ante un enemigo interno que, por lo general, se identificaba con la amenaza de grupos guerrilleros y narcotraficantes. Y un segundo momento cuando la Policía ha venido asumiendo una perspectiva de seguridad más consciente de las necesidades de los ciudadanos.
Los cambios
 Cuadrantes de la policía Nacional, para efectos de seguridad. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
El proceso de transformación de la Policía Nacional comenzó con la Ley 62 de 1993. Esta ley creó el Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana como una instancia de coordinación, introdujo la figura del comisionado nacional de Policía, incorporó el Código de Ética Policial al reglamento de disciplina y adoptó el nivel ejecutivo en sustitución de los grados de suboficiales. A partir de este momento se han venido presentando otros cambios importantes.
La Policía Nacional de Colombia está dividida en direcciones que se encargan de distintas especialidades. La tarea de vigilancia le corresponde a la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC), responsable de la coordinación de todos los programas, proyectos y actividades en esta materia. Aunque la vigilancia no puede entenderse como una especialidad en sí misma porque es la misión principal de la Policía, también es cierto que no ha tenido la relevancia que merece dentro de la institución. No obstante, en los últimos años se han producido avances significativos a este respecto.
El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes es un buen ejemplo de esa nueva visión institucional y de la nueva manera de entender la misión policial. Falta mucho por hacer, pero el camino se viene recorriendo.
Tener una Policía comunitaria implica desarrollar competencias que hasta ahora no habían sido trabajadas por esta institución. Esto conlleva cambios profundos en el proceso de formación y en la profesionalización del cuerpo de Policía, en su malla curricular y en los procesos de educación continua, así como en la evaluación y en los incentivos para el ascenso.
La nueva formación debe enfocarse hacia el desarrollo de las competencias “blandas” de los agentes y de los oficiales de Policía, tales como el trabajo en equipo, las habilidades comunicativas, las destrezas para resolución de conflictos, el ejercicio del liderazgo, la capacidades de negociación y persuasión, o las habilidades técnicas para que el policía pueda dar una mejor orientación al ciudadano en cada situación particular.
El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria también exige mejorar la manera de relacionarse con comunidades, con entidades territoriales, con organizaciones sociales y con la cooperación internacional. Esto se debe a que la seguridad no es una responsabilidad exclusiva de los cuerpos de Policía. Las alcaldías locales, por ejemplo, cumplen un papel decisivo en la mejoría de las condiciones de seguridad y en propiciar escenarios que promuevan la convivencia.
En este sentido, la Policía debe tener una relación simbiótica con estas instituciones, pero no se puede pretender que resuelva todos los problemas de la comunidad, como serían los de atender emergencias invernales, adelantar campañas de vacunación de mascotas, u otras actividades por el estilo.
La Policía debe convertirse en un vínculo entre las comunidades y otras entidades del Estado que no tienen la presencia e influencia con las que cuenta la Policía Nacional en el territorio colombiano.
El nuevo Código
 Policías comunitarios en el país. Foto: Policia Nacional de los Colombianos |
La Policía suele ser el primer contacto del ciudadano con el Estado – y este hecho subraya la importancia de la institución-. Sin embargo, para que sus funciones no se vean desbordadas en el ejercicio cotidiano y para que la Policía no acabe haciéndose cargo de asuntos que desbordan su competencia, hay que adoptar lineamientos claros acerca de los deberes que deben cumplir y los procedimientos que han de seguir los uniformados.
El último y más trascendente de estos lineamientos es el Código de Policía que entrará en vigencia en enero del próximo año. El Código es un paso adelante en el proceso de consolidar la policía comunitaria.
La Policía suele ser el primer contacto del ciudadano con el Estado.
La nueva visión del oficio policial también amplía el concepto de seguridad porque supone que esta no se limita a la protección física del individuo sino a la prevención drl delito y a la promoción de entornos que propicien una sana convivencia entre los ciudadanos. De hecho, el nuevo Código de Policía hace más énfasis sobre la prevención y sobre el control de los factores que producen violencia e inseguridad, y les da prioridad a estas tareas sobre las acciones represivas contra la población.
Se trata entonces de completar el tránsito dese un modelo de seguridad pública hacia un modelo de seguridad ciudadana. El primero orientado a la defensa del Estado y el segundo orientado a la defensa del ciudadano. En este camino, ganar la confianza de los ciudadanos y de las organizaciones sociales es el gran reto. Esta Policía comunitaria debe blindarse ante la corrupción, pues esto compromete su credibilidad y destruye la confianza de los ciudadanos.
El modelo de Policía comunitaria debe ser capaz de conectar a los ciudadanos con el Estado –representado en servicios sociales y de justicia– y de entregar respuestas prontas y efectivas. Al mismo tiempo, esta Policía debe ser capaz de leer el contexto y de anticiparse a la comisión del delito, debe advertir los riesgos de cooptación del Estado local y debe estar en condición de combatirlos.
No es una Policía a la que le falte fuerza o rigor, es una Policia cercana al ciudadano y con capacidad de perseguir a los criminales.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad Eafit. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.
* Abogada y politóloga de la Universidad Eafit, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Bolivariana y magíster en Estudios Latinoamericanos Contemporáneos del Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España.
@IsaGutierrezR.
** Estudiante de doctorado en Economía en la Universidad de los Andes, magíster en Economía de la Université Catholique de Louvain, Bélgica, magíster en Administración de la Universidad Eafit.
@SantiagoTobon
