El gobierno propone una reforma para resolver los problemas del pasado, pero ignora los grandes desafíos del futuro de la educación superior. Estos son los asuntos que una reforma integral tendría que atender.
Diego Alejandro Torres*
El gran vacío
El presidente Petro y su ministra de educación Aurora Vergara han anunciado la presentación de un proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992. La idea es tramitar una ley estatutaria que reglamente el derecho a la educación superior y que va a necesitar dos legislaturas y mayorías calificadas.
De los primeros borradores del proyecto, podemos inferir que se trata de resolver los problemas del pasado, pero se ignora el papel de la educación para el mejor futuro de la sociedad.
La calidad es el gran problema que debería abordar una reforma a la educación superior, y dicha calidad debería ir más allá de la acreditación institucional. Pero el proyecto insiste en suponer que basta con un “sistema de aseguramiento de la calidad” —cuya función principal es vigilar— para tener una educación de excelencia.
En Colombia ya existe ese sistema de aseguramiento, pero ha servido de muy poco. Tenemos cerca de 300 instituciones de educación superior, y menos de 90 cuentan con acreditación de alta calidad. Menos de diez de estas 90 figuran en rankings internacionales como el de Shangai. Salvo algunos ejemplos heroicos, la educación universitaria en Colombia es pésima.
Las tareas pendientes
Se deben estimular las acreditaciones internacionales de los programas de pregrado y posgrado. El Consejo Nacional de Acreditación debe dejar de funcionar sobre la base de una lista de chequeo, para evaluar a fondo la calidad de cada institución. Necesitamos diseñar programas de acompañamiento de las universidades que busquen acreditación por parte de otras que hayan ido acreditadas.
La calidad es el gran problema que debería abordar una reforma a la educación superior, y dicha calidad debería ir más allá de la acreditación institucional.
También es prioritario mejorar las capacidades en una segunda lengua, inglés por pragmatismo, y una tercera adicional por competitividad. Es importante fortalecer las habilidades esenciales, denominadas habilidades blandas y crear verdaderas actividades de relacionamiento con los egresados. Este es un punto débil en prácticamente todas las universidades de Colombia.
Una universidad no puede pretender presumir su calidad académica sino le da la suficiente importancia a las ciencias básicas. Todas las universidades de primer nivel en el mundo tienen departamentos y facultades dedicadas exclusivamente a las ciencias básicas. En algunas de ellas es incluso obligatorio tomar cursos de matemáticas o física para graduarse.
El riesgo de aumentar la cobertura
Todos los gobiernos han confundido la calidad con la cobertura, y parece que este no es la excepción.
El presidente en campaña prometió ampliar la cobertura en más de 500 mil cupos, y para eso ha tomado algunas buenas decisiones, como la de aumentar la planta de profesores en algunas universidades estatales.
Pero ese esfuerzo debe complementarse con programas de apoyo a las funciones misionales de las universidades, a la infraestructura física, tecnológica y administrativa.
Aumentar la cobertura e ignorar la calidad sería un golpe mortal para un sistema universitario en crisis, donde muchas ofertas de carreras no son atractivas para los estudiantes, debido en parte a la baja calidad y en parte a su poca adaptación con la llegada de la pandemia.
Sería desastroso tener universidades como ejemplos de nuevos “elefantes blancos académicos” en donde se tienen aulas y profesores pero no estudiantes interesados en estudiar. La cobertura debe hacerse pensando en la pertinencia de la oferta académica, sin dejar de lado la calidad.
Otro punto importante en la cobertura es definir el papel del SENA. El denominado Servicio Nacional de Aprendizaje está bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, ofrece educación técnica gratuita y hace parte de la cobertura de educación superior que reportan los gobiernos. La interacción del SENA con el sistema de educación universitaria es muy limitada, una eventual alianza entre estos dos sistemas sería muy provechosa para la productividad y la competitividad en Colombia.
Investigación y transferencia de conocimiento
Las universidades hacen tres cosas fundamentales: educación, investigación y transferencia de conocimiento o extensión universitaria.
La calidad y madurez de una universidad dependen del desarrollo simultáneo de las tres funciones misionales.
El apoyo a los programas de investigación debe ir más allá que el del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y del mismo sistema de regalías. El ministerio de CTeI es muy nuevo, con alcances muy limitados. Por otra parte, el sistema general de regalías ha mantenido la lógica de construcción de obras públicas. Es imposible tener grandes proyectos de investigación con el sistema de regalías existente.
Cada ministerio debería tener sus propias líneas de investigación las cuales deberían ser desarrolladas con apoyo de las universidades. Todos los ministerios hablan de innovación, pero cuando se explora lo que hacen al respecto se acaba con un sinsabor y en muchos casos con preocupación.
La investigación debe estar más en línea con lo que sucede en el país y en el mundo. Los proyectos de investigación deben asumir los denominados “costos indirectos” u overhead por el uso de laboratorios y espacios en las universidades. En algunas universidades del mundo esto llega a ser el 55 % del proyecto. En este momento, no hay claridad en dichos costos por lo que son asumidos por las universidades, lo que convierte a la investigación en una carga más que en un incentivo.
Autonomía y gobierno universitario
No se pueden tener procesos de calidad si se ignora lo que ha funcionado en las universidades de alta calidad. Esto comienza por respetar la autonomía universitaria.
La autonomía universitaria significa que las universidades públicas tienen independencia política y administrativa respecto de factores externos como la visión política del gobierno o de las empresas privadas. Esto implica que las universidades deben elegir sus propias autoridades y decidir sus propias reglas y programas de estudio.
El gobierno debe confiar en las capacidades de las universidades para hacerlo. Después de todo el experimento académico de tener centros de formación como las universidades es más antiguo y exitoso que el de las democracias modernas.
Algunas propuestas de gobierno universitario parecen tener un tinte populista en la actualidad y esto debe ser estudiado con sumo cuidado. A modo de ejemplo, una propuesta polémica que se ha planteado por años es que los rectores sean elegidos “democráticamente” por parte de los miembros de la comunidad académica. Esto puede ser un golpe mortal para las universidades ya que convertiría la meritocracia en populismo.
Hay que tomar decisiones difíciles en el tema de la gobernanza y se debe empezar por el papel y las responsabilidades de las representaciones del gobierno, de los profesores y los estudiantes.
El sistema de incentivos
El Decreto 1279 de 1993 estableció los incentivos para la educación superior. En su momento, fue una buena herramienta para tener profesionales talentosos como docentes universitarios e investigadores en las universidades públicas.
Pero ese decreto también es responsable directo del aislamiento de las universidades públicas. Los incentivos actuales promueven el individualismo académico y desestimulan la colaboración nacional e internacional, ratifican la cultura de “publicar o perecer” en vez de las transferencias de conocimiento, como la divulgación científica o el emprendimiento altamente innovador.
Tal vez la peor falla del sistema es que no existen incentivos verdaderos para ser un buen docente. De hecho, los buenos docentes se sienten avergonzados de serlo por no ser investigadores, así sean investigadores con resultados discutibles.
Se necesita un nuevo grupo de incentivos para los profesores que tengan en cuenta la realidad de nuestra sociedad y la importancia de la excelencia académica. Para ello, se debe limitar el tope máximo salarial que se puede obtener como profesor universitario. En la actualidad hay docentes que tienen salarios muy por encima del presidente y no tienen las mismas responsabilidades ni el mismo reconocimiento.
El financiamiento
Las universidades han tratado de aumentar sus ingresos a través de matrículas y programas como estampillas regionales. Pero tienen un alcance muy limitado en temas como tiempos, usos de los recursos y alcances locales, nacionales e internacionales de los planes de desarrollo.
Los incentivos actuales promueven el individualismo académico y desestimulan la colaboración nacional e internacional, ratifican la cultura de “publicar o perecer” en vez de las transferencias de conocimiento, como la divulgación científica o el emprendimiento altamente innovador.
El uso del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) del DANE para definir el presupuesto anual de las universidades es un paso en la dirección correcta. Pero será insuficiente por el enorme déficit de las universidades públicas, el cual se estima superior a los 15 billones de pesos, y a los costos propios de actividades de investigación y planes de mejoramiento.
Debe financiarse la oferta de los programas de educación superior y no la demanda de los mismos por parte de los usuarios del sistema. El terrible error del programa “Ser pilo paga” no se debe repetir. El tema de los costos indirectos en los proyectos de investigación debe ser incluido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como ya se mencionó. Las universidades deben dejar de asumir esos costos.
Una reforma con miras a futuro
El gobierno tiene un gran reto enfrente si desea cambiar la ley que regula la educación superior.
Se esperaría que una nueva ley corrigiera errores del pasado. Al mismo tiempo, debe decir claramente qué país queremos para nuestras futuras generaciones. Si esa es la meta, debemos empezar con una reforma que corrija los males bien conocidos del presente mientras se mira hacia el futuro.
Una reforma debe tratar temas tan complicados como el del financiamiento, sin perder de vista que hay temas urgentes que no dan espera como la formación en valores de calidad y excelencia académica en las universidades. Al mismo tiempo, tiene que reconocer que somos una sociedad diversa que integra a comunidades y saberes propios dentro de su identidad.
La reforma propuesta da prioridad a corregir los errores del pasado, pero olvida que la función de la educación es preparar a la sociedad para el futuro. No existe ninguna mención de los retos que el país y el mundo enfrentan. Si la reforma no mira al futuro con calidad y excelencia, nunca se tendrá una educación superior que sea el pilar del progreso y base de la identidad nacional.
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