Unos costos gigantescos

La planeación y construcción del proyecto hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango) ha producido una tragedia tras otra a lo largo de los años:

• La megaobra se construyó en una zona de conflicto armado y, según las comunidades aledañas, la represa habría dejado bajo el agua las fosas comunes con los cuerpos de miles de personas desaparecidas. De acuerdo con información de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), son 2 094 las victimas de desaparición forazada en la zona de influencia de Hidroituango;
• En 2018, el destaponamiento de uno de los túneles de la represa ocasionó una avalancha que desplazó a miles de personas en los municipios vecinos;
• A principios de 2019, el cierre de las compuertas del proyecto redujo en un 80% el caudal del río Cauca, lo cual habría ocasionado un desastre ecológico sin precedentes;
• Varios líderes sociales y ambientales que se han opuesto a la megaobra han sido asesinados; y
• Se estima que las fallas en el proyecto, el aumento del valor del contrato y las omisiones de algunos dirigentes habrían causado la pérdida de 2,9 billones de pesos y habrían frustrado ganancias por 1,1 billones adicionales.

Por este último hecho, la Contraloría General de la República les imputó cargos a 28 personas, entre ellos exmiembros de juntas directivas, exgerentes de la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM), exalcaldes y contratistas.

Todo lo anterior ha causado un serio deterioro de la salud financiera del proyecto y un riesgo reputacional para la empresa responsable del desarrollo, construcción y operación de Hidroituango (Empresas Públicas de Medellín, EPM). Y, dado que se trata del proyecto de generación de energía más grande que se ha hecho en Colombia, esto también ha ido en detrimento de la economía colombiana en general.

Implicaciones de las pérdidas

En el plano financiero, el detrimento patrimonial por el que la Contraloría decidió imputar cargos suma 4 billones de pesos:

• 2,9 billones en pérdidas de valor del proyecto; y
• 1,1 billones en lucro cesante, es decir, las ganancias que se dejaron de percibir.

Cerca de la mitad de dichos recursos fueron inversiones no justificadas que se debieron a fallas en la planeación y en la ejecución de la megaobra. Según la Contraloría, estas erogaciones adicionales destruyeron el valor del proyecto.

La Contraloría también consideró como graves consecuencias la demora para que el proyecto empiece a generar energía. Esta demora impide que se empiecen a percibir los ingresos esperados y prorroga la entrega a la comunidad de las cuotas de gastos más accesibles, lo cual es particularmente grave para una economía que aún no es competitiva en el mercado y para una sociedad desigual en el acceso a servicios públicos.

En Colombia, existe un sistema de servicios públicos domiciliarios con focalización de subsidios cruzados, es decir, que los estratos socioeconómicos más altos pagan un sobrecosto para subsidiar los servicios públicos de los estratos más bajos. Este sistema busca garantizar el acceso y el consumo continuo de servicios públicos por parte de toda la población.

Por eso son tan graves los sobrecostos y demoras en Hidroituango: al no entregar el servicio de energía a tiempo, se está perdiendo el sobrecosto que pagarían los estratos más altos y, por lo tanto, el subsidio que recibirían los estratos más bajos.

Además, al no tener un retorno en la inversión inicialmente pactada, los inversionistas están recibiendo un golpe financiero importante. Esto es particularmente grave si se tiene en cuenta que entre los inversionistas de Hidroituango hay entidades cuya misión es impulsar el desarrollo económico y social de la región, como el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y la Gobernación.

Por último, hay que resaltar que entre las cuentas de los daños económicos del proyecto no se ha valorado ni incluido la evacuación y desplazamiento de familias causadas por la avalancha de 2018.

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¿Cómo solucionar problemas gerenciales?

Existen varios pasos para buscar soluciones a los problemas gerenciales, como los que atraviesa EPM.

En primer lugar, es necesario definir los problemas que deben resolverse. Después deben usarse técnicas de evaluación rigurosa, con análisis cuantitativos exhaustivos, para examinar las pérdidas actuales, las futuras y las esperadas.

Además, es necesario acudir a análisis cuantitativos y cualitativos para abordar las implicaciones éticas y políticas de cada alternativa de decisión, por ejemplo, analizar las percepciones de los grupos de interés, el comportamiento del mercado, y las posibles reacciones económicas y financieras.
Finalmente, hay que examinar las implicaciones de la asimetría de información en las relaciones empresariales y el poder de decisión que existe a nivel empresarial, social y estatal.

Solo así se puede determinar cuáles son los problemas cuya solución está en manos del principal agente en la administración financiera de la empresa y se pueden diseñar mecanismos para enfrentarlos.

En Hidroituango, todo indica que no existió ninguna evaluación de este tipo y que se cometieron serias fallas éticas y de planeación, que resultaron en la tragedia social y económica que hoy se vive.

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¿Qué sigue?

Aunque el panorama no es alentador, se espera que la hidroelétrica empiece a producir energía en 2022.

Para esa fecha, los ingresos provenientes de las aseguradoras y reaseguradoras y de recursos propios, tanto del proyecto como externos, podrían empezar a dar signos positivos.

Eso no solo sería positivo para el proyecto, sino para el mercado local e internacional: el proyecto representará alrededor del 70% de la capacidad instalada de EPM; y, en el plano internacional, esto podría mejorar significativamente la calificación de riesgo de EPM y atraer más inversionistas a esta empresa.

Por ahora, hay que esperar con optimismo que los beneficios del proyecto superen sus terribles costos, y que con la construcción de la obra ganen de verdad tanto los inversionistas, como la población y el territorio.