La Contraloría Distrital expuso serios problemas en el proceso de contratación, seguimiento y ejecución del metro de Bogotá. Estos son los principales.
Juana Afanador*
Falta de personal
La Contraloría Distrital de Bogotá publicó un informe sobre la auditoria a la Empresa Metro de Bogotá donde reveló irregularidades que acarrean sanciones disciplinarias y penales. A lo anterior se sumó la renuncia del gerente general de la Empresa, Andrés Escobar Uribe.
La construcción del metro se complica cada vez más; tres hallazgos de la Contraloría son particularmente preocupantes.
El primer hallazgo administrativo que debe comentarse trata sobre el incumplimiento de la Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del control dentro de las entidades estatales.
Según la contraloría distrital, la Empresa Metro no cuenta con los planes, métodos, normas, procedimientos y mecanismos de verificación necesarios para procurar que la administración de los recursos se realice de acuerdo con las normas legales. Esto significa que la empresa no cumple con los propósitos fundamentales del sistema de control.
La contraloría afirma que no hay funcionarios suficientes para ejercer el control en el interior de la Empresa y tampoco están los recursos físicos necesarios. Por si fuera poco, parece que la entrega de información dentro de la misma no es transparente.
En el cuadro siguiente de la Oficina de Control Interno de la Empresa Metro de Bogotá se ve que el déficit de personal aumenta con el tiempo. La empresa responsable de la mayor obra de infraestructura del país no cuenta con el personal suficiente para hacerle seguimiento al proyecto.
Es importante resaltar que este déficit de personal no se corrigió entre 2019 y 2020, algo incomprensible por parte de la entidad que tiene a su cargo el desarrollo y ejecución del proyecto de infraestructura más costoso del país.
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Traslado de redes
Otro hallazgo que llaman la atención se refiere al traslado de las redes. La Empresa Metro decidió comenzar anticipadamente este proceso, lo cual significa que las redes de acueducto, energía y comunicaciones se trasladarán antes de que empiecen las obras del metro elevado para evitar interferencias. Hasta ahí todo parece normal.
Pero el traslado de redes anticipado debe hacerse con los estudios de geotecnia, suelos y diseños necesarios para ahorrar tiempo y recursos. Lastimosamente el traslado comenzó sin tener estos elementos listos. Lo anterior puede implicar grandes sobrecostos y errores en el proceso de traslado.
La Empresa Metro no cumple con los propósitos fundamentales del sistema de control.
La contraloría advierte que la empresa metro firmó acuerdos específicos para el traslado anticipado de las redes por un valor de 15.717 millones de pesos. Esta suma corresponde al 41,48 % del presupuesto de la contratación del 2019 ($ 37,889 millones). Esto significa que, aunque era riesgoso, se destinó un alto porcentaje para el traslado anticipado de las redes de diferentes servicios públicos.
Según la contraloría, estas decisiones pueden violar los principios constitucionales propios de la contratación estatal: planeación, transparencia, selección objetiva, economía, eficacia celeridad e imparcialidad.
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Contratación
El único hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal se refiere a la contratación de Konfirma S.A.S. para revisar la documentación técnica, legal y financiera que presentaron los consorcios licitantes de la primera línea del metro de Bogotá.
Según los informes, esta firma fue creada en noviembre de 2010 y fue criticada por su corta trayectoria, su falta de personal idóneo y su poca experiencia en este tipo de proyectos.
Hay que hacer la pregunta de si una empresa de apenas diez años de existencia puede encargarse de un proyecto como el metro de Bogotá. Es decir, si esta empresa puede revisar la documentación técnica, legal y financiera, además de juzgar la idoneidad de las empresas que pueden licitar, de las cuales una ganará el millonario contrato de la obra pública más importante de Bogotá.
Según la contraloría distrital, la selección de Konfirma fue irregular, ya que aparece como el único oferente. Esto contradice la selección objetiva (artículo 5 de la ley 1150 de 2007) que impone el cumplimiento de los requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato.
Es importante resaltar que el informe de la Contraloría insiste en la falta de transparencia por parte de la Empresa Metro en la contratación de Konfirma, ya que los requisitos de idoneidad y experiencia eran generales, sin una descripción detallada del término de ejecución de la experiencia necesaria. Además se desconoció que se trataba de actividades especializadas y con mayor exigencia.
En este hallazgo es particularmente preocupante que la principal actividad de Konfirma, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín, es el “procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas” y, de manera secundaria, “actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”.
La firma que analizó y revisó la documentación técnica y financiera de los consorcios que se presentaron para construir la primera línea del metro de Bogotá se dedica a otra actividad; es claro que no es experta en temas de infraestructura del transporte.
Finalmente, la contraloría afirmó que la contratación pudo realizarse antes del comienzo del proceso de selección. La invitación a participar en este proceso se dirigía únicamente a Konfirma, simplemente se necesitaban acordar las condiciones finales. Este proceso sin una selección dentro de las normas vulnera la imparcialidad en la escogencia del proponente.
La empresa Konfirma no pasó por un proceso de selección objetiva, fue escogida a dedo para que ella seleccionara el consorcio que construirá el metro de Bogotá
En resumen
La Empresa Metro de Bogotá tiene fallas en el sector de control dentro de la empresa. El déficit de auditores se agravó durante la última administración, una situación gravísima para el control y seguimiento del proceso de construcción de la primera línea del metro de Bogotá dentro de la Empresa.
La mitad de las utilidades totales del 2019 se invirtieron en el traslado anticipado de redes. Este proceso es riesgoso porque no contempla cambios en los traslados que ya se realizaron, por esto puede crear sobrecostos importantes. Además dicho proceso viola el principio de planeación estatal.
La empresa Konfirma no pasó por un proceso de selección objetiva, fue escogida a dedo para que ella seleccionara el consorcio que construirá el metro de Bogotá. Este es el único hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y penal.
