Colombia al borde del abismo fiscal: crónica de una crisis anunciada

La situación fiscal de Colombia en 2026 es un problema estructural que tiene en el déficit primario su expresión más evidente. La única salida exige reformas que implican acuerdos políticos difíciles: racionalizar el gasto en sus componentes más rígidos, ampliar la base tributaria sin asfixiar la inversión y recuperar la credibilidad fiscal.

Hay crisis que sorprenden y crisis que se construyen lentamente, ante los ojos de todos, con números que advierten y señales que se ignoran. La situación fiscal de Colombia en 2026 corresponde a la segunda categoría. No es un accidente: es el resultado de años de gasto creciente, reformas tributarias frustradas, tensiones institucionales sin precedentes y una arquitectura presupuestal que acumula rigideces difíciles de desmontar. Entender qué está pasando con las finanzas públicas colombianas no requiere ser economista, pero sí exige tomarse en serio los números y sus consecuencias en la vida cotidiana.

¿Qué es el déficit fiscal y por qué importa?

El déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda. Cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, financia la brecha con deuda. Hasta cierto punto, eso es normal: los Estados se endeudan para invertir en infraestructura, educación o salud, igual que una familia solicita un crédito para comprar una casa. El problema comienza cuando el déficit es persistente, crece sin control y el endeudamiento empieza a financiar no la inversión, sino el mero funcionamiento del aparato estatal. Colombia lleva varios años en esa zona de peligro. Y en 2025 llegó a un punto de quiebre.

El balance de 2025: peor de lo que parece

El cierre fiscal de 2025 confirmó un deterioro estructural de las finanzas públicas que trasciende los titulares. 

El déficit total cerró en -6,4% del PIB y, aunque esa cifra fue inferior al 7,1% proyectado, la mejora resulta engañosa: se debió principalmente a operaciones contables de manejo de deuda —canjes de TES y recompras de bonos globales— cuyos efectos son transitorios. Sin esas maniobras, el déficit total habría sido cercano al 8,2% del PIB, el más alto en la historia moderna del país fuera de la pandemia.

La deuda neta cerró en 58,5% del PIB, por debajo de lo proyectado, pero aquí también hay trampa: la reducción obedeció fundamentalmente a la apreciación del peso colombiano, un factor externo sobre el que el Gobierno no tiene control. Si el tipo de cambio hubiera sido el proyectado en el Marco Fiscal, la deuda habría cerrado en 61,4% del PIB.

El déficit primario: el indicador que no miente

Para entender de verdad la salud fiscal de un país, los economistas recurren a un indicador más preciso que el déficit total: el déficit primario. Este mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, excluidos los intereses de la deuda. Es, en esencia, el termómetro del esfuerzo fiscal real: muestra si el Gobierno puede pagar sus obligaciones con sus propios recursos antes de cargar con el peso acumulado de las deudas pasadas.

El déficit primario de Colombia en 2025 cerró en -3,5% del PIB, el más alto en tres décadas, excluida la pandemia. El dato es alarmante por sí solo, pero su verdadera gravedad se aprecia en la tendencia: entre 2022 y 2025, el déficit primario aumentó en 2,6 puntos del PIB, impulsado casi exclusivamente por un incremento del gasto primario de 2,7 puntos, mientras que los ingresos tributarios prácticamente no variaron. El gasto crece, los ingresos se estancan. Esa tijera es el corazón del problema.

En el ámbito regional, el dato resulta aún más preocupante. Según el Banco de Bogotá, Colombia se ubicó en 2025 como la economía con el mayor desbalance primario del grupo LAC5 —las cinco principales economías de América Latina: México, Brasil, Perú, Chile y Colombia—, con un déficit que duplica el promedio regional. No es compañía cómoda.

Para 2026, el Gobierno proyecta en su Plan Financiero una mejora del déficit primario a -2,1% del PIB ($41,4 billones), lo que representaría una corrección de 1,5 puntos porcentuales. El CARF es más escéptico y estima que el déficit primario cerrará en -3,7% del PIB, mientras que Corficolombiana lo proyecta en -3,7%. La distancia entre la meta oficial y las estimaciones independientes —más de un punto y medio del PIB— ilustra una brecha de credibilidad que los mercados ya están cobrando.

¿Por qué importa tanto el déficit primario? Porque es el indicador que determina si la deuda pública crece o se estabiliza. Cuando el Estado paga menos intereses de los que genera con el superávit primario, la deuda aumenta inexorablemente, independientemente de cualquier maniobra financiera. Colombia lleva cuatro años consecutivos con un déficit primario creciente, lo que significa que la deuda no tiene un ancla estructural. El CARF lo advirtió con precisión: “Estabilizar la deuda en niveles razonables será cada vez más exigente” mientras el déficit primario no se corrija de forma permanente.

Los números de 2026: el peor inicio en 22 años

El arranque de 2026 no dio respiro. En los dos primeros meses del año, el déficit fiscal acumulado superó los $33,4 billones, equivalente al 1,7% del PIB, el valor más alto para ese período desde que comenzó a medirse la serie en 2004. Este dato supera los registros de 2025 (-1,6%) y de 2021, en plena pospandemia.

Para el cierre del año, el Gobierno fijó una meta oficial de déficit total del 5,1% del PIB. El CARF estima un déficit total de -6,7% del PIB y una deuda neta de 60,3% del PIB: el máximo histórico desde 1993, excluido el año de la pandemia. A eso se suma una presión adicional de liquidez: en 2026 vencen $63 billones de deuda interna que deben pagarse o renovarse, lo que eleva el riesgo de refinanciación y presiona aún más la caja del Gobierno.

La disponibilidad de liquidez del Gobierno cayó en abril a apenas $10,2 billones (0,58% del PIB), frente a un promedio histórico de $33 billones en ese mes. El Estado colombiano tiene muy poco efectivo disponible para operar.

El nudo del gasto y el recaudo

¿Cómo se llegó aquí? La explicación tiene dos caras.

Por el lado del gasto, el presupuesto de 2026 destina el 65,5% de los recursos totales a gastos de funcionamiento: salarios, pensiones, transferencias territoriales y servicio de la deuda. Solo el 16,1% queda disponible para inversión. Cerca del 88% del gasto total es inflexible, blindado por mandatos legales o constitucionales que lo hacen casi imposible de recortar sin reformas estructurales. Los rubros con mayor presión al alza —salud, pensiones y el Sistema General de Participaciones— seguirán creciendo independientemente de quién gobierne. La reciente reforma constitucional que aumenta las transferencias del SGP añade presión adicional, sin que la Ley de Competencias en trámite logre neutralizarla en el ámbito fiscal.

Por el lado de los ingresos, entre enero y abril de 2026, el recaudo tributario fue $1,7 billones inferior a lo programado, mientras que el gasto se sobreejecutó en aproximadamente $27,6 billones. Esa tijera —menos ingresos, más gasto— es la fotografía del problema.

Las reformas que no fueron y la emergencia que “tumbó” la Corte Constitucional 

El gobierno del presidente Gustavo Petro intentó cerrar la brecha fiscal con tres propuestas sucesivas de ley de financiamiento —de 12, 26 y 16,3 billones de pesos—, ninguna de las cuales prosperó en el Congreso.

Ante ese bloqueo parlamentario, el Ejecutivo declaró el 22 de diciembre de 2025 un estado de emergencia económica mediante el Decreto 1390, que le permitía expedir decretos con fuerza de ley sin la aprobación legislativa. Bajo ese paraguas creó nuevos impuestos y modificó los existentes.

La reacción judicial fue contundente. En abril, mediante la Sentencia C-075 de 2026, la Corte Constitucional declaró inexequible en su totalidad la emergencia económica. El argumento fue claro: el déficit fiscal no era un hecho sobreviniente ni excepcional, sino el resultado previsible de decisiones acumuladas. La Corte señaló que el decreto constituía “una afrenta al funcionamiento del Congreso de la República”, pues el rechazo legislativo de un proyecto no habilita al Ejecutivo para legislar por decreto. En mayo, el tribunal también tumbó el Decreto 044 de 2026 y ordenó la devolución retroactiva de los impuestos ya recaudados.

El propio presidente Petro, en el Consejo de ministros del 24 de marzo, reconoció la parálisis: “No es una sola vez, son dos leyes de financiamiento que han tumbado en el Congreso y una emergencia que también suspendieron en la Corte tres veces”. La frase es el mejor resumen involuntario de la crisis institucional.

La rebaja de calificación: una señal de alarma internacional

En abril de 2026, S&P rebajó la calificación de la deuda colombiana a BB-, un nivel de grado especulativo no visto desde 1993. La decisión reflejó la percepción de los mercados sobre la vulnerabilidad estructural de las finanzas públicas y la incapacidad del Gobierno para aprobar reformas. Los Credit Default Swaps —el indicador que mide el riesgo de impago percibido por los mercado— se ensancharon frente a sus pares regionales.

Las consecuencias son concretas: el costo de financiarse en los mercados internacionales aumenta. Cada punto porcentual adicional en las tasas de la deuda representa miles de millones de pesos adicionales en intereses cada año. Eso es dinero que no irá a hospitales, carreteras ni programas sociales.

Las maniobras de corto plazo y sus límites

El Ministerio de Hacienda respondió con dos tácticas. El 20 de abril realizó una recompra de bonos externos por US$4.560 millones, lo que generó ahorros en intereses de cerca de US$6.214 millones al vencimiento. También activó la cláusula de escape de la regla fiscal, que permite desviarse temporalmente de las metas entre 2025 y 2027.

El CARF, sin embargo, advierte que estas operaciones tuvieron efectos aproximadamente neutros sobre el costo efectivo en valor presente, pero incrementaron sustancialmente las necesidades de financiamiento del próximo cuatrienio y elevaron los riesgos de refinanciamiento a corto plazo. En otras palabras: el Gobierno alivió la carga inmediata a costa de acumular presiones futuras. La estrategia no ataca el déficit primario, que es el problema de fondo.

La herencia que recibirá el próximo gobierno

El gobierno que se posesione en agosto de 2026 herederá la situación fiscal más comprometida desde la pandemia, con restricciones severas desde el primer día. Heredará un presupuesto con presiones de gasto latentes sin resolver, una reserva presupuestal todavía elevada —2,3% del PIB— que comprometerá la ejecución de 2027, y la obligación de radicar el Presupuesto General de la Nación 2027 en julio, incluso antes de posesionarse.

En materia tributaria, la magnitud del ajuste requerido hace prácticamente inevitable una reforma estructural en el primer año, posiblemente acompañada de recortes de gasto. El espacio para nuevos programas sociales o de inversión será mínimo. El nuevo gobierno también deberá decidir sobre asuntos pendientes de alto impacto: la reglamentación de la reforma pensional, el manejo del FEPC en un entorno de petróleo volátil, el destino de los recursos trasladados de las AFP a Colpensiones y la descentralización efectiva de competencias del SGP. Cada una de estas decisiones puede mover el balance primario en varias décimas del PIB.

Sin medidas permanentes, advierte el CARF, la deuda pública podría acercarse al 60,5% del PIB antes de que termine 2026 y seguir escalando en el mediano plazo.

¿Qué está en juego para los colombianos?

Un déficit fiscal elevado no es un asunto abstracto. Sus consecuencias son cotidianas. Las tasas de interés se mantienen altas cuando los mercados perciben un riesgo fiscal, lo que encarece los créditos hipotecarios y empresariales. La incertidumbre tributaria desincentiva la inversión privada. El servicio de la deuda consume una proporción creciente del presupuesto, lo que deja menos espacio para educación, salud e infraestructura.

Un diagnóstico sin atajos

La situación fiscal de Colombia en 2026 es un problema estructural que tiene en el déficit primario su expresión más evidente. Mientras el Estado gaste de forma persistente más de lo que recauda —incluso antes de pagar intereses—, ninguna maniobra financiera resolverá el fondo. La única salida exige reformas que implican acuerdos políticos difíciles: racionalizar el gasto en sus componentes más rígidos, ampliar la base tributaria sin asfixiar la inversión y recuperar la credibilidad fiscal.

Colombia ha salido de situaciones fiscales difíciles. Pero esta vez el margen es estrecho, la calificación crediticia toca mínimos históricos y el próximo gobierno deberá actuar desde el primer día. Los números de enero y febrero de 2026 —los peores en 22 años para ese período— y un déficit primario que duplica el promedio regional no dejan margen para la complacencia.

La montaña fiscal que hay que escalar es empinada. Y no hay atajos.

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