Antígona en Colombia: ¿también los criminales tienen derechos?

La tragedia de Antígona recuerda una lección elemental que Colombia corre el riesgo de olvidar: ni siquiera quien comete un crimen pierde sus derechos, y el poder del Estado encuentra precisamente allí uno de sus límites.

«¿Qué hazaña hubiera podido realizar yo más gloriosa que de dar sepultura a mi hermano? Todos los que me están escuchando me colmarían de elogios si el miedo no encadenase sus lenguas. Pero los tiranos cuentan entre sus ventajas la de poder hacer y decir lo que quieren.» 

Antígona, V. 502–507.

Las primeras lecciones de los maestros

En las facultades de derecho los buenos maestros enseñaban a los recién ingresados el valor de la ley y el sentimiento de la justicia con los recursos de la literatura clásica. 

Suponían que con las lecciones contenidas en escritores clásicos los estudiantes captarían apropiadamente la naturaleza del derecho y después el alumno decidiría su propio camino profesional, con la esperanza de que ese acercamiento a las primeras intuiciones de la profesión los inspirara a ser algo más que simples abogados.

Aquellos antiguos profesores no se equivocaban en sus apreciaciones sobre la utilidad pedagógica de una obra clásica como la Antígona de Sófocles, pero no advertían que cada alumno en su paso por la carrera escogía su propia versión de la justicia. Algunos elegían creer en una concepción sensible de la justicia trascendental, que no reside en los apetitos del poder, otros en la justicia que se deriva de la dureza de la autoridad, el orden y su legalidad.

La obra clásica y el poder persuasivo

Antígona es una de las obras literarias que más profundiza en la relación que se construye entre quien detenta el poder y sus víctimas, aunque esas víctimas a su vez hayan sido victimarios en el pasado. 

Pues bien, Antígona, la mujer que pierde a su padre Edipo, a su madre Yocasta por suicidio y a sus dos hermanos en una guerra fratricida, se resiste a las órdenes del rey Creonte de prohibir los ritos fúnebres sobre el cadáver de uno de sus hermanos muertos en batalla, dejándolo insepulto por ser un criminal que trató de asolar a Tebas y a sus ciudadanos.

Antígona no le obedeció a Creonte: la mujer le dio los debidos ritos funerarios a su hermano y lo sepultó pese a la pena de muerte decretada sobre quien desobedeciera la orden del rey. Antígona desafió a la autoridad argumentando que ella no conocía una potestad humana que estuviera por encima de las leyes eternas que demandaban la igualdad de los hombres en la muerte. 

El contraste con el Rey desobedecido no pudo ser más descarnado: con cólera poderosa Creonte se empeñó en que en su gobierno no se podía premiar a un criminal con los mismos ritos fúnebres que se le otorgaban a un ciudadano de bien. El criminal en cuestión, desprovisto de todo ritual funerario era Polinices, quien se había levantado en armas contra Tebas: fue derrotado, muerto por su hermano, y su cadáver insepulto a la vista de todos como castigo por su delito. 

Fue un claro mensaje político para todo ciudadano tebano de que la traición a la autoridad sería purgada con severidad. Todo castigo será, además de una expiación, una advertencia al resto de la comunidad.

Los derechos negados del criminal

Solemos recurrir a estas alegorías literarias para calibrar la brújula moral cuando se desajusta. 

A veces, con el tiempo, perdemos la memoria jurídica y olvidamos los conceptos más básicos de la humanidad, dando por sentado posturas que nos parecen de sentido común pero que en realidad son un callejón sin salida; pensamos que la venganza es la manera más apropiada de hacer justicia, que los hombres por eso deben distinguirse entre los ofensores y los que requieren alguna vindicación y, por tanto, que a los criminales no debe concedérseles ningún tipo de derecho, consignando el castigo en sus cuerpos como forma de persuasión para todos los demás.

Ahora bien, la realidad nos aterriza forzosamente sobre los actos de quien ocupa la Presidencia de la República de Colombia, el abogado penalista Abelardo de la Espriella. 

La obra de Sófocles nos enseña mucho sobre su comportamiento y sobre el estado de opinión que intenta crear en la sociedad. En las últimas semanas, el presidente estuvo reunido en audiencia solemne con los magistrados de la Corte Suprema tratando el tema de la reforma del Código Penal, y algunos magistrados lo recibieron con cierto regocijo2: escena que recuerda cuando Creonte se reúne con los ancianos sabios de Tebas y les decreta su voluntad de injuriar al criminal de Polinices y ellos asienten diciendo que la voluntad del rey es Ley sobre vivos y muertos. 

Acto seguido, aparece el abogado Abelardo en un cantón militar  caminando entre las mortajas de cadáveres de unos hombres bombardeados en los campamentos de las disidencias de las Farc, y después, vestido de verde oliva, hace unas declaraciones sobre la inclemente “mano de hierro” del Estado contra la criminalidad en la Guajira, con varios cuerpos igualmente amortajados en el piso. 

Ambas conductas del abogado Abelardo, la del hombre de leyes sentado junto a los magistrados y la de verdugo implacable, sugieren una disonancia peligrosa en la conducta de un hombre que debe dirigir el Estado y garantizar los derechos de millones de ciudadanos.

Interrogantes de fondo 

Pensando en estas escenas surgen preguntas que suscitan serias reflexiones sobre la dirección de la sociedad colombiana, sus instituciones y el valor del derecho en una sociedad democrática: 

• ¿Qué nociones de justicia está intentando implantar el presidente Abelardo en la sociedad colombiana?, 
• ¿Está buscando reivindicar el terror y la muerte con la exposición de los cadáveres de presuntos delincuentes ante el público como política criminal contra las bandas armadas y organizaciones del narcotráfico?, es decir,
• ¿Quiere imponer la necropolítica (ver nota de pie¹) como mandato de quién vive o quién muere, como herramienta de control social por encima de los postulados del Estado de Derecho y el debido proceso?, 
• ¿Acaso con ello está queriendo condicionar la garantía de derechos según  quien obedece o no las reglas del Estado como decía el rey Creonte?, 
• ¿Nos quiere implantar la vieja idea de que quien delinque es delincuente no por lo que hizo sino por lo que es, y por tanto, hay que tomar medidas drásticas para eliminar la fuente de peligro?, 
• ¿Es una persona que comete delitos completamente carentes de derechos, incluso después de muerto?, 
• Y una pregunta no menos importante en un régimen presidencial tan proclive al autoritarismo: ¿está expresando con su doble comportamiento mencionado arriba, una especie de disonancia cognitiva o de impostura de hombre de leyes?

¿Por qué ensañarse sobre un cadáver?

No pretendo responder todas estas preguntas en unas cuantas páginas. Pero sí me acercaré a una reflexión transversal a todas ellas, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una persona que comete un crimen y una persona que no ha cometido ninguno; cuál es la razón que justifica un tratamiento jurídico diferenciado entre los dos. 

Si intentamos buscar una respuesta probablemente encontremos que no hay más diferencias que el crimen mismo. 

Podríamos pensar que el hecho de ser un criminal es suficiente para sustentar la diferencia, pero entraríamos en una especie de discriminación por origen donde el contexto de vida es condición necesaria para el crimen, lo cual no es razonable en ningún análisis serio.

Otro intento de explicación de la diferencia en el tratamiento jurídico, que reposa en el sentido común, es la teoría del “criminal nato”, que intentaría cosificar al delincuente como un sujeto que tiene su propia esencia distinta de la persona normal. 

Podríamos mencionar otros argumentos de esta especie, pero ninguno alcanzaría a dar una razón suficiente de por qué permitir los “honores” a unos y negárselos a otros como en la obra de Sófocles, o como dicen ahora “que unos tienen derecho y otros no”.

Esta es la lección más dura para el ejercicio de memoria jurídica y política de los olvidadizos: el que comete un crimen tiene derechos porque el crimen se define por los actos cometidos, no por la persona que los comete. De ahí que la injusticia nazca cuando una persona es acusada de ser un delincuente sin enfrentarse a un procedimiento que verifique los hechos imputados. 

Deshumanizar a quien comete un crimen no es más que una estrategia de política criminal para justificar la vendetta, el ajusticiamiento o el ostracismo y abandonar reglas mínimas que se aplican a todos por igual. 

Por eso es importante desmantelar la tesis autoritaria –que asume los derechos como concesiones del Estado y no como facultades del individuo– de que “no todas las personas tienen derecho y entre ellas los criminales no tienen ninguno”, como lo pensaba Creonte, el rey de Tebas, en la tragedia griega.

Tres razones contra la negación de derechos

Estos son principios elementales del derecho, pero algunos abogados parecen olvidarlos ante el cansancio ciudadano con la inseguridad, la ineficacia o la corrupción de la justicia, o por simple oportunismo político.

Hay tres razones para rechazar la tesis de que unas personas tienen derechos y otras no. 

1. Negar derechos a quienes la sociedad desprecia viola las reglas comunes; si lo hace el propio Estado, la arbitrariedad puede conducir a la confrontación. 
2. El abuso del poder convierte el miedo en instrumento de control: un ciudadano expuesto a la acusación de un poderoso puede sufrir la muerte o el ostracismo, inhibiendo la crítica y el control de los gobernantes.
3. Convertir al criminal en una categoría humana distinta permite despojarlo de su dignidad. Ni una supuesta naturaleza criminal, ni la clase social, la etnia, la pobreza, la genética o la inteligencia justifican un trato cruel o discriminatorio.

Esto no significa exculpar ni trivializar el crimen. Significa que las autoridades deben respetar la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos, incluidos quienes han cometido los peores delitos. Ese deber es todavía más importante cuando el Estado ejerce la violencia mediante procedimientos policiales, militares o penales.

La serpiente que se muerde la cola

El performance necropolítico de Abelardo De la Espriella refuerza la idea de que los delincuentes pueden ser despojados de sus derechos y que la muerte es una respuesta legítima frente al crimen.

Parte de la ciudadanía puede aplaudirlo, pero esa lógica puede volverse contra cualquiera: la serpiente se muerde la cola. La advertencia no es solo para los delincuentes; es para todos.

La respuesta está en las garantías del Estado de Derecho. Pero las posiciones anteriores de De la Espriella plantean dudas sobre su compromiso con ellas. En una entrevista de 2008 en Semana elogió actuaciones del paramilitarismo. Durante los años noventa, algunos sectores consideraron que el Estado constitucional era demasiado débil para enfrentar a las guerrillas y justificaron que grupos armados ilegales hicieran lo que correspondía a las instituciones legítimas.

Al gobernar, De la Espriella pretende trasladar esa lógica al presente: sustituir las reglas del Estado de Derecho por las de quien impone el orden mediante la fuerza. El desafío histórico de Colombia ha sido precisamente construir un Estado constitucional en medio de décadas de conflicto armado. La administración actual muestra hasta qué punto ese proyecto sigue en disputa.

Antígona deja una última lección. No venció a Creonte: fue condenada a morir por haber honrado a su hermano. Pero Sófocles le concedió algo más duradero que la victoria: la dignidad y la razón. Ambas sobrevivieron a Creonte y a Tebas. 

Frente al poder que pretende despojar a las personas de sus derechos, se resiste con la razón y no se cede ante la fuerza.

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¹El concepto de necropolítica fue acuñado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, y expande la noción de biopolítica de Michel Foucault. Mientras Foucault describía el biopoder como la capacidad del Estado moderno para «hacer vivir y dejar morir», Mbembe argumenta que bajo las estructuras del capitalismo global, el colonialismo y el racismo, este concepto se queda bastante corto. Por ello, para Mbembe la necropolítica consiste en el poder soberano de dictar quién debe vivir y quién debe morir, utilizando la muerte y el sometimiento físico como la máxima expresión de control social y soberanía política. En Mbembe, A. (2019). Necropolítica (E. Falcini, Trad.). Editorial Melusina.