Una frontera compleja para niños, niñas y adolescentes

Tres décadas de prevención no han movido la prevalencia mundial de la violencia sexual contra la niñez. En Colombia, la estadística registrada de explotación sexual comercial dibuja un mapa donde Norte de Santander pesa poco en volumen, pero mucho en perfil: trata sexual diez veces el promedio nacional, un corredor metropolitano que concentra los casos y una capacidad de imputación atípicamente baja.

La cifra global refleja una realidad cruda, un estudio reciente en The Lancet (Cagney y otros, 2025) calculó que el 18,9% de las mujeres y el 14,8% de los hombres del mundo fueron víctimas de violencia sexual antes de cumplir 18 años y que esa prevalencia apenas se mueve desde 1990. Treinta y cinco años de campañas, protocolos y declaraciones no han logrado correr esa aguja; la Unodc suma otro dato incómodo: las víctimas detectadas de trata crecieron 25% entre 2019 y 2022; los menores representan el 40% del total identificado; la trata de niñas con fines de explotación sexual aumentó 38%. La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes no es un problema marginal en el catálogo del delito: es un sistema persistente que sobrevive a tres décadas de prevención.

A esa permanencia se le ha sumado una nueva geografía. WeProtect reportó un aumento del 360% en imágenes sexuales autogeneradas de niños de 7 a 10 años entre 2020 y 2022; la Internet Watch Foundation confirmó 275.652 direcciones con material de abuso sexual infantil en 2023. La frontera entre lo presencial y lo digital se volvió porosa: la “casa-webcam” —documentada por Fundación Ideas para la Paz en Cúcuta y Villa del Rosario— es el caso paradigmático. Allí los cuerpos están en un municipio fronterizo de Norte de Santander, pero el mercado opera en plataformas globales. El delito no necesita pasaporte.

En Colombia, la Operación Estadística de ESCNNA del DANE registró 22.697 víctimas entre 2015 y 2025, con una tasa promedio de 14,5 por cada cien mil niñas, niños y adolescentes. El 81,8% son mujeres, el 40,9% está en la franja 14-17 años. La geografía absoluta concentra el 62% en cinco territorios (Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca), pero cuando se lee en tasa relativa el mapa cambia: Guaviare lidera con 32,01 casos por cada 100.000, seguido por Bogotá y Caldas. La Guajira aparece con la cifra más baja del país (2,89), una rareza estadística que es, en realidad, una huella de subregistro. La cifra no describe el delito: describe lo que la institución supo nombrar.

Aquí entra el matiz que distingue una columna de una postal. La investigación contemporánea ha aprendido a leer la ESCNNA con el lente socioecológico de Bronfenbrenner (factores individuales, familiares, comunitarios, institucionales y estructurales que se anudan) y con la mirada de Noemí Pereda, que llama “invisibilización de las víctimas” a la práctica de clasificar como “inducción a la prostitución” lo que es trata para explotación sexual. Dejusticia ha documentado el mismo desplazamiento en Colombia: el verbo determina el derecho a la protección especial. Donde el Estado no ve, no nombra; donde no nombra, no protege. El subregistro, en consecuencia, no es un defecto técnico: es una construcción institucional.

Esa construcción se hace nítida cuando se baja al corredor Cúcuta-Villa del Rosario-Puerto Santander. Norte de Santander ocupa el décimo puesto nacional en víctimas registradas (591), pero su perfil es distintivo: la trata para explotación sexual representa el 5,4% de los casos frente al 0,5% nacional, diez veces el promedio. La tasa departamental igualó o superó a la nacional únicamente entre 2019 y 2021, los años del pico migratorio venezolano, y en ese mismo trienio se disparó la categoría “sin información de país” entre las víctimas registradas. La razón indiciados/víctimas en el departamento es 0,89: por debajo de Bogotá (1,07), de Antioquia (1,05) y de Cartagena (1,34). La cadena denuncia-imputación es más débil precisamente donde operan el Tren de Aragua, el ELN y disidencias, en redes de trata y casas-webcam. La frontera no es el escenario donde pasa el delito: es el dispositivo que organiza que pase y, al mismo tiempo, que pase sin imputado.

Hay un giro conceptual que vale la pena adoptar. Los estudios críticos de frontera sugieren tratar el borde no como un margen geográfico pasivo, sino como un aparato institucional que produce vulnerabilidades específicas: irregularidad migratoria, mercados laborales precarios, debilidad estatal, economías ilegales. Esa lectura tiene implicaciones que no son retóricas: obliga a pensar la política pública en varias escalas que hoy operan desacopladas.

En el plano nacional, la prioridad no debería ser solamente intervenir donde la estadística es prominente; también, y, sobre todo, donde calla. La Guajira, Chocó, Amazonas y Casanare merecen ser tratados como prioridad no por sus cifras —que no las tienen—, sino por un silencio epidemiológico estadísticamente sospechoso. Hace falta una estrategia explícita de visibilización en esos territorios silenciosos: misiones móviles de denuncia y protección, fortalecimiento de comisarías y centros zonales, alianzas con autoridades indígenas y comunitarias para construir rutas culturalmente pertinentes. En paralelo, un protocolo nacional homogéneo de registro debería cerrar el agujero por donde se filtran las víctimas; un observatorio territorial trimestral sobre los corredores críticos (el cucuteño, el antioqueño metropolitano, el eje cafetero) le quitaría a la política pública el “lujo” de llegar tarde, y convendría revisar la tipificación del turismo sexual y de la trata, hoy aparentemente subrepresentadas en los registros.

En el plano departamental, Norte de Santander necesita un plan integral de protección con énfasis en el corredor Cúcuta-Villa del Rosario.Puerto Santander; presencia institucional sostenida en el Catatumbo, donde los registros bajos son compatibles con subregistro estructural; capacitación de la Fiscalía en investigación de trata, dada su sobrerrepresentación en el departamento, y una mesa binacional o transfronteriza con el Táchira que asuma que la movilidad humana no se detiene en una raya. En Cúcuta, la prioridad pasa por reforzar la presencia institucional en las zonas de alta concentración migrante; por un programa de identificación documental de NNA migrantes articulado con la Registraduría y el ICBF, para reducir esa “sin información de país” que oculta a quienes más protección necesitan, y por una unidad municipal de inteligencia territorial que mire las redes (proxenetismo, inducción, trata) como lo que son: organizaciones, no incidentes.

Transversal a todo esto hay una tarea técnica que suele postergarse y que, sin embargo, decide lo que el sistema puede ver: ampliar la publicación de microdatos anonimizados, estandarizar la captura sociodemográfica, capacitar a los operadores del SPOA y construir indicadores de subregistro por territorio. Hay un mapa que sigue intacto (el del corredor Cúcuta-Villa del Rosario-Puerto Santander) donde una geografía produce víctimas que la cifra todavía no termina de ver. Mientras la frontera se siga gestionando como margen, seguirá produciendo víctimas que el sistema no alcanza a nombrar. La pregunta no es cuántas hay, es cuántas seguimos pactando que no sepamos.

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