El fracaso de la guerra contra las drogas: una mirada crítica a la descertificación de Colombia

La descertificación de Colombia no es un fracaso del país, sino una nueva evidencia del fracaso de la estrategia de la guerra contra las drogas. Es hora de un cambio de paradigma que se centre en la paz en los territorios, el desarrollo social y la salud pública, en lugar de continuar con una guerra que solo trae muertes y precariedad.

La reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, en la que se le acusa de no cumplir adecuadamente sus obligaciones en la lucha antinarcóticos, ha encendido el debate sobre la fracasada estrategia de la “guerra contra las drogas”. Este mecanismo, establecido por la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 y las Leyes Antidrogas de 1986 y 1988, reduce las ayudas destinadas a la interdicción de drogas, el desmantelamiento de organizaciones criminales y la seguridad, lo que afecta directamente a países productores y de tránsito. Sin embargo, este juicio unilateral ignora la complejidad del problema y las evidencias que apuntan a la necesidad de un cambio de paradigma.

La justificación de Estados Unidos y la respuesta colombiana

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su “Determinación presidencial sobre los países de tránsito o producción importante de drogas ilícitas para el año fiscal 2026”, incluyó a Colombia junto con Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela. La decisión se basa en el alarmante aumento de muertes por fentanilo y otras drogas ilícitas en Estados Unidos, que atribuye a los “niveles récord” de cultivo de coca y producción de cocaína en Colombia bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el informe, los intentos de negociación con grupos criminales han socavado años de cooperación bilateral, a pesar de reconocer la valentía de las fuerzas de seguridad colombianas.

En respuesta, el gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, calificó la medida de unilateral y carente de corresponsabilidad. En el Consejo de ministros televisado, Petro anunció al país la desertificación y en respuesta ordenó tratar el tema de las drogas como un asunto de salud pública y anunció que no recibiría más cooperación militar de Estados Unidos.

Posteriormente, la Embajada de Colombia en Washington emitió un comunicado oficial rechazando la descertificación de Estados Unidos con respecto a los esfuerzos antinarcóticos, calificándola de unilateral y carente de un enfoque de corresponsabilidad. En el comunicado, la Embajada defendió los avances concretos y cuantificables que Colombia ha logrado en 2024 y 2025 en materia de interdicción, cooperación judicial y transformación de territorios afectados por economías ilícitas y pidió que se fortalezcan los esfuerzos para reducir la demanda de drogas y controlar el tráfico de armas. Resalta que 2024 fue un año histórico para la lucha contra el tráfico y la producción ilícita con la incautación de 884 toneladas métricas de cocaína y 89.500 galones de ácido sulfúrico. También se destruyeron 5.242 instalaciones de procesamiento de cocaína. De igual manera, los esfuerzos operacionales y de inteligencia de la Armada colombiana contribuyeron al 65% de las incautaciones de cocaína a nivel global. Resalta los aportes a la región mediante operaciones militares como Orión, que contribuye con inteligencia militar; Zeus, que controla las rutas de vuelos ilegales a América Central y al Corredor Pacífico, y la estrategia Esmeralda Plus, que produjo la captura de 631 individuos vinculados con grupos armados ilegales y 147 miembros del Tren de Aragua. Además de la extradición a Estados Unidos de 454 individuos entre 2022 y 2025. Finalmente, advierte que la descertificación trae el riesgo de reducir las capacidades de uno de sus aliados más firmes en la lucha contra el narcotráfico e introduce riesgos y señales que pueden ser malinterpretadas por los criminales.

Un enfoque alternativo: del fracaso de la erradicación forzosa a la sustitución voluntaria

El presidente Petro utilizó una alocución presidencial para demostrar que, pese a la descertificación, su gobierno ha logrado resultados significativos con un enfoque distinto. Expuso cifras que cuestionan la efectividad de la erradicación forzosa con glifosato, una práctica prohibida por la Corte Constitucional colombiana. Durante gobiernos anteriores, la fumigación masiva no logró una reducción sostenida del área sembrada, e incluso, en 2020, la erradicación de 130.000 hectáreas apenas se tradujo en una reducción neta de 9.000. Los datos muestran que en el período 2020-2021, los cultivos aumentaron en 43% a pesar de la mayor erradicación forzada de la historia. En contraste, el gobierno actual, sin recurrir a la fumigación, logró reducir el crecimiento de los cultivos al 9% en 2023 y al 3% en 2024.

La clave de este nuevo enfoque ha sido la erradicación voluntaria a través del Programa de Sustitución de cultivos de uso ilícito. En 2024, se erradicaron voluntariamente 2.711 hectáreas, cifra que se elevó a 22.433 en 2025, para un total de más de 25.000 hectáreas no solo erradicadas sino sustituidas por cultivos lícitos. Este éxito, según Petro, demuestra que la guerra contra las drogas le sirve al narcotráfico, y la paz reduce los cultivos, una tesis respaldada por la reducción del área de cultivos ilícitos erradicados en el marco de los acuerdos de sustitución para el periodo 2018 – 2020 de 42.339 hectáreas gracias a la implementación del programa de sustitución durante el proceso de paz.

Un llamado a un nuevo paradigma global

La descertificación, lejos de ser un revés, se ha convertido en una oportunidad para que Colombia refuerce su postura ante la comunidad internacional. El pronunciamiento de Petro, sumado a los esfuerzos diplomáticos en Naciones Unidas, se alinea con la creciente evidencia de que la guerra contra las drogas, basada en el control y la prohibición, ha fracasado. El presidente Petro criticó los esfuerzos de Estados Unidos y destacó que el fentanilo ha reemplazado el consumo de cocaína y ha causado más de 100.000 muertes anuales.

El presidente concluye su análisis contrastando el mapa mundial de consumo de drogas con el mapa nacional de producción de cocaína. De los más de 1.103 municipios que tiene Colombia, la producción se concentra en solo diez, ubicados en zonas fronterizas. Petro argumenta que en lugar de precarizar la vida en estos territorios, la solución es invertir en infraestructura, salud y educación, lo que demuestra que el problema no es nacional, sino focalizado.

La posición de Colombia ha ganado terreno en foros internacionales. La reciente aprobación, el 14 de marzo de 2025, de una resolución que introdujo por primera vez un enfoque de reducción de daños en la política global de drogas representa un quiebre en el llamado Consenso de Viena, que había regido la estrategia global desde 1961. Este cambio, apoyado por treinta votos a favor y tres en contra, creó un panel de expertos independientes para buscar soluciones.

El régimen global de drogas no funciona. Es imperativo buscar medidas que fortalezcan el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la diversificación de usos de la hoja de coca en los territorios más afectados. La diplomacia impositiva y vertical entre países consumidores y productores debe ser reemplazada por una estrategia de corresponsabilidad que ataque las estructuras criminales y trate el consumo como un problema de salud pública. La descertificación de Colombia no es un fracaso del país, sino una nueva evidencia del fracaso de la estrategia de la guerra contra las drogas. Es hora de un cambio de paradigma que se centre en la paz con los actores armados en los territorios, el desarrollo social y la salud pública, en lugar de continuar con una guerra que solo ha traído muertes y precariedad.

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