La reforma agraria vuelve al centro del debate global: avances y retos tras la ICARRD+20

La ICARRD+20 dejó claro que la reforma agraria sigue siendo un tema vigente en el siglo XXI. En un mundo marcado por crisis climáticas, desigualdades territoriales y tensiones geopolíticas en torno a la producción de alimentos, la forma como se distribuyen y gestionan los recursos rurales se convierte en un asunto estratégico.

La realización en Colombia de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20) marca un momento significativo en el debate global sobre la tierra, la producción de alimentos y el futuro de los territorios rurales. Veinte años después de la primera conferencia, celebrada en Brasil en 2006, el encuentro volvió a poner sobre la mesa una discusión que durante décadas fue marginada por los modelos de desarrollo basados en la agroindustria y la concentración de la propiedad rural.

La declaración final suscrita por 28 países reconoce una realidad que resulta cada vez más evidente: la desigualdad en el acceso a la tierra sigue siendo uno de los factores estructurales que alimentan la pobreza rural, la inseguridad alimentaria y los conflictos socioambientales en el mundo. Frente a las crisis climáticas, ambientales y alimentarias, la conferencia plantea que democratizar el acceso a la tierra y fortalecer la agricultura campesina ya no es solo una cuestión de justicia social, sino una condición necesaria para garantizar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

Para Colombia, país anfitrión del encuentro y uno de los territorios con mayor concentración de la tierra en América Latina, la conferencia tuvo un significado político particular. El gobierno saliente presentó algunos avances normativos importantes en materia de reconocimiento de derechos campesinos y políticas de desarrollo rural. Sin embargo, el balance también deja interrogantes sobre la capacidad real del Estado para transformar las condiciones estructurales del campo colombiano.

En este escenario, el reto no termina con la realización de la conferencia ni con la firma de declaraciones internacionales. La responsabilidad ahora recae también en el nuevo gobierno nacional, que tendrá que demostrar si existe una verdadera voluntad política de continuar y profundizar las transformaciones necesarias para fortalecer el campo colombiano y garantizar la producción de alimentos.

Un diagnóstico global que vuelve a poner la tierra en el centro

Uno de los aportes más relevantes de la ICARRD+20 fue reconocer que las crisis alimentarias, ambientales y sociales del siglo XXI tienen un origen común: la forma como se distribuyen y gestionan los recursos naturales, especialmente la tierra.

La declaración final advierte que en muchos países la tierra agrícola se ha convertido en un activo financiero sujeto a procesos de especulación, acaparamiento y concentración. Este fenómeno ha reducido el acceso de pequeños productores a los recursos productivos y ha debilitado la agricultura familiar, que paradójicamente sigue siendo responsable de una parte significativa de la producción de alimentos a nivel mundial.

El documento también señala que la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua están comprometiendo la sostenibilidad de los sistemas productivos. Estas transformaciones afectan no solo la productividad agrícola, sino también las condiciones de vida de millones de comunidades rurales.

En ese contexto, la conferencia propone fortalecer políticas de reforma agraria, promover la gobernanza responsable de la tierra y garantizar la participación efectiva de campesinos, pueblos indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones sobre los territorios.

Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que las declaraciones internacionales solo tienen impacto cuando se traducen en políticas públicas concretas. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en ejercicios diplomáticos sin efectos reales sobre las desigualdades estructurales del mundo rural.

Los avances que Colombia puso sobre la mesa

Durante la conferencia, el gobierno colombiano presentó una serie de avances normativos que buscan redefinir la política agraria del país.

Uno de los más importantes fue el reconocimiento constitucional del Derecho Humano a la Alimentación, que establece que el acceso a una alimentación adecuada es un derecho fundamental y obliga al Estado a desarrollar políticas públicas orientadas a garantizarlo. Esta reforma implica un cambio importante en la forma de concebir la política alimentaria, al reconocer que producir alimentos y garantizar su acceso no puede depender únicamente de las dinámicas del mercado.

Otro avance relevante fue el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Durante décadas, los campesinos colombianos fueron invisibilizados dentro del ordenamiento jurídico, a pesar de ser quienes sostienen gran parte de la producción alimentaria del país.

Este reconocimiento tiene implicaciones importantes para el diseño de políticas públicas, ya que abre la puerta a medidas diferenciadas en materia de acceso a la tierra, asistencia técnica, crédito rural y participación en la toma de decisiones.

A estos cambios se suman instrumentos como la implementación de las compras públicas locales de alimentos, que permite que instituciones del Estado compren productos directamente a pequeños productores. Este mecanismo no solo fortalece los ingresos de las familias rurales, sino que también contribuye a garantizar alimentos frescos y de calidad en programas sociales como la alimentación escolar.

También se destaca la delimitación de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, una figura de ordenamiento territorial que busca proteger suelos con vocación agrícola frente a procesos de urbanización descontrolada o actividades extractivas que puedan comprometer la seguridad alimentaria.

La restitución de tierras continúa siendo un componente central de la política agraria, no solo como mecanismo de reparación a víctimas del conflicto armado, sino también como una estrategia para reconstruir proyectos productivos rurales y fortalecer la soberanía alimentaria.

Asimismo, el país ha avanzado en la formulación participativa de la Política Nacional de Agroecología, que promueve la transición hacia sistemas productivos más sostenibles, con menor dependencia de agroquímicos y mayor respeto por los ecosistemas. La Mesa Ampliada de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria ha permitido a las organizaciones rurales incidir directamente en la formulación de políticas públicas.

Estos avances representan pasos importantes en la dirección correcta. Sin embargo, su impacto real dependerá de la continuidad política, la capacidad institucional y los recursos que se asignen para su implementación.

La economía campesina: el verdadero sostén de la alimentación en Colombia

Uno de los temas que la conferencia ayudó a poner de presente es el papel fundamental de la economía campesina en la producción de alimentos.

Aunque muchas veces se presenta la agroindustria como el motor del desarrollo agrícola, la realidad es que una parte significativa de los alimentos que consumen los colombianos proviene de pequeñas y medianas unidades productivas campesinas. Son estas familias rurales las que abastecen los mercados locales, las plazas de mercado y buena parte de los productos que integran la canasta básica.

El plato diario que llega a la mesa de millones de colombianos depende en gran medida del trabajo de agricultores familiares que producen papa, maíz, fríjol, hortalizas, frutas, leche, café, cacao y otros alimentos esenciales para la dieta nacional, en áreas muy pequeñas de cultivo. Sin embargo, estas mismas familias enfrentan múltiples dificultades: acceso limitado a crédito, falta de infraestructura rural, dificultades para comercializar sus productos y una acentuada y arraigada desigualdad en la distribución de la tierra.

Por esta razón, fortalecer la economía campesina no debería ser visto como una política asistencialista, sino como una estrategia fundamental para garantizar la seguridad alimentaria del país. Ignorar esta realidad o relegarla frente a modelos de producción concentrados en grandes monocultivos sería un error estratégico con consecuencias económicas y sociales profundas.

La reforma agraria también es cultural

Uno de los anuncios más significativos realizados durante la conferencia fue la presentación de la Política Pública de Culturas Campesinas, liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Esta política constituye un hito en el reconocimiento de los derechos culturales del campesinado colombiano. Su objetivo central es reconocer, promover y reivindicar las identidades, memorias, saberes y prácticas culturales del campesinado, entendiendo que la vida rural no se limita a la producción agrícola, sino que constituye un universo cultural propio que ha sido históricamente invisibilizado. Entre sus enfoques más innovadores se encuentran conceptos como las “culturas campesinas del agua” y la construcción de indicadores de seguimiento liderados por el propio campesinado, lo que busca garantizar que la política no quede solo en el papel.

El desafío estructural de los cultivos ilícitos

Entre los temas más complejos del debate rural colombiano sigue apareciendo la persistencia de cultivos de uso ilícito. Durante décadas, miles de familias campesinas han encontrado en estos cultivos una forma de supervivencia económica frente a la ausencia de alternativas productivas viables. En muchos casos, estas economías se desarrollan en territorios donde el Estado ha tenido una presencia limitada; los grupos armados ilegales ejercen dominio territorial, y las condiciones de infraestructura, acceso a mercados y servicios públicos son extremadamente precarias.

Por esta razón, la sustitución de cultivos ilícitos no puede entenderse únicamente como una política de erradicación. Requiere transformaciones profundas en las condiciones económicas y sociales de los territorios rurales. Sin acceso a tierra, crédito, asistencia técnica y mercados para productos legales, cualquier estrategia de sustitución estará condenada a fracasar o a reproducir ciclos de pobreza.

El reto que enfrenta el nuevo gobierno

En este contexto, el cambio de gobierno nacional abre un nuevo capítulo para la política agraria colombiana. Más allá de las diferencias ideológicas o programáticas, cualquier administración que aspire a garantizar la estabilidad económica y social del país tendrá que reconocer el papel estratégico del campo y de la economía campesina.

La producción de alimentos no puede depender exclusivamente de grandes conglomerados agroindustriales ni de las dinámicas del comercio internacional. La seguridad alimentaria del país está profundamente ligada a la capacidad productiva de millones de familias campesinas que trabajan en condiciones muchas veces precarias.

Por eso, el nuevo gobierno enfrenta una responsabilidad histórica: no desmontar ni debilitar los avances alcanzados en materia de reconocimiento de derechos campesinos y políticas de desarrollo rural. Por el contrario, el desafío consiste en profundizar estas transformaciones, fortalecer la inversión pública en el campo y garantizar que las políticas agrarias lleguen efectivamente a los territorios. Abandonar esta agenda significaría no solo retroceder en términos de justicia social, sino también poner en riesgo la capacidad del país para garantizar su propia seguridad alimentaria.

Más allá de las declaraciones

La ICARRD+20 dejó claro que la reforma agraria sigue siendo un tema vigente en el siglo XXI. En un mundo marcado por crisis climáticas, desigualdades territoriales y tensiones geopolíticas en torno a la producción de alimentos, la forma en que se distribuyen y gestionan los recursos rurales se convierte en un asunto estratégico.

Colombia tiene ante sí la oportunidad de consolidar una política rural basada en derechos, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de la economía campesina. Pero esa oportunidad solo podrá materializarse si existe una voluntad política real de transformar la desigual e inequitativa distribución de la propiedad y la tenencia de la tierra que ha obstaculizado el desarrollo rural y el bienestar de la población campesina y las comunidades étnicas, que habitan el campo colombiano.

La distribución de la tierra, la producción de alimentos y la vida rural no pueden seguir siendo asuntos marginales en el debate nacional. De ellos depende, en buena medida, la estabilidad social, económica y ambiental del país.

El desafío es claro: reconocer que detrás de cada plato de comida servido en la mesa de los colombianos hay familias campesinas y comunidades étnicas que sostienen, con su trabajo cotidiano, la seguridad alimentaria del país. Ignorar su papel o relegar sus necesidades sería un error que Colombia no puede permitirse repetir.

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