Guaviare: el frágil equilibrio entre la paz y la guerra más allá de la coca

Análisis detallado de la falta de resultados de la Paz Total. Lo crucial es mantener la deliberación con las comunidades por fuera de la influencia de los grupos armados.

Poco queda de la esperanza que se sentía en Guaviare en agosto de 2022. La promesa de una Paz Total que desactivaría todas las violencias para dar paso a las transformaciones territoriales que reclama la región ha sido reemplazada por la zozobra y el miedo. Un frágil equilibrio entre la paz y la guerra que hoy tiene a Guaviare y a la Amazonia en la antesala de una nueva crisis humanitaria. 

En Guaviare la balanza empezó a inclinarse hacia el recrudecimiento de la guerra cuando en abril la disidencia al mando de Calarcá, autodenominada Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), asesinó a siete militares en Guanapalo. A este ataque le siguió la declaratoria del 16 al 21 de junio de paro armado y amenazas sobre la población por parte de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) al mando de Iván Mordisco, como estrategia para frenar el avance de las estructuras de Calarcá en el departamento y mostrar control territorial. En días pasados se halló una fosa común en el municipio de Calamar donde encontraron los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos asesinados por el Frente Armando Ríos del Bloque Amazonas, comandado por Iván Mordisco, acusados de pertenecer a una avanzada del ELN para iniciar una célula de esa guerrilla en Guaviare. Una acusación contraintuitiva si se tienen en cuenta los antecedentes de ese grupo y de la región. 

El panorama se ha terminado de enrarecer con el atentado contra el periodista regional Gustavo Chicangana y su esposa —quienes por fortuna sobrevivieron— por parte de una estructura residual del fenómeno paramilitar conocida como Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC), de la que no se había tenido noticia en años. Sería ingenuo pensar que esta confusión y opacidad que registra hoy el panorama de seguridad en Guaviare es el resultado del azar y no de una estrategia deliberada para amedrentar a la población.  

La deriva de la Paz Total 

El recrudecimiento de la violencia en Guaviare y su inminente coletazo en la Amazonia producto de la confrontación armada entre estructuras disidentes de las FARC y del frágil equilibrio entre los esfuerzos de la paz y la inercia de la guerra no sucede en el vacío. 

La política de paz en la región tuvo un punto de inflexión cuando el presidente Gustavo Petro negó la extensión del cese al fuego en abril de este año. Este cese operó entre el Estado y las disidencias del EMBF, mientras la confrontación entre la fuerza pública y las disidencias al mando de Iván Mordisco se mantuvo. Esto sucedió no solo en Guaviare y la Amazonia, sino en otras regiones como Cauca, donde las unidades bajo la coordinación de Mordisco abandonaron la mesa de negociación con el Gobierno en marzo de 2024.

La no extensión del cese al fuego no fue lo único que resintió el proceso de paz con el EMBF. También lo hizo el viraje que le dio a la política de Paz el Comisionado Otty Patiño. Con el afán de alcanzar victorias rápidas, el Gobierno decidió apostar a la fragmentación y posterior concentración de estructuras pequeñas para su desarme y reinserción a la vida civil, y dejó de lado la construcción de acuerdos con las comunidades y sus organizaciones sociales para la transformación integral de los territorios, partiendo del reconocimiento de las agendas y propuestas comunitarias. 

Estos fueron los casos de Comuneros del Sur, disidencia del ELN en Nariño; el Frente 33 del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, comandado por Jhon Mechas, adscrito al EMBF, en Catatumbo, y finalmente el de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, desligada de la Segunda Marquetalia, comandada por Walter Mendoza, en Nariño y Putumayo. Un viraje más impulsado por la necesidad de mostrar resultados tangibles que por la continuidad de lo que se había hecho durante casi dos años y que tal vez sus resultados no necesariamente iban a ser inmediatos. 

Este cambio en la estrategia de paz coincidió con el escalamiento de la confrontación entre Calarcá y Mordisco en Guaviare, Meta, Putumayo y Caquetá. En un dilema propio del escenario de violencia actual por el que atraviesa el país, Calarcá optó por evitar a toda costa una derrota militar frente a Mordisco, antes que a una concentración de tropas, como le urgía al gobierno nacional. 

Las claves de Guaviare

La historia de Guaviare es la historia de la guerra en Colombia. La frágil implementación del Acuerdo de Paz del 2016, pero sobre todo sus incumplimientos en materia de reforma rural, sustitución de cultivos y reincorporación de excombatientes abrieron espacios y tiempos para la reconfiguración de actores mafiosos, grupos disidentes —y reincidentes— cuyo principal objetivo ha sido consolidar controles sociales, territoriales, económicos y militares. 

En Guaviare hizo vida el Bloque Oriental, conocido como el corazón de las antiguas FARC-EP. De ahí su importancia como territorio estratégico para recomponer cualquier proyecto militar que pretenda apropiarse del legado de la antigua guerrilla. La disputa entre las disidencias del EMBF y el EMC supone el intento de recuperar de manera violenta los controles de unas comunidades cuya historia ha sido la criminalización y la violencia. Como el eje fundamental de las violencias actuales no es la confrontación con el Estado sino la confrontación entre los grupos armados, la arbitrariedad de los fusiles recae directamente sobre las poblaciones.

Lo cierto es que existe un intento por parte de las disidencias en Guaviare por arropar sus proyectos militares, económicos y, tal vez, políticos con banderas sociales, aprovechando la vulnerabilidad de las comunidades y los territorios que han persistido en el tiempo, y el Estado no ha sabido subsanar.  

Sin embargo, Las disputas por el control social requerido para la continuidad de los proyectos extractivistas de los actores criminales y de la persistencia del conflicto interno se traducen en un choque entre modelos de gobernanzas armadas, donde cada actor en confrontación endurece las regulaciones sobre la vida comunitaria para forzar apoyos a sus estructuras y negárselas a su oponente. 

En Guaviare esa tensión y confrontación entre Calarcá y Mordisco está alterando la cotidianidad de la región. Las comunidades quedan en medio de unos órdenes sociales armados donde no tienen mayor margen de acción: si son convocados por un actor a una reunión y no asisten, son señalados de favorecer al contrario; si pagan la extorsión que el otro grupo cobra, son acusados de apoyar económicamente al enemigo. Cualquier error o malentendido se puede pagar con la vida. 

Entender la economía política de la confrontación entre el EMBF y el EMC es crucial para proteger a la población y contener el avance de estos grupos. La recomposición de las disidencias ha tenido una particular concentración en la Amazonia y la Orinoquia, principalmente en zonas de especial interés ambiental y territorios colectivos para favorecer cambios de uso del suelo y formas de colonización para ganadería extensiva, acaparamiento de tierras, infraestructura y corredores de movilidad. 

La disputa económica en estas regiones no se puede explicar con la narrativa del narcotráfico. Si bien la economía de las drogas sigue siendo un factor dinámico en la continuidad del conflicto armado y el crimen organizado, en el caso de Guaviare las casi 5.000 hectáreas cultivadas de coca no representan ni el 5% de las 253.000 hectáreas de este cultivo que hay en el país. 

Por el contrario, las lógicas de deforestación asociadas al acaparamiento de tierras, a las rentas por explotación de recursos naturales como oro y coltán, y recientemente las rentas por bonos de carbono o pago por servicios ambientales determinan la constelación de grupos armados presentes en la Amazonia. Sin duda, la reconfiguración armada y las disputas entre las facciones de Iván Mordisco y Calarcá por imponer modelos de regulación armada sobre lo social, económico y ambiental tienen como punto de llegada el ordenamiento territorial amazónico. 

Se trata de controlar la población para impulsar una nueva colonización atada al reordenamiento del territorio que tiene como fin último el acaparamiento de tierras —y los recursos que allí yacen— en la reserva ambiental más importante del país. 

¿Qué hacer?

Independientemente del destino de la política de Paz Total, los esfuerzos para que la balanza vuelva inclinarse hacia la construcción de paz no deben abandonarse. Las hojas de ruta para la transformación territorial que fueron concertadas en las mesas de paz, de la mano de los procesos comunitarios de la región, constituyen un insumo importante que no se debe dejar en el olvido. 

Impedir que el frágil equilibrio entre la paz y la guerra se resuelva a favor de la guerra implica acompañar y fortalecer toda expresión de gobernanza y autonomía comunitaria para que las comunidades resistan las embestidas armadas de quienes quieren imponer sus intereses. Y aquí tiene una gran responsabilidad el Estado. 

No puede frenarse el impulso que adquirieron las organizaciones sociales para hablar, pensar, transformar y ordenar su territorio en el marco de las políticas de paz. El Gobierno debe continuar ese diálogo entre comunidades y la institucionalidad, para propiciar un diálogo directo con ellas. 

Frenar el diálogo social para la gestión ambiental y la ampliación del reconocimiento de derechos terminaría legitimando y fortaleciendo a los actores armados. No puede ser que los temas de importancia ambiental, social y territorial solo puedan ser tratados cuando se negocia con un actor armado. La construcción de capacidades y el empoderamiento comunitario deben ser las herramientas centrales de cualquier proceso de transformación territorial que se pretenda adelantar en Guaviare, la Amazonia o cualquier región del país. 

Esta experiencia que termina de manera dolorosa con el recrudecimiento de la violencia demostró que la agenda ambiental de paz no es accesoria y que de una u otra manera contribuyó a disminuir impactos como el de la deforestación. Sin embargo, el impulso de mecanismos de resolución pacífica de conflictos ambientales no puede depender de una negociación con un grupo armado. Mientras eso sea así, el Estado seguirá estando en retirada como lo está haciendo en este momento en Guaviare. 

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