Kyle Johnson Juanita Vélez, autor en Razón Pública
Foto: Acacías WEB

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Aunque la “paz total” aterrizó muy rápido, negociar con los grupos armados exigirá tiempo, filigrana y audacia. Este es el panorama de diferencias y tensiones entre los participantes en el posible acuerdo.

Juanita Vélez y Kyle Johnson*

Las disidencias

Este 17 de septiembre el gobierno publicó la foto de la primera reunión entre el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y los representantes de las disidencias de las FARC-EP vinculadas a alias Iván Mordisco:  Calarcá Córdoba, Hermes Tovar, Alonso 45 y otro sin identificarse.

Este primer encuentro entre el gobierno y estas disidencias fue una primera prueba del proceso de “paz total” que el presidente Petro quiere dejar como su gran legado.

Aunque la foto fue un buen indicio de que “la paz es un sueño posible”, como la tituló el gobierno, todavía no hay una agenda de negociaciones y en cambio sí hay muchas discrepancias entre los grupos interesados en el acuerdo.

Según la Fundación Conflict Responses (CORE), Gustavo Petro recibió un país con más de 30 unidades disidentes. La mayoría se agrupan en dos grandes proyectos: la Segunda Marquetalia, encabezada por Iván Márquez, y, el de Iván Mordisco, quienes se identifican como las FARC-EP.

Todavía hay algunas disidencias que no se agrupan, como el Frente Oliver Sinisterra en Nariño.

La Segunda Marquetalia hasta el momento tiene tres facciones en Nariño, dos en Cauca, y de a una en Antioquia, Catatumbo, Caquetá y posiblemente Putumayo.  Mordisco tiene, al menos, veintiún unidades que se coordinan bajo un “Estado Mayor Central”, el cual se han venido consolidando (aunque no se sabe hasta qué punto) desde que el frente primero no entró al proceso de paz con las FARC en junio de 2016.

El gobierno ha dado más pasos para iniciar el proceso con Mordisco. Aunque no estuvo en la mesa de diálogo, sí lo hicieron algunos miembros de su disidencia.

El comunicado conjunto lo firmaron alias Alonso 45, miembro del frente primero; alias Erika, quien al parecer hace parte del frente séptimo que lideraba Gentil Duarte antes de su muerte; y alias Calarcá, miembro del “Estado Mayor Central”, uno de los primeros comandantes disidentes y antigua jefe del frente 40.

Es evidente que para el gobierno, sentarse con personas vinculadas a Mordisco, es menos costoso políticamente que hacerlo con la Segunda Marquetalia, porque este proyecto fue fundado antes de la firma del acuerdo en 2016 y no entró en el proceso de paz – aunque varias de sus unidades fueron creadas después de la dejación de armas.

La Segunda Marquetalia, en cambio, sí entró en el acuerdo y reincidió en junio de 2018, dos meses después del operativo donde capturaron a Jesús Santrich: sin embargo, la organización se mostró públicamente en el famoso video de agosto de 2019.

Por eso, sentarse con la Segunda Marquetalia implicará que el Estado colombiano reconozca posibilidades de diálogo con un grupo que incumplió lo pactado y, por ende, perdió los beneficios establecidos en el acuerdo.

En ese orden de ideas, dialogar con Márquez será complicado de cara a la opinión pública, ya que a Márquez se le considera como un traidor del proceso de paz.

Las divisiones en el “bloque propaz”

Esto se comprobó cuando el comisionado Rueda anunció que Iván Márquez estaría interesado en dialogar sobre la “paz total” y la reacción del bloque “propaz” fue dispar. Precisamente, el bloque entró en discrepancias por la posible inclusión.

El excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, por ejemplo, dijo que cualquier diálogo con estas disidencias será una “politización del crimen organizado”, y por tanto lo considera supremamente peligroso. A su vez, Humberto De La Calle, exjefe de la delegación del gobierno en Cuba, dijo que no se debería contemplar una negociación de contenido político con la Segunda Marquetalia.

En contraste, el jefe del partido Comunes, Rodrigo Londoño, dijo que la “paz total” de Petro no puede arrancar con el criterio de decidir con quiénes sí sentarse a dialogar y con quiénes no. “Aquí hay que darle la posibilidad a todos, cada uno tendrá su tratamiento”.

De hecho, Londoño fue más allá porque comentó que no se niega a “sopesar” la traición en aras de lograr la “paz total” y, así, cambiar las condiciones de lo pactado en 2016.

Por su lado, el senador Iván Cepeda, que ha sido clave en la arquitectura de la política de “paz total”, aclaró que el cumplimiento del acuerdo es una prioridad para el presidente y que la Segunda Marquetalia no tendrá ninguna segunda oportunidad.

Estas diferencias de opinión, en parte, se deben a que el gobierno aún no tiene definido cuál será la ruta con cualquiera de los dos proyectos disidentes.

VisLa situación real de la paz total
Foto: Oficina del alto Comisionado para la Paz Según el Alto Comisionado, los Comandos de la Frontera sí han expresado su interés en negociar.

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Las agendas y la dejación de armas

Si bien el bloque “propaz” está esperando que se defina una posible agenda para iniciar las negociaciones y así definir su opinión, hay quienes desde ya están preocupados por los posibles contenidos de la agenda.

Jaramillo y De la Calle, por ejemplo, se preocupan porque la agenda incluya reformas políticas. Esto se complica porque, según fuentes internas de las disidencias de Mordisco, su primera “línea roja” es negociar algunos temas estructurales del país.

Es probable, por ejemplo, que pretendan hablar sobre el modelo económico del país y la doctrina militar, como la necesidad de desvincular el paramilitarismo de la fuerza pública. Son asuntos que el gobierno Santos no estuvo dispuesto a negociar.

Las disidencias de Mordisco han dicho en entrevistas y en su revista Identidad que el acuerdo de La Habana puede ser un punto de partida, pero proponen temas complementarios, como los desafíos de los jóvenes en el país. También proponen concertar un “primer piloto” de un programa de desarrollo alternativo con las comunidades de la frontera cocalera, que retome las propuestas que las comunidades hicieron para el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el cual surgió del acuerdo de La Habana.

El senador Iván Cepeda, que ha sido clave en la arquitectura de la política de “paz total”, aclaró que el cumplimiento del acuerdo es una prioridad para el presidente y que la Segunda Marquetalia no tendrá ninguna segunda oportunidad.

Por otro lado, se sabe que los miembros del “Estado Mayor Central” debaten qué están dispuestos a negociar y qué no, y cómo deberían aproximarse a negociaciones con el gobierno. En algunos asuntos, parten de las razones que los llevaron a apartarse del acuerdo de 2016. Por eso, afirman que no aceptarían ningún modelo de dejación de armas que se dé justo después del comienzo de la implementación de cualquier acuerdo al que lleguen, como lo hicieron las FARC en 2016.

Para el gobierno esto será un desafío enorme, dado que políticamente es imposible que no renuncien a las armas justo después de firmar el acuerdo.

En cambio, con la Segunda Marquetalia, la discusión parece más difícil. Hace poco se conoció un comunicado firmado por el Bloque Occidental Alfonso Cano en Nariño, aliados con la Segunda Marquetalia, en el que hacen su propuesta de agenda. Concuerda con la visión de la comandancia de la Segunda Marquetalia para todo el departamento.

La propuesta incluye puntos como industrializar la hoja de coca “para la producción benéfica medicinal y alimenticia”. Además, es muy probable que ellos tampoco estén dispuestos a dejar las armas hasta que el gobierno les cumpla lo acordado.

La fragilidad de las disidencias

Los dos proyectos disidentes se organizaron de formas diferentes. Mientras el de Mordisco está integrado en su mayoría por unidades propiamente creadas, la Segunda Marquetalia reúne muchos grupos anteriormente existentes.

La diferencia es importante porque, en teoría, los grupos que se unieron a la Segunda Marquetalia tendrían una relación más frágil con la comandancia y, por ende, existe un mayor riesgo de que rechacen la “paz total”.

Sin embargo, según el Alto Comisionado, los Comandos de la Frontera han expresado el interés de negociar; también lo han hecho las unidades de Nariño, miembros de peso de la Segunda Marquetalia.

En resumen, el gobierno nacional debe contemplar todos los puntos pertinentes para el posible inicio de las negociaciones en busca de una Colombia en paz, donde los grupos armados ilegales, el gobierno y la ciudadanía estén conformes.

Aún no se ha establecido cuál será el camino a tomar pero las dificultades no se esperarán. De todas formas, habrá que proveer decisiones contundentes para erradicar la violencia que consume al país.

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Kyle Johnson Juanita Vélez

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Kyle Johnson Juanita Vélez

*Cofundadores e investigadores de la Fundación Conflict Responses.

Centro Nacional de Memoria Histórica

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Las disidencias de las FARC son un riesgo grande para la seguridad a nivel regional, pero no lo son para el Estado central. Tampoco hay una guerra entre Gentil Duarte e Iván Márquez.

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Las disidencias

Los recientes golpes del gobierno a las disidencias de las FARC y la entrevista que Ariel Ávila y Andrea Aldana le hicieron a “Jonnier”, el tercero al mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco, han puesto a estos grupos en el centro de la opinión pública.

Según nuestro trabajo en la Fundación Conflict Responses, hoy existen 29 grupos de este tipo que operan en distintas regiones del país. Algunos de ellos se han agrupado en estructuras más grandes. Por ejemplo, el Frente Jorge Briceño entre Caquetá, Huila, Meta y Guaviare es una unión de los frentes 7, 40 y 62. Al mismo tiempo, la Segunda Marquetalia tiene seis unidades en diferentes zonas del país.

Aunque todas esas disidencias son un riesgo para la seguridad de las comunidades y el Estado local en esas regiones, no lo son todavía para el Estado central. Sin embargo, no se ha estudiado lo suficientemente su funcionamiento ni se ha estimado bien su grado de poder.

El Frente Jorge Briceño es una unión de los frentes 7, 40 y 62. La Segunda Marquetalia tiene seis unidades en diferentes zonas del país

Cómo medir el poder de un grupo armado

El nivel de riesgo y grado de poder de las disidencias varía según la región, grupo disidente, sus trayectorias y sus disputas con otras agrupaciones.

Por ejemplo, el poder del frente Oliver Sinisterra en Nariño, golpeado por los Contadores —otro grupo armado de la zona—, no es igual que el del frente Primero en Guaviare, Caquetá, Vaupés, Guainía y Meta. El frente Oliver Sinisterra busca regular el narcotráfico y controlar el territorio para permitir su funcionamiento; sus líderes, cuando hacían parte de las FARC, jugaban el mismo papel.

El frente Primero ha logrado consolidar su control en varias zonas, al punto de enviar miembros a algunas partes del país para fortalecer otras disidencias. Aunque también tiene un papel con el narcotráfico, sigue realizando trabajo político en zonas bajo su control, como hacía antes de la firma del Acuerdo de Paz.

Es común medir la fuerza de un grupo armado ilegal en función de su número de integrantes, su violencia, la cantidad de municipios en los que tiene presencia y sus presuntos ingresos económicos.

Aunque importantes, esos indicadores en realidad no miden el poder real de un grupo armado. Para esto, también habría que saber dónde ejerce (y dónde no) el control territorial, tanto político como militar y cómo lo ejerce. Esto a su vez implicaría averiguar dónde el grupo armado en cuestión es capaz de organizar la vida social, política y económica de las personas y también evitar que otros grupos realicen operaciones militares consistentes. Es decir, es necesario ir más allá de la presencia.

Un grupo armado puede controlar el territorio sin necesariamente recurrir a la violencia. Por este motivo puede percibirse un riesgo bajo, pero en realidad el peligro es inmenso.

Puede leer: Aciertos y desaciertos sobre las disidencias de las FARC

Disputas entre grupos

En algunas zonas el control territorial de estos grupos es frágil debido a las disputas con otros grupos armados. Allí, la violencia se ve en homicidios, enfrentamientos, amenazas y desplazamientos forzados, entre otras afectaciones.

En las regiones del Cauca, Nariño, Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, Putumayo y Catatumbo este riesgo es alto. Pero en estos sitios, el poder de las disidencias es menor que en los lugares donde consolidaron el control territorial.

Estas disputas son locales y en muchas ocasiones se reducen a un grupo pequeño de municipios. El conflicto entre el frente Carolina Ramírez y la Mafia 48 en Putumayo se limita a cinco municipios entre el medio y bajo Putumayo y Piamonte caucano.

La disputa del frente Carlos Patiño contra el ELN en el Cauca se limita principalmente a Argelia y el Tambo. En Nariño, la columna móvil Franco Benavides combate las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el municipio de Magüí Payán y en menor medida en Policarpa.

Al analizar las disidencias por regiones, lo claro es que ninguna de estas disputas hace parte de una guerra nacional.

Presidencia de la República, No es fácil estimar el riesgo que representan las disidencias para la seguridad nacional.

Razón Pública le recomienda: Ruido de guerra en el Norte del Cauca

No hay guerra nacional

Revisar rápidamente algunas zonas del país permite hacer una aproximación al riesgo que representan para la seguridad, al mismo tiempo que facilita la tarea de identificar las zonas donde se consolida su control territorial.

También se hace evidente que no hay una guerra entre las unidades vinculadas a Gentil Duarte y las de Iván Márquez. Sólo hay un caso, Algeciras (Huila), donde sí hubo una disputa, pero ya no.

Desde finales de 2018 se conocieron panfletos en este municipio de un grupo que respondía a la línea de mando de Duarte y que se presentaba como la Comisión Financiera de las FARC o la Unidad Manuel Marulanda Vélez.

Hacia finales de 2019 comenzó una serie de asesinatos selectivos de algunos excombatientes y líderes sociales. Aunque no representaban un conflicto abierto, algunas de las víctimas habrían tenido conexiones con la Teófilo Forero, históricamente comandada por El Paisa, hoy en la Segunda Marquetalia.

En julio, tras la captura de alias Hermes, de la unidad Óscar Mondragón de la Segunda Marquetalia, ocurrió la masacre de Quebradón, además de varias amenazas a excombatientes no acreditados y acusados de pertenecer a ese mismo grupo.

Desde entonces, parece ser que la comisión de Duarte empezó a trabajar para su propio interés, por lo que el líder disidente se quedó sin gente en la zona y así acabó esta corta disputa.

En el Meta, aunque existen tres frentes de Gentil (el séptimo, el 40 y el primero en Mapiripán) y una unidad de la Segunda Marquetalia, no hay evidencia sólida de una disputa entre ellos.

En diciembre de 2019 aparecieron grafitis de la Segunda en las veredas La Cima y La Esperanza del municipio de El Castillo. En junio de este año el desplazamiento de varios excombatientes del nuevo punto de agrupamiento de El Diamante, en zona rural de Uribe, se leyó en este municipio como el resultado de una amenaza de Calarcá, líder de la disidencia del frente 40.

Parece que para él estos exguerrilleros eran afines a la Segunda Marquetalia, dado que esta fue la última zona liderada por Romaña. A pesar de esto aun no se registran enfrentamientos.

En el departamento, los tres frentes vinculados a Gentil sí ejercen un control territorial político, al imponer manuales de convivencia, carnetizar y censar a algunos pobladores y actuar como “tercera instancia” para resolver peleas entre la gente.

En el Cauca, existen cuatro unidades disidentes vinculadas al Comando Coordinador del Occidente (CCO): las columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, y los frentes Carlos Patiño y el frente 30 Rafael Aguilera. La disputa armada en el departamento es entre el “Patiño” y el ELN.

En el Meta, aunque existen tres frentes de Gentil y una unidad de la Segunda Marquetalia, no hay evidencia sólida de una disputa entre ellos

Estos grupos buscan ejercer un control político y en menor medida militar en las zonas donde operan. La Dagoberto Ramos tiene una lucha contra el movimiento indígena por ser autoridad política en el norte del Cauca, lo cual explica en buena parte las amenazas, homicidios y hasta masacres en su contra.

También en este departamento, las unidades del CCO han impuesto órdenes para evitar la llegada y frenar el aumento de casos de Covid-19. Además ofrecen “protección” frente a otros grupos armados.

En Cauca no hay presencia confirmada de la Segunda Marquetalia. Aunque hubo combates en agosto y capturas de presuntos miembros del grupo, hay más dudas que certezas. Es probable que un grupo criminal se hiciera pasar por gente de Márquez.

Además, en sus comunicaciones más recientes este grupo no habla sobre unidades suyas en este departamento, pero en cambio sí ha mencionado unidades en el Catatumbo, Caquetá y Huila. De hecho, niega su presencia allí y señala que los comunicados a su nombre son falsos.
En Antioquia, el frente 18 Román Ruíz está vinculado a la Segunda Marquetalia, mientras el frente 36 es independiente. No tienen conflicto entre sí y tampoco actúan de manera conjunta.

Sin embargo, la fuerza pública ha golpeado fuertemente el frente 36. Esto hizo que el frente 18 ocupara varias zonas que han quedado “libres”. El frente 18 sí tiene una disputa con las AGC. Sin embargo, ha logrado controlar políticamente varias zonas, aunque su control militar es más débil.

Lea en Razón Pública: No hay una sola explicación para las masacres

En el sur de Tolima, operan el frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia y la columna móvil Ismael Ruíz del CCO. Pero en las palabras de una fuente que conoce la región a fondo, “no he visto la primera muerte por una confrontación entre ellos”. Además, ningún grupo parece controlar la región, ni militar ni políticamente.

En el Catatumbo tampoco hay guerra entre el comando Danilo García de la Segunda Marquetalia y la disidencia del frente 33 vinculada a Gentil. La disputa principal sigue siendo entre el ELN y el EPL, aunque algunas fuentes reconocen que estas disidencias pueden enfrentarse en el futuro. Sin embargo, debido a la cantidad de grupos armados en la región, su control territorial es limitado.

Este análisis corto pone en evidencia que estos grupos son una clara amenaza para las regiones, pero no para el Estado central. Conocer sus alcances es una tarea difícil que únicamente puede hacerse brevemente en este texto. Hay muchos temas que requieren más investigación a fondo para dimensionar su poder real.

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Kyle Johnson Juanita Vélez

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Kyle Johnson Juanita Vélez

*Cofundadores e investigadores de la Fundación Conflict Responses.

ISSN 2145-0439

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