La CREG: entre la autonomía técnica y las dificultades administrativas

La CREG enfrenta dificultades internas debido a la falta de nombramientos por parte del presidente, lo que afecta su capacidad para tomar decisiones clave. A pesar de las críticas por parte del Gobierno Nacional, la CREG sigue siendo fundamental en la regulación del mercado eléctrico.

José Fernando Isaza*

Tarifas y requisitos 

Es indudable que, en la Costa Atlántica, las tarifas de la energía son un 40% más alta con respecto al resto del país. En los estratos 1, 2 y 3 el pago de la energía puede representar hasta el 20% de los ingresos familiares. Sin embargo, es importante señalar que el diagnóstico realizado por el presidente la semana pasada en Cartagena se aleja de la realidad. 

En pocas palabras, Gustavo Petro afirma que Colombia es el único país de la región en que los costos (SIC) de la energía no son regulados por el Estado. Aunque podría estar haciendo alusión a los precios, el mandatario desconoce que en Colombia existe una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía que tiene ese objetivo.

Según el Decreto 1260 de 2013, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es “una Unidad Administrativa Especial, con autonomía administrativa, técnica y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Minas y Energía”. En resumen, la entidad apareció en 1994 con la finalidad de regular las actividades de los servicios públicos en Colombia y asegurar la disponibilidad de energía y gas. 

La dirección de la CREG está presidida por el ministro de Minas, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento Nacional de Planeación, y seis expertos nombrados por el presidente por un período de 4 años. Durante la actual administración, la CREG ha tenido múltiples dificultades para reunir el quórum decisorio, ya que Gustavo Petro aún no ha nombrado a todos los expertos. 

Los requisitos para ser nombrado en la CREG son: “ser titulado en ingeniería, administración de empresas o similares, derecho y estudios de posgrado”. Como puede apreciarse en la cita anterior, son condiciones razonables si se piensa en la complejidad del cargo. De igual forma, vale la pena precisar que es obligatorio tener al menos seis años de experiencia técnica en el área energética. 

El argumento que sostiene el presidente, junto con el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, es que los requisitos son excesivos y discriminan con la equidad de género. Sin embargo, esta postura pasa por alto que la mitad de los profesionales en el sector de energía, administración y derecho son mujeres. Dado que los requisitos están establecidos por ley, cualquier reforma deberá realizarse mediante su modificación. La nueva ley de servicios públicos buscaría reducir estas exigencias.

La inversión estatal  

La CREG surgió de la Constitución de 1991 y del apagón de 1992. Desde su creación, ha permitido y estimulado la participación de inversores privados y públicos en el sector eléctrico. También, durante el fenómeno de El Niño, tomó acciones para regular los despachos de energía e impedir racionamientos.

Si las tarifas se fijan de acuerdo con lo que pretende el presidente, difícilmente se realizarán las inversiones necesarias para atender la creciente demanda y la sustitución gradual de la generación térmica por generación renovable. De igual manera, sería una forma de expropiación si, por decisión presidencial, se reduce en un monto significativo las tarifas sin contar con los soportes técnico-económicos. 

En la misma alocución, el presidente Gustavo Petro afirmó que “cinco mayores empresas controlan el 70 % de la generación eléctrica”. Asimismo, dio unas cifras inventadas sobre las supuestas utilidades que perciben los empresarios a costa de los 55 millones de colombianos. 

De las cinco empresas, tres solo tienen capital estatal, una es mixta y buena parte de su capital es público. EPM genera el 25 % de la energía; Engesa, en la que el Distrito Capital posee el 50 %, genera el 18 %; Gecelca, 100 % de patrimonio del Estado, genera el 3,5 %; y Urra, 100 % estatal, genera el 2 %. En total, las anteriores centrales generan el 48,5 % de la energía. 

El Estado tiene la facultad de regular las tarifas y, con excepción de Isagen, las grandes generadoras son estatales o la mayoría de su capital es público. Por esta razón, resulta desafortunado que el mandatario descargue la responsabilidad de las altas tarifas en los generadores, sobre todo cuando la realidad es mucho más compleja. 

La composición de la tarifa eléctrica en la Costa Caribe tiene la siguiente estructura: generación 31,5 %; transmisión 6,5 %; restricción 3 %; distribución 24 %; comercialización 14%; y, por último, pérdidas 21%. Hay que aclarar que las pérdidas son elevadas porque incluyen no solo las técnicas, sino la energía consumida no facturada y, por ende, no pagada. Para muchos expertos hay un círculo vicioso entre el mal servicio, las conexiones fraudulentas y el no pago. 

Además, en la factura del servicio eléctrico se incluye el cobro por el alumbrado público. Por ejemplo, en Barranquilla recientemente se exoneró de este cargo a los estratos 1 y 2. Para los estratos 3 a 6, el cargo oscila entre 13 mil y 84 mil pesos mensuales, independientemente del consumo. Aunque el alumbrado público es un servicio esencial, en muchos municipios se asume con los impuestos recaudados. 

El Gobierno Nacional anunció recientemente anunció que pagaría parte de la deuda acumulada por la opción tarifaria, cerca de $ 226 pesos/kWh, la cual puede apreciarse en la factura. Esperemos que esta decisión alivie un poco la carga de los usuarios. 

Además de crearles riesgos reputaciones, es desafortunado haber culpado de las elevadas tarifas en la Costa Atlántica a las empresas que, con capital municipal de Bogotá y Medellín, generan el 43% de la energía total. Pareciera que quiere castigar a estos municipios porque, sencillamente, no apoyaron a sus candidatos en las pasadas elecciones. 

La situación de las tarifas eléctricas en la Costa Atlántica revela la complejidad del sector energético en Colombia y la importancia del papel que desempeña la CREG en su regulación. Aunque enfrenta dificultades internas debido a la falta de nombramientos clave, la CREG sigue siendo un actor central en garantizar la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico. Reformar su estructura y mejorar su funcionamiento interno serán esenciales para enfrentar los desafíos actuales y futuros, sin comprometer las inversiones necesarias para el crecimiento y la transición energética del país.

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