México: transición democrática, organizaciones de traficantes e inseguridad
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Las organizaciones criminales nacieron al amparo del poder político y su violencia se disparó con la dispersión del poder político y policíaco, según explica el reconocido analista mexicano en esta historia dolorosa pero absorbente y llena de enseñanzas.
Luis Astorga
No siempre fueron violentos
En México ha habido tráfico de drogas desde hace mucho tiempo. Hacia los años veinte del siglo pasado, cuando se dieron las primeras leyes contra la marihuana y la amapola, surgieron bandas que traficaron durante varias décadas, pero su violencia no fue muy amplia ni muy frecuente. Tampoco sus enfrentamientos con los representantes de la ley. A finales de los años sesenta empezó a observarse un crecimiento de la curva de violencia, pero no llegó a poner en riesgo la capacidad del Estado para contener a quienes la estaban ejerciendo. Los traficantes no le disputaron al Estado de manera deliberada el monopolio de la fuerza.
El orden que se rompió
El sistema de partido de Estado que se creó después de la revolución mexicana construyó instituciones de seguridad con atribuciones extralegales que le permitieron aplicar dos acciones de manera simultánea: proteger y contener a los traficantes. El negocio ilegal nació subordinado al poder político y éste mantuvo esa capacidad mientras duró el Estado autoritario.
La correlación de fuerzas y la relación de supeditación, al igual que la violencia y el mercado interno de las drogas ilegales, se empezaron a modificar en la misma medida en que se debilitaba y fracturaba el sistema de partido de Estado. El mercado mundial de las drogas ilegales crecía, la capacidad económica, de corrupción y el armamento de mayor calibre y poder de destrucción de los traficantes también, mientras el Estado autoritario y sus mecanismos de control desaparecían y el país transitaba hacia la democracia.
Transición sin previsión
El tema de la seguridad y los retos de las poderosas organizaciones de traficantes no fueron prioritarios para la clase política en los primeros años de la transición. Los partidos políticos estaban más interesados en las posibilidades que se les presentaban para ganar más y mejores posiciones de poder. En la competencia se olvidaron de construir las instituciones de seguridad y procuración de justicia acordes con la nueva época, como si la transformación y consolidación de éstas se fuera a dar de manera automática.
La competencia de partidos y la alternancia en el poder se dieron sin acuerdos para crear una política de seguridad de Estado. El resultado fue una fragmentación del Estado y una mayor debilidad para enfrentar los desafíos de los grupos criminales, quienes pasaron de la supeditación política a los ataques directos y a la disputa por el control de instituciones de seguridad. Algunas organizaciones agregaron a la estrategia la expansión territorial de sus actividades, el intento de control territorial, y la diversificación de la renta criminal al incorporar, por ejemplo, la extorsión a negocios legales e ilegales, el secuestro, el tráfico de personas, y la piratería.
Las dos grandes coaliciones de traficantes: Sinaloa y el Golfo
La violencia desbordada de los últimos años en México ha sido generada principalmente por dos grandes coaliciones de traficantes originarias de dos estados de la federación, con socios en distintas partes del país. La primera coalición nació en el estado de Sinaloa y la segunda coalición – llamada "cartel del Golfo"- nació en el estado de Tamaulipas. Ambas surgieron y se desarrollaron en la época del sistema de partido de Estado en posición de dependencia del campo político. La primera es más antigua y reinó sin competencia hasta finales de los años ochenta. La segunda es más reciente y logró colocarse por encima de sus competidores del noroeste en sólo un sexenio, el de la administración Salinas (1988-1994). Rompió la hegemonía histórica de los sinaloenses en el campo del tráfico de drogas.
Lo descrito más arriba sintetiza las condiciones de posibilidad que permitieron un mayor margen de autonomía de las organizaciones de traficantes y de las instituciones policiacas respecto del poder político, ahora fragmentado.
La coalición de traficantes de Sinaloa
El estado de Sinaloa era ya en los años cuarenta el principal productor de amapola y goma de opio en México. Los traficantes locales eran conocidos como los "gomeros". En los cincuenta, la prensa local calificó a su capital, Culiacán, como un "Chicago con gángsters de huarache".
En los años setenta y hasta su captura en 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue considerado el líder más importante de su época. Fue policía y trabajó como guardaespaldas de la familia del gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968). Según la DEA, Félix Gallardo era socio del químico hondureño Ramón Matta Ballesteros, principal enlace con los colombianos para el tráfico de cocaína, entre los cuales estaba Pablo Escobar. Matta había trabajado anteriormente con el traficante de cocaína más importante que operaba en México: el cubano Alberto Sicilia Falcón, capturado en 1975 por las autoridades federales mexicanas.
El negocio de la cocaína en México pasó a manos de los traficantes mexicanos, particularmente de los sinaloenses bajo el liderazgo de Félix Gallardo. La coalición que dirigió y cuya cohesión logró durante algunos años estaba conformada por otros personajes cuyo liderazgo daría mucho que hablar tiempo después al crecer sus propias organizaciones y luchar entre sí. Del municipio de Badiraguato: Juan José Esparragoza Moreno, Ernesto Fonseca, Rafael Caro Quintero, y Joaquín Guzmán Loera; Héctor Palma, del municipio de Mocorito; Amado Carrillo, del Guamuchilito, poblado a unos 40 kilómetros de Culiacán; y los hermanos Arellano Félix, surgidos de la clase media de la capital sinaloense. Con la excepción de estos últimos, todos los demás son originarios de zonas rurales o semirurales. Varios de ellos establecieron posteriormente sus principales centros de operación en distintas partes del país: Culiacán, Guadalajara, Tijuana y Ciudad Juárez.
Los sinaloenses eran los principales traficantes de heroína, marihuana y cocaína. El campo del tráfico de drogas ilegales en México empezó a formarse en los años veinte con las prohibiciones para cultivar y comercializar la marihuana y la amapola. Los traficantes sinaloenses lograron mantener la hegemonía en ese campo durante varias décadas.
La Operación Cóndor y el caso Camarena
Ante el aumento de la demanda de marihuana en Estados Unidos en los años sesenta, el presidente Nixon ordena la Operación Intercepción en la frontera con México en 1969. Y en el noroeste de México, en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, zona donde se concentraba la mayor parte de la producción de marihuana y amapola, y a raíz de la violencia entre grupos de traficantes sinaloenses, el gobierno federal lanza entre 1975 y 1978 el primer gran operativo militar antidrogas en el continente americano con diez mil soldados: la Operación Cóndor.
La medida afectó la producción en esa zona en lo inmediato, lo que provocó la expansión de los cultivos hacia otras regiones y un repunte poco después donde el operativo militar había concentrado sus esfuerzos. Los militares y las policías federales cometieron violaciones a los derechos humanos, especialmente de campesinos cultivadores y cuidadores de sembradíos. Ningún líder importante del negocio ilegal fue capturado. Culiacán dejó de ser el centro de operaciones y el lugar de residencia de la cúpula del tráfico de drogas en el país. Guadalajara se convirtió en la sede de la coalición de traficantes sinaloenses liderados por Miguel Ángel Félix Gallardo.
El asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, cuya autoría intelectual fue atribuida a Félix Gallardo y socios, tuvo repercusiones graves para la coalición sinaloense, sus redes de protección en la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF), y para la reconfiguración del campo del tráfico de drogas en México. Fueron capturados Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero, y el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) luego de fuertes presiones del gobierno estadounidense para resolver el caso, desapareció la DFS en 1985. Parte de las atribuciones de ésta se concentraron en la PJF pero ya sin la fuerza que tuvo la DFS durante cuatro décadas. Nunca más volvió a tener el sistema de partido de Estado la capacidad de control político y policíaco sobre el campo del tráfico de drogas y sus agentes. Fue el principio de una época que va a mostrar una creciente autonomía del campo del tráfico de drogas y las corporaciones policíacas respecto del poder político.
Rupturas y escisiones
Antes de la captura de Félix Gallardo la coalición que lideraba tuvo su primera escisión importante: la mancuerna Héctor Palma- Joaquín Guzmán. También la segunda escisión de peso después de su captura: la de los hermanos Arellano, quienes se trasladaron a Mazatlán, luego a Guadalajara y finalmente a Tijuana. El grupo que consolidará la alianza más fuerte será el conformado por Palma, Guzmán, Carrillo, Zambada, y Esparragoza.
El 11 de septiembre de 2004 fue asesinado en Culiacán el menor de los hermanos de Amado y Vicente Carrillo, Rodolfo. Joaquín Guzmán Loera fue señalado por las autoridades federales como el autor intelectual. Desde 2003 había antecedentes de enfrentamientos entre los dos grupos. Fue el inicio de la tercera escisión importante de la coalición de organizaciones sinaloenses.
En enero de 2008 militares capturaron a Alfredo Beltrán Leyva en Culiacán. Y en mayo del mismo año fueron asesinados en la misma ciudad un hijo, Édgar, y un sobrino de Joaquín Guzmán, además del hijo de una presunta lavadora de dinero de la organización de Guzmán. Corrieron versiones de diferencias entre los Beltrán y Guzmán. Los primeros habrían pactado con los "Zetas" en 2007, sin avisar a los demás miembros de la coalición. Guzmán habría proporcionado información para la captura de Alfredo Beltrán y en represalia sus hermanos habrían eliminado a los familiares de Guzmán. De ahí la cuarta gran escisión de la coalición sinaloense y la conformación de presuntas nuevas alianzas: Carrillo-Beltrán-"Zetas". Los altos niveles de violencia en 2008 y los actuales tendrían que ver con la reconfiguración de las coaliciones y las disputas por lograr la hegemonía en el campo del tráfico de drogas.
La coalición de traficantes del Golfo, García Ábrego y Cárdenas
En la administración de Carlos Salinas (1988-1994), la organización de traficantes de Tamaulipas encabezada por Juan García Ábrego, socio de los traficantes de Cali, se colocó por encima de los sinaloenses. Fue un ascenso meteórico y atípico, ya que los tamaulipecos nunca habían aparecido como personajes importantes en el negocio en la historia del tráfico de drogas en México. No tenían la antigüedad, la permanencia y la fortaleza de sus rivales de la costa del Pacífico.
La organización de Tamaulipas, también conocida como del Golfo, recibió el apoyo del comandante de la PJF Guillermo González Calderoni. En la estructura de poder en México difícilmente podría haberlo hecho sin acatar órdenes superiores.
García Ábrego fue capturado en enero de 1996, en la administración Zedillo (1994-2000) y extraditado inmediatamente a E.U. Se argumentó que había sido una deportación ya que también tenía un acta de nacimiento estadounidense, posterior a la mexicana. La justicia estadounidense lo condenó a 11 cadenas perpetuas. Sus abogados hacen gestiones para que regrese a México y alegan que fue desterrado.
Los traficantes de Tamaulipas comenzaron a disputarse el liderazgo. En 1998, Osiel Cárdenas y Salvador Gómez fueron detenidos en Matamoros y enviados a la Ciudad de México. Se fugaron y regresaron a Tamaulipas. Gómez fue asesinado ese mismo año y Cárdenas asumió el liderazgo de la organización. Después de un enfrentamiento a balazos con militares en las calles de Matamoros, en marzo de 2003, Cárdenas fue capturado.
Estar en prisión no parecía haber causado un efecto disuasivo en Cárdenas, pues su organización era más grande, fuerte y violenta que cuando estaba en libertad y la Procuraduría General de la República (PGR) lo seguía mencionando como el líder. La PGR señaló que gente de la banda de Osiel, particularmente los "Zetas", había estado intentando ganar posiciones en el sureste, en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Se habían detectado contactos de los gatilleros con policías ministeriales de esos estados. En esa parte del país, donde en años anteriores los sinaloenses de la banda de los Carrillo no tenían competencia, las disputas por el control de la región se le atribuyeron a las bandas de Osiel y el "Chapo" Guzmán. En una entrevista periodística, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) afirmó que las bandas de Osiel y el "Chapo" se disputaban el negocio del tráfico de drogas en el país y que las demás estarían subordinadas a una u otra.
Entre los socios de Osiel en Colombia, según las autoridades de ese país, estaba Manuel Mejía Múnera, uno de los "Mellizos", hermano de Miguel Ángel, quien se encontraba en la lista de los 12 traficantes más buscados por las autoridades de E.U. Trabajaron con la organización de traficantes de Medellín. Fundaron posteriormente la banda de "Los Nevados". Compraron la franquicia del grupo paramilitar Bloque Vencedores de Arauca. Manuel murió en un enfrentamiento con la policía colombiana en abril de 2008. Su hermano Miguel Ángel fue extraditado a E.U en marzo de 2009.
En marzo de 2005, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acompañado de su homóloga estadounidense Condoleezza Rice, anunció la extradición, firmada el 7 de marzo, de Cárdenas a Estados Unidos, pero se concretizó en enero de 2009, en la administración Calderón.
Exmilitares y paramilitares
Osiel Cárdenas se distinguió de otros líderes del tráfico de drogas por varias razones: introdujo el paramilitarismo vinculado con el tráfico de drogas al cooptar a un grupo de militares de élite, escaló el nivel de los ataques a las instituciones del Estado, fue proclive a las acciones clientelistas de amplia cobertura mediática, como el regalo de juguetes a los niños o comida a damnificados, se interesó más en los medios de comunicación que sus homólogos y los utilizó cuando lo creyó conveniente; le preocupaba su imagen en los mismos. Era como si coexistieran en él, el empresario de la ilegalidad, el guerrero y el populista.
Según la PGR, en 1996 ingresó a las Bases de Intercepción Terrestre de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) un grupo de militares conocidos posteriormente como los "Zetas". Dependían de la Coordinación de Operaciones de dicha institución, dirigida por militares. Fueron enviados a Tamaulipas y a finales de 1999 y principios del 2000 desertaron varios de ellos. El titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó que el grupo de los "Zetas" estaba conformado por alrededor de 40 ex militares, entre tenientes, subtenientes y ex-miembros de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES). Pasaron a formar parte de la organización de Osiel Cárdenas.
En 2005, el titular de la SIEDO dijo que de un grupo original de alrededor de 50 "Zetas" (en otras ocasiones habló de 30 o 40) sólo quedaban como 12 y que la disminución de sus efectivos y capacidades los habrían inclinado a la contratación de 30 Kaibiles -un grupo de élite del Ejército de Guatemala – para entrenar más civiles de la organización de traficantes de Tamaulipas, cuyo liderazgo estarían disputando el líder de los "Zetas", Heriberto Lazcano y el hermano de Osiel Cárdenas, Antonio "Tony Tormenta". Según el titular de la SIEDO, los ex GAFES se habrían rebelado a la autoridad de Cárdenas y habrían cerrado filas con su líder de origen militar.
El subprocurador mexicano, José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó a finales de 2005 que la mayoría de los miembros originales de los "Zetas", que habían sido entrenados en la Escuela de las Américas, ya estaban muertos o en prisión. Más tarde agregó que después de la captura de Osiel la organización la dirigía su hermano Antonio. Informó que los "Zetas" habían desarrollado una red de corrupción de policías municipales y estatales. Los "Zetas" también extorsionan en la zona fronteriza de Tamaulipas, dijo, a comerciantes, empresarios y profesionales con sumas que van de los tres mil a los cinco mil dólares mensuales; y cobran derecho de piso a bandas más pequeñas de traficantes.
Según el FBI, los "Zetas" traficaban con migrantes de "especial interés" para Estados Unidos y competían con la Mara Salvatrucha. A Estados Unidos le preocupaba que pudieran ser empleados por Al Qaeda. Acerca de los "Zetas" dijeron: "tienen en sus filas a muchos ex militares mexicanos entrenados por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en tácticas antinarcóticos".
Para el procurador de la administración Fox, Daniel Cabeza de Vaca, los "Zetas" fueron originalmente unos 28 o 29 desertores de grupos especiales del Ejército que fueron contratados como sicarios por Osiel Cárdenas. Luego, explicó, a todos los gatilleros de esa banda se les empezó a designar como "Zetas". Dijo: "más que un grupo, una banda en sí, son un fenómeno, y en muchos casos es un mito que tiene su origen en un grupo de desertores de nuestro Ejército". El "mito" seguía sembrando cadáveres por donde pasaba.
El FBI afirmó que los "Zetas" en Estados Unidos habían contratado los servicios de miembros de pandillas como la Mexican Mafia, el Texas Sindicate, la MS-13 y Los Hermanos Pistoleros Latinos. Los estadounidenses señalaron que habían contratado a ex kaibiles y a miembros de la Mara Salvatrucha, y que tenían campos de entrenamiento en Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán.
Otro grupo paramilitar, aliado primero y luego rival de los "Zetas", es el de la llamada "Familia". Surgió en Michoacán y ha extendido su influencia a otras partes, como Guanajuato, Oaxaca y el Estado de México. Se formó en 2004, presuntamente por ex miembros de los "Zetas", y comenzó a disputarle a la organización de los hermanos Valencia el control de una parte de la llamada Tierra Caliente.
Comienza el terrorismo en las ciudades
El 15 de septiembre de 2008, cuando se celebraba un aniversario más del Grito de Independencia en la plaza central de Morelia, Michoacán, fueron lanzadas dos granadas hacia la multitud que escuchaba las palabras del gobernador. Hubo muertos y heridos. Era la primera vez que sucedía algo parecido en el país. Dos meses antes, en Sinaloa, un grupo de 8 jóvenes menores de 21 años de ambos sexos, tres de ellos entre 13 y 15, que viajaban en varios vehículos y esperaban el cambio de luces del semáforo fueron acribillados sin razón aparente. En el lugar se recogieron más de 300 casquillos de diferentes armas, como G3, AR-15, AK-47 y 9 mm. Y en Culiacán, una joven enfermera embarazada y su esposo fueron asesinados con balas de AK-47, 9 mm y 38 súper en pleno día frente a un centro comercial.
Los atacantes, en el caso de Morelia, fueron relacionados con traficantes, particularmente con el grupo "La Familia", y las víctimas como blanco de acciones terroristas. El líder de esa organización es lector de la Biblia y se hace llamar "el más loco". En Sinaloa no se mencionó a ningún grupo en particular. En todos esos casos fueron civiles objeto de una violencia aparentemente calculada para causar zozobra en la población y presionar a las autoridades para que modificara sus estrategias contra los traficantes.
Cinco mil muertos
Michoacán es el lugar de nacimiento del presidente Calderón y donde se puso en marcha el primer operativo militar antidrogas de su administración. La fecha del atentado tiene una enorme carga simbólica. Marcó la transgresión de otro límite en un escenario donde parece haber una competencia entre organizaciones de traficantes para ver cuál de ellas realiza las acciones más osadas y sangrientas.
Sinaloa es el lugar de origen de la mayor parte de los líderes del tráfico de drogas en el país. No se ha mostrado que haya habido un acuerdo entre organizaciones de esos estados para atacar a la población indefensa. Pero ese tipo de acciones podría multiplicarse.
El Estado ha mostrado debilidades en su capacidad de contención y neutralización de los grupos violentos, en el trabajo de inteligencia para prever e inhibir sus actos. Según la contabilidad oficial y la de varios medios de comunicación impresos, los homicidios presuntamente vinculados con el tráfico de drogas fueron más de cinco mil en 2008, de los cuales aproximadamente el diez por ciento fue de militares, policías y funcionarios de seguridad. Un incremento de más del cien por ciento comparado con 2007, según el titular de la PGR.
Presente traumático, futuro dudoso
Las acciones del gobierno federal más las disputas internas en las organizaciones han provocado escisiones en las coaliciones de traficantes, pero no una fragmentación, es decir la reducción a partes pequeñas sin fuerza suficiente para retar al Estado. De hecho, se han conformado nuevas coaliciones. La que conjugaría quizás la mayor capacidad de generar violencia es la alianza entre los hermanos Beltrán Leyva, los Carrillo y los "Zetas". De consolidarse esa coalición estaríamos ante el surgimiento del más poderoso aparato paramilitar en el campo del tráfico de drogas.
Sin una visión de Estado de las distintas fuerzas políticas para construir y consolidar las instituciones de seguridad y procuración de justicia que permitirían contrarrestar los embates de esos grupos, lo más probable es que los traficantes no se conformen con tener solamente presencia territorial y el control de quienes ocupan posiciones de poder en las instituciones de seguridad, sino que pretendan controlar territorio e influir en las decisiones políticas, combinar el poder económico con el poder político, al estilo de la Cosa Nostra, la Camorra, o los paramilitares en Colombia.
Las instituciones de seguridad y procuración de justicia que heredó de administraciones anteriores el presidente Calderón (2006-2012) no permiten ser optimistas en cuanto a la capacidad de su gobierno, no sólo para contener los embates de las organizaciones de traficantes, sino para imponer claramente la autoridad del Estado en el corto plazo.
La falta de acuerdos políticos sustantivos en la administración Fox (2000-2006) y las difíciles y polémicas circunstancias en las que Calderón llegó a la presidencia, prefiguraban la continuidad de un escenario de lucha política que no permitiría en el corto plazo lograr los acuerdos necesarios para reformar y consolidar las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Acuerdos que apenas en 2008 se concretaron.
Además, desde la administración Zedillo, las fuerzas armadas habían empezado a jugar un papel cada vez más importante en la estrategia antidrogas, en el ocaso del sistema de partido de Estado y los inicios de la transición democrática. Calderón decidió acelerar esa tendencia con la esperanza de contener el avance de las organizaciones de traficantes y su belicosidad. El enemigo resultó ser más tenaz que lo esperado. Los traficantes intensificaron las agresiones entre ellos, contra policías, militares y funcionarios de seguridad, y además contra la sociedad civil. La presencia masiva de militares y policías en varios estados del país no ha sido suficiente para inhibir el negocio ilegal ni la capacidad de los traficantes para corromper, generar violencia y condiciones de ingobernabilidad.
Militarización contra la droga
La situación es crítica. Partidarios políticos del presidente, opositores y la mayor parte de la sociedad civil ha expresado su apoyo a la presencia de los militares, a pesar de los resultados insatisfactorios en lo que se refiere a los niveles de violencia. Nadie ha querido ponerle fecha al retiro de las fuerzas armadas. Su permanencia aumenta las probabilidades de corrupción y el riesgo de expansión del paramilitarismo vinculado con el tráfico de drogas si por lo menos una parte de los desertores ingresan a las organizaciones de traficantes.
Pero por otro lado se sabe que los niveles de corrupción, preparación y confianza de las policías del país son problemas difíciles de resolver en el corto plazo, dados los rezagos existentes. Y además, no hay nada dentro y fuera de México que permita pensar que habrá un cambio radical de la política sobre drogas, en el sentido de descriminalización progresiva de algunas de ellas, por ejemplo. En esas condiciones, es posible prever que los traficantes continuarán escalando los niveles de violencia, "tradicional" o caracterizada como terrorista, hasta que algún grupo o coalición logre la hegemonía, o hasta que el Estado democrático logre imponerles su autoridad y las reglas del juego.
Entre México y Washington
La administración Calderón espera que la Iniciativa Mérida, aprobada en 2008 durante el gobierno del presidente Bush, sea un mecanismo de cooperación bilateral eficaz que contribuya a fortalecer las capacidades del Estado mexicano en asuntos de seguridad y procuración de justicia. Y que Estados Unidos asuma su responsabilidad en la reducción de la demanda de drogas, y en el tráfico hacia México de armas de asalto y de dólares producto de la venta de drogas. Nada que no se haya exigido anteriormente, pero que llama cada vez más la atención de amplios sectores de la sociedad estadounidense por los altos riesgos que perciben para su seguridad, particularmente en la frontera con México. Temen que los actos violentos se den en su propio territorio.
* Luis Astorga es Doctor en Sociología por la Universidad de París I y trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es Coordinador de la Cátedra UNESCO "Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas". Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Autor de los libros Seguridad, traficantes y militares, México, Tusquets, 2007; Drogas sin fronteras, México, Grijalbo, 2003; El siglo de las drogas, México, Plaza y Janés, 2005 (Espasa-Calpe, 1996); y Mitología del ‘narcotraficante' en México, México, UNAM/Plaza y Valdés, 1995. Ha publicado numerosos artículos sobre el tráfico de drogas ilegales en libros colectivos y en revistas científicas y especializadas de países como México, Estados Unidos, Colombia, Francia, Italia, la India, Gran Bretaña y Bélgica.
Acerca del autor
Luis Astorga
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