El gobierno propone un nuevo plan de austeridad, pero estos planes no funcionan y además nos hacen daño. Esta es la explicación*.
Federico Corredor** y Paula Martínez***
Una mala idea
El Ministerio de Hacienda acaba de publicar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) donde propone recortar el gasto público para frenar el aumento del déficit fiscal.
Esta parece ser una medida natural u obvia, y sin embargo es ilusoria, además de irresponsable y perniciosa para la economía colombiana:
- Es ilusoria porque los recortes del gasto que programa el Ministerio no se cumplen en la práctica. Históricamente, el gasto ha venido aumentando de manera sostenida, aunque los gobiernos sucesivos se hayan propuesto reducirlo.
- Es irresponsable porque los recortes tendrían que hacerse en los renglones de inversión y de gasto social. Las demás partidas (pago de deuda, funcionamiento…) son muy inflexibles.
- Y es perniciosa para la economía porque la sostenibilidad fiscal no depende meramente de que el gobierno se apriete el cinturón, sino de que sus ingresos aumenten de manera estable y permanente.
El gasto seguirá aumentado
Según el Ministerio de Hacienda, este gobierno va a optimizar el gasto, protegiendo la inversión pública. Su estrategia consiste en:
- Focalizar bien ese gasto, para que no haya desperdicios
- Sustituir pasivos de alto costo, o sea por los cuales hoy se pagan altas tasas de interés, y
- Modernizar la administración pública.
En conjunto estos esfuerzos lograrían ahorros cercanos al 3,5 por ciento del PIB entre 2019 y 2030.
Pero el gasto público en todas partes del mundo tiende a aumentar en vez de disminuir. Tanto así que esta se llama la Ley de Wagner, y está bien sustentada por la evidencia empírica: el gasto del Estado como porcentaje del PIB tiende a crecer, especialmente a medida que la sociedad se vuelve más compleja, o más desarrollada.
Recortar el gasto público para frenar el aumento del déficit fiscal. Parece ser una medida natural u obvia, y sin embargo es ilusoria, además de irresponsable y perniciosa para la economía colombiana.
En Colombia, el informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública de 2017 concluye que el gasto del Gobierno Nacional Central ha aumentado significativamente en los últimos 25 años, y afirma que una simple contracción del gasto puede afectar seriamente las condiciones de la población más vulnerable.
El MFMP propuesto por el ministro Carrasquilla afirma que el gasto total pasará de 19 por ciento del PIB en el 2019 a 18,4 en 2021. Pero el MFMP del gobierno anterior proponía como meta para este último año un 17,4 por ciento —es decir que ya de entrada se corrió la meta que se había fijado—.
La Comisión de Gasto también expresó su escepticismo frente a este tipo de iniciativas, al resaltar que pese a los ajustes anunciados año tras año, el gasto en funcionamiento se mantuvo en 13,8 por ciento.
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A quién afectaría el recorte
 La Ley de Financiamiento se enfocó en solucionar problemas de liquidez a corto plazo. Foto: Alcaldía de Facatativá |
EL MFMP prevé que el gasto en funcionamiento e inversión pasará de 16 por ciento del PIB en 2019 a 14,7 en 2030. Dada la inflexibilidad del gasto (pensiones, servicio de la deuda y otras obligaciones perentorias del Estado), el cumplimiento de esta meta afectaría de manera significativa el rubro que se destina a la inversión y el gasto social.
Algunos datos permiten ilustrar de manera más precisa el argumento. El gobierno colombiano destina a la atención integral de niños menores de 5 años un 0,3 por ciento del PIB anual, mientras que México destina un 0,6 y Chile un 0,8. Así mismo, la inversión del gobierno no alcanza a cubrir ni siquiera al 50 por ciento de los niños, mientras que los países miembros de la OCDE y México atienden a más del 80 por ciento. O sea que, para atender medianamente a la niñez, el presupuesto actual tendría que duplicarse.
Por otro lado, según el Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el último lugar en carreteras y ferrocarriles, y el puesto 37 y 36 en puertos y terminales aéreos entre un total de 40 países.
Además de este tipo de datos, y sin contar el ingreso masivo de venezolanos (que fue una razón básica para que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal diera un mayor margen al déficit), Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de la región. Más todavía: la reducción de la pobreza se detuvo, y todo parece indicar que ésta volvió a aumentar en el 2019.
Ante un escenario semejante, resulta inconcebible que en el documento que planea el papel del Estado para los próximos 10 años, se hable de manera tan despreocupada de reducir el gasto sin mencionar la necesidad de reestructurar de manera profunda los ingresos tributarios.
A la espera de otra reforma tributaria
De acuerdo con el MFMP no habrá necesidad de nuevas reformas tributarias hasta el 2030. Una afirmación risible.
Para el gobierno, la responsabilidad de despejar el panorama fiscal recae sobre la Ley 1943 de 2018 o “Ley de Financiamiento”, que, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, tendría dos beneficios importantes:
 El gobierno ha dicho lo que el pueblo quiere escuchar, pero su propuesta de reducción del gasto es peligrosa. Foto: Cancillería |
- Permitiría un crecimiento adicional de al menos 3,4 puntos porcentuales en la inversión anual, y un crecimiento adicional del 4 por ciento del PIB en el mediano plazo.
- Fortalecería y modernizaría a la DIAN, lo que a su vez traería un recaudo adicional de por lo menos 0,2 por ciento del PIB para 2020 y 1,3 a partir del 2023, debido a la menor evasión de impuestos y gracias a la factura electrónica.
Pero a pesar de estas cifras, la ley de financiamiento no propuso nada diferente de lo que han venido haciendo otras medidas de este tipo, a saber: solucionar problemas de liquidez en el corto plazo. Una vez los precios del petróleo vuelvan a caer, habrá que tramitar una nueva reforma tributaria.
La Ley de Financiamiento planteó una reducción significativa en la carga tributaria de las empresas, bajo el supuesto que esto daría incentivos a la inversión y redundaría en un mayor crecimiento. No obstante, este supuesto es discutible cuando se contrastan las tasas nominales con las tasas efectivas de tributación. La tributación en Colombia está bastante por debajo del promedio de la OCDE, en gran parte por cuenta de los beneficios tributarios que reducen significativamente el recaudo fiscal. Nada más para 2016 estos alcanzaron la cifra de 65,3 billones de pesos.
La ley de financiamiento no propuso nada diferente de lo que han venido haciendo otras medidas de este tipo, solucionar problemas de liquidez en el corto plazo.
Por su parte la modernización de la DIAN y la facturación electrónica son iniciativas loables. Pero confiar a ellas la estabilidad fiscal del país durante los próximos diez años es una insensatez. No es la primera vez que a estas disposiciones se les atribuyen resultados excesivos, y no será la primera vez que incumplan su cometido.
En ausencia de una reforma tributaria realmente estructural, los lineamientos del MFMP acabarán siendo perniciosos para la economía colombiana.
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Demasiado optimismo
La esperanza del Gobierno está puesta más que todo en que las empresas y los ciudadanos decidan acogerse a la formalidad tributaria en desarrollo de la Ley de Financiamiento, la modernización de la DIAN y la facturación electrónica.
Esto constituye lo que el MFMP denomina “panorama fiscal despejado”, y lo que en últimas permite que el gobierno no vea la necesidad de una reforma estructural de los impuestos.
El gobierno le dice a la gente lo que la gente quiere oír: que los gobiernos anteriores han sido derrochones y que ahora sí se va a apretar el cinturón. Que sin necesidad de nuevos tributos el gasto se va a reducir, la inversión pública se va a fortalecer y la economía crecerá al 4 por ciento.
El mejor de los mundos. Pero esta reducción del gasto es un espejismo peligroso.
Una mejor administración del gasto puede contribuir ciertamente a la estabilidad de las finanzas públicas, pero la sostenibilidad fiscal implica pensar no solo en cómo gastamos mejor sino en cómo recaudamos mejor. El MFMP deja ver que el Gobierno está pensando en soluciones de corto plazo, pero no está considerando una mejor estructura de recaudo que estabilice los ingresos tributarios en el mediano plazo y que soporte las necesidades crecientes de gasto que el país requiere.
* Este artículo es parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.
**Docente-investigador, Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia
*** Investigadora, Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia