A qué se debe la inflación

La acelerada inflación de los últimos meses se explica en gran medida por el aumento de la demanda agregada que implicó la reapertura de la economía, el aumento en los costos de producción que a su vez comenzó por el alza en los fletes internacionales, y los efectos del paro nacional de mediados del año pasado.

Del 6,94% de inflación anual en 2021, el DANE estima que el 1% fue producto del paro y las protestas sociales, lo cual deja un 5,94% que se explica sobre todo por el alza en los precios de los insumos agropecuarios (herbicidas, fertilizantes, fungicidas y concentrados alimenticios para animales).

Adicionalmente, los costos de transporte, la presión de la demanda derivada de la política fiscal expansiva que sirvió para para mitigar los efectos de la pandemia y la política monetaria que disminuyó la tasa de intervención y estimuló el flujo crediticio son factores que contribuyeron a la inflación.

Así lo corroboran la tasa de crecimiento el PIB en 2021 (10,6% respecto de 2020), y las cifras sobre composición del gasto en 2021, publicadas este martes por el DANE. En efecto: el gasto interno, particularmente el consumo de los hogares y del gobierno aumentó 14,1%, las importaciones aumentaron y las exportaciones disminuyeron, de tal manera que su saldo tuvo un efecto negativo de -13,3%.

Aunque este repunte en el consumo trajo consecuencias muy favorables para una amplia gama de sectores (hoteles, restaurantes, servicios personales, entre otros), la tasa de empleo no se ha recuperado y el crecimiento económico —que realmente fue de 2,7% respecto al año 2019) no se reflejó en la caída del desempleo, pero sí en el aumento de los precios.

¿Qué consumen los más pobres?

Los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los hogares dependen del nivel de ingresos y de la composición del gasto de esos hogares.

De acuerdo con el DANE, los alimentos representan alrededor del 31% de los gastos totales de un hogar en condición de pobreza, el transporte asciende al 8% y el arriendo y los servicios equivalen a más del 40%. En suma, la alimentación, los servicios públicos y el transporte representan el 80% de los gastos mensuales en estos hogares.

Dado que la inflación de los últimos meses se ha referido sobre todo a los alimentos, los arriendos, las bebidas no alcohólicas, los servicios públicos y los combustibles, podemos afirmar que funciona como un impuesto adicional para las personas vulnerables, pues son ellas quienes se ven más afectadas por el aumento de precios de estos bienes.

Y en efecto, el director del DANE Juan Daniel Oviedo afirmó que la variación en los precios de los alimentos afectará de forma desproporcionada a los más vulnerables y podría representar un retroceso en las conquistas de las últimas décadas.

Apretón del ya apretado

Basándonos en los precios del mercado actuales, podemos afirmar que los hogares de tres personas cada mes gastan $1.280.000, distribuidos de la siguiente manera: $604.000 en alimentación, $487.000 en arriendo y $187.000 en transporte. A estas sumas habría que añadir los gastos escolares (que incluyen útiles y uniformes) y otros rubros como los planes de telefonía y el acceso a plataformas digitales de televisión e internet.

Esto significa que los hogares de tres personas que dependen de un salario mínimo ($1.117.000 mensuales) se están viendo obligados a ajustar sus gastos, sacrificar el consumo de proteína (reemplazar la carne de res o el pollo por productos no cárnicos o carnes frías de mala calidad), suprimir al menos una de las comidas diarias o hacinarse en un cuarto de inquilinato con su familia. Esta es la situación que experimentan numerosas familias de ingresos bajos y algunas familias de clase media que han decidido buscar vivienda en estratos 2 y 3 para reducir sus gastos.

Las cifras oficiales publicadas por el DANE muestran que, entre enero de 2021 y enero de 2022, la inflación fue de 6,94% y la de los alimentos y bebidas no alcohólicas llegó al 19,9%. Esto se ha visto reflejado en los aumentos exorbitantes de los precios de bienes como la papa (140%), la carne de res y sus derivados (34,9%), los aceites combustibles (48,5%), las frutas (28,6%) y el pollo (28,9%).

Los alimentos contribuyeron 3,1 puntos porcentuales de la inflación anual (6,94%) y los servicios públicos sumados a los alquileres de viviendas contribuyeron en 1,33 puntos porcentuales.  Estos gastos representaron alrededor del 64% de la inflación anual que, como señalé anteriormente, afectó mucho más a la población en condición de pobreza y a la clase media fuertemente debilitada por las condiciones desfavorables del mercado laboral.

Grandes desigualdades

Al revisar las cifras desagregadas por grupos de ingresos saltan a la vista diferencias importantes: mientras que los hogares de ingresos altos tuvieron una inflación anual de 5,56%, la de los pobres fue de 8,29% y la de los vulnerables llegó al 8,31%. La variación anual del Índice de Precios al Consumidor para la clase media fue de 7,13%.

Las pérdidas del poder adquisitivo debidas a la inflación también muestran diferencias importantes: mientras que los hogares de ingresos bajos y vulnerables perdieron un 7,7% de su capacidad adquisitiva, los hogares de clase media perdieron un 6,7%.

Adicionalmente, la inflación para los pobres superó en un 2,73 puntos porcentuales a la de los hogares de ingresos altos. Y mientras que el peso promedio de los arriendos en los hogares pobres es del 31,6%, en los hogares de clase media es del 25,4% y en los de ingresos altos es del 22,4%.

Estas cifras son muy preocupantes y muestran que los efectos de la inflación fueron sumamente desiguales y perjudicaron mucho más a los hogares pobres y vulnerables.

Los efectos concretos de estas diferencias pueden observarse en el caso de un hogar de cuatro personas clasificado como no pobre: dos adultos vinculados al mercado laboral formal con salarios mínimos y dos hijos escolarizados. Incluyendo los subsidios de transporte, los ingresos familiares mensuales llegan a $2.023.000, y la pareja gasta alrededor de $1.000.000 en arriendo y en servicios públicos y alrededor de $1.200.000 en alimentación y transportes.  Estos gastos agotan los ingresos y los obligan a endeudarse, a cambiar sus hábitos alimentarios o a buscar alternativas de alojamiento menos cómodas, pero más baratas. Probablemente, este hogar engrosará las cifras de pobreza monetaria y multidimensional.

También existen diferencias entre las ciudades: Santa Marta, Cúcuta y Popayán han sido las más afectadas, con tasas del 10,66%, 10,04% y 9,75%, respectivamente. En contraste, Bogotá presenta las menores pérdidas de poder adquisitivo.

¿Qué podemos esperar?

El panorama no es alentador para el primer semestre del año. Lo más probable es que los precios de la canasta básica se mantengan elevados por el aumento de los costos de producción resultantes del encarecimiento de los insumos importados y la oferta insuficiente de algunos bienes agropecuarios.  Además, el aumento de las tarifas de los peajes y otros servicios que están ajustando sus precios con la inflación del año pasado seguirá empujando los precios.

Por otra parte, la recuperación del consumo de las familias pobres y de ingresos medios seguirá su curso, pero es probable que el aumento en las tasas de intervención por parte del Banco de la República no logre el resultado esperado; esto porque los costos del sector agropecuario han aumentado en más del 40%.

Actualmente, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) discute la reducción del arancel para varios insumos importados. De ser aprobada, podría significar un alivio para la presión de los costos que está jalonando la inflación de los alimentos.