Víctimas inocentes del reclutamiento, de la violencia sexual, del desplazamiento forzado… Ya tenemos avances en conocer la verdad, pero ahora tendrían que llegar la justicia y la reparación de esas víctimas.
Katherine López Rojas*
Las cifras
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, nuestra guerra ha dejado 261.197 víctimas fatales, y padecimos 353.351 hechos de violencia entre 1958 y el año pasado. La realidad detrás de estas cifras que suenan frías son las violaciones persistentes de los derechos humanos, que afectan de forma aún más crítica a los niños, niñas y adolescentes.
Según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), por lo menos 16.879 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por diferentes grupos armados en el marco del conflicto armado entre 1970 y 2016. Uno de ellos fue Camilito, de 13 años, quien encontró la muerte en lucha armada durante los años sesenta, como describe el informe. ¿Cuántos más permanecen sin ser nombrados?
El 54% del total de los casos de reclutamiento de personas menores de 18 años se presentó entre 1997 y 2005.
El reclutamiento de personas menores de 18 años ha sido constante durante todo este periodo, pero no uniforme. El 54 por ciento de los casos se presentó entre 1997 y 2005, la época más violenta de las disputas por el control de los territorios y cuando aumentó más rápido el pie de fuerza de cada uno de los actores armados. El reclutamiento aumentó desde los años noventa y encontró su pico más alto en 2003, cuando un total de 7.136 niños, niñas y adolescentes tuvieron que afrontar en carne viva la confrontación armada.
Fuente: Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.
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La deuda
 Aún falta mucho por comprender acerca de las implicaciones de nacer y crecer en el conflicto. Foto: Facebook: Centro Nacional de Memoria Histórica |
Aunque diversas instituciones del Estado (UARIV, ICBF, CNMH) y organizaciones de la sociedad civil han contribuido progresivamente a la documentación y registro de los casos, estos registros han resultado ser memorias y verdades fragmentadas.
La insuficiencia es aún más evidente en las investigaciones y condenas de la justicia ordinaria. Al rastrear sus registros se constatan:
- Demora en los procesos;
- Dispersión de información;
- Incomprensión de los fenómenos de violencia;
- Sacrificio de la verdad como derecho de los niños, niñas y adolescentes —quienes gozan de la prevalencia de sus derechos—.
Todo lo anterior constituye una deuda de la justicia con los niños, niñas y adolescentes del país, que va más allá de los casos de reclutamiento ilícito. El CNMH afirma que el grupo poblacional más afectado por la violencia sexual fueron las niñas, adolescentes y jóvenes y que hay fallas de la justicia frente al esclarecimiento de esos delitos. En 2018 Rodrigo Uprimny reafirmó el aval de la Corte Constitucional frente al tratamiento de estos delitos en la Jurisdicción Especial para la paz (JEP).
La justicia ordinaria tiene serias dificultades para cumplir con la apuesta por la verdad que exigen las víctimas.
Además, en su informe Una nación desplazada, el CNMH determinó que las personas menores de 18 años constituían el grupo más amplio de personas obligadas a desplazarse con ocasión del conflicto armado.
El interés superior del niño está consagrado en la Ley de infancia y adolescencia de 2006 y en los acuerdos internacionales que ha suscrito Colombia: la Declaración de los derechos del niño de 1959 y la Convención sobre los derechos del niño de 1989. Entonces, ¿por qué se siguen vulnerando sus derechos y qué herramientas hemos construido para evitarlo?
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La oportunidad
 Los niños afectados por el conflicto no sólo han sido los reclutados por las guerrillas. Foto: Urna de cristal |
Queda claro que la guerra multiplicó las violaciones de derechos humanos y que la justicia ordinaria tiene serias dificultades para satisfacer los derechos de las víctimas. En cambio, los intentos de paz y los repertorios de la justicia transicional nos han permitido:
- Construir mejores mecanismos para esclarecer lo sucedido;
- Disminuir los eventos de violencia;
- Aumentar el reconocimiento de las víctimas y el número de espacios para que sean oídas;
- Disponer de mejores escenarios de aceptación de responsabilidad por parte de los actores del conflicto.
Como ejemplo de mecanismo transicional tenemos la Ley de Justicia y Paz — aprobada bajo el gobierno Uribe para la desmovilización de los grupos paramilitares—, que tuvo sus aciertos y sus errores. Según el CNMH, el proceso permitió esclarecer hechos relacionados con el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de 13 grupos paramilitares, que dejaron 1.625 víctimas —hasta febrero de 2016—.
Otros hechos continúan bajo el manto del silencio y la incomprensión. Durante el proceso han predominado los relatos de exmiembros de los grupos paramilitares y guerrilleros que se desmovilizaron y que buscaban justificar sus acciones más que poner de relieve a la infancia y la juventud.
Evitar los errores del pasado y cumplir a cabalidad con la apuesta por la verdad es el gran reto que hoy tiene el grupo de instituciones surgidas del acuerdo de La Habana. La Jurisdicción especial para la paz, la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas deben conformar un Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que:
- Destaque como prioridad a los niños, niñas y adolescentes;
- Reconozca las victimizaciones que han sufrido, pero no los reduzca a ellas;
- Abogue por su participación como sujetos de derechos, y
- Favorezca la construcción de la verdad desde sus propias realidades.
La deuda, al igual que la oportunidad con la niñez y la adolescencia, están planteadas. Nuestra tarea como sociedad es decidir si optamos por repetir la historia y desconocer el riesgo que aun corren, o apostamos por darles voz y reconocer la prevalencia de sus derechos eligiendo un camino distinto de la guerra.
Aún falta mucho para reconstruir la vida de quienes nacieron y crecieron en medio del conflicto. Por eso es preciso analizar, reconocer y comprender las dificultades de Colombia para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Hemos dilapidado más de 50 años haciendo la guerra, debemos tener la paciencia para construir la paz.
*Psicóloga y magister en ciencias criminológicas, docente de la Universidad Javeriana, investigadora y consultora en temas de niñez, adolescencia y juventud en el conflicto armado
