Cumbre de la OTCA en Colombia: reafirmación de compromisos y asuntos pendientes

No hay duda de que la Cumbre muestra que hay compromiso e interés por salvar la Amazonia, pero el interrogante que queda es si están igualmente los Estados dispuestos a garantizar los derechos de todos sus habitantes.

Antecedentes

Del 18 al 22 de agosto se llevó a cabo en Bogotá la V cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que reúne a los ocho países que comparten el privilegio de tener parte de este bioma dentro de sus fronteras: Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Perú, Guyana, Surinam y Brasil. El tratado fue suscrito el 3 de julio de 1978 y sus objetivos principales son fortalecer la cooperación regional, proteger la selva y buscar un desarrollo sostenible para la Amazonia. Si se juzgara el éxito del tratado por la evaluación de la segunda y tercera misión, tendríamos que decir que ha fallado, pues la selva no ha sido adecuadamente protegida, como resultado de lo cual se han perdido en los últimos años 88 millones de hectáreas de bosque y hoy la Amazonia es un ecosistema que enfrenta graves amenazas. También el desarrollo sostenible aparece como un asunto cuestionable, pues aún muchos de sus habitantes carecen de acceso a infraestructuras básicas y garantía plena de sus derechos.

El narcotráfico no es el único problema

El presidente Gustavo Petro, en su intervención en el acto de cierre de la cumbre, destacó que una de las más graves amenazas para la Amazonia después del cambio climático es el narcotráfico, que sin duda es un factor que afecta gravemente la convivencia en la región y que es responsable en buena parte de la pérdida del bosque y los problemas de gobernanza. Ahora bien, reconociendo la importancia de este tema y de los asuntos de seguridad asociados, no se debe  privilegiar únicamente el discurso de la seguridad por encima del enfoque de derechos, pues solo estaríamos reforzando el equivocado paradigma que cree que los problemas de la Amazonia se solucionarán con más cooperación militar o policial, con enfoques punitivos y no con avances efectivos en la garantía efectiva de derechos para todos sus habitantes, lo cual sigue siendo una deuda por saldar. Esto lo plantearon reiterativamente varias delegaciones participantes en los espacios de diálogo que se llevaron a cabo durante la semana, en los que recordaron que para muchos de los pueblos amazónicos aún no hay energía eléctrica, acceso a agua potable, escuelas, ni puestos de salud; en suma, no hay condiciones para el buen vivir.

Los extractivismos

También desde los pueblos indígenas y la sociedad civil participante fue muy clara la exigencia de que la Amazonia debe estar libre de extractivismos, lo que incluye detener el uso de combustibles fósiles, que desafía las concesiones vigentes en Ecuador, Perú, Brasil, Colombia y Bolivia, frente a las cuales las comunidades llevan años sentando sus voces de protesta por las múltiples afectaciones que estas han causado. Pero el llamado no se limita al asunto del petróleo, exige actuar también frente a la actividad minera, la explotación ilegal de madera y toda forma de extractivismo, incluido el agroindustrial, pues todas estas actividades han generado graves violaciones a los derechos de las poblaciones que habitan la Amazonia y al ambiente, algunas de ellas irreparables. 

También desde la sociedad civil se expresó preocupación frente al discurso de la transición energética, en el cual Colombia se ha posicionado como líder, al advertir que esta debe ser justa y con enfoque de género y que no puede ser una nueva excusa para continuar la minería, ahora explotando los llamados minerales de la transición. Por el contrario, se propone que la Amazonia sea un área excluida de las actividades extractivas, para lo cual es necesario que los marcos legales se amplíen y refuercen, pues no se trata solo de prohibir la explotación minera en áreas protegidas, como algunos países ya lo estipulan en sus leyes, sino que esto debe extenderse a todo el territorio amazónico y en su lugar deben fortalecerse las economías locales desde el buen vivir, que son compatibles con el bosque y la biodiversidad. 

Otras necesidades importantes

De otro lado, se deben destacar la defensa de la autonomía y la autodeterminación liderada por los pueblos indígenas, quienes recordaron que como lo había incorporado la Declaración de Belem de la cumbre previa en 2023, se debe garantizar la protección integral de sus territorios mediante demarcación, titulación y/u otras medidas legales y administrativas, incluidos los territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci), como condición indispensable para avanzar en todos los ejes de acción de la OTCA, incluidos los enfocados en temas de salud, gestión de recursos hídricos, biodiversidad, manejo del fuego, cambio climático y aprovechamiento sustentable de los recursos. Además, recuerdan y reclaman su lugar como gobierno en la región y para avanzar en ello lograron que esta cumbre deje como uno de sus más importantes resultados la creación del Mecanismo Amazónico de Participación de Pueblos Indígenas (MAPI), que se concibe como un espacio para fortalecer y promover el diálogo y la toma de decisiones entre los gobiernos estatales y los pueblos indígenas amazónicos.

Ausencia del campesinado 

Lastimosamente el actor que resulta como el gran ausente en el escenario de diálogo es el campesinado amazónico, que, como lo denunciaron organizaciones campesinas colombianas, no fue debidamente invitado, ni tenido en cuenta y cuya presencia e importancia para el cuidado de la Amazonia no fue abordada. En 2023, en la Declaración de Belem, se hicieron algunas referencias al campesinado y la agricultura familiar, pero, paradójicamente, ahora cuando se hizo la cumbre en un país donde el movimiento campesino es fuerte, la reforma agraria se plantea como prioridad y donde se han logrado importantes avances normativos en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y su dimensión ambiental, este no fue protagonista, ni debidamente considerado. Se entiende por supuesto que la población mayoritaria en la Amazonia son los pueblos originarios, pero hoy es una realidad que junto a ellos habitan personas que, por lo menos en el caso de Colombia, reivindican una identidad que no es exactamente la misma de dichos pueblos y que proviene de la historia de mestizaje, violencia y colonización, que también los ha llevado a la selva como sus habitantes y que tienen  agendas que expresan su compromiso con el cuidado de la Amazonia y la necesidad de ser incluidos en las soluciones a la crisis ambiental global.  

Aunque la Declaración de Bogotá, que es la adoptada en el marco de esta cumbre, habla de pueblos indígenas y comunidades locales y tradicionales, el campesinado ha reclamado ser nombrado expresamente como tal y que no se asuma que está automáticamente incluido en la bolsa más amplia de la denominación “comunidades locales y tradicionales”, que es la que estos instrumentos utilizan, pues así lo hace también el Convenio de Diversidad Biológica o el Acuerdo de París, que usan la expresión “comunidades locales”¹. Ahora bien, no es solo un asunto del lenguaje y de la importancia de ser nombrados, sino de que este campesinado amazónico, ampliamente invisibilizado, en realidad tiene mucho que ver con las soluciones a los problemas de la región y es precisamente el eslabón más débil frente a las economías extractivas legales e ilegales, las mafias y los delitos que tanto preocupan en los discursos oficiales.

Sin embargo,  aunque hubo algunas pocas voces campesinas en algunas de las actividades en el marco de la cumbre y la Declaración de Bogotá reconoce “el potencial que tienen los sistemas de producción agrícola sostenible. incluidos, entre otros, los sistemas agroforestales y silvopastoriles y de manejo sostenible de los bosques y de los suelos para ofrecer a los agricultores a pequeña escala, los pueblos indígenas y las comunidades locales y tradicionales la oportunidad de mejorar sus formas de sustento, y para contribuir a la resiliencia climática en la Amazonia”, una participación más amplia y profunda del campesinado en los debates sobre la región amazónica aún es un asunto que queda pendiente. Por eso, aunque no hay duda de que la Cumbre muestra que hay compromiso e interés por salvar la Amazonia, el interrogante que queda es si están igualmente los Estados dispuestos a garantizar los derechos de todos sus habitantes.

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¹Lo mismo han hecho los afrodescendientes, quienes en el marco de la COP 16 de Biodiversidad lograron ese específico reconocimiento.