El caso Jineth Bedoya, ¿otra condena internacional para Colombia? - Razón Pública
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El caso Jineth Bedoya, ¿otra condena internacional para Colombia?

Escrito por Julio César Cuastumal
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Al Estado colombiano le ha ido mal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todo indica que también perderá en el caso Bedoya. ¿Por qué la serie de condenas?

Julio César Cuastumal Madrid*

El caso

La periodista Jineth Bedoya fue secuestrada el 25 de mayo de 2000 en la Cárcel Modelo de Bogotá, cuando iba a entrevistar a jefes paramilitares en relación con ciertos episodios del conflicto armado en Colombia.

Bedoya fue torturada, violada por diferentes hombres y abandonada en una carretera. Aunque estos hechos permanecen en la impunidad, las investigaciones de Bedoya y otros periodistas han mostrado que estos crímenes fueron ordenados por un general de la policía, en connivencia con grupos guerrilleros y paramilitares.

Hoy el Estado colombiano está siendo juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por su responsabilidad en estos hechos y por su negligencia en la investigación y la reparación posterior.

Foto: Flickr - Caso Colombia - Unión Patriótica

¿Cómo llega un caso a la Corte IDH?

La Corte IDH es competente para juzgar a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), que firmaron y ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Colombia reconoció la competencia de la Corte IDH y ratificó dicho reconocimiento mediante la Ley 16 de 1972.

Para que un caso llegue a la Corte IDH, se debe pasar por unas instancias previas:

  • Las víctimas de violaciones de derechos humanos deben agotar todos los recursos judiciales internos de su país, sin alcanzar una respuesta institucional satisfactoria.
  • Posteriormente deben acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), donde se evalúa el caso, se escuchan a las partes y, si es necesario, se hacen recomendaciones a los Estados.
  • Cuando los Estados incumplen dichas recomendaciones, la Comisión IDH puede llevar el caso ante la Corte IDH, para que juzgue si el Estado violó o no la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Dado que este trámite puede demorar bastante tiempo, por lo general los casos que se tramitan ante la Corte IDH tuvieron lugar hace varios años. Para dar un ejemplo: el genocidio de la Unión Patriótica fue presentado ante la Comisión IDH en 1993; el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en 2017; la Comisión IDH formuló recomendaciones el 6 de diciembre de 2017 y, finalmente, el caso fue presentado ante la Corte IDH en 2018, sin que hasta ahora se haya emitido una sentencia.

Colombia ante la Corte IDH

Colombia es uno de los Estados contra los cuales se ha presentado un mayor número de peticiones —es decir, de denuncias— ante la Comisión IDH. Para hablar de la cifra disponible más reciente, 881 de las 3.034 peticiones tramitadas ante la Comisión IDH en 2019 fueron presentadas contra el Estado colombiano.

 

Hasta ahora, la Corte IDH ha condenado al Estado colombiano en 24 ocasiones y otros cinco casos se encuentran en litigio. Todas las condenas se han referidos al conflicto armado interno, con excepción de estos tres casos:

  • Gutiérrez Soler, un caso de tortura por parte de miembros de la fuerza pública;
  • Duque, un caso de discriminación de parejas del mismo sexo; y
  • Petro Urrego, por vulneración de los derechos políticos del exalcalde de Bogotá.

En todas las demás condenas al Estado colombiano se han demostrado graves violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal o a las garantías judiciales.

Para que un caso llegue a la Corte IDH las víctimas de violaciones de derechos humanos deben agotar todos los recursos judiciales internos de su país

Para condenar a un Estado no es necesario identificar o individualizar a las personas autoras de los hechos que ocasionaron la violación de derechos humanos. Al menos en dos sentencias (Las Palmeras y Masacre de Pueblo Bello), Colombia ha sido condenada sin que la Corte IDH identificara a los agentes del Estado que violaron los derechos humanos.

Con excepción de dos casos (Las Palmeras y Caballero Delgado y Santana), las medidas ordenadas por la Corte IDH no se han limitado al pago de indemnizaciones económicas. En el resto de los casos, la Corte ha ordenado además otras medidas, entre ellas:

  • Medidas simbólicas, por ejemplo, construir un monumento en memoria de las personas desaparecidas;
  • Acciones de no repetición, por ejemplo, presentar disculpas públicas o intensificar la formación en derechos humanos de los agentes del Estado.

¿Qué sigue en el caso Bedoya?

El caso de Jineth Bedoya ha atraído nuevamente la atención de los medios debido sobre todo a la exótica “estrategia” de defensa que ha asumido el Estado colombiano.

El 16 de marzo, Colombia se retiró de la audiencia virtual y recusó a cuatro magistrados del caso, es decir, alegó que los jueces no eran imparciales y que debían ser reemplazados. Al día siguiente, la Corte IDH rechazó la recusación por considerarla injustificada

El caso de Jineth Bedoya llegó a la Comisión IDH gracias a una petición presentada el 3 de junio de 2011 por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). La petición fue estudiada y admitida por la Comisión el 21 de julio de 2014. En 2018, la Comisión formuló una serie de recomendaciones al Estado colombiano que fueron incumplidas, por lo que la Comisión presentó el caso ante la Corte IDH el 16 de julio de 2019.

La Corte IDH ha condenado al Estado colombiano en 24 ocasiones y otros cinco casos se encuentran en litigio.

La Corte IDH practicó pruebas para investigar la responsabilidad del Estado y se programó la presentación de alegatos para abril de 2021. Por lo tanto, la sentencia podría ser expedida durante el segundo semestre de 2021.

Según la Comisión IDH, las violaciones a los derechos humanos de Jineth Bedoya estuvieron relacionadas con su actividad y ejercicio como periodista. Hoy, Bedoya sigue siendo víctima de amenazas y por eso la Corte IDH le ordenó al Estado colombiano adoptar medidas provisionales para protegerla a ella y a su madre, quien también se ha visto afectada de manera directa por los hechos.

En casos como Masacre de Mapiripán o Masacre de la Rochela, la omisión de investigar los hechos en un plazo razonable ha sido fundamental para que la Corte IDH decidiera condenar al Estado colombiano. En otros casos, como Carvajal Carvajal y otros, la Corte IDH condenó al Estado por falta de protección de la integridad y la vida de un periodista.

En el caso de Jineth Bedoya se demostraron estos mismos elementos: las violaciones a los derechos humanos contra la periodista y su madre fueron graves y el Estado omitió investigar y sancionar a los responsables en un plazo razonable. Por eso, con la información que presentó la Comisión a la Corte IDH, es muy probable que el Estado colombiano sea condenado en este caso.

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