El nuevo fiscal empieza su labor rodeado de sospechas y controversias por la manera como fue elegido y por su trayectoria como abogado de clientes poderosos. ¿Podrá convencer a la ciudadanía de que es el fiscal imparcial y serio que el país necesita?
Jorge Iván Cuervo R.*
Estaba cantado
La elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación era un hecho cantado, no solo por sus antecedentes profesionales y políticos sino por la conformación de la terna que presentó el gobierno.
En efecto, el presidente integró la terna con personas de su entorno: su ministro de Justicia (Yesid Reyes), la asesora del gobierno en temas de justicia transicional en La Habana (Mónica Cifuentes) y su exministro de la Presidencia y artífice de la fallida reforma a la justicia incluida en el proyecto de equilibrio de poderes (Martínez). Es decir, Santos no quería sorpresas. Pero Yesid Reyes no tenía el perfil (ni el hígado) para hacer el cabildeo necesario ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a Mónica Cifuentes no le bastó con mostrar su trayectoria técnica. Era evidente que Martínez tenía amplia ventaja. No solo su nombre ya se ventilaba desde hace un año como posible candidato a fiscal, sino que contaba con el apoyo de la coalición política que lidera el todopoderoso vicepresidente Vargas Lleras, quien quiere un fiscal cercano y afín a sus aspiraciones presidenciales.
El nombramiento de Martínez fue una operación de cálculo político.
El nombramiento de Martínez fue una operación de cálculo político que trasciende las necesidades de la justicia y de la Fiscalía. El nuevo fiscal es un abogado exitoso que ha sido un funcionario público eficaz, pero esencialmente es un cabildante del poder. El cabildeo (o lobby) es una actividad legítima, pero en Colombia debería estar regulada para tener claros hasta dónde van sus límites, como sucede en Estados Unidos.
El problema radica en que Martínez no se ha limitado a ser un cabildante, pues en varias ocasiones ha cruzado la puerta para ejercer cargos públicos, en ejercicio de los cuales ha podido acceder a información privilegiada y a contactos sociales que después le facilitaron su labor como abogado particular. Martínez va y viene de gobierno en gobierno, sin lealtades políticas, dejando complicidades aquí, conflictos de intereses allá y debilitando la frontera entre lo público y lo privado.
Consumado el hecho, tenemos que empezar a crear un discurso que justifique esta como una buena elección. Para ello podríamos decir que Martínez es un funcionario competente, que seguramente logrará la reingeniería que la Fiscalía necesita para el posconflicto. Pero no. Esta fue una mala elección, cuya responsabilidad recae sobre el presidente Santos y los magistrados de la Corte Suprema que también juegan al cálculo político.
La elección estaba cantada y nos hubieran podido evitar el desgaste de la inscripción abierta de candidatos, las tres rondas de votación, toda una parafernalia innecesaria: pura pompa para hacer legítimo un acto de dudosa seriedad.
Los primeros anuncios
 El Vicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Foto: Vicepresidencia |
Martínez hizo varios anuncios importantes después de ser elegido.
-Dijo que haría públicos todos sus impedimentos y conflictos de interés, y que dejaría a la Corte Suprema de Justicia la elección de un fiscal ad hoc que no fuera subalterno suyo, porque eso no es garantía de imparcialidad (como se pudo ver en el caso de Saludcoop, cuando el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo decidió no molestar a los antiguos clientes de su jefe). Sería muy bueno que el nuevo fiscal presentara un documento donde deje claros todos los posibles conflictos de interés que tiene y que este quede en custodia de una organización como Transparencia por Colombia. También sería deseable que entregara su declaración de renta, a lo cual se negó después de que esta misma organización se lo solicitara.
-También ha dicho que creará varias vicefiscalías especializadas que orienten de manera estratégica la acción de esta entidad, que todavía le debe a la ciudadanía resultados más satisfactorios en la lucha contra el crimen.
-Después de sus desafortunadas declaraciones sobre la descriminalización de la violencia intrafamiliar, por ser un delito sin importancia “que atosiga” a la justicia, Martínez recogió sus palabras y entendió que este tipo de medidas deben debatirse en el contexto de la política criminal. Por eso sería muy importante que el nuevo fiscal se comprometiera a que todos los temas relacionados con nuevos delitos o despenalización de otros se discutan en el Consejo Superior de Política Criminal, y no se volviera un aventurero entusiasta que reacciona a coyunturas frente a los micrófonos.
Los parámetros
Lo más negativo de la era Montealegre fue haber metido a la Fiscalía en el debate político. Martínez también es proclive al debate, pero ahora que todos los reflectores estarán sobre él ojalá se abstenga de hacer política y se concentre en cumplir sus funciones, que no son otras que investigar e imputar los delitos correspondientes ante los jueces.
Es importante que Martínez tome nota de las altas tasas de impunidad y diseñe un plan de choque, especialmente en lo que respecta a aquellos delitos que afectan de manera permanente al ciudadano.
También es importante que su nuevo director entienda que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial y no del poder Ejecutivo, lo que significa que no le debe lealtad al presidente que lo nombró ni al vicepresidente que lo respaldó políticamente.
Martínez debe entender que no puede erigirse como conciencia jurídica de la Nación, como pretendió hacerlo Eduardo Montealegre en su megalomanía, y que no tiene que estar ni a favor ni en contra de la paz, sino simplemente cumplir su función de mejorar la investigación criminal en Colombia. Incluso en lo simbólico, Martínez debería evitar salir mucho en fotos con el gobierno.
Sin embargo, las tentaciones de las mieles del poder de cara a una eventual carrera presidencial están a la orden del día. ¿Podrá controlarse?
Los desafíos
 Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción |
Son muchos los desafíos que le esperan a Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía. Aquí señalo cinco que son impostergables:
- Preparar toda la información necesaria para el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, pactado entre el gobierno y las FARC. La Jurisdicción Especial Para la Paz no puede empezar de cero y es obvio que no podrá ocuparse de todos los delitos cometidos en el período establecido por el acuerdo. Para que esta tenga éxito se necesita establecer prioridades e identificar casos emblemáticos. Por eso la labor de organización y de apoyo de la Fiscalía es fundamental.
- Se necesitan resultados concretos en casos sonados de corrupción, como el “carrusel de la contratación”, Interbolsa, la Federación Colombiana de Fútbol, y otros casos de alcance regional que no se han movido por las presiones de los políticos locales. A propósito, va a ser interesante conocer cómo enfrentará Martínez las denuncias de corrupción o de crimen de políticos de Cambio Radical, el partido de su jefe político y de cuyo comité de ética hizo parte en algún momento.
- La Fiscalía tiene que trabajar de la mano con los alcaldes y la Policía Nacional. Es una queja recurrente en las ciudades que las políticas de seguridad ciudadana diseñadas por las Secretarías de Gobierno no tienen el apoyo de los fiscales y que la Policía captura –muchas veces en flagrancia– al posible delincuente y la Fiscalía no perfila bien los cargos por falta de una investigación adecuada, lo cual hace que los jueces de control de garantías se vean en la necesidad de dejarlos libres. Y el costo político de la mala gestión de la Fiscalía acaba siendo asumido por los alcaldes.
- La Fiscalía debe diseñar un plan para hacer frente a los nuevos tipos de delincuencia que surjan o se intensifiquen tras la desmovilización de las FARC: la minería ilegal, el narcotráfico y los nuevos grupos armados ilegales que surjan del reciclaje y la trasferencia de armas. Es fundamental que el clima de seguridad no se deteriore durante el post-acuerdo y en esta tarea la Fiscalía cumplirá un papel fundamental.
- Ya que habló de violencia intrafamiliar, el nuevo fiscal debe tomar el toro por los cuernos y liderar el debate sobre cuál debe ser el tratamiento para este flagelo. Las cifras de violencia en los hogares colombianos son alarmantes y ameritan un tratamiento que debe ir más allá de la prisión para el agresor. Este debate debe darse en el Consejo Superior de Política Criminal, pero también con las organizaciones de mujeres y de víctimas de la violencia. Es importante que el nuevo fiscal no eluda esta controversia y muestre sus cartas en la discusión.
No tiene que estar ni a favor ni en contra de la paz.
Eduardo Montealegre dejó la Fiscalía en una grave crisis de credibilidad. En lugar de fortalecer las Fiscalías regionales y el Cuerpo Técnico de Investigación, optó por aumentar la planta de contratistas sin otra razón aparente que pagar favores a amigos cercanos. Martínez tiene que desmontar este aparato administrativo ineficiente, acabar de consolidar la carrera administrativa en la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación y dejar una Fiscalía moderna y confiable, usando toda su inteligencia y experiencia para el servicio del Estado y no para la defensa de sus futuros clientes o de aspiraciones políticas propias o de sus jefes políticos.
Con Montealegre todos nos equivocamos. La elección de Martínez también es un error desde el principio, pero con una buena gestión y resultados concretos puede lograr convencernos de lo contrario.
* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.
@cuervoji
