Álvaro Uribe Vélez es acusado de crímenes de lesa humanidad en Colombia. La competencia en el expediente o la desviación de la investigación judicial

Las acciones del Pacto histórico en favor del mayor contradictor político permiten elucubrar sobre la existencia de una alianza que aún no aflora de manera pública, pero que los hechos históricos vislumbran.

La investigación formal contra Álvaro Uribe Vélez

La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tiene a cargo el expediente de la noticia criminal 11001609925220000004954 que abrió investigación formal contra Álvaro Uribe Vélez el 17 de junio de 2026. Este proceso judicial empezó el 16 de mayo de 2000, cuando, según refiere Coljuristas (2026), en ese momento, “la Fiscalía ordenó la apertura de una investigación previa por la presunta conducta omisiva de Uribe durante las masacres”. 

El caso fue desestimado el 28 de diciembre de 2000 por el fiscal que “se inhibió de abrir investigación judicial” y decidió no iniciar una investigación formal. Las declaraciones que vinculan a Álvaro y Santiago Uribe Vélez con la creación de grupos paramilitares en la hacienda Guacharacas permitieron que la resolución inhibitoria fuese revocada el 2 de enero de 2013 por la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. 

La Fiscalía señala que el 30 de mayo de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró crímenes de lesa humanidad (concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro y desplazamiento forzado) derivados de las masacres de San Roque (1996), La Granja (1996) y El Aro (1997), así como del homicidio de Jesús María Valle Jaramillo (1998). Por ende, la acción penal sobre estos delitos es imprescriptible.

En los hechos de la masacre de La Granja (1996), cuatro personas fueron asesinadas el 11 de junio de 1996 en el corregimiento de Ituango. En el expediente “Masacres de Ituango vs. Colombia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está registrado que el Bloque Metro de las AUC en el año 1996 perpetró siete masacres que dejaron un total de 19 fallecidos. Según los testimonios de exparamilitares como Pablo Hernán Sierra (alias Alberto Guerrero) y Juan Monsalve en los procesos de Justicia y Paz. Estos mismos testimonios develaron las tres masacres de San Roque ocurridas entre 1995 y 1997, perpetradas por el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

La masacre de El Aro ocurrió el 22 de octubre de 1997 en el corregimiento homónimo de Ituango (Antioquia), incurrieron unos treinta hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que dejaron 17 campesinos torturados y asesinados. Durante el ataque, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional omitió su deber de protección, permitiendo que los paramilitares quemaran 42 de las sesenta viviendas, robaran cerca de 1.200 cabezas de ganado y forzaran el desplazamiento masivo de más de 700 campesinos.

Asimismo, la vinculación de Álvaro Uribe Vélez a la indagatoria responde a dos señalamientos principales: primero, el presunto incumplimiento de sus deberes de protección a la población civil durante las masacres de Ituango en 1996 y 1997, y segundo, su presunta participación en la creación, fomento y favorecimiento de grupos armados al margen de la ley, en concreto, el grupo paramilitar Bloque Metro que surgió en la hacienda Guacharacas de su propiedad. 

La votación de los representantes del Pacto Histórico

Esta breve referencia al expediente permite entender la gravedad de las acusaciones y la responsabilidad política que tiene la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República por la votación realizada el 19 de agosto de 2026 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El control político público se dirige a los representantes a la Cámara por Bogotá Gabriel Becerra Yáñez, María del Mar Pizarro García y Heráclito Landínez Suárez; el representante a la Cámara por Antioquia David Alejandro Toro Ramírez, y el representante a la Cámara por Cauca Jorge Hernán Bastidas Rosero.

Los votos del Pacto Histórico a favor de la proposición de traslado del expediente de la Fiscalía a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes favorecieron la proposición de los representantes del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá Daniel Felipe Briceño Montes y Jesús Salim Lorduy Martínez, y el representante a la Cámara por Santander Jonathan Pineda. La estrategia de dilatación de la investigación jurídica no alcanzó a producir efectos de postergación de la indagatoria a Uribe Vélez el 4 de septiembre en el búnker de la Fiscalía, con la cual quedó “vinculado de manera formal al proceso”.

La controversia política orientó la noticia hacia la división del Pacto Histórico, con lo que disminuyó el énfasis en la gravedad de la perpetración de los crímenes de lesa humanidad por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. La justificación que presentaron los medios de comunicación, al considerar “razonable y jurídicamente pertinente clarificar la competencia del juez”, tuvo contestación inmediata por parte de las curules del Senado del Pacto Histórico. La intervención de la senadora Carolina Corcho recalcó que no existe ninguna duda jurídica sobre la competencia de la Fiscalía. Corcho argumentó en su red social X que las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle se perpetraron entre 1996 y 1998, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, años antes de ser presidente (2002-2010).

Las declaraciones de la senadora Isabel Zuleta recordaron su condición de víctima de desplazamiento forzado de Ituango, refiriendo que el deber moral era votar en contra de la proposición. Denunció además que la defensa de Uribe históricamente ha eludido a la justicia y que este traslado solo buscaba dilatar o suspender la indagatoria penal programada para el 4 de septiembre. Adicionalmente, Iván Cepeda Castro, excandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, quien actúa como parte civil y ha liderado históricamente el proceso, desautorizó el traslado de la Comisión y exigió que la Fiscalía conserve la competencia exclusiva sobre el caso. 

La continuidad del bloque hegemónico colombiano

En el libro El bloque hegemónico colombiano. Rupturas y continuidades, 2002-2012, referimos tres hechos relacionados con la hacienda Guacharacas, que es pertinente tener en cuenta a la luz de las actuales actuaciones judiciales:

El primero corresponde al asesinato del padre, Alberto Uribe Sierra, en la hacienda Guacharacas, el 14 de junio de 1983, en hechos no del todo esclarecidos que dieron lugar a que algunos elaborasen la conjetura de un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas, entre estos Fabio Castillo dice que la “agresión contra Alberto Uribe Sierra estuvo ligada a sus andanzas en los ámbitos del tráfico ilícito de drogas y la contrainsurgencia paraestatal”. Sin embargo, la familia Uribe Vélez asegura que su muerte se produjo en medio de un enfrentamiento armado, cuando las Farc-EP intentaban secuestrarlo. 

El segundo se refiere al helicóptero que se reportó como destruido en el atentado contra Alberto Uribe Sierra en la finca Guacharacas. Puesto que años después fue encontrado en el operativo antinarcóticos ‘Operación Yarí’, realizado el 11 de marzo de 1984 en Tranquilandia, el mayor centro de operaciones de los carteles colombianos. Hecho que fue cuestionado en la primera campaña presidencial, cuando el periódico El Tiempo informó al respecto que, en “el complejo coquero bautizado Tranquilandia la Policía decomisó quince toneladas de pasta de coca y tres toneladas de droga procesada. Además, inmovilizó las avionetas Cessna HK 3064, HK 3007 –matriculadas en Colombia–, N 3271 y YV 1085 P –matriculadas en el exterior–. También, el helicóptero Hughes 500, de matrícula colombiana HK 2704 X, que, tal como lo reveló este diario el pasado domingo, era de Aerofotos Amórtegui Ltda., un negocio de toma de fotos aéreas del que Alberto Uribe Sierra, padre del candidato a la Presidencia Álvaro Uribe Vélez fue socio hasta su muerte, en junio de 1983, nueve meses antes de la operación contra el tráfico ilícito de drogas”. Adicionalmente, El 11 de abril de 1984 le fue cancelada la licencia de operaciones, aunque en un artículo publicado en El Nuevo Herald se informa que “el primero de mayo de 1986 un helicóptero con las mismas características y similar matrícula cayó con cocaína en un céntrico sector de Medellín”. 

Por último, durante el período en que ejerció como gobernador de Antioquia (1995-1997) fue acusado de participar en la conformación y operación del Bloque Metro de las AUC. En las declaraciones ante Justicia y Paz, varios exjefes paramilitares “aseguraron que, en la hacienda Guacharacas, de propiedad de los hermanos Uribe Vélez, existió un grupo paramilitar para la década de los 90, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia”. Lo cual dio lugar a una denuncia en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en contra de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao, presentada por el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, quién radicó el 11 de abril de 2012 la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. 

Adicionalmente, este último hecho tuvo un corolario de contrademanda. Iván Cepeda fue demandado por Uribe Vélez por “manipulación de testigos”, asunto del que fue absuelto Cepeda por la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2018. En consecuencia, la Corte abrió un nuevo proceso contra Uribe Vélez por “soborno en actuación penal y fraude procesal”. Este último proceso permitió conducir a juicio público a Álvaro Uribe Vélez, donde fue condenado en primera instancia (agosto 2025) y absuelto en segunda instancia (octubre 2025) por el Tribunal Superior de Bogotá.  

La posible existencia de una alianza política 

Los tres hechos, y el juicio que se encuentra en la instancia de casación en la Corte Suprema de Justicia, permiten entender la relevancia del expediente activo en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Los 26 años de investigación judicial contra Álvaro Uribe Vélez han protagonizado múltiples desviaciones del proceder de la administración de justicia. La votación a la proposición en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es un antecedente político de máxima atención por parte de la militancia del Pacto Histórico, al tener en sus representantes cinco votos a favor de la dilatación del proceso. 

Las votaciones por la presidencia del Senado, el 20 de julio de 2026 en el Congreso de la República, permitieron la elección, con 56 votos a favor, de Honorio Henríquez del Centro Democrático, lo que generó la hipótesis de una alianza secreta entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Este señalamiento vuelve a tomar curso en la reciente votación de la Cámara de Representantes. El Centro Democrático ciertamente no necesitaba de los cinco votos del Pacto Histórico; al ser la composición de la Comisión de 16 representantes, con los once votos restantes habían superado la mayoría, sin necesidad de abrir la polémica en la izquierda democrática. 

La polémica está creada. Además, puede sumarse una de las últimas actuaciones del entonces presidente Gustavo Petro. El 10 de julio de 2026 autorizó el traslado de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá hasta una guarnición militar en Rionegro, Antioquia. Estas acciones en favor del mayor contradictor político permiten ciertamente elucubrar sobre la existencia de una alianza que aún no aflora de manera pública, pero que los hechos históricos vislumbran.

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Texto sugerido: Pardo Montenegro, Liliana. 2024. El Bloque Hegemónico Colombiano: Rupturas y continuidades, 2002-2012. Bogotá, D.C.: Primera edición.