La paz total: bocetos de un legado

Este texto examina los fundamentos de la política, sus principales apuestas y los obstáculos estructurales que hoy ponen en cuestión su viabilidad como legado de gobierno.

La política de paz total constituye el intento más ambicioso del Estado colombiano por enfrentar las violencias contemporáneas desde una perspectiva integral. Se trata de una coyuntura histórica en la que la mayoría de los grupos y estructuras armadas cuentan con algún espacio de interlocución con el Gobierno. Sin embargo, la magnitud de esta apuesta ha mostrado tensiones profundas entre su diseño, las capacidades institucionales y los límites jurídicos que enfrenta. Este texto es apenas un boceto, orientado a incentivar la discusión sobre una política a la vez ambiciosa, incomprendida e inacabada.

El diagnóstico

La política de paz total parte del siguiente diagnóstico: las violencias actuales en Colombia ya no se explican por una confrontación entre grupos subversivos y el Estado, ni por la dinámica contrainsurgente asociada al paramilitarismo. Se trata de estructuras armadas que ejercen control territorial y desarrollan formas de gobernanza criminal sin pretensión de derrocar al Estado central. Su propósito fundamental es consolidar su dominio local y acumular capital proveniente de economías ilegales transnacionales, especialmente narcotráfico y minería ilegal.

Estos grupos están en capacidad de cooptar instituciones estatales tanto en zonas periféricas como en grandes centros urbanos e imponer órdenes sociales funcionales a sus intereses, donde se entrelazan motivaciones económicas y políticas. El riesgo central para el Estado es la progresiva fragmentación de la soberanía y la subordinación de millones de personas a poderes armados no estatales.

Las dimensiones de la política

Para responder a este diagnóstico, la política se articula en torno a tres pilares que se refuerzan mutuamente: la transformación territorial, orientada a crear economías locales lícitas y sostenibles que compitan con los mercados ilegales; el desescalamiento de las violencias, dirigido a reducir las afectaciones que sufre la población civil, y el tránsito de los grupos armados a la vida civil, mediante rutas viables de dejación de armas y reintegración social. La consolidación de economías locales alternativas debilita el control social ejercido por los grupos armados y habilita condiciones para una reintegración efectiva. A la inversa, la desmovilización de un grupo produce una reducción coyuntural de la violencia, pero sin alternativas económicas sostenibles otros actores armados tenderán a disputar el territorio para capturar las mismas rentas ilegales.

La amplitud política de la estrategia es un acierto, pero plantea el desafío de articular a los distintos sectores del gobierno nacional bajo una lógica común. Aunque el liderazgo recae en el consejero comisionado de Paz, es indispensable la coordinación con los Ministerios de Defensa, Agricultura y Comercio, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, entre otros actores. Solo una acción concertada permite que los pilares de la política se refuercen mutuamente y produzcan efectos sostenibles en los territorios.

El marco legal, en particular la Ley 2272 de 2022, distingue entre Mesas de negociación de diálogos de paz, orientadas a acuerdos de paz con grupos de motivación política, y Espacios de conversación sociojurídica, dirigidos al sometimiento de estructuras criminales sin motivación política. En desarrollo de este marco se han abierto procesos: 

Mesas de diálogos de paz

• Ejército de Liberación Nacional (actualmente suspendida por la falta de voluntad de paz del Comando Central del ELN).
• Comuneros del Sur (escisión del ELN con presencia en el departamento de Nariño).
• Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (estructura disidente de la denominada “Segunda Marquetalia”, con control territorial principalmente en Putumayo y Nariño).
• Estado Mayor de los Bloques y Frentes (comandantes que mantienen voluntad de paz tras la ruptura con Iván Mordisco).

Espacios de conversación sociojurídica

• Autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (conocido como Clan del Golfo).
• Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (también denominadas los “Pachenca”).
• Bandas de Quibdó (Los Mexicanos, Locos Yam, RPS, Los Z y Revolución Cabí).
• Bandas de Buenaventura (Shotas y Espartanos).
• Bandas de Medellín y el Valle de Aburrá (articuladas en torno a la “Oficina”).
• Bandas de Barranquilla (en proceso de acercamiento).

Cada proceso exige, en primer lugar, una ruta posible de negociación o de sometimiento; en segundo lugar, la articulación interinstitucional para sustituir economías ilegales por alternativas lícitas que refuercen la transformación territorial, y, en tercer lugar, medidas para reducir las afectaciones a los derechos de la población. Estos esfuerzos comprometen no solo al gobierno nacional, sino también a alcaldías, gobernaciones y aliados estratégicos, como condición para asegurar impactos reales en territorios rurales y urbanos. En el fondo, se trata de un proceso de reconstrucción del Estado. 

La política de paz total sigue siendo un boceto institucional cuyo futuro como legado depende de su capacidad para traducir el diagnóstico en transformaciones territoriales efectivas.

La quimera de la localización

Durante el último año, el Gobierno ha impulsado la localización de los grupos armados en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). La primera se creó para el Frente 33 en el Catatumbo, en medio de una ofensiva del ELN que produjo desplazamientos masivos. La ZUT buscaba facilitar la desmovilización bajo la garantía de seguridad estatal. Sin embargo, el Frente 33 no llegó a localizarse.

Este fracaso no responde a una causa única, sino a la convergencia de factores políticos, técnicos y logísticos. Persistieron graves problemas de seguridad; las nuevas tecnologías de guerra, como el uso de drones, limitaron el control territorial de la fuerza pública; no se definió con claridad el destino final de las armas, y no se estableció un tratamiento jurídico preciso para quienes manifestaran voluntad de paz. Todo ello alimentó la desconfianza sobre la viabilidad del proceso.

Situaciones similares se observan en los procesos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Comuneros del Sur y el Ejército Gaitanista de Colombia. Aunque se han acordado ZUT en distintos lugares del país, ninguna ha iniciado efectivamente la localización. La explicación de este estancamiento es también política y estratégica. A diferencia del proceso con las FARC-EP, la localización no se concibe como cierre, sino como mecanismo intermedio para el desescalamiento de la violencia y estabilización de la Paz Total. Esta condición introduce una ambigüedad: la ausencia de localización alimenta dudas sobre la voluntad de paz de los grupos y tensiona la relación entre la Consejería de Paz y el Ministerio de Defensa.

Surge así un dilema central: si el proceso no ha culminado, ¿para qué avanzar hacia la localización? ¿Se trata de una estrategia de dilación que permite a los grupos fortalecer su control territorial, o expresa una voluntad de paz frágil que requiere mayores garantías? La imposibilidad de resolver estas preguntas constituye uno de los principales cuellos de botella de la política.

La localización se ha convertido en una figura paradójica, una quimera: necesaria para demostrar voluntad de paz, pero imposible sin una decisión definitiva de desarme. Entre la desconfianza institucional y la ambigüedad estratégica de los grupos armados, la política queda atrapada en una temporalidad incierta, mientras el fin del Gobierno impone un horizonte cada vez más estrecho.

La presunta ausencia del marco jurídico

A la quimera de la localización se suma la falta de un marco jurídico claro que otorgue un tratamiento diferenciado y razonable a quienes demuestren voluntad efectiva de paz. El Gobierno ha intentado consolidar un esquema normativo para cerrar estos procesos, como ocurrió con el proyecto de Ley 002 de 2025, pero su relación conflictiva con el Congreso ha dejado estas iniciativas sin viabilidad legislativa.

En el escenario actual, los grupos con estatus de negociación pueden transitar por la ruta prevista en la Ley de Orden Público, lo que permitiría una solución jurídica para combatientes de base. Sin embargo, esta vía excluye a mandos medios y altos, cuyos historiales delictivos incluyen solicitudes de extradición y múltiples conductas punibles por graves violaciones de derechos humanos, lo que los enfrenta a condenas prolongadas.

Surge entonces otro dilema estructural: ¿Qué incentivo real existe para que quienes concentran el poder armado abandonen las armas si el resultado probable es una larga reclusión o la extradición? Sin una respuesta creíble, la localización y la arquitectura misma de la paz total quedan suspendidas entre la voluntad política y la inviabilidad jurídica.

En ausencia de una intervención legislativa, superar este bloqueo exige una creatividad jurídica excepcional que articule derecho penal ordinario, derechos de las víctimas, jurisdicción indígena, justicia restaurativa y estándares internacionales. Se trataría de una ingeniería normativa compleja, cuya estabilidad depende de un supuesto político: que los procesos de paz sean reconocidos socialmente como oportunidades reales de transformación territorial. Sin ese respaldo, cualquier arquitectura jurídica se torna frágil.

La crisis del orden público y los procesos de paz

El principal problema que enfrenta hoy la política de paz total es la percepción de una crisis de orden público atribuida a concesiones sin contraprestación verificable. En el centro de estas críticas se encuentran los ceses al fuego decretados en los primeros años, que instalaron la idea de que la fuerza pública dejó de combatir a la criminalidad y que los diálogos prolongaron la ausencia de voluntad de paz.

Esta narrativa es parcialmente cierta. Describe el caso del ELN y la posterior suspensión de los diálogos, pero no explica otros procesos en los que las conversaciones han continuado en medio de operaciones militares. En la actualidad no hay ningún cese al fuego vigente y las negociaciones se desarrollan bajo ofensivas militares activas; sin embargo, los indicadores de orden público no muestran mejoras sustantivas.

Un elemento clave es que los problemas de seguridad no se explican exclusivamente por la política de paz total. La gobernanza criminal se articula a redes regionales y transnacionales y a economías ilícitas como el narcotráfico y el lavado de activos. Incluso escenarios exitosos de negociación tendrían una capacidad limitada para desmantelar estas estructuras.

En consecuencia, se requiere una reformulación de los mecanismos de cooperación regional que integre esfuerzos policiales, de inteligencia y militares para fragmentar estas redes. Pero esta estrategia será insuficiente si no se acompaña de procesos de integración productiva regional que consoliden mercados lícitos competitivos frente a las economías ilegales y redistribuyan oportunidades en territorios históricamente marginados. Sin esa dimensión económica, cualquier política de seguridad o de paz corre el riesgo de limitarse a administrar la violencia.

Para volverse legado

Los meses restantes del Gobierno son decisivos para que la política de paz total deje de ser un boceto y aspire a convertirse en un legado. No cuenta con tiempo, recursos ni respaldo político suficientes para transformar de manera profunda los problemas estructurales que la atraviesan. Sin embargo, sí dispone de un activo estratégico: la experiencia acumulada en el diálogo con grupos armados.

No es menor el conocimiento mutuo construido en las mesas de negociación y en los espacios sociojurídicos, ni el reconocimiento recíproco entre institucionalidad y gobernanzas criminales. Ese canal de interlocución es hoy una de las herramientas más eficaces para contener los efectos de una soberanía fragmentada.

El diálogo permite comenzar a limitar el impacto cotidiano de la violencia mediante acuerdos mínimos orientados a la protección de la población civil: prevención del reclutamiento forzado, restricción de la venta de drogas en entornos escolares, reducción de la extorsión o inhibición del secuestro. Son estas intervenciones concretas, más que los grandes anuncios, las que dotan de sentido a la apuesta gubernamental, en la medida en que transforman la vida diaria de miles de personas.

La paz total no será recordada por el número de mesas abiertas ni por la arquitectura jurídica que logre consolidar, sino por su capacidad real de modificar las condiciones de vida en los territorios donde el Estado ha sido históricamente una promesa incumplida. Su legado no se juega en los comunicados oficiales, sino en la posibilidad de que niños no sean reclutados, comerciantes no sean extorsionados y comunidades no sean desplazadas. Si el diálogo logra traducirse en estas transformaciones mínimas pero verificables, habrá cumplido una función histórica: demostrar que la soberanía estatal se reconstruye más allá de la fuerza, mediante la transformación progresiva de las condiciones que reproducen la violencia.

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