La coca en Colombia: incentivos perversos y política agotada

En vísperas de la reunión entre Petro y Trump, este análisis de las políticas sobre cultivos ilícitos en Colombia aporta claridad sobre avances, fracasos y desafíos de fondo para los dos países.

Orígenes: colonización, pobreza y ausencia de Estado

La economía de la coca en Colombia no es un accidente ni una desviación reciente. 

Su origen se remonta a las grandes olas de colonización campesina de la segunda mitad del siglo XX, cuando miles de familias pobres se asentaron en territorios periféricos, sin títulos de propiedad, sin acceso a mercados legales y con una presencia estatal apenas nominal. 

En ese contexto, la coca ofreció algo que ningún cultivo lícito podía garantizar: adaptación a suelos difíciles, compradores seguros, pagos inmediatos y una red de comercialización que funcionaba incluso donde el Estado no llegaba. Desde entonces, la historia de la coca ha sido inseparable de la pobreza rural, la informalidad en la tierra y la ausencia de instituciones efectivas.

De estrategia de subsistencia a economía armada

Con el auge de la demanda internacional de cocaína en los años ochenta y noventa, este cultivo dejó de ser una estrategia de subsistencia para convertirse en el primer eslabón de una cadena criminal transnacional. 

La coca pasó a financiar organizaciones armadas ilegales y a moldear el control territorial en amplias zonas del país. A partir de ese momento, la política de drogas quedó inevitablemente atada a la política de seguridad y al conflicto armado. Reducir la coca significaba, al mismo tiempo, debilitar a los grupos armados; erradicar cultivos se convirtió en una herramienta de guerra.

Erradicación forzada: resultados transitorios y costos altos

Ese fue el espíritu que dominó la política antidrogas a finales del siglo pasado y comienzos del actual. 

Con el Plan Colombia, el Estado apostó por una estrategia de reducción de oferta basada en erradicación forzada, aspersión aérea e interdicción. Durante algunos años, el área cultivada cayó de manera significativa. 

Sin embargo, la producción potencial de cocaína no se redujo en la misma proporción. La coca se desplazó geográficamente, aumentó su productividad y se adaptó con rapidez. Los resultados fueron transitorios y los costos sociales, ambientales e institucionales, elevados. Con el tiempo, se hizo evidente que la erradicación, por sí sola, no resolvía el problema.

La sustitución y el problema de los incentivos

Ese diagnóstico abrió la puerta a un cambio de enfoque. 

En la segunda década del siglo XXI, y de manera explícita tras la firma del Acuerdo de Paz, la política de drogas empezó a integrarse a una agenda más amplia de desarrollo rural y construcción de Estado. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos reconoció que la persistencia de la coca no podía explicarse solo por la ilegalidad, sino por la falta de alternativas económicas. Sin embargo, en ese giro se consolidó un problema que sigue siendo central y que rara vez se aborda con suficiente claridad: el problema de los incentivos.

Cuando el Estado decide pagar por erradicar coca, introduce una señal económica poderosa. Los beneficios —transferencias monetarias, proyectos productivos, asistencia— se asignan exclusivamente a quienes tienen cultivos ilícitos. En ese esquema, sembrar coca se convierte en un requisito para acceder a la política pública. 

Desde el punto de vista económico, el resultado es predecible: se generan incentivos a sembrar para luego erradicar. La evidencia confirma este mecanismo. La expectativa de recibir pagos futuros aumentó la siembra en los años previos a la implementación de programas de sustitución y generó expansión en predios vecinos a los beneficiarios. No se trata de un problema cultural ni de falta de voluntad, sino de un diseño que premia la ilegalidad y castiga, por omisión, a quienes permanecen en la legalidad.

Precios a la baja y persistencia de los cultivos

Este problema de incentivos ayuda a entender por qué la coca persiste incluso cuando deja de ser rentable. 

Entre 2020 y 2025, el mercado de la hoja de coca experimentó una transformación profunda. Tras años de precios relativamente estables, el precio comenzó a caer de manera sostenida a partir de 2022. En 2023 y 2024, en regiones como Nariño, Cauca y Catatumbo, la arroba se pagaba alrededor de 20.000 pesos, los niveles más bajos en décadas. En varios casos, los agricultores dejaron de cosechar porque el precio no cubría ni siquiera los costos de recolección.

A primera vista, este comportamiento parece contradictorio con la expansión del área cultivada y con el auge del negocio global de la cocaína. Sin embargo, desde una perspectiva económica, es coherente. La producción de hoja creció más rápido que la capacidad de procesamiento. Hubo más hectáreas, más cosechas al año y mayores rendimientos por planta, pero la demanda relevante para la hoja no es el consumo final de cocaína, sino la compra de hoja para producir base y pasta. Esa demanda es mucho más rígida. En un mercado caracterizado por fuertes asimetrías de poder, el ajuste recayó casi por completo sobre el eslabón más débil: el cultivador. Mientras los márgenes se preservaron en las etapas de tráfico y exportación, los ingresos campesinos colapsaron.

Concentración territorial y daño ambiental

Este empobrecimiento del productor primario no se tradujo, sin embargo, en una reducción sostenida de los cultivos. 

Por el contrario, Colombia llegó en 2023 a niveles récord, con estimaciones cercanas a las 252.000–253.000 hectáreas. Las cifras oficiales más recientes sugieren una leve reducción, pero incluso bajo los cálculos más optimistas el área cultivada sigue siendo históricamente alta. 

Además, la geografía del fenómeno es notablemente persistente. Los cultivos se concentran en los mismos departamentos y en los mismos municipios, donde la pobreza es crónica, la presencia estatal débil y el control territorial disputado o directamente ejercido por grupos armados. Casi la mitad de la coca se encuentra, además, en zonas de manejo ambiental especial, lo que añade una dimensión ecológica cada vez más crítica.

Paz total y pérdida de control territorial

En este contexto, la política actual se inscribe en el marco de la llamada paz total. 

La apuesta por negociaciones simultáneas con múltiples grupos armados busca reducir la violencia y avanzar hacia una solución política del conflicto. Sin embargo, en amplias zonas del país este enfoque ha coincidido con una pérdida efectiva de control territorial por parte del Estado. 

El repliegue de la erradicación forzada, sumado a señales ambiguas frente a las economías ilícitas, ha permitido que grupos armados consoliden su control sobre la compra de hoja, el procesamiento y las rutas de salida. La interdicción, aunque necesaria, no compensa la ausencia de Estado en el territorio. Y las propuestas de compra estatal de hoja, aunque bien intencionadas, corren el riesgo de profundizar el problema de incentivos si no se insertan en una estrategia más amplia.

El verdadero punto ciego: la producción lícita

El verdadero punto ciego de la política antidrogas en Colombia no es la coca, sino la producción lícita. 

Durante décadas, el Estado ha diseñado programas para erradicar, compensar y sustituir, pero no una política rural robusta que haga rentable la legalidad. El acceso al crédito, la infraestructura vial, la asistencia técnica, los encadenamientos productivos y las garantías de comercialización siguen siendo excepcionales en las zonas cocaleras. En ese vacío, la coca no es solo un cultivo: es el único vínculo estable con un mercado y, paradójicamente, con el propio Estado.

Balance

El balance es difícil de eludir. La erradicación forzada fracasó en producir reducciones sostenidas. La sustitución voluntaria, basada en incentivos perversos y sin respaldo institucional suficiente, tampoco lo logró. La política actual, enmarcada en la paz total y acompañada de una pérdida de control territorial, corre el riesgo de consolidar economías ilícitas en amplias zonas del país. 

Mientras la política de drogas no corrija de raíz el problema de incentivos —dejando de pagar por erradicar y empezando a estimular de manera sostenida la producción lícita—, Colombia seguirá atrapada en el mismo ciclo. La evidencia sugiere que el problema no es que la política actual esté incompleta, sino que ha llegado a un punto claro de agotamiento.

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