Mientras hacíamos todo contra la exportación de psicoactivos, el consumo doméstico aumentaba y la criminalidad del micro-tráfico se disparaba en varias ciudades y regiones. Es urgente aceptar el problema y replantear la solución.
Juan Carlos Garzón* – Julián Wilches**
La paradoja
Colombia ha seguido al pie de la letra el libreto de la “guerra contra las drogas”, y ha hecho todo lo que tenía que hacer para evitar que la droga producida en su territorio llegue a los grandes centros de consumo.
Y sin embargo la demanda interna ha seguido aumentando y es una fuente de grandes ganancias para decenas de organizaciones criminales.
Parafraseando a un conocido empresario colombiano valdría pues decir que mientras “a la ‘guerra mundial contra las drogas’ le va bien, al país le va mal”.
La “guerra contra las drogas” parte de la premisa de que reducir la oferta aumenta los precios y, por tanto, disminuye el consumo. Por eso la prioridad ha sido reprimir la producción y el tráfico de drogas ilegales en los lugares de orígen y tránsito de las sustancias.
Que mientras “a la ‘guerra mundial contra las drogas’ le va bien, al país le va mal”.
En este contexto, hemos medido el éxito a partir del número de hectáreas de coca erradicadas o asperjadas con glifosato, la cantidad de drogas incautadas y la “decapitación” de los líderes de las principales organizaciones criminales. En resumen, todo lo necesario para que las drogas ilegales no lleguen a los principales centros de consumo.
Colombia hizo la tarea. El país ostenta los niveles más altos de incautaciones de drogas ilegales y sustancias químicas (por ejemplo, más de 166 toneladas de cocaína en 2013); ha disminuido el número de hécteras cultivadas de manera constante (es el único lugar del mundo donde se usa la aspersión área), pasando de más de 160.000 a 48.000 en un periodo de 12 años; ha capturado y extraditado a cientos de nacionales, y ha dado con el paradero o dado de baja uno tras otro a los líderes de las organizaciones criminales.
Todo lo anterior a un precio muy alto, no solo en términos monetarios, sino de vidas humanas y de aislamiento de territorios capturados por la economía ilegal de la droga, donde el Estado fumiga y erradica pero no llega, lo cual equivale a atacar los síntomas pero no las causas de la dolencia.
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Aumento del consumo
Mientras esto ocurría, la demanda de drogas ilegales aumentaba en Colombia y se esparcieron organizaciones criminales que, si bien no tienen ya el poder para poner en riesgo al Estado, sí ponen en aprietos a las autoridades locales.
Colombia ha sido víctima de su propio “éxito”. Las medidas para reducir la oferta han golpeado a las organizaciones criminales transnacionales, y han hecho más difícil que la droga salga del país, pero las facciones locales han optado por distribuir las sustancias en las principales ciudades. La atomización del problema de las droga ha ido de la mano del aumento de la demanda interna y la diversificación de las actividades criminales.
Pese a la gravedad de esta nueva situación, para muchas personas el narcotráfico es un tema resuelto o un asunto del pasado.
El más reciente Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (2013), elaborado por el gobierno nacional, contradice aquella visión tan optimista: sigue aumentando el uso de drogas ilegales en Colombia.
En efecto, el porcentaje de personas que en algún momento de su vida han hecho uso de drogas ilícitas (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o heroína) pasó de 8,8 por ciento en 2008 a 12,2 por ciento en 2013, lo que equivale a un aumento de más del 40 por ciento en un período de 5 años. También aumentó el reporte de uso de sustancias en el último año de 2,6 a 3,6 por ciento.
La marihuana es la droga más popular entre los colombianos. El 11,5 por ciento declaró haberla usado alguna vez en la vida, y el 3,3 por ciento en el último año. Le sigue la cocaína con 3,2 por ciento de personas que la han usado en la vida.
Por otro lado se encuentran las “drogas emergentes”. Las encuestas señalan la aparición de algunos inhalantes (que entre la población escolar son la droga más consumida después de la marihuana) y del LSD, cuyo consumo ha aumentado entre la población universitaria.
 El consumo de estupefacientes es más alto en Antioquia, particularmente en ciudades como Medellín. Foto: Iván Erre Jota |
Los problemas asociados
El consumo de drogas ilegales se distribuye de manera desigual en el país. Antioquia (en particular Medellín) y el eje cafetero, zonas marcadas durante décadas por la presencia de organizaciones del narcotráfico aparecen como regiones de alto consumo.
Hoy por hoy los gobiernos locales no se enfrentan a los capos o los carteles, sino más bien a la proliferación de todo tipo de drogas y al aumento de la demanda, con la expansión consiguiente de las redes de distribución y control del mercado.
Por otra parte, ciertas zonas de cultivo y producción de cocaína como Meta y Nariño muestran crecimientos superiores al promedio nacional en su consumo de drogas. Es otra paradoja: donde el Estado ha hecho más esfuerzos para reducir la oferta, el consumo ha crecido de manera más notable.
También preocupa la baja calidad de las drogas que se consumen en Colombia. En una serie de muestras de cocaína provenientes de 13 ciudades se encontraron siete sustancias adulterantes con efectos farmacológicos que inciden sobre el daño causado por el uso de la droga. Es decir, los niveles de pureza de la cocaína son bajos y han venido decreciendo.
Pero no solo sucede con la cocaína. Un estudio sobre drogas sintéticas (2009) muestra que solo el 20 por ciento de las sustancias comercializadas en Bogotá como éxtasis contienen verdaderamente esta sustancia, generalmente en concentraciones muy bajas.
Es decir, si el uso de drogas implica un riesgo para la salud de los consumidores, el uso de sustancias psicoactivas de pésima calidad agrava el riesgo de sobredosis y reacciones no estudiadas en los organismos humanos.
En resumen, desde la perspectiva de la “demanda”, la guerra contra las drogas se va perdiendo. Hoy los colombianos consumen más, no solo en los centros urbanos sino en las propias áreas de cúltivo y producción, usando sustancias psicoactivas de baja calidad que incluyen todo tipo de productos nocivos para la salud. Lo anterior, en el marco de un fuerte desequilibrio en término del gasto “antidroga”, teniendo en cuenta que solo el 4,74 por ciento se enfoca en la reducción de la demanda.
Agravando este balance, el conocimiento acumulado alrededor del cultivo y procesamiento de cocaína contratasta con la poca información sobre las demás sustancias. Poco o nada se sabe sobre la producción de la marihuana (volumenes, zonas de cultivo, el nivel de potencia) y las drogas sintéticas.
El narcotráfico se transforma
Ante la mayor presión del Estado para evitar la exportación de drogas, el micro-tráfico ha surgido como una alternativa para las organizaciones criminales, que ven en el mercado local la posibilidad de obtener ganancias sin correr tantos riesgos.
Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, la cantidad de marihuana consumida en el 2012 es de aproximadamente 991 toneladas, y la de cocaína es de 19,9 toneladas. A los precios que pagan los consumidores en la calle, estos volúmenes arrojan un ingreso bruto anual de un poco más de medio billón de pesos colombianos (más de un cuarto de millón de dólares). Y estos son cálculos conservadores.
Si bien esta es una pequeña fracción de las ganancias que se obtienen en el tráfico internacional, es suficiente para comprar a policías con bajos salarios o a funcionarios públicos corruptos, así como para influir sobre las economías locales.
Se esparcieron organizaciones criminales que, si bien no tienen ya el poder para poner en riesgo al Estado, sí ponen en aprietos a las autoridades locales.
La marihuna viene ganando espacio, sin que el Estado tenga aún una política para enfrentarla. Por ejemplo, fuentes locales en el departamento del Cauca señalan que los campesinos están dejando de cultivar coca para plantar cannabis, lo que sería lógico pues su rentabilidad es significativamente mayor: el ingreso bruto por hectárea de marihuna es once veces mayor que el de la coca.
Esta tendencia podría consolidarse en el mediano plazo: no es un hecho menor que el 50 por ciento de los encuestados para el Estudio Nacional de Sustancias Psicoactivas afirme que es fácil conseguir marihuana.
Por su parte las drogas sintéticas se perfilan como un negocio promisorio, pues tienen márgenes de ganancia superiores a los de cualquier otro tipo de droga. Las autoridades operan a ciegas, sin la capacidad técnica suficiente para regular las sustancias químicas precursoras, y se sabe muy poco de cómo funciona o quién maneja este mercado.
Bajo estas circunstancias parece razonable hacer una pausa y quitarse por un momento la etiqueta del “éxito”. Necesitamos volver la mirada hacia adentro y volcar la atención hacia nosotros mismos, para redefinir la política y estrategias ante “el problema de las drogas”.
El desafío ha cambiado y ya no es sostenible mantener el monólogo sobre la lucha frontal contra la producción y tráfico de cocaína. El primer paso: aceptar que tenemos un problema; el segundo: entender que las recetas actuales no son las apropiadas. Acabar la guerra siempre será una buena opción.
*Politólogo de la Universidad Javeriana, con Maestría en Estudios Latinoamericanos de Georgetown University, Global Fellow del Woodrow Wilson Center y codirector del proyecto "Crimen Organizado y Economías Criminales" del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University.
@JCGarzonVergara
** Politólogo de la Universidad de los Andes y magíster en Periodismo de la Universidad de Alcalá de Henares. Exdirector de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia. Fue asesor del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos.
@julianwilches
