Ministros del Interior en Colombia: sin legitimidad y confianza de la ciudadanía
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Durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) se han experimentado diferentes transformaciones en la cultura política. Una de ellas, consiste en posicionar las redes sociales como una forma de comunicación gubernamental exprés, en línea, que afecta la legitimidad del presidente y sus ministros. La práctica concreta muestra que comunicar no es gobernar. Un ejemplo de esta errática apuesta comunicativa se observa en el Ministerio del Interior, quienes han sido designados para el cargo se destacan por su trayectoria política, no obstante, sobresalen sus maniobras para lograr objetivos de tipo partidista, con beneficios particulares o clientelares.
De las promesas al desencanto
Los cuatro ministros del interior (Alfonso Prada, agosto de 2022- mayo 2023; Luis Fernando Velasco, mayo de 2023-Julio de 2024; Juan Fernando Cristo, Julio de 2024-febrero de 2025) y el actual Armando Benedetti –), han tenido que negociar y saciar el apetito de elites políticas acostumbradas a la mermelada (de los recursos), el reparto burocrático, y el acomodo de clientelas en la frágil institucionalidad pública nacional, regional y local. Este tipo de situaciones han dado cuenta de una baja capacidad técnica y maniobrabilidad política de los ministros para fortalecer la gobernabilidad política y la generación de confianza en la ciudadanía. La consecuencia directa ha sido las denuncias constantes por parte de la oposición, incluso de políticos reconocidos del mismo Pacto Histórico y de otros ministerios por tráfico de influencias y corrupción. A lo que se suma el desencanto de la ciudadanía al no ver realizadas las promesas de un gobierno autodenominado como “progresista”.
Lo observado durante estos meses fue la desconexión e inoperancia del proyecto del cambio planteado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Los cambios en la cultura política no llegaron, por el contrario, aumentaron los problemas de transparencia en la función pública, evidenciando una serie de conflictos relacionados con la ausencia de una ética pública inclinada hacia el bien común. Lo que prevaleció en la agenda ministerial fue la lealtad política hacia el presidente o elites políticas que velan por intereses propios, y en donde los problemas se resuelven con cambios ministeriales o eslogan en redes sociales, sin construir convicciones afincadas en la justicia social.
Desde el alto gobierno los cambios ministeriales han sido llamados de muy diversas formas: a) reorganización ministerial, b) búsqueda de mayor confianza en el electorado, c) consecución de las reformas planteadas, d) remezón ministerial para ajustar metas del plan Nacional de Desarrollo, e) enroques ministeriales o f) renuncias protocolarias. Al final del día los eufemismos planteados derivan en un problema de gobierno interno y externo, que debilita la administración pública en el nivel central.
Las capacidades gubernamentales en un país centralizado como Colombia se vienen resquebrajando profundamente, no solo con este gobierno, pero son más evidentes en cada crisis ministerial. Esto ha hecho que el arraigo presidencial de la última década se vea afectado por estallidos y revueltas populares como sucedió con el gobierno de Iván Duque Márquez, o por la ausencia de un proyecto de país que permita conducir a la sociedad bajo un enfoque pluralista e inclusivo como lo planteó el presidente Gustavo Petro en su campaña electoral.
La herencia clásica de solucionar los problemas gubernamentales a la brava y bajo el paradigma de gobernanza autoritaria, regresa como solución para algunos sectores políticos neoconservadores que prometen una restauración gubernamental desde lo territorial (alcaldes y Gobernadores), sin construir soluciones a una sociedad que exige mayores niveles de bienestar material y simbólico. En consecuencia, lo que estamos viviendo con el Ministerio del Interior es una cuenta de cobro, una factura sobre las agrietadas instituciones que tiene Colombia, ante la ausencia de servidores públicos que den sustento a sus acciones en la legalidad, la transparencia, la honestidad y la eficiencia en decisiones razonadas.
Construir confianza
Se requiere de una cultura ética que promueva la integralidad en la función pública, de ejercicios políticos que al fortalecer la institucionalidad brinden confianza a la ciudadanía. En el pasado orientamos las acciones hacia la confianza inversionista, la productividad y el mercado globalizado, pero las sociedades del siglo XXI requieren de otros relatos e imaginarios colectivos construidos entre Estado, mercado y sociedad, y de referentes más orientados a imaginar la justicia y el bienestar desde el interés general.
En definitiva, la base sobre la cual se sustenta la cultura política y ética del proyecto del cambio se ha articulado a través de proyectos personales y clientelares. La propuesta de ciudadanías cívicas o inteligentes quedaron relegadas en los discursos de campaña. En el presente se observa con mayor claridad los problemas de una visión compartida de futuro al interior del gobierno nacional, donde sus propuestas políticas no ayudan a garantizar una vida buena o una ética de lo público que les permita a los niños(as), las juventudes, las mujeres, los ancianos un ideal de felicidad dotado de sentido pleno por un gobierno progresista.
Los Ministros del Interior deberían ser un referente ético para sociedad, son cargos de altas dignidades y capacidades, su papel es dar a conocer el modelo de país, construir coaliciones de gobierno, ayudar a que los ciudadanos puedan deliberar sobre las injusticias sociales, y el trámite de reformas en el congreso, su trabajo es de máxima exigencia, es la imagen de una sociedad con obligaciones internas y externas no solo centradas en intereses particulares o clientelares. El papel de los ministros de Estado en tiempos turbulentos como los que vivimos se puede orientar hacia la búsqueda de valores que nos unen como sociedad, como colectivo.
El trasegar ministerial en las sociedades del siglo XXI, se debe configurar hacia la construcción de proyectos compartidos de futuro, logar que sociedades desmoralizadas encaucen sus energías hacia el bien común. Pero con el último nombramiento de Armando Benedetti pareciera que vamos como el cangrejo, en un modelo de gestión en donde todo vale, sin valores y principios orientados al Estado de Derecho. La honestidad y la responsabilidad que demandan los cargos ministeriales, quedaron relegadas al pasado, frente al comportamiento de funcionarios que de manera impropia y en ocasiones ilegal abusan de su posición de poder.
Las tareas que nos quedan como sociedad en materia de ética y función pública no solo deben estar orientadas a mejorar la transparencia, la confianza y la gobernabilidad, también se requiere de nuevas capacidades morales en los ciudadanos, de inteligencias cívicas y ciudadanías activas, con nuevos símbolos e instituciones que se orienten al bien común, al gobierno de los bienes comunales.
Acerca del autor
Bairon Otalvaro
*Doctor en Estudios políticos y Relaciones Internacionales. Director del programa de administración pública. Coordinador del doctorado en gobierno, políticas públicas y administración pública de la Universidad del Valle.
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Escrito por:
Bairon Otalvaro
*Doctor en Estudios políticos y Relaciones Internacionales. Director del programa de administración pública. Coordinador del doctorado en gobierno, políticas públicas y administración pública de la Universidad del Valle.
Vilfredo Pareto, un clásico en el estudio de las élites, argumentaba que la historia de la humanidad es, esencialmente, un «cementerio de aristocracias». Según Pareto, los grupos que no ostentan el poder luchan incansablemente por ideales como la igualdad, la equidad y la justicia social. Sin embargo, una vez que estos grupos alcanzan el poder y se convierten en la nueva élite, los beneficios reales para la sociedad son, a menudo, limitados.
En este contexto, Robert Dahl (1962) propone que es la conciencia de quien ejerce el poder la que, en última instancia, puede generar un equilibrio social. La moral, entendida como la búsqueda del bien común, se encuentra en el centro del debate actual en Colombia. Lo que observamos es una pugna entre las élites que respaldan al gobierno de Petro y las élites tradicionales que históricamente han gobernado el país. Esta lucha, marcada por una preocupante erosión de los valores y la ética, se manifiesta en deformaciones institucionales como la creciente ingobernabilidad, producto de la falta de transversalidad en el gabinete y el constante cambio de ministros. Estas dinámicas generan una profunda incertidumbre en una base social ya agotada por la desigualdad multifacética, caracterizada por el difícil acceso a servicios esenciales como la educación, la vivienda, el trabajo, la salud, entre otros. Un factor crítico que agrava esta situación es la falta de acceso a una educación de calidad en la base social, lo cual dificulta la toma de decisiones informadas frente a aquellos que detentan el poder político y administrativo.
Importante reflexión,en tiempos donde a nivel global,el todo vale se impone,apoyados en los nuevos dispositivos de comunicación,la cuestión es por donde comenzar a revertir la tendencia?
En realidad representa todavía Gustavo Petro el
País que lo elgió? Qué evidencia que Gustavo Petro Gobierna como Presidente? Que ocupa una área en la Casa de Nariño, que puede firmar uno que otro decreto nombrando ministros? Que puede salir de viaje en representación de Colombia, que puede llegar a cualquier parte en avión, barco o vehículo para mostrar sus discursos, que enfila baterías en su cuenta de X, que salta apagando incendios en su gobierno, etc. Cuál es la línea clara que identifica su grado de gobernanza? Existe gobernabilidad en este país claramente colegiada entre sociedad, empresariado, gobierno ejecutivo y legislativo? Lo transnacional también nos gobierna? Aquí podrían escudriñarse algunas respuestas: una cosa es la emoción y otra la razón! En el sentimiento estamos bastante antagónicos, desde 1900 la democracia ávida de mandatarios de Estado, se ve enmarcada en los tradicionales partidos (liberal y conservador), hoy en día derecha y izquierda. Por el Centro, no existe nada coherente y transparente todavía; algunos culebreros encantaron proponiendo hasta acabar con el Congreso y reactivar los ferrocarriles en campaña, fue un canto de sirenas embaucando los sentimientos y emociones para quedarse con la torta y hasta reelegirse, así ha venido batiéndose la Patria entre unos y otros, quienes con la bandera de la seguridad y La paz, no les da para más. Viven de su protagonismo y hasta de sus éxitos mesiánicos en referencia a la seguridad, olvidan que la verdadera paz es un resultado de la justicia, bien manido este término en lo investigativo, procesal y de juicio, unido al paupérrimo sistema carcelario, manoseado al acomodo del mejor capataz. Este país no se ha acabado porque los colombianos somos muy trabajadores! Todavía, no nos acostumbramos a recibir subsidios del gobierno, como sí fue el común denominador en Venezuela. Aquí resistimos, soportamos, trabajamos y sobrevivimos. Este país rico en recursos y gente trabajadora, también se ve afectado por la falta de valores y principios visibles en sus gobiernos, porque al cual más, le saltan magnánimos escándalos noticiosos semanales o mensuales, sin saber a cual cortina de humo recurrir para bajar la temperatura y mantener su imagen. Creo que hay que apoyar lo bueno que han hecho, unos y otros y también que nos permitan criticar lo negativo, injusto, atrevido, abusivo, soez, pusilánime, corrupto, anárquico, burocrático, pseudocrático, palurdo, etc. De lo contrario todos los que han pasado habrían sido gobiernos de ángeles y no de seres humanos.
PD. Todavía más grave: no es fácil distinguir un adalid, que una todos los problemas para buscar soluciones en el próximo gobierno, atando voluntades, demostrando que conocen a Colombia y sus habitantes con sus arcoíris de problemas que esperan todavía solución a lo público o a lo común? Cual de las dos o las dos?