Desde hace un par de décadas se han identificado ciertas brechas económicas a nivel regional dentro del territorio nacional, mostrando la necesidad de políticas públicas con el objetivo de lograr la convergencia regional. Así lo plantea el más reciente Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual, a través del mejoramiento de instalaciones portuarias y fluviales, vías regionales (secundarias, terciarias, vecinales y ancestrales) y aeródromos, proyecta la reducción de la segregación socioespacial y socioeconómica.
Tras identificar tal problemática, los gobiernos de turno han optado por centrar sus esfuerzos en la infraestructura de vías secundarias y terciarias, formulando proyectos ambiciosos como las vías 4G (Cuarta Generación) en aras de dinamizar e impulsar la competitividad de sectores económicos. Con su posterior ejecución desde el año 2013, a la fecha hay 30 proyectos que, de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) han logrado un progreso promedio del 76,77% con 7 proyectos terminados; mientras que, de los proyectos restantes, 6 están por debajo del 20% de avance.
Si bien se proyecta para lo que resta del 2023 la finalización y entrega de dos proyectos más, es necesario traer a colación algunos casos que han generado retrasos e inconvenientes en las entregas de proyectos previos, tal como el conocido caso de Odebrecht, donde el proceso de licitaciones presuntamente se llevó a cabo de manera irregular, con el favorecimiento de la empresa brasileña en la adjudicación de contratos de la Ruta del Sol II y la navegabilidad del Río Magdalena.
A partir de ahí, otro ejemplo relevante es el del Grupo Solarte en la vía Pamplona-Bucaramanga y en la de Popayán-Santander de Quilichao, las cuales presentaron un retrase en su construcción debido a investigaciones en curso por presuntos vínculos con Odebrecht. Hasta la fecha, el avance de la primera carretera es del 12% y de la segunda es nulo; pese a esto, no se ha presentado ningún proceso sancionatorio o de caducidad.
Aunque la ejecución de algunos proyectos ha estado envuelta en casos de corrupción y lobby, se deben tener en cuenta otro tipo de factores que han retrasado las entregas y dificultado las obras, tales como fenómenos climatológicos extremos o naturales, que, aunque es imposible su predicción pueden implementarse medidas cautelares como la puesta en marcha de un procedimiento de revisión y mantenimiento periódico de los proyectos ya entregados.
En adición, lograr la convergencia regional implica a su vez la implementación rigurosa de estudios geológicos preliminares producto de la diversidad e inestabilidad geológica en Colombia, pues en los últimos años ha sido común escuchar sobre el deterioro de la infraestructura; en lo corrido del 2023, se destacan los casos del colapso de puentes en las regiones de Quetame (Cundinamarca), entre Quindío y Valle del Cauca y entre Sogamoso (Boyacá) y Aguazul (Casanare). En términos de infraestructura, no son casos aislados pues tal como lo plantea Guillermo Reyes, ex – viceministro de Transporte, de los 3.800 km de puentes del país, el 30% se encuentra en mal estado y en riesgo de colapso; una cifra alarmante dados sus efectos sobre la incomunicación entre municipios junto con el incremento en los tiempos y costos de transporte.
En definitiva, para mejorar la competitividad y conectividad del país con el objetivo de lograr la convergencia regional, es necesario unir esfuerzos institucionales, mejorar los estudios geológicos y el proceso de licitaciones que disminuyan los riesgos de retraso en la operación, sobrecostos y deterioro de los proyectos viales, pues de lo contrario, seguiremos construyendo infraestructura que nos alejará cada vez del progreso y el tan anhelado desarrollo económico.
