Se prenden las alarmas por los problemas financieros de las IES públicas. Entérese de las razones.

Ramón Javier Mesa Callejas*

El naufragio de la Ley Estatutaria

El debate generado alrededor de los temas de financiación en el proyecto de Ley Estatutaria de la Educación, presentado por el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, junto al manejo político e ideológico que se le dio a este importante proyecto, fueron algunas de las razones de fondo por las cuales naufragó en el Congreso de la República.  

Sin duda, sin cifras reales del impacto fiscal de esta propuesta para avanzar en temas como cobertura, calidad, equidad, inclusión y bienestar es imposible un consenso sobre las fuentes de financiamiento que permitirían garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles.

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¿Habrá reforma a la Ley 30 de Educación Superior, sin Ley Estatutaria?

A partir de allí, en el caso de la educación superior pública, la falta de la Ley Estatutaria cambia la perspectiva por parte del MEN de presentar una reforma a la Ley 30 de 1992, la cual se venía construyendo en la denominada Mesa del Acuerdo Nacional por la Educación Superior (MAN+ES), con los diferentes actores universitarios del orden regional y nacional.

Esta Mesa debatía sobre cinco desafíos de la educación superior: 

1. Financiación. 
2. Calidad y pertinencia. 
3. Gobernanza institucional y del sistema de educación superior.
4. Dignificación de la profesión docente. 
5. Bienestar de la comunidad educativa. 

Ahora, sin proyecto de Ley Estatutaria y con cambios en el liderazgo del MEN, la posibilidad de reforma o nueva Ley, o simplemente ajustar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, de seguro pueden correr el mismo destino de este proyecto. 

Una razón que explica esto se encuentra en la falta de coherencia y articulación en la política del MEN de este gobierno. Para la muestra, a la fecha hay 3 ministros y 5 viceministros con perfiles diferentes y con una visión desarticulada de la educación superior.

Así las cosas, el panorama es bastante incierto. La frustración que se arrastra desde los gobiernos anteriores por establecer un nuevo modelo de financiamiento de las IES públicas se acrecienta en este período.  

Se prenden las alarmas 

Mientras esto pasa, los problemas financieros de las universidades públicas se agudizan y se hacen evidentes. Ejemplo de ello es la crisis en que está sumida la UdeA y los anuncios recientes del rector de Univalle sobre los ingresos que necesita su institución para seguir operando.

La particularidad de estas dos universidades es que son la segunda y tercera en cuanto a los recursos que reciben por transferencias de Ley 30, los cuales suman cerca del 17 % del monto que se reparte entre las 34 universidades públicas. 

Ambas tienen liderazgo regional, en el número de estudiantes matriculados, la cantidad de programas académicos que oferta, entre otras variables importantes, al igual que su historia y su nivel de complejidad.    

El panorama más difícil lo presenta la UdeA, por el pago escalonado de sus nóminas y el incumplimiento de las cuentas por pagar por encima de los 60 días, pero las alarmas de crisis están prendidas en la mayoría de las instituciones que conforman el Sistema Universitario Estatal -SUE-.

Al respecto, el análisis de tres indicadores importantes derivados de los estados financieros del conjunto de universidades del Sistema Universitario Estatal -SUE-, en el período 2018 – 2023, reportados en el Consolidador de Hacienda e Información Pública- CHIP- del Ministerio de Hacienda, permite evidenciar las alertas y los riesgos de insolvencia financiera en que pueden incurrir las universidades en el corto plazo, de no producirse un cambio estructural en el modelo de financiamiento de las IES públicas en el país. 

Entre los indicadores que dan elementos para entender la magnitud de los problemas financieros, están: 

• La razón corriente corregida o prueba ácida, que mide la salud financiera de una organización en términos de la capacidad que tiene para satisfacer sus obligaciones en el periodo corriente. 
• La cobertura de las transferencias de ley, que mide el peso de los gastos de funcionamiento sobre los recursos de ley. 
• La dependencia de las transferencias por parte de las universidades del SUE, indicador que mide la participación que tienen las transferencias en el total de recursos de las IES. 

Analizando 33 universidades del SUE, el 53 % presenta un índice de prueba ácida por debajo de 2 y, de ellas 13 universidades tienen un índice por debajo de 1. Esta cifra indica que este grupo de universidades no cuenta con suficientes activos líquidos (caja) para pagar sus obligaciones a corto plazo. 

En otras palabras, tener un ratio de liquidez por debajo de 1 implica serios problemas para hacer frente a las obligaciones que se contraen, especialmente, el pago de las nóminas y proveedores. Para la UdeA, el índice promedio del periodo 2028-2023 es de 0.34.

Por su parte, la dependencia de las transferencias de la Nación por Ley 30, con respecto al total de ingresos que reciben, incluyendo los recursos propios, ha aumentado con los recursos adicionales que han recibido las IES públicas desde 2019 a la fecha. 

Para la muestra, el 64%, correspondiente a 21 instituciones universitarias, tiene una alta participación de los recursos de Ley, superando el 61 % de los ingresos totales. Solo 5 universidades registran una dependencia inferior al 50 % de sus ingresos totales. Una de ellas es la UdeA con el 47 % del total de sus ingresos.

En consonancia con lo anterior, en el caso de la cobertura de las transferencias, la mayor dependencia por los recursos de Ley se convierte en la principal fuente de apalancamiento de los gastos de funcionamiento de las IES. 

De las 33 universidades analizadas, 25 (el 76%) registran una cobertura por encima del 60 %. De este grupo, 19 cubren por encima del 70 % sus gastos de funcionamiento con recursos de la nación, mientras en la UdeA las transferencias cubren el 49 % de los gastos de funcionamiento.

La triada de las dificultades financieras

Las cifras anteriores demuestran la importancia de la financiación con recursos del nivel nacional, en un momento donde la gestión académica administrativa de la mayoría de IES públicas se debate en una triada de dificultades financieras, donde los recursos para funcionar lucen cada vez insuficientes.

Esta triada se manifiesta en los problemas de liquidez o de caja que se revelan en el bajo resultado de la prueba ácida, el cual tiene sus raíces en dos fenómenos que desde hace rato representan la base de las dificultades estructurales del modelo de financiamiento público: el desfinanciamiento crónico y el crecimiento desbordado.

El desfinanciamiento crónico, denominado también como la deuda histórica del Estado colombiano con las IES, no desaparece y se refleja en diferentes circunstancias en el conjunto de instituciones universitarias públicas en el país. 

Esto pasa en las universidades del SUE porque las transferencias o recursos de Ley, contemplados en los artículos 86 y 87 de la Ley 30/92, siguen sin cubrir los gastos de funcionamiento y la inversión para atender el desarrollo de los ejes misionales de estas instituciones, pese a la financiación adicional que vienen recibiendo desde 2019. 

 Los artículos 86 y 87 de la Ley 30 no contemplan la financiación de la red de instituciones técnicas y tecnológicas, así como las escuelas normales superiores. Por tanto, su expansión, desarrollo y crecimiento, han sido atendidos con recursos limitados de los entes territoriales, dada su naturaleza de establecimiento públicos.   

El crecimiento desbordado de las IES públicas no ha contado con fuentes de financiación permanentes para apalancar los gastos de funcionamiento y las inversiones para atender cobertura, la investigación académica y el bienestar, entre muchos otros temas, que son responsabilidad del Estado y que las IES los han financiado con recursos propios.

Este crecimiento lo han asumido los consejos superiores y las directivas universitarias con las mejores intenciones a partir de su responsabilidad con la sociedad, en ausencia del Estado y los entes territoriales en muchas regiones del país, pero sin tener en cuenta la sostenibilidad financiera de largo plazo de las mismas instituciones.

En la mayoría de los casos, el compromiso financiero de los entes territoriales para apoyar la financiación de las IES públicas ha sido mínimo y no ha guardado correspondencia con la inversión social de las IES en las regiones.  

En otro frente, no se pueden desconocer que existen debilidades, ineficiencias e incluso politiquería en la gestión de algunas instituciones universitarias que también cuentan y elevan el desbalance. 

La falta de planeación en función de los recursos disponibles, la ausencia de evaluaciones de la efectividad de los procesos académicos y administrativos, la ausencia de medición de impactos en muchas actividades que emprenden que no siempre tienen que ver con el objeto misional y la contratación desmedida, entre otros asuntos, terminan por agrandar los desequilibrios. 

Sorprende que a pesar de que de tiempo atrás se viene debatiendo sobre los problemas de desfinanciamiento, el crecimiento sigue imparable, como en la metáfora del elefante en el cuarto. 

En muchos casos, pese a las señales de alerta, las acciones y las medidas preventivas, para lograr la sostenibilidad financiera, están ausentes en la gestión de las instituciones. 

Estrategias para enfrentar la crisis

Entender la triada de las dificultades financieras es la clave para diseñar estrategias que minimicen el impacto de los riesgos de liquidez a los cuales se están enfrentando la mayoría de IES en el país. 

Mientras se debate y se pone en vigencia una nueva ley de financiamiento, a las instituciones universitarias les toca maniobrar con alto sentido de responsabilidad frente a los recursos disponibles que tienen para poder funcionar.

Es claro que ninguna reforma financiera será suficiente si no se establecen límites al crecimiento. De ahí la importancia de contar con fuentes de financiación ciertas y permanentes, más allá de los recursos de Ley 30, que permitan el funcionamiento adecuado de las IES sin sobresaltos. 

Bajo este esquema, continuar reemplazando la función del Estado a punta de la gestión de recursos propios es prolongar la incertidumbre y la inestabilidad financiera. Atender nueva cobertura con recursos adicionales a la base presupuestal y no a los costos de formación de los estudiantes, donde se incluyen las necesidades de infraestructura y nuevos docentes, es profundizar el desfinanciamiento. 

Se requiere desde cada IES, una combinación de políticas que involucre lo estrictamente técnico para una adecuada gestión financiera, con medidas que superen los planes de austeridad para contener los gastos. 

Para garantizar credibilidad, compromiso y participación de los diferentes estamentos universitarios, es necesario el liderazgo institucional para desarrollar estrategias cargadas de conocimiento, pedagogía y mucha sensibilidad.

Finalmente, pese a las diferencias entre las IES, no se puede perder el horizonte. Se deben construir, entre las 64 IES públicas, las bases de un nuevo modelo de crecimiento que atienda prioridades, metas, nivel de complejidad, vocación misional, impacto en los territorios, derechos laborales y capacidad instalada de las instituciones universitarias.

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