A dos meses del fallo sobre San Andrés: ¿de La Haya a la olla?
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Sensatez y visión futuro: el connotado representante de los raizales propone una salida. Un abanico de oportunidades se abre frente al desastre, siempre que respetemos la particularidad de este territorio único.
El golpe La conmoción del 19 de noviembre de 2012 entre los habitantes de las islas por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –que cercenó una porción enorme de mar vital para el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina– tal vez solo sea comparable con la que dejó el hundimiento de nuestras cuatro embarcaciones durante la segunda guerra mundial.
Aquel dolor duró muchos años, y solo se mitigó en 1953 con la primera visita presidencial a la isla, cuando se decretó el régimen de puerto libre que, dicho sea de paso, resultó ser bastante discutible por su relación de costo-beneficio para el archipiélago. Cronología del despojo En 1894, Nicaragua había tomado por la fuerza nuestra costa de la Mosquitia y- pretendiendo aun más territorio sobre el mar Caribe- se abalanzó sobre las islas del Maíz o Mangles, en el inmediato vecindario de San Andrés. En 1928 — cuando se firma el tratado Esguerra-Bárcenas — Colombia entregó a los centroamericanos derechos sobre los territorios usurpados, sin exigir nada a cambio. En 1930, al suscribirse el acta de canje de esos instrumentos, los nicaragüenses establecieron arbitrariamente el meridiano 82 como línea de demarcación fronteriza, limitando así la soberanía colombiana, que antes incluía toda una franja del litoral caribe en Centro América.
Sin embargo, décadas después tampoco reconocieron ese límite, fijado por ellos mismos. Al asumir el poder, el movimiento sandinista denunció el tratado Esguerra-Bárcenas, considerándolo nulo e incorporando en su nueva constitución a todo el archipiélago de San Andrés. Finalmente, en diciembre de 2001, Nicaragua expuso sus pretensiones ante la Corte Internacional de Justicia y hace dos meses se produjo la sentencia que ahora nos agobia. Nos negaron la voz Solo una pésima defensa de los intereses colombianos ante el más alto tribunal de justicia de Naciones Unidas permite explicar cómo se despojó a un pueblo ancestral del ejercicio de posesión legítima, pacífica e ininterrumpida durante cuatro centurias sobre las islas, atolones, arrecifes, bancos, bajos y mares que circundan el archipiélago. Los togados de la Haya consideraron que las partes no aportaron suficiente evidencia para justificar la profunda dependencia de los isleños de estas aguas para su sustento y supervivencia esencial. De hecho, los raizales fuimos excluidos del proceso. Desde el momento mismo cuando Nicaragua radicó su demanda ante la CIJ, el representante a la Cámara por las islas, Jiménez Walters Pomare, logró que se aprobara una proposición que pedía incluir raizales en el grupo de defensores de los intereses colombianos ante La Haya. Entre el 2001 y el nefasto fallo del 19 de noviembre de 2012, todos los gobernantes del departamento, las organizaciones y los medios de comunicación de las islas reclamaron para que se garantizara la presencia de miembros del pueblo raizal en defensa de nuestros derechos sobre el territorio ancestral. La respuesta del gobierno Ante el resultado adverso, el gobierno ha buscado afanosamente desactivar diversos efectos políticos, jurídicos, económicos, diplomáticos y de percepción de la ciudadanía frente a la responsabilidad compartida por los presidentes de la república durante el desarrollo del proceso. El gobierno ha enfocado sus esfuerzos en prestar asistencia y cobertura frente a las necesidades del departamento insular y de sus habitantes afectados por la sentencia.
De otra parte, la gobernadora, el alcalde y el abogado de las islas se hicieron visibles durante la audiencia concedida por el Secretario General de Naciones Unidas a nuestra Canciller, que buscaba proyectar cierta notoriedad y el reconocimiento de los derechos ancestrales y de la dependencia del pueblo raizal con respecto a los recursos marítimos entregados a Nicaragua. Se ha iniciado un acercamiento entre los presidentes de ambos países. Se ha escogido una firma de abogados internacionales especializada en presentar recursos contra las decisiones del Tribunal de la Haya, para que estudie las opciones jurídicas que permitan mitigar los efectos del fallo. Abanico de oportunidades Se han alentado manifestaciones de rebeldía contra la sentencia adversa, clamando por una desobediencia simple e irresponsable frente a las reglas que regulan la convivencia en la comunidad de las naciones, imaginando tal vez que se puede impedir su ejecución, cuando ésta ya es un hecho. Otros creemos que esta crisis exige elaborar una nueva visión y una nueva misión para la gente que vive sobre este territorio insular: la construcción de metas colectivas que den prioridad a consideraciones humanas y racionales para reorientar el desarrollo. Es preciso partir de unas premisas básicas:
En otras palabras, es indispensable elaborar y poner en marcha un modelo de desarrollo singular y apropiado para esta región insular única, que trascienda las fronteras geográficas, culturales… y nacionales. Ese modelo no puede seguir replicando las reglas continentales, es decir, las normas ideadas por el gobierno central en Bogotá. Es posible construir el futuro de este departamento insular sobre la base de desacelerar un desastroso crecimiento cuantitativo y de fijar metas cualitativas, en un proceso adecuado de slow down, en orden y evitando cometer tanto errores. El archipiélago deseado solo será posible haciendo grandes sacrificios. El fallo del 19 de noviembre de 2012 abrió el abanico de las oportunidades.
* Abogado de la Universidad Externado de Colombia, primer gobernador del departamento en 1991, embajador de Colombia ante varios gobiernos del Caribe.
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|  Kent Francis James*
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El movimiento sandinista denunció el tratado Esguerra-Bárcenas, considerándolo nulo e incorporando en su nueva constitución a todo el archipiélago de San Andrés. 
El gobierno ha enfocado sus esfuerzos en prestar asistencia y cobertura frente a las necesidades del departamento insular y de sus habitantes afectados por la sentencia. Acerca del autor
Kent Francis
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