Nuevamente las pirámides: ingenuidad, ambición y falta de intervención estatal - Razón Pública
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Nuevamente las pirámides: ingenuidad, ambición y falta de intervención estatal

Escrito por Hernando Hernández Quintero

Campañas elaboradas por la Superintendencia Financiera para evitar el uso ilegal de recursos en los colombianos.

Hernando HernandezEsta vez son las libranzas, pero han sido muchos los casos de captación masiva ilegal de dinero y de grandes estafas a través de maniobras financieras. Tampoco han sido pocas las leyes para combatirlas, pero el problema no desaparece. ¿Por qué?*  

Hernando Hernández Quintero** 

Universidad de Ibagué

Otro escándalo

El país despertó recientemente con otro escándalo financiero que afectó a cerca de 10.000 personas, entre naturales y jurídicas, y comprometió recursos por 1,5 billones de pesos, nacido del manejo ilícito de la compraventa de libranzas, una figura que tradicionalmente ha sido el instrumento mejor y más seguro para conceder préstamos a los empleados. 

En las investigaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades se encontró que algunas entidades, como Estraval, negociaron en el mercado secundario los pagarés que respaldaban la deuda como si se tratara de un título valor. Los compradores fueron personas que buscaban un rendimiento mayor que el ofrecido por las entidades financieras. 

Este nuevo descalabro financiero invita a reflexionar sobre las razones detrás de estas continuas captaciones ilegales que se dan en Colombia y las posibles soluciones a un fenómeno que día a día arruina a muchas familias y perturba el orden económico y social del país. 

La vieja captación masiva

La picaresca criolla relata con profusión las tragedias ocasionadas por la captación masiva y habitual en Colombia. Por ejemplo el 31 de diciembre de 1841 ocurrió la quiebra del Grupo Landínez, el imperio financiero que logró crear Judas Tadeo Landínez y cuyo descalabro no dejó familia bogotana indemne. Se dice que el tamaño de la quiebra “superó varias veces el presupuesto nacional de la época”. 

A estos desaguisados siguió en 1920 el derrumbe de la Casa Vásquez Correa. El periódico La Defensa afirmaba sobre este suceso el 29 de octubre de ese año que “Los grandes y pequeños capitalistas corren apresurados a retirar sus depósitos de los bancos, derrumbando, en una hora de irreflexible pusilanimidad, prósperas y poderosas instituciones que sostenían ayer”. 

Para combatir la captación, nuestra Constitución establece un modelo de intervención estatal.

Ya en la década de 1980, cuando el país enfrentó una de sus más graves crisis financieras, se registraron entre otras las quiebras y malos manejos de Correa Acevedo y Furatena, del malogrado Grupo Colombia, de Inversiones Oro, del Grupo Central, del Grupo Santa Fe, del Grupo Duque, de la Caja Vocacional, de Cofinza, de la firma Camacho Roldán, de la Compañía de Asuntos Bursátiles y General Financiera, del Grupo Glottman, de Cocentral, de Philaac, de la Cooperativa Avancemos y de la Fortaleza.  

La historia se repitió en la década siguiente y a comienzos del siglo XXI, cuando otra vez   los ahorradores ávidos de ganancias elevadas e inmediatas cayeron en las redes de los banqueros de hecho. Se dieron entonces los casos principales de:

  • DMG, de David Murcia Guzmán,
  • DRFE (dinero fácil, rápido y efectivo) de Carlos Alfredo Suárez,
  • Global Empresarial,
  • C.I. Tango Trading Ltda.,
  • Su Inversión,
  • Costa Caribe, y
  • La sociedad de Valores Urbanos S.A.S. 

En épocas más recientes se han descubierto irregularidades en la otrora reconocida firma Interbolsa, hoy sumida en una grave crisis financiera que afecta a incontables ciudadanos. Las pérdidas que han sido detectadas por la captación ilegal de Interbolsa llegan a los trescientos mil millones de pesos. 

La respuesta del Estado 

Campañas elaboradas por la Superintendencia Financiera para evitar el uso ilegal de recursos en los colombianos.
Campañas elaboradas por la Superintendencia Financiera para evitar el uso ilegal de recursos en los colombianos. 
Foto: Superintendencia Financiera de Colombia

El Decreto 1970 de 1979 prohibió la intermediación financiera sin contar con autorización de la Superintendencia Bancaria (hoy Superfinanciera), conminando a sus infractores con sanciones pecuniarias.

Pero el desbordamiento de estas prácticas llevó al Estado a la adopción de sanciones penales. Así, en desarrollo de la emergencia económica decretada por el gobierno de Belisario Betancur fue expedido el Decreto 2920  de 1982 que castigaba con pena de presidio a quien capte recursos del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente.

El concepto de captación masiva y habitual se desarrolló en los Decretos 3227 de 1982 y 1981 de 1988, recogidos por el Decreto 1068 de 2015, normas donde se destacan como requisitos para la concreción del hecho punible:

  • Que se reciba dineros de más de veinte personas,
  • Que los recursos superen el 50 por ciento del patrimonio líquido del captador, y
  • Que los mismos se reciban como resultado de efectuar ofertas públicas o privadas a personas innominadas. 

El Código Penal del año 2000 (Ley 599) incluyó un capítulo especial sobre Delitos Contra el Sistema Financiero y allí (artículo 316) ubicó el delito de captación masiva y habitual, manteniendo la redacción del decreto de emergencia. 

El desplome de las captadoras DRFE y DMG, que en seis años captaron 4,8 billones de pesos, llevaron al gobierno Uribe a decretar la emergencia económica y a acudir al medio más socorrido en estos casos: modificar la ley penal para elevar las sanciones y así enviar un mensaje a la comunidad sobre la respuesta efectiva del Estado ante los ataques del orden económico. 

De esta forma, con la Ley 1357 de 2009, que recopiló las normas de la emergencia económica, el artículo 316 del Código Penal se re-escribió de tal forma que ahora no solo sanciona a quien directamente capta los recursos del público sino que incluye como autor del delito a quien “desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público”. Con esto se borra la barrera que el derecho penal ha establecido tradicionalmente para determinar quién es autor y quién es participe (determinador, cómplice) de un delito. 

Asimismo, la Ley 1357 creó un nuevo delito que sanciona con prisión a quien, habiendo captado dineros del público, no los reintegre. Se espera que esta disposición estimule a los banqueros irregulares a devolver esos recursos obtenidos sin autorización legal. 

Las penas también se aumentaron para este ilícito y ahora pueden alcanzar los treinta y cinco años de prisión, una amenaza con la que el Estado cree que podrá combatir efectivamente este comportamiento. 

No es solo asunto de leyes

Jornada preventiva en Sincelejo por captación ilegal de recursos.
Jornada preventiva en Sincelejo por captación ilegal de recursos. 
Foto: Superintendencia Financiera de Colombia

Este recuento de las defraudaciones más conocidas en Colombia y la consecuente respuesta estatal por vía legislativa demuestra la forma facilista como se enfrentan problemas que tienen sus raíces en la cultura del enriquecimiento fácil y rápido, en la manipulación de algunos ciudadanos y en la intervención insuficiente del Estado. 

Recientemente, en una entrevista radial, se preguntaba a una de las personas afectadas por la defraudación de las libranzas cuál era el monto de intereses que recibía y dijo que eran más del doble de los que viene reconociendo el sector financiero. Este es el tipo de actitud  que prima cuando una persona entrega sus dineros a quienes ofrecen mayores rendimientos sin contar con la autorización legal y la vigilancia de la Superintendencia Financiera, sin declararlos ante la DIAN y sin las deducciones que ordena la ley, es decir, obteniendo ganancias indebidas. Cuando la estafa se perfecciona corren entonces presurosos a la justicia para pedirle que recupere sus dineros. 

Colombia cuenta con suficientes normas para enfrentar el fenómeno de las pirámides. 

De otra parte aparecen los avivatos de siempre que, validos de la ambición de los ahorradores, ofrecen rendimientos por encima de lo posible. En muchas ocasiones son personas que tienen negocios honestos pero que ante las dificultades deciden acudir al mercado extra bancario y empiezan a aceptar intereses que poco a poco se van elevando hasta llegar a la imposibilidad de cumplir los pagos pertinentes. Después vienen el descaro y el aprovechamiento de la ingenuidad de los “ahorradores”. 

Finalmente, aparece la inadecuada y tardía actuación de las entidades de vigilancia y control. Para combatir la captación, nuestra Constitución establece un modelo de intervención estatal que combina la participación del Congreso y del presidente de la República. Asimismo, en el artículo 335 se precisa que la intermediación financiera requiere la autorización previa del Estado.

Por su parte el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su artículo 208, autoriza a la Superintendencia Financiera para ordenar la suspensión inmediata de las actividades ilegales de captación y para disolver la persona jurídica. Otras normas recientes entregaron también facultades a la Superintendencia de Sociedades para actuar en estos casos. 

En resumen, Colombia cuenta con suficientes normas para enfrentar el fenómeno de las pirámides. Lo que se necesita es crear una cultura sobre la forma sana de aumentar los patrimonios, exigir a las instituciones financieras que reconozcan el verdadero valor del dinero a sus ahorradores y pedir al Estado que intervenga en forma oportuna.

No de otra manera se superará este proceder que tanto daño ha causado y sigue causando a los ciudadanos y a la estabilidad económica del país.

 

*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad de Ibagué. Las opiniones expresadas  son responsabilidad del autor.

*Magíster y doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, profesor titular de la Universidad de Ibagué.

 

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