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Nicaragua: de la estabilidad a la insurrección

Escrito por Edmundo Jarquín
Presidente de Nicaragua Daniel Ortega.

Edmundo JarquinUna larga lista de agravios de un gobierno que parecía todopoderoso desembocó en la ola de protestas que amenazan derrocarlo.

Edmundo Jarquín*

Falso paraíso

Hasta mediados de abril Nicaragua parecía un paraíso de estabilidad política y seguridad ciudadana. Se trataba de un hecho insólito en una región cuyos índices de criminalidad están entre los más altos del mundo.

Además, durante el gobierno de Daniel Ortega –que comenzó en enero de 2007– Nicaragua mantuvo e incluso aumentó ligeramente la tasa de crecimiento económico de los quince años anteriores: tuvo un respetable 4,3 por ciento anual promedio durante una década, la tasa más alta de Centroamérica, con excepción de Panamá.

En 2017 varias revistas internacionales de turismo mostraron a Nicaragua como un destino seguro y lleno de encantos naturales.

Pero no todos sabían, en particular en el extranjero, que se trataba de una estabilidad autoritaria, con represión selectiva a los escasos focos de resistencia democrática y asesinatos de quienes precariamente se alzaban en armas en zonas rurales, que eran resabios de la guerra civil de la década de 1980 entre sandinistas y “contras”. Así, Nicaragua lucía un expediente con cero presos políticos.

Mientras tanto se acumulaban agravios que han acabado encadenándose en una verdadera insurrección cívica con una demanda política: ¡que Ortega se vaya!

Los detonantes

Marchas en Nicaragua.
Marchas en Nicaragua.
Foto: Tecla Libre

La chispa que incendió la pradera fueron las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Los ancianos salieron a protestar por el recorte de pensiones y fueron vapuleados en una represión desmesurada por fuerzas de choque del sandinismo. Jóvenes universitarios, que rumiaban en silencio sus propios agravios y que fueron los iniciadores de la insurrección cívica, se autoconvocaron mediante las redes sociales a una protesta en solidaridad con los “viejitos”, y también fueron reprimidos por las turbas orteguistas.

De ese modo se produjo una sucesión de represiones y protestas que se convirtió en una insurrección cívica nacional que ha dejado, hasta finales de junio, más de 250 muertos –casi todos jóvenes e indefensos–, casi dos mil heridos y un número de encarcelados y desaparecidos aún por establecerse.

Así, los agravios a distintos sectores se han condensado en una demanda democrática frente a un régimen autoritario que ha devenido en dictadura, y ahora también en una demanda de justicia para esclarecer los asesinatos y establecer responsabilidades para los culpables.

Se produjo una sucesión de represiones y protestas que se convirtió en una insurrección cívica nacional.

Las causas inmediatas de la protesta estudiantil ocurrieron justo antes del estallido de la insurrección. El régimen Ortega-Murillo –llamado así tras la reforma constitucional que, entre otras cosas, permitía que la esposa de Ortega, Rosario Murillo, pudiese ser “elegida” vicepresidenta– envió un proyecto de ley para censurar las redes sociales. Enseguida sucedió otro hecho de gran importancia para la conciencia de la juventud: un voraz incendio en la reserva natural Indio Maíz, en el Caribe sur de Nicaragua, con el cual se descubrió la red de corruptelas madereras vinculada al círculo de poder Ortega-Murillo.

De pronto, la población reaccionó ante otros agravios sectoriales derivados del autoritarismo del régimen de Ortega, como:

  • El control mafioso sobre los universitarios de la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses (UNEN);
  • La obligación de empleados públicos de carnetizarse en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para mantener sus empleos;
  • La distribución selectiva de cédulas de identidad con fines electorales;
  • La obligación de pobladores y campesinos de afiliarse al FSLN para acceder a láminas de zinc, gallinas, cerdos y vacas del programa Hambre Cero;
  • La obligación de los buhoneros (vendedores ambulantes) y comerciantes minoristas de someterse a las “argollas” gubernamentales para acceder a tramos en los mercados, tramitación en las aduanas y otros permisos del gobierno y municipios;
  • La impunidad de la corrupción;
  • La marginación de los empresarios de todo tamaño, en especial de los pequeños y medianos, para acceder a contratos y suministros gubernamentales sin pasar por los círculos del poder político;
  • La negociación de sentencias en el poder judicial;
  • La persecución y represión a organizaciones de la sociedad civil;
  • La inicua concesión del canal interoceánico a un empresario chino;
  • El control monopólico de casi todos los medios de comunicación;
  • El nepotismo en el poder.

En términos estrictamente políticos, hasta entonces solo había habido protestas focalizadas que Ortega podía reprimir sin mayores consecuencias para la estabilidad y la imagen de país seguro que tenía Nicaragua. Pero cuando la chispa empezó a quemar la pradera también estallaron otros problemas políticos:

  • La discriminación de los opositores, quienes exigieron que se respetaran sus votos, que se les tratara como nicaragüenses y que terminara la odiosa discriminación entre orteguistas y demás ciudadanos;
  • El fraude en las elecciones municipales de 2008;
  • La violencia y otras irregularidades de las elecciones generales de 2011, en las que el resultado fue imposible de verificar, según los organismos de observación electoral;
  • La exclusión de la oposición de toda oportunidad de participar en las elecciones generales de 2016;
  • La marginación de los “históricos” del FSLN en el proceso de privatización orteguista de ese partido.

En resumen, estalló el sueño de una estabilidad autoritaria eterna y de una política de diálogo y consenso con el sector empresarial privado al margen de las preocupaciones democráticas.

Factores decisivos

Protestas en contra de la construcción del canal interoceánico.
Protestas en contra de la construcción del canal interoceánico.
Foto: Common Dreams

Cinco claves para entender la crisis nicaragüense –que ha empezado su tercer mes– y su eventual desenlace son:

1. En Nicaragua no hay un conflicto armado. Todas las armas las tiene Ortega, son las de la policía nacional, que ha participado abiertamente en la represión y ha sido cómplice de las bandas paramilitares que, encapuchadas, han sembrado el terror. También son las del ejército, que no ha reprimido, pero, en palabras de Luis Carrión, dirigente sandinista, ha incurrido en “complicidad pasiva” al no desarmar a las bandas paramilitares.

2. El régimen Ortega-Murillo está aislado nacional e internacionalmente.

Internamente nunca tuvo el apoyo aplastante de una mayoría política, como se solía decir y el gobierno pareció creer. En 2006 Ortega ganó con menos porcentaje de votos que en tres elecciones anteriores; después no hubo más elecciones democráticas. En las elecciones de 2016 se llegó a la exclusión formal de toda oposición.

Dos importantes abandonos al régimen ayudan a entender su orfandad:

Los agravios a distintos sectores se han condensado en una demanda democrática frente a un régimen autoritario que ha devenido en dictadura.
  • En el proceso de privatización orteguista del FSLN –directamente comando por la pareja presidencial y con el fin evidente de constituir otra dinastía política– se excluyó paulatinamente a los llamados “históricos” del Frente Sandinista, cuyos hijos y nietos están en las protestas. El premio Cervantes nicaragüense, Sergio Ramírez, ha señalado que la revolución cívica que enfrenta Ortega está siendo hecha por los “nietos de la revolución” de 1979 (en la cual participó el escritor) que derrocó a otra dinastía: los Somoza.
  • Ante la masacre, el sector privado empresarial, con cuyos dirigentes Ortega había establecido una alianza de “diálogo y consenso” para tomar las principales decisiones económicas al margen de todo debate democrático, se ha desligado visiblemente del régimen. José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), afirmó que son “corresponsables de todo lo bueno y malo que se hizo antes del 18 de abril, pero a partir de entonces no son en absoluto corresponsables de nada”.

Además, hasta hace poco Ortega había logrado pasar desapercibido ante la opinión internacional. Ahora la crisis nicaragüense y el horror de la matanza están en el radar, en gran parte gracias al periodismo de calle que, a través de las cámaras de los celulares, ha expuesto evidencias de la represión.

El aislamiento internacional del régimen Ortega-Murillo quedó en evidencia en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 22 de junio. Allí solo recibió la solidaridad de Bolivia –a medias– y el endoso pleno del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

3. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, cuya autoridad moral y política ha crecido al oponerse a los excesos del gobierno de Ortega y solidarizarse con los reprimidos, está mediando en un incierto Diálogo Nacional al que Ortega se vio obligado por las protestas.

En ese diálogo entre la delegación del gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (integrada por estudiantes, sociedad civil, sector privado y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes), la Conferencia Episcopal ha propuesto adelantar a 2019 las elecciones previstas para 2021. El Secretario General de la OEA se ha unido a esa demanda.

4. El conflicto se ha internacionalizado más allá de su visibilidad en los medios de comunicación.

Las protestas y las demandas iniciales en el diálogo hicieron que el gobierno invitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya primera misión llegó a mediados de mayo. Entonces los asesinatos eran alrededor de un centenar; cuando la CIDH presentó su informe final ya superaban los doscientos y en el momento de escribir este artículo se acercaban a trescientos.

Como resultado del círculo vicioso de represiones y protestas y del Diálogo Nacional, se ha instalado un mecanismo de seguimiento –en el que participan la CIDH, el Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI) y delegados de la Unión Europea y del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos– para establecer las responsabilidades de la represión.

5. El ejército, cuya presencia intimidante seguramente fue requerida por Ortega, hasta ahora se ha negado a salir a las calles, pero son crecientes las voces que reclaman el desarme a las bandas paramilitares que están sembrando el terror.

Ortega no se ha comprometido a adelantar las elecciones. Mientras tanto la gente en la calle exige su renuncia y acepta las elecciones anticipadas, pero sin él en el gobierno.

De la interacción de los cinco factores mencionados dependerá el desenlace de la crisis. Lo que es seguro es que Nicaragua no volverá a ser un paraíso de estabilidad autoritaria, si a eso se le puede llamar paraíso.

* Abogado y economista nicaragüense, especializado en políticas públicas y temas de reforma del Estado, ha sido candidato a la Presidencia (2006) y a la Vicepresidencia (2011) de Nicaragua.

 

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