Ley de víctimas: lavar la mala fe en el despojo - Razón Pública
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Ley de víctimas: lavar la mala fe en el despojo

Escrito por Yamile Salinas
Yamile Salinas

Yamile SalinasLa ley que acaba de aprobar la Cámara conduciría a amparar a los victimarios y castigar a las víctimas del despojo violento de sus tierras.

Yamile Salinas Abdala*

En el debate de la ley de víctimas, la última discusión versó sobre la definición de la fecha a partir de la cual se reconocerá a las víctimas. Luego del retiro de los miembros del Polo Democrático y la oposición de varios de los ponentes de la ley, se adoptó el año 1991.

Según la revista Semana, la principal oposición para acoger el año 1984 fue sustentada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, bajo el argumento de que esa fecha "podría terminar obstruyendo… el proceso de restitución de tierras por una razón sencilla: a los 20 años prescribe la reclamación sobre ella, e iniciar procesos ya prescritos por ley podría ser inviable"[1].

Sorprende esta afirmación si se tiene en cuenta que desde el 27 de febrero de 2003, en virtud de la Ley 791 de 2002, se redujeron los términos de prescripción para adquirir el dominio de las tierras que no pertenecen al Estado, así: De 10 a 5 años en los eventos en que la posesión hubiese sido ejercida de buena fe, y de 20 a 10 años en los casos en que dicha posesión proviniere de la violencia, el fraude, la clandestinidad y otros factores que menguaran el consentimiento del legítimo propietario del predio.

Precisamente, la posibilidad de "lavar" la mala fe o de descontaminar el origen de la violencia y la fuerza es quizás la mejor forma de legitimar  el despojo de tierras. Es por ello que el Estatuto de Desarrollo Rural[2] ordenaba  a los jueces abstenerse de adelantar procesos de pertenencia cuando la tenencia del predio se originara en "conductas de intimidación y de violencia".

A su vez, el proyecto de ley de víctimas de la era de Uribe consagraba las presunciones de ilegalidad y de ausencia de justo título, las que se aplicaban en las denominadas zonas espurias, es decir, aquellas donde se hubieren presentado violaciones de derechos humanos masivas y sistemáticas, entre ellas desplazamientos masivos y abandono de tierras.

Una verdadera política de restitución podría partir de aplicar la Ley 201 de 1959 a través de la cual se disponían "medidas tendientes a impedir el aprovechamiento económico de la violencia durante el estado de sitio", que en su artículo 1 prescribe que:

"En caso de perturbación del orden público que haya dado lugar a la declaratoria del estado de sitio por conmoción interior, se tendrá como fuerza que vicia el consentimiento cualquier aprovechamiento que del estado de anormalidad se haga en la celebración de un acto o contrato que se traduzca en condiciones tan desfavorables que hagan presumir que en circunstancias de libertad jurídica no se hubiere celebrado".

Si bien el despojo y abandono de más de 6,6 millones de hectáreas y el deber estatal de restituirlas a sus legítimos dueños deberían ser suficientes para declarar la conmoción interior, la aplicación de la Ley 201 que se encuentra vigente, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, no requiere de dicha declaratoria dado que su finalidad es "proteger la autonomía de la voluntad privada contra la violencia generalizada y el indebido aprovechamiento de la misma"[3]

En efecto, un verdadero compromiso de saldar la deuda con los desterrados implica contar con un marco especial y favorable que garantice efectivamente los derechos de las víctimas del "desplazamiento de sus propiedades o fundos poseídos, mediante el imperio de la fuerza, en regiones azotadas por la violencia, de las cuales tuvieron que huir para salvar su vida y la de sus familiares"[4]>.

Además, no es ético ni legal dar un tratamiento más favorable a los despojadores que a quienes están involucrados en procesos de extinción de dominio -sin perjuicio de que pueden ser los mismos-, en los que es inaplicable la prescripción puesto que "los vicios que afectan el patrimonio mal habido jamás pueden sanearse"[5].

* Abogada independiente,  ex funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Ha asesorado a la Procuraduría, la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T 025 y a Oxfam Nobiv. Actualmente es asesora de Indepaz y consultora del Grupo de Memoria de la CNRR.

Notas de pie de página


[1] Revista Semana.
http://www.semana.com/noticias-nacion/1991-1984/149078.aspx

[2] Declarado inexequible por la Corte por violación del derecho fundamental a la participación de los grupos étnicos

[3] CSJ, Sentencia de casación 15 de abril de 1969.

[4] CSJ, Sentencia de casación  de julio 28 de 1958. MP. Ignacio Escallón.

[5] Corte Constitucional. Sentencia C 374 de 1997.

 

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