Ángela Cruz, autor en Razón Pública
Foto: Facebook: Ministerio de Cultura

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El Ministerio de Cultura camina sin rumbo claro. Los meses pasan y el presidente Petro no da prioridad al sector ni nombra a alguien que ponga la cara.

Ángela Cruz*

Una carta y un sobre vacío

Ha pasado más de un mes desde que voceros del sector cultural se reunieran con el presidente Petro para analizar la crisis que resulta, entre otras cosas, de la interinidad a raíz de la salida de la ministra Patricia Ariza y el nombramiento de Jorge Ignacio Zorro como ministro encargado.

El motivo de esa reunión fue una carta que el 16 de junio sumaba 1107 firmas de artistas, académicos y gestores culturales que —junto con personalidades internacionales—, reclamaban que nueve meses después de haber llegado al poder, los planes para el sector cultural colombiano que fueron anunciados durante la campaña electoral no habían comenzado a realizarse.

La incomodidad de los firmantes se debía a la falta de rumbo en la que al parecer se ha sumido el ministerio debido al vacío administrativo que resulta de no tener una persona nombrada en propiedad para dirigir esta cartera. También se recordaba al presidente Petro el papel importante del sector cultural en promover su propuesta de cambio durante el camino a la presidencia.

Así, cuando por fin los representantes del sector lograron reunirse con el mandatario, el gesto simbólico final de la reunión fue la entrega de un sobre vacío en el cual se esperaba que el presidente entregara su respuesta a los firmantes. Las preguntas que quedaron en el aire desde entonces fueron:

  • ¿De qué manera va el gobierno a llenar ese sobre?,
  • ¿Cuáles son los cambios prácticos para que la promesa de una convergencia entre actores del sector cultural, prometida durante la campaña, se vuelva realidad?, y
  • ¿Hasta qué punto la cultura es una prioridad para este gobierno, más allá del discurso?

Lea en Razón Pública: El sector de la cultura: el largo camino por recorrer en 2023

Entre lo identitario, la “alta cultura” y la economía naranja

Cuando comienza un nuevo gobierno —que además se autodefine como progresista— es de esperar que se presenten disputas entre distintas visiones de la cultura.

reclamaban que nueve meses después de haber llegado al poder, los planes para el sector cultural colombiano que fueron anunciados durante la campaña electoral no habían comenzado a realizarse.

Foto: Facebook: Presidencia de la República - Los voceros del sector cultural se reunieron con el presidente para discutir sobre la crisis del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Hasta el momento sigue la pregunta en el aire sobre cuáles serán los cambios a nivel práctico para este Ministerio.
Como señala el asesor Richard Tamayo, algunos siguen aferrados a una concepción decimonónica que ve en la “alta cultura” una herramienta de cambio o de movilidad social, mientras que otros se inclinan hacia la recuperación de prácticas culturales más identitarias, relacionadas con apuestas regionales y comunitarias. Estos últimos sectores tienen razones válidas para desconfiar de proyectos ligados a esa primera visión que se percibe como privilegiada históricamente.

Hay muchas más maneras de entender la cultura, o al menos el lugar desde el cual debe abordarla la gestión pública, y esto saca a la luz otro desencuentro entre los intereses de creadores, artistas, gestores, administradores y ordenadores del gasto.

Lo anterior era aún más previsible cuando la propuesta para el sector cultural pretendía transformar el modelo de inversión, que bajo el gobierno Duque estuvo marcado por la llamada “economía naranja”.

Los cambios con MICASA

Ahora bien, es importante señalar que Ariza logró cambios legales que fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, cambios éstos que permiten transitar de la economía naranja a las economías culturales y creativas.

No se trata de echar por tierra las acciones del gobierno anterior o los programas con resultados positivos. Pero los cambios no pueden ser meramente nominales. Se trata de cambiar un conjunto de políticas que han sido insuficientes para fomentar la creación, la circulación, la promoción y los procesos colectivos, no apenas por falta de presupuesto, sino por su incapacidad de asegurar la integración entre las diferentes partes del sistema.

Visto desde este ángulo, otro cambio del nombre Ministerio de Cultura por MICASA (Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes) —proyecto de ley que el Senado aprobó este 14 de junio— permite, al menos conceptualmente, la apertura a procesos que no contaban con visibilidad y representatividad suficientes en pasadas administraciones.

Otros dos cambios importantes merecen atención y seguimiento:

-En primer lugar, la creación del Consejo Nacional de Economías Culturales y Creativas para sustituir al de Economía Naranja; si bien se anuncia que su propósito es señalar directrices para lograr la convergencia prometida, todavía no es clara la hoja de ruta que se pretende poner en marcha.

– En segundo lugar, el remplazo de las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) por los Territorios Culturales, Creativos y de los Saberes que, reitero, no puede implicar apenas un cambio de nombre sino una transformación completa del marco legal y el modelo de inversión en cultura, para evitar que simplemente se asignen zonas a la explotación y emprendimiento culturales

Algunas de estas zonas han servido para hacer invisibles los procesos locales ya existentes o la gentrificación, causante de exclusión y desplazamiento, que más allá de ganancias para algunos, no crea acciones culturales con procesos humanos, historias comunitarias, construcción de memoria, afirmación identitaria y sí, búsqueda de la paz.

Es importante entonces reconocer que ya se dio un primer paso al, por ejemplo, modificar los “códigos ciiu” para las actividades culturales —los códigos de actividad económica que permiten asignar partidas presupuestales a proyectos por parte del ministerio—, que bajo la economía naranja permitieron desviar recursos hacia otros sectores, que bien habrían podido ser financiados por otras carteras o dependencias del gobierno.

Asumir el liderazgo del MICASA en medio de esta transformación necesita entonces de afinidad ideológica y claridad discursiva acompañadas por una gestión administrativa que distribuya bien los recursos que, si bien aumentaron como porcentaje del presupuesto nacional, no son adecuados para atender las múltiples instancias de trabajo cultural.

Cambios necesarios

Ante la complejidad y multiplicidad del sector, es evidente que acabar con la interinidad, si bien no es lo único por arreglar, debe ser el primer paso para conjurar esta crisis que es, sobre todo, una de confianza que pone de manifiesto un problema de representatividad.

Como señalan algunas de las fuentes consultadas dentro del ministerio para escribir este artículo, se necesita que las personas en las altas posiciones sean reconocidas como trabajadores de la cultura, y además se necesita que estas reconozcan a quienes han trabajado durante años desde el mismo sector público.

No basta entonces con anunciar la inversión en determinadas áreas o promover nuevas iniciativas, sino demostrar de qué manera se puede garantizar la continuidad de los proyectos, cómo se logrará la reinversión y de qué manera pueden pasar de ser políticas de gobierno a programas de Estado.

Se trata de cambiar un conjunto de políticas que han sido insuficientes para fomentar la creación, la circulación, la promoción y los procesos colectivos

El Ministerio de Cultura, para ser MICASA y para convertirse en el motor de cambio hacia la paz como se ha prometido, necesita paz interior. La inestabilidad afecta a los artistas e intelectuales que firman las cartas y asisten a reuniones que los han llenado de expectativas no resueltas, pero afecta también y sobre todo a los procesos locales y comunitarios que sostienen la vida de muchas personas.

Afecta también, y sin que nadie parezca interesarse por ello, a los servidores públicos de la cultura que a menudo se encuentran precarizados bajo el modelo de contrato por prestación de servicios —con vigencias tan cortas como las trimestrales— mientras cumplen horarios de empleados y se ven forzados a ejecutar presupuestos y sacar adelante proyectos en tiempo récord.

Según el testimonio de algunos contratistas en diferentes direcciones del Ministerio, han llegado personas a cargos de supervisión que no cuentan con el conocimiento o la experiencia para dirigir a sus equipos. Otros manifestaron que algunos funcionarios propician el clima de acoso laboral. De manera pública el exdirector de comunicaciones Daniel Téllez declaró que su salida pudo estar relacionada con su orientación sexual.

Finalmente, rumores sobre movidas políticas tras la prolongación de la interinidad del ministro Zorro siguen circulando en pasillos y redes sociales. Por supuesto, no es este el lugar para ocuparse de ellos. Sin embargo, es innegable e inevitable que con ellos vengan suspicacias.

Es hora de recordarle al señor presidente que hay un sobre en blanco debajo de todos los papeles en su escritorio. Le basta con responder una pregunta: ¿quién, finalmente, va a ordenar MICASA?

Le recomendamos: Arte y cultura: ¿Cuál ha sido el papel de este sector en el gobierno Petro?

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Ángela Cruz

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Ángela Cruz

*Profesional en Estudios Literarios, magistra en Estudios Culturales,
magistra en Estudios Editoriales, docente, editora, gestora cultural y
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La cancelación del festival es una consecuencia del fallo injusto a favor de Andrés Muñoz. Lo sucedido señala un nuevo camino en el consumo crítico de productos culturales.

Ángela Cruz*

Los hechos

El Carnaval Fest 2022 fue cancelado el 30 de enero debido al retiro de diversas bandas y a la presión social ejercida en redes.

El Carnaval Fest es un festival de rock organizado en Medellín por la Corporación Cultural Tr3sdeCorazón. La corporación esta conformada por los miembros de la banda homónima, quienes hace 13 años trabajan como gestores culturales en esa ciudad.

El baterista de la banda, Andrés Felipe Muñoz, recibió una demanda de su expareja en 2018 por suministrarle un medicamento para abortar sin su consentimiento.

Milena Uribe y Andrés Muñoz tuvieron relaciones sexuales consentidas que resultaron en un embarazo. Uribe le informó a Muñoz y él intentó convencerla de interrumpir el embarazo. Ella decidió no hacerlo. Él le dio un medicamento diluido en un jugo sin su consentimiento y Milena Uribe sufrió un aborto.

Esos fueron los hechos a la luz de los elementos probatorios que el juez tuvo para decidir si Muñoz era culpable de «aborto no consentido». El 18 de enero se emitió un fallo en primera instancia a favor del acusado y se sostuvo que:

  1. La víctima tuvo un sangrado previo a la ingesta del Misoprostol. (Según los gineco-obstetras, perfectamente normal en los primeros meses de embarazo).
  2. No existe prueba suficiente de que el Misoprostol causó el aborto y por eso el juez decidió absolver al acusado.
  3. No existen pruebas científicas de que el embarazo fuera viable.

El aborto sin consentimiento en Colombia

Colombia permitió la interrupción voluntaria del embarazo condicionada a tres causales hace 15 años: violación, malformación del feto, e incompatibilidad con la vida o riesgo para la salud. Aun así el aborto sigue tipificado como un delito dentro del Código Penal colombiano (Artículo 122 y 123).

El conflicto entre la regulación parcial del aborto y su tipificación como delito limita las decisiones de las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva, y su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Por este motivo, el movimiento Causa Justa interpuso una demanda ante la Corte Constitucional a través de una acción colectiva para eliminar el aborto del Código Penal.

Pero el caso de Andrés Muñoz trata de un aborto no consentido. Por eso el fallo del juez revictimiza a la denunciante al no aplicar el enfoque de género y escudarse en la tipificación del Código Penal, aunque esto contravenga los derechos de la víctima.

La sanción social: ¿cancelación o consecuencias?

El aparato legal y los mecanismos de ley parecen mantener un sesgo de género en muchos casos. Aquí es cuando la denuncia pública y la sanción social juegan un papel importante para combatir la impunidad, validar las narrativas de quienes denuncian y proteger los derechos de las víctimas.

Muñoz celebró el fallo del juez públicamente y la banda Tr3sdeCorazón le ratificó su apoyo y celebró su «inocencia».

Esto causó indignación y reacciones adversas que rápidamente se propagaron por las redes sociales, donde se debatió y se preguntó cómo el juez determinó la viabilidad del embarazo o la causa del aborto, y por qué se considera un delito cuando una mujer toma Misoprostol para abortar, pero no cuando un hombre se lo administra sin su consentimiento.

Las personas apelaron a la sanción social como respuesta al fallo absolutorio y la posterior celebración. Las bandas I.R.A, Superlitio, Los Petit Fellas y Margarita Siempre Viva decidieron retirarse del Carnaval Fest como consecuencia de la indignación social. Dicho retiro se percibió como la causa de la cancelación del evento.

Pero Margarita Siempre Viva fue la única banda que justificó su decisión, las demás no aclararon el motivo de su retiro de manera explícita y se abstuvieron de entrar en la polémica en torno a las acusaciones contra Muñoz.

Tal vez hubiera sido preferible que los artistas rechazaran abiertamente los hechos, convirtiendo su retiro en un acto político de repudio del fallo legal y de la celebración del mismo.

Algunas personas piensan que esta sanción social es un ejemplo de la mal llamada «cultura de la cancelación», mientras que otras consideran que es una consecuencia lógica de un fallo que se percibe como injusto.

Pero si se entiende la «cultura de la cancelación» como la decisión de silenciar, ignorar y marginar a un sujeto de la vida social y cultural de manera punitiva, es claro que esto no sucedió.

la cultura de la cancelación 2022

Puede leer: ¿Todo cambia para que todo siga igual?

En el caso que se analiza, ni la banda Tr3sdeCorazón ni el evento fueron censurados. No hubo una petición pública para la cancelación del evento ni acciones para sabotear su realización.

Tampoco se le cerraron los espacios de expresión a los organizadores del evento, de hecho, para la escritura de este artículo se les pidió su opinión, pero decidieron no dar declaraciones por el momento.

Tal vez sea tiempo de pensar en una «cultura de las consecuencias» en vez de una de la cancelación. En la «cultura de las consecuencias» las personas deciden consumir o no un producto cultural, apoyar a una figura pública o participar en espacios que no están alineados con sus valores, después de informarse y analizar críticamente los hechos.

Para eso es clave que los medios comuniquen de manera clara, de modo que la ciudadanía pueda elaborar una opinión informada y decidir sobre su consumo.

Pero esta es apenas una de las aristas de la «cultura de las consecuencias»: no basta con rechazar públicamente las injusticias, también hay que pensar cómo las personas pueden hacerse responsables de sus acciones para que esto se traduzca en reparaciones.

Además, si bien es cierto que la sanción social debe trascender el análisis crítico de los hechos y la apertura al diálogo entre opiniones opuestas, existen casos en donde hay más cosas en juego que una opinión. Los derechos a la libertad de expresión o al buen nombre no deben primar sobre la vida, la integridad física y mental, la salud y la justicia; y, en últimas, no tienen por qué ir en contravía de estas.

La decisión final en el caso de Andrés Felipe Muñoz se conocerá el próximo 22 de marzo. Ojalá la ola de indignación no haya desaparecido para entonces, sino que se haya transformado en una conversación amplia y crítica sobre las implicaciones del fallo para el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

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Ángela Cruz

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Ángela Cruz

*Profesional en Estudios Literarios, magistra en Estudios Culturales,
magistra en Estudios Editoriales, docente, editora, gestora cultural y
podcaster en TodoPoderosa.

Foto: Pexels - El diagnóstico de obesidad por el IMC es el más barato y fácil, pero también es impreciso

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Angela Cruz

El ideal dominante de belleza nos lleva a repudiar a las personas gordas y a perseguir la delgadez sin importar el precio que tengamos que pagar por ella.

Ángela Cruz*

Reacciones ofensivas

El pasado 27 de julio, la alcaldesa Claudia López anunció que las personas con hipertensión, diabetes y obesidad entrarían en cuarentena estricta debido a que son más susceptibles que el resto de la población a desarrollar cuadros graves de COVID-19.

De inmediato, las redes sociales se inundaron de comentarios ofensivos, hirientes o condescendientes dirigidos a las personas gordas. Estas reacciones nos invitan a reflexionar sobre las ideas y prejuicios que existen en torno a la gordura.

Antes que nada, es importante aclarar que las personas con obesidad pueden tener más riesgo de hospitalización, cuidados intensivos, ventilación mecánica y muerte al contraer la COVID-19, sin embargo, esta no es la única comorbilidad importante y su relación con la tasa de mortalidad percibida es considerable, pero no mayoritaria.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que existen estigmas sociales sobre la obesidad, limitaciones importantes para diagnosticarla y factores sociales –como el acceso al trabajo y el derecho a la movilidad– que no pueden perderse de vista al establecer restricciones para este segmento de la población.

¿La gordura es sinónimo de enfermedad?

Numerosos estudios señalan que el Índice de Masa Corporal (IMC), la herramienta más utilizada para diagnosticar la obesidad, no es del todo confiable porque no permite diferenciar la masa magra de la masa conformada por depósitos de grasa ni dar una imagen adecuada de la distribución de los mismos.

Estas limitaciones indican que el IMC no puede medir con precisión la presencia de grasa abdominal y, por ende, el volumen del cuerpo no es un indicador de buena o mala salud por sí mismo. En ese orden de ideas, el IMC debe ser acompañado por otras herramientas diagnósticas. Su uso se ha estandarizado debido a su bajo costo y gran accesibilidad, pero es momento reconocer sus limitaciones y dejar de usarlo para sacar conclusiones apresuradas sobre la salud de otras personas.

Así mismo, es importante tener en cuenta que la patologización de los cuerpos gordos es bastante reciente: solo en 1997 la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a considerar a tratar la obesidad como una epidemia y a considerarla una enfermedad grave.

Sin embargo, los orígenes del vínculo entre gordura y enfermedad se remontan a la época victoriana cuando William Banting publicó el panfleto A Letter on Corpulence (1863) en el que describió la gordura como una «lamentable enfermedad». Banting perseguía dos cosas con dicha publicación: que la gordura dejara de ser considerada como una señal de autoindulgenia y promocionar un régimen dietario diseñado por él mismo.

Foto: PxHere - A las categorías morales se suman las consideraciones estéticas que han establecido un paradigma de la belleza que enaltece la delgadez.

Puede leer: Un país es peligro: sobrepeso y obesidad en Colombia

La delgadez como sinónimo de belleza

El caso de Banting ilustra que, desde hace siglos, las consideraciones sobre la salud y el bienestar físico se han entrecruzado con consideraciones morales que, en el caso específico de la gordura, han promovido una presión social intensa sobre las personas corpulentas para que modifiquen sus cuerpos. A dichas consideraciones morales se ha sumado una idea de belleza que enaltece la delgadez y sataniza la gordura. Es importante subrayar que dicha idea de belleza es una construcción social, es decir, un sistema de creencias que fiscaliza los roles sociales, comportamientos sexuales, gustos y preferencias subjetivas y el derecho a ocupar el espacio que tenemos.

Los cuerpos que transgreden los estándares dominantes de belleza son ridiculizados y estereotipados por la sociedad. No en vano, las redes se inundaron de comentarios satíricos, ofensivos y condescendientes contra las personas gordas después del pronunciamiento de la alcaldesa. Estas reacciones demuestran que ser gordo o gorda es entendido como sinónimo de excesos, negligencia, falta de cariño propio y disciplina.

¿Qué es la gordofobia?

La gordofobia puede definirse como el miedo exagerado a la gordura. Esta fobia se manifiesta de dos formas: a través del miedo a percibirse a sí mismo como gordo y en la aversión, asco o rechazo por las personas gordas.

Estos sentimientos, sumados a la medicalización excesiva y a las representaciones negativas de la gordura, pueden motivarnos a discriminar a los gordos y a someternos a dietas, intervenciones quirúrgicas y fármacos nocivos para nuestra salud para lograr la tan anhelada delgadez.

Activistas gordas como Andrea Ocampo y Lux Moreno afirman que existe una gran distancia entre la presión de sentirse gorda y las dificultades de serlo realmente, pues esto último suele incluir tratos agresivos por parte del personal médico, dificultades para conservar un trabajo e incluso problemas para usar medios de transporte, pupitres de las aulas escolares y sillas de cines o teatros.

Para Ocampo,“si ves una revista de moda, ese cuerpo hegemónico, flaco, rubio, de ojos claros, esbelto puede ser un cuerpo sidoso, puede ser un cuerpo enfermo, anoréxico y no obstante sigue estando legitimado. Pero hay otros cuerpos que parece que, por el puro hecho de existir, y de ser vistos están inmediatamente enfermos, como si la pura inspección visual inmediatamente te diera un diagnóstico biológico». Esta reflexión pone en evidencia que hemos naturalizado la idea de que el sobrepeso disminuye nuestra calidad de vida y es sinónimo de enfermedad. Hemos naturalizado la idea de que tener sobrepeso es una falla, una muestra de falta de autocuidado, una prueba de que ignoramos lo que es bueno para nuestros cuerpos.

Foto: Región Central - Hay una gran distancia entre la presión de «sentirse gorda» y las dificultades de, en efecto, «serlo».

Le recomendamos: El prestigio de la belleza

Una sociedad gordofóbica

Generalmente, asociamos la gordura con adjetivos negativos como indisciplina, inactividad, poca fuerza de voluntad, pasividad y fealdad. Todas estas categorías revelan que tenemos prejuicios morales y sociales sobre las personas gordas, y que fomentamos la reproducción de la diferencia simbólica, que puede ser violenta y que resulta en darle privilegios a unas corporalidades sobre otras.

Vivimos en una sociedad que les concede superioridad moral a los cuerpos normativos y juzga duramente a los que transgreden el imaginario de belleza dominante, lo cual implica que creemos que unos y otros deben ocupar roles sociales completamente diferentes.

Quisiera terminar esta reflexión con un par de interrogantes: ¿Hasta qué punto privilegiamos la existencia de unos cuerpos sobre otros? ¿Iniciativas como el “body positive” son suficientes para que los cuerpos transgresores sean aceptados por la sociedad? ¿O acaso la representación mediática no es suficiente? Quizás necesitamos diseñar nuevas consideraciones políticas sobre los cuerpos que no se adhieren a la norma.

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Ángela Cruz

*Profesional en Estudios Literarios, magistra en Estudios Culturales,
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Angela Cruz

Las acusaciones contra el cineasta Ciro Guerra han puesto en tela de juicio las intenciones de las denunciantes y la idea de justicia que las motiva.

Ángela Cruz*

Denuncia contra la impunidad

La denuncia pública es una herramienta para exponer hechos que requieren de la aplicación de la justicia.

La necesidad de apelar a esta herramienta es mayor cuando el aparato legal y los mecanismos estatales les han fallado históricamente a sectores específicos de la población.

En ciertas ocasiones, estos sectores vulnerados pueden afrontar la impunidad que cobija a quienes cometieron actos violentos o abusivos en su contra solo a través del acto político y colectivo de exposición pública.

Las distintas formas de denuncia pública de cualquier tipo de violencia o injusticia son contextuales. Los actores implicados responden desde sus costumbres y prejuicios a la hora de comprender los hechos y tramitar el dolor que ellos producen.

En el caso de Ciro Guerra, tenemos las denuncias fruto de una investigación periodística que recolectó varios testimonios de víctimas y testigos, y cotejó estos relatos con los datos sobre tiempo, lugar y circunstancia en los que ocurrieron.

Dentro de este ejercicio se contempla la protección de las fuentes, para garantizar su derecho a la privacidad y protegerlas de posibles retaliaciones, que pueden ser legales o profesionales, y que incluso pueden llegar a nuevas agresiones que vulneren la dignidad y la vida de las denunciantes.

Escrache: historia y feminismo

Otra forma de denuncia pública es el escrache, denominación inicial de las acciones del colectivo Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio –H.I.J.O.S., en la Argentina de la postdictadura–. Este colectivo buscaba crear conciencia pública sobre la impunidad en los crímenes cometidos por el Estado y la Junta Militar.

Tal como su predecesor, el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. puso en circulación todo aquello que sus opresores o victimarios habían querido mantener oculto. Esto también funcionó como una estrategia para recuperar la voz y validar el relato propio acerca de aquellos hechos.

A finales de 1996, H.I.J.O.S comenzó una serie de intervenciones en los vecindarios donde habitaban aquellos torturadores e involucrados en las desapariciones. En estas intervenciones, señalaban las casas, gritaban o escribían los nombres de los culpables en las calles y les increpaban de manera directa. Con esto denunciaban la lentitud y poca eficacia de un sistema legal que los mantenía libres, sin asumir las consecuencias de sus actos.

Podemos rescatar dos maneras como el escrache realizado por H.I.J.O.S. resultó efectivo:

• Primero, permitió recuperar el relato de los crímenes por parte de quienes los padecieron y superar el papel de víctimas pasivas.

• Segundo, rompió la membrana del anonimato, posible por los altos cargos de poder de los culpables, que permitió una impunidad y con esta una nueva agresión hacia los denunciantes.

Las preguntas

Este antecedente histórico resulta pertinente para abordar el escrache feminista como una estrategia de denuncia en los casos de violencia sexual y basada en el género, tema sobre el cual aumenta el debate día a día, sobre todo en el mundo de las redes sociales.

Muchas personas se preguntan por qué algunas mujeres deciden exponer públicamente, a través de las redes, a sus agresores y hasta qué punto estas denuncias buscan más una venganza o un castigo, que una petición de justicia y restauración.

El escrache en redes es una estrategia cada vez más recurrida y esto tiene una razón de ser. Las redes facilitan la creación de lazos y colectivos, de modo que el testimonio de una persona puede motivar a otras tantas para que cuenten su propia historia.

Frente a la revictimización constante, común en este tipo de violencias, el escrache se convierte en una forma de tramitar el dolor y salir del lugar de la herida. Entonces hace posible un proceso de sanar el evento y empezar a reconstruir la propia historia.

A pesar de esto, vale la pena preguntarnos si el escrache perpetúa el binomio víctima/victimario y si la denuncia de las mujeres, desde una pasividad admitida, sirve de algún modo a los denunciados.

Para empezar, la categoría de víctima no es voluntaria y «victimizarse» —en el sentido ligero que algunos pretenden dar al término— es distinto de reconocerse como alguien que fue receptor de una violencia injusta. El silencio, la indiferencia y las trabas en el acceso a la justicia precisamente niegan este reconocimiento.

Por supuesto que quisiéramos superar la dicotomía víctima/victimario, pero no será posible hasta que no reconozcamos y reformulemos la asimetría en la que se encuentran los testimonios de las denunciantes frente a los de sus denunciados. En esta medida, sacar de la esfera privada los actos de violencia que han sufrido resulta una acción emancipadora para muchas mujeres y sobre todo poder hacerlo en sus propios términos.

escrache feminismo
Foto: Flickr - El escrache es una forma de denuncia que busca una sanción social.

Puede leer: El caso de Ciro Guerra: las víctimas merecen narrativas nuevas

Consecuencias del escrache y la denuncia pública

Lo anterior no exime a las denunciantes, a los feminismos y a la opinión, de plantearse seriamente una reflexión acerca de los efectos del escrache y la denuncia pública.

En primer lugar, como señala el colectivo Género y Seguridad, es importante considerar cuáles son las implicaciones jurídicas del escrache en Colombia y otros países de América Latina.

En nuestro caso, debemos tener en mente que la misma Corte Constitucional ha reconocido en varias sentencias la necesidad de una justicia con enfoque de género. Este enfoque es necesario porque las víctimas de este tipo de violencia no están en condiciones de igualdad en cuanto al acceso a la justicia: los costos económicos no son los únicos que deben asumirse a la hora de denunciar un delito sexual.

Sumadas a las presiones de muchos agresores que pueden obstaculizar la carrera y la vida familiar de muchas agredidas, se encuentran los procedimientos mismos que utilizan las autoridades para validar las denuncias —desde exámenes médicos hasta una repetición constante de las denuncias salpicada de cuestionamientos— que pueden resultar traumáticas y además contrarias al principio de buena fe.

Aquí viene un punto importante en esta discusión: ¿qué pasa con la presunción de inocencia en estos casos? ¿Qué pasa con el riesgo de «arruinarle la vida» a un escrachado?

Partamos de que los testimonios de quien acusa a otra persona deben ser recibidos bajo el principio de la buena fe. No es un capricho creerle a la víctima en primera instancia, incluso cuando al final del proceso se llegue a otras conclusiones; es un principio fundamental de justicia.

Lo contrario nos llevaría a suponer que quienes denuncian mienten o que obran con fines oscuros. Cuando un 95% de los casos denunciados de violencia sexual quedan en la impunidad, este razonamiento es bastante cruel.

La presunción de inocencia protege a los ciudadanos de los excesos y arbitrariedades en la administración de justicia; permite que nadie sea juzgado y condenado sin que tenga la oportunidad de presentar pruebas de su inocencia.

Como vemos, los dos principios no se contradicen e inclusive resultan complementarios, garantizan un equilibrio entre los actores de la situación y buscan una igualdad de condiciones en cuanto al acceso a la justicia de ambas partes.

La discusión sobre «arruinar la vida» a un denunciado no es, en ningún caso, banal; sin embargo, las condiciones de desigualdad que ya mencioné minimizan, en dado caso, tal riesgo.

En este punto, los feminismos no deben perder de vista que estos supuestos no funcionan del mismo modo cuando el acusado es alguien que está en alguna condición de vulnerabilidad, bien sea por razones económicas, psicológicas, étnicas o de otro tipo, análisis que no emprenderé ahora, pero que resulta imprescindible.

Quiero dejar algunas preguntas abiertas para los lectores y lectoras de este artículo, preguntas que me resultan más significativas:

• ¿Qué entendemos como justicia en el ejercicio del escrache?
• ¿De qué manera la posibilidad de denunciar y apropiarse del relato de la violencia puede ser un mecanismo de reparación?
• ¿Es la justicia un problema exclusivo del Derecho y el sistema legal?

La pregunta por lo que entendemos por justicia, verdad y reparación es el primer paso para avanzar hacia un mundo verdaderamente igualitario y libre de violencias.

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