Una carta y un sobre vacío

Ha pasado más de un mes desde que voceros del sector cultural se reunieran con el presidente Petro para analizar la crisis que resulta, entre otras cosas, de la interinidad a raíz de la salida de la ministra Patricia Ariza y el nombramiento de Jorge Ignacio Zorro como ministro encargado.

El motivo de esa reunión fue una carta que el 16 de junio sumaba 1107 firmas de artistas, académicos y gestores culturales que —junto con personalidades internacionales—, reclamaban que nueve meses después de haber llegado al poder, los planes para el sector cultural colombiano que fueron anunciados durante la campaña electoral no habían comenzado a realizarse.

La incomodidad de los firmantes se debía a la falta de rumbo en la que al parecer se ha sumido el ministerio debido al vacío administrativo que resulta de no tener una persona nombrada en propiedad para dirigir esta cartera. También se recordaba al presidente Petro el papel importante del sector cultural en promover su propuesta de cambio durante el camino a la presidencia.

Así, cuando por fin los representantes del sector lograron reunirse con el mandatario, el gesto simbólico final de la reunión fue la entrega de un sobre vacío en el cual se esperaba que el presidente entregara su respuesta a los firmantes. Las preguntas que quedaron en el aire desde entonces fueron:

• ¿De qué manera va el gobierno a llenar ese sobre?,
• ¿Cuáles son los cambios prácticos para que la promesa de una convergencia entre actores del sector cultural, prometida durante la campaña, se vuelva realidad?, y
• ¿Hasta qué punto la cultura es una prioridad para este gobierno, más allá del discurso?

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Entre lo identitario, la “alta cultura” y la economía naranja

Cuando comienza un nuevo gobierno —que además se autodefine como progresista— es de esperar que se presenten disputas entre distintas visiones de la cultura.

Como señala el asesor Richard Tamayo, algunos siguen aferrados a una concepción decimonónica que ve en la “alta cultura” una herramienta de cambio o de movilidad social, mientras que otros se inclinan hacia la recuperación de prácticas culturales más identitarias, relacionadas con apuestas regionales y comunitarias. Estos últimos sectores tienen razones válidas para desconfiar de proyectos ligados a esa primera visión que se percibe como privilegiada históricamente.

Hay muchas más maneras de entender la cultura, o al menos el lugar desde el cual debe abordarla la gestión pública, y esto saca a la luz otro desencuentro entre los intereses de creadores, artistas, gestores, administradores y ordenadores del gasto.

Lo anterior era aún más previsible cuando la propuesta para el sector cultural pretendía transformar el modelo de inversión, que bajo el gobierno Duque estuvo marcado por la llamada “economía naranja”.

Los cambios con MICASA

Ahora bien, es importante señalar que Ariza logró cambios legales que fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, cambios éstos que permiten transitar de la economía naranja a las economías culturales y creativas.

No se trata de echar por tierra las acciones del gobierno anterior o los programas con resultados positivos. Pero los cambios no pueden ser meramente nominales. Se trata de cambiar un conjunto de políticas que han sido insuficientes para fomentar la creación, la circulación, la promoción y los procesos colectivos, no apenas por falta de presupuesto, sino por su incapacidad de asegurar la integración entre las diferentes partes del sistema.

Visto desde este ángulo, otro cambio del nombre Ministerio de Cultura por MICASA (Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes) —proyecto de ley que el Senado aprobó este 14 de junio— permite, al menos conceptualmente, la apertura a procesos que no contaban con visibilidad y representatividad suficientes en pasadas administraciones.

Otros dos cambios importantes merecen atención y seguimiento:

-En primer lugar, la creación del Consejo Nacional de Economías Culturales y Creativas para sustituir al de Economía Naranja; si bien se anuncia que su propósito es señalar directrices para lograr la convergencia prometida, todavía no es clara la hoja de ruta que se pretende poner en marcha.

– En segundo lugar, el remplazo de las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) por los Territorios Culturales, Creativos y de los Saberes que, reitero, no puede implicar apenas un cambio de nombre sino una transformación completa del marco legal y el modelo de inversión en cultura, para evitar que simplemente se asignen zonas a la explotación y emprendimiento culturales

Algunas de estas zonas han servido para hacer invisibles los procesos locales ya existentes o la gentrificación, causante de exclusión y desplazamiento, que más allá de ganancias para algunos, no crea acciones culturales con procesos humanos, historias comunitarias, construcción de memoria, afirmación identitaria y sí, búsqueda de la paz.

Es importante entonces reconocer que ya se dio un primer paso al, por ejemplo, modificar los “códigos ciiu” para las actividades culturales —los códigos de actividad económica que permiten asignar partidas presupuestales a proyectos por parte del ministerio—, que bajo la economía naranja permitieron desviar recursos hacia otros sectores, que bien habrían podido ser financiados por otras carteras o dependencias del gobierno.

Asumir el liderazgo del MICASA en medio de esta transformación necesita entonces de afinidad ideológica y claridad discursiva acompañadas por una gestión administrativa que distribuya bien los recursos que, si bien aumentaron como porcentaje del presupuesto nacional, no son adecuados para atender las múltiples instancias de trabajo cultural.

Cambios necesarios

Ante la complejidad y multiplicidad del sector, es evidente que acabar con la interinidad, si bien no es lo único por arreglar, debe ser el primer paso para conjurar esta crisis que es, sobre todo, una de confianza que pone de manifiesto un problema de representatividad.

Como señalan algunas de las fuentes consultadas dentro del ministerio para escribir este artículo, se necesita que las personas en las altas posiciones sean reconocidas como trabajadores de la cultura, y además se necesita que estas reconozcan a quienes han trabajado durante años desde el mismo sector público.

No basta entonces con anunciar la inversión en determinadas áreas o promover nuevas iniciativas, sino demostrar de qué manera se puede garantizar la continuidad de los proyectos, cómo se logrará la reinversión y de qué manera pueden pasar de ser políticas de gobierno a programas de Estado.

El Ministerio de Cultura, para ser MICASA y para convertirse en el motor de cambio hacia la paz como se ha prometido, necesita paz interior. La inestabilidad afecta a los artistas e intelectuales que firman las cartas y asisten a reuniones que los han llenado de expectativas no resueltas, pero afecta también y sobre todo a los procesos locales y comunitarios que sostienen la vida de muchas personas.

Afecta también, y sin que nadie parezca interesarse por ello, a los servidores públicos de la cultura que a menudo se encuentran precarizados bajo el modelo de contrato por prestación de servicios —con vigencias tan cortas como las trimestrales— mientras cumplen horarios de empleados y se ven forzados a ejecutar presupuestos y sacar adelante proyectos en tiempo récord.

Según el testimonio de algunos contratistas en diferentes direcciones del Ministerio, han llegado personas a cargos de supervisión que no cuentan con el conocimiento o la experiencia para dirigir a sus equipos. Otros manifestaron que algunos funcionarios propician el clima de acoso laboral. De manera pública el exdirector de comunicaciones Daniel Téllez declaró que su salida pudo estar relacionada con su orientación sexual.

Finalmente, rumores sobre movidas políticas tras la prolongación de la interinidad del ministro Zorro siguen circulando en pasillos y redes sociales. Por supuesto, no es este el lugar para ocuparse de ellos. Sin embargo, es innegable e inevitable que con ellos vengan suspicacias.

Es hora de recordarle al señor presidente que hay un sobre en blanco debajo de todos los papeles en su escritorio. Le basta con responder una pregunta: ¿quién, finalmente, va a ordenar MICASA?

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