Acoso sexual: la responsabilidad penal después del escándalo

Denunciar una agresión sexual en Colombia es exponerse a ser revictimizada y acusada. Así lo muestran los casos de Jineth Bedoya y Lina Marcela Castillo.

El costo humano de la impunidad

Los recientes escándalos que involucran a medios de comunicación como Caracol Televisión y El Espectador, a figuras públicas como Hollman Morris y de manera especialmente dolorosa a la periodista Yineth Bedoya, no pueden analizarse como simples hechos aislados o controversias puramente mediáticas y personales. 

Por el contrario, estos hechos han puesto en evidencia verdaderos ciclos de violencias basadas en género y acoso, prácticas machistas y misóginas persistentes en todos los niveles de nuestra sociedad y una fisura institucional profunda, que se refleja en el manejo inadecuado –y a veces abiertamente revictimizante– de los casos judiciales por parte de las autoridades competentes. 

El caso de Jineth Bedoya es el ejemplo más diciente de lo que ocurre cuándo falta la respuesta efectiva del Estado; buscar justicia puede convertirse en un camino de revictimización prolongada e incluso mucho más dolorosa que los escenarios de agresión sufridos. Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual en el año 2000 a manos de los paramilitares, mientras ejercía su labor periodística, ha buscado durante más de dos décadas que su caso no quede en la absoluta impunidad y que se reconozca y sancione a los responsables por los hechos de violencia que tuvo que vivir. 

A pesar de que instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han condenado al Estado colombiano por estos sucesos y su falta de investigación judicial, el avance dentro del país continúa siendo frustrante y paquidérmico.

En un acto simbólico, la periodista Bedoya decidió recientemente “renunciar” a su calidad de víctima dentro del proceso penal, no como un gesto de desistimiento, sino como una forma de protesta frente a un sistema que no avanza y que no le ofreció ningún tipo de respuesta efectiva y real a su proceso. Su decisión, como la de tantas otras mujeres que deciden dejar de comparecer ante las autoridades por falta de garantías, muestra hasta dónde el tránsito por la justicia puede convertirse en una carga insoportable para quien busca verdad y reparación.

La paradoja de la denunciante procesada

Otro caso preocupante se observó la semana pasada en el proceso de Lina Marcela Castillo, quien denunció al hoy director de RTVC, Hollman Morris, por presuntas agresiones, amenazas y acoso laboral durante el año 2018. 

Lina, en su momento, acudió ante la Fiscalía en calidad de víctima, buscando protección y esclarecimiento frente a los presuntos hechos de violencia sufridos. Sin embargo, ocho años después, lejos de encontrar un entorno institucional que garantizara su seguridad o por lo menos, el avance diligente y riguroso de la investigación, su caso terminó en todo lo contrario: pasó de ser reconocida como víctima, de denunciante, a convertirse en procesada por la propia Fiscalía General de la Nación en un proceso por calumnia que Morris instauró en su contra.

En este tipo de escenarios, la víctima deja de ser reconocida como tal y pasa a ocupar, de manera paradójica, el lugar de investigada o, peor aún, de acusada. Muchas mujeres son testigos de cómo sus agresores, ante la contundencia de sus denuncias y la gravedad de los hechos relatados, recurren como último mecanismo de defensa al propio sistema judicial empleando estrategias de acoso y hostigamiento. 

A través de denuncias infundadas, acciones legales intimidatorias o campañas de estigmatización, logran desviar el foco del proceso penal hacia la víctima, erosionando su legitimidad, desgastándolas emocional y jurídicamente, mientras impiden que continúen con el relato de lo sucedido. 

Esta instrumentalización del aparato judicial perpetúa los escenarios de la violencia y envía un mensaje profundamente equivocado de impunidad, pues denunciar puede significar entrar en un terreno donde la verdad compite en desventaja frente al poder, la influencia y la capacidad de litigar, lo que en términos jurídicos se denomina como violencia y revictimización institucional.  

Todas estas historias, incluidas aquellas relacionadas con Caracol Televisión, que se han hecho públicas en el trascurso de la semana, aunque provienen de sectores distintos, repiten patrones que ya no pueden ignorarse: relaciones de poder profundamente desiguales, silencios impuestos, miedo a las consecuencias de denunciar y, en la mayoría de casos, ausencia de respuestas institucionales eficaces que conduce a la impunidad.

Que estas violencias ocurran incluso en espacios donde debería existir mayor visibilidad, protección o capacidad de reacción no hace sino confirmar que el problema no es marginal sino estructural y que sigue encontrando en la inacción institucional uno de sus principales aliados.

Hacia una justicia con enfoque de género

Hoy, resulta realmente inadmisible que el tránsito por la administración de justicia se convierta en una experiencia más angustiante que las propias agresiones padecidas; que las víctimas pasen años suplicando o casi rogando por verdad y reparación sin obtener respuestas efectivas; y que, además, en giros absolutamente reprochables, terminen siendo ellas quienes enfrentan juicios penales, y nuevas formas de acoso por parte de sus agresores. 

El país y sus instituciones –como lo ha empezado a plantear recientemente la Fiscal general de la Nación– tienen la obligación inaplazable de diseñar y aplicar  políticas y estrategias orientadas a la protección efectiva de las víctimas de violencia de género. Esto implica ir más allá de los discursos y traducir los compromisos en acciones concretas, rutas de atención claras, accesibles y seguras, mecanismos de protección oportunos que eviten nuevas agresiones y un acompañamiento integral que no solo contemple lo jurídico, sino también lo psicológico y social.

La protección no puede desligarse de la investigación. De poco sirven los canales de denuncia si estos desembocan en procesos ineficaces, lentos o abiertamente revictimizantes. Es indispensable fortalecer las capacidades investigativas con enfoque de género, dedicar funcionarios solo a este tipo de casos, garantizar la debida diligencia en cada etapa del proceso y evitar prácticas que desincentiven la denuncia. Esto implica capacitar a fiscales, jueces y funcionarios en general para que adopten protocolos claros de recolección y valoración de pruebas, y aseguren que las decisiones judiciales estén libres de estereotipos o prejuicios machistas. 

Asimismo, resulta fundamental cerrar los espacios que permiten la instrumentalización del sistema judicial en contra de las víctimas. Las estrategias deben contemplar mecanismos para prevenir y sancionar el uso abusivo de acciones legales como forma de intimidación, así como garantizar que quienes denuncian no terminen enfrentando cargas desproporcionadas o procesos en su contra sin fundamento. 

La justicia no puede ser un campo de disputa desigual donde la víctima quede en desventaja.

Un sistema que protege, investiga con rigor y sanciona con justicia no solo responde a las víctimas, sino que envía un mensaje claro a la sociedad: la violencia de género no será tolerada y quien denuncie no estará sola. Sin esa garantía, cualquier política será insuficiente y la impunidad seguirá encontrando terreno fértil.

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