Colmenares: la verdad huye con el tiempo

El caso del joven Luis Andrés Colmenares (q.e.p.d.) y la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia confirmando la absolución de Laura Moreno constituye un claro ejemplo sobre los padecimientos y problemas estructurales que presenta nuestra administración de justicia y en especial la Fiscalía General la Nación. 

Más de una década de trámite judicial no es una simple cifra, es la manifestación  de una falla que trasciende los expedientes y repercute en las víctimas y en la ciudadanía, que percibe –con razón– cómo la impunidad termina ganando sobre la expectativa legítima de justicia, verdad y reparación.

En el caso de la familia Colmenares, la prolongación excesiva del proceso, sumada a una investigación ampliamente cuestionada por sus inconsistencias, falta de rigurosidad, cambios de hipótesis factuales y deficiencias probatorias, implicó una carga emocional, social y jurídica absolutamente desproporcionada. 

No solo han tenido que enfrentar la pérdida irreparable de un hijo, de un hermano, sino también al sistema que, lejos de ofrecer respuestas claras y oportunas, prolonga la incertidumbre, revictimizado a los involucrados y generado un desgaste emocional y personal que va más allá de la naturaleza de cualquier proceso judicial.

Pocos lo recuerdan, pero la investigación inicial estuvo marcada por una serie de errores que condicionaron todo el devenir judicial y que ninguno de los fiscales posteriores –desde Antonio Luis González hasta los delegados ante la Corte Suprema de Justicia– lograron corregir. La inactividad apabullante frente a los actos de investigación urgentes e inmediatos en la escena donde murió Colmenares marcó gran parte de los inconvenientes probatorios y factuales que aparecerían después.

Durante la primera fase, bajo la dirección del fiscal Saavedra Peñaloza se partió de una hipótesis de muerte accidental que, lejos de ser objeto de verificación, terminó por desincentivar labores investigativas que hubieran sido esenciales para el esclarecimiento de lo sucedido. 

Durante casi un año la actuación se caracterizó por una pasividad difícil de justificar. No se aseguraron registros de cámaras de seguridad (a pesar de ser una de las zonas más vigiladas del país), no se practicaron entrevistas inmediatas a testigos claves (los miembros del bar Hotel V donde departieron esa noche, celadores y personas cercanas del sector), no se realizó una necropsia rigurosa (solo hasta un año después con el Dr. Máximo Duque) y no se adelantó una reconstrucción técnica y temprana de los hechos que permitiera fijar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Esta omisión en la práctica de actos urgentes evidentes y, si se quiere, apenas básicos, como recientemente lo puso de presente la Corte Suprema de Justicia, impidió conocer con precisión la realidad de lo sucedido. Lo que no se hizo en esas primeras horas y días –cuando la evidencia aún existía, era accesible y plenamente verificable– difícilmente pudo reconstruirse meses o incluso años después sin incurrir en vacíos, contradicciones o inevitables márgenes de especulación.

En ese contexto, la llegada del fiscal Antonio Luis González representó, más allá de los cuestionamientos que recayeron sobre su gestión, un punto de quiebre en términos de actividad investigativa. A partir de entonces el caso adquirió un impulso y se reorientó hacia una hipótesis distinta, acorde con lo que diversos elementos de prueba sugerían: que los hechos no podían explicarse, sin mayor análisis, como una muerte accidental.

Pero ese viraje se produjo cuando el deterioro probatorio ya era significativo. Para ese momento, la ausencia de una base investigativa sólida, construida de manera oportuna, técnica y completa, había dejado al proceso sin un soporte empírico robusto. En palabras sencillas: era un caso sin pruebas sólidas, no porque estás no existieran, sino porque no se habían recopilado en su debido momento. Ello obligó a acudir a reconstrucciones tardías, escuchar a ciudadanos que terminaron siendo “falsos testigos” y que, lejos de fortalecer la teoría del caso,  debilitaron su coherencia abriendo espacio a inconsistencias difíciles de superar.

Lo que inició como una investigación marcada por la inactividad terminó transformándose en un proceso complejo, prolongado y atravesado por irregularidades, en el que las falencias iniciales se proyectaron a lo largo de todas las etapas judiciales. El resultado fue un expediente incapaz de ofrecer una verdad clara y convincente, no por ausencia de debate, sino por la fragilidad estructural de su punto de partida.

En esa misma línea, la propia Corte, casi quince años después, terminó por reconocer las consecuencias de esas falencias originarias. La decisión reciente dejó en evidencia que, a estas alturas, resulta prácticamente imposible establecer, más allá de toda duda, si la muerte de Luis Andrés Colmenares obedeció a un homicidio o a un evento accidental, y mucho menos identificar a eventuales autores o partícipes.

Esta afirmación judicial reflejó el deterioro progresivo de la capacidad probatoria del proceso. Los elementos de convicción recaudados –sumados a los errores evidentes en la labor investigativa de la Fiscalía– están lejos de satisfacer los estándares de certeza que exige el derecho penal. Lo que debía resolverse en el terreno de la prueba terminó desplazándose al ámbito de la duda, no como una garantía abstracta, sino como el resultado inevitable de una investigación que perdió, desde sus inicios, la oportunidad de construirse sobre bases sólidas.

Este caso, así como muchos otros, pone en evidencia que la ineficiencia investigativa y la demora judicial no son fallas neutras; tienen consecuencias humanas concretas. La familia Colmenares no solo ha buscado justicia, sino también verdad y cierre, y el sistema no ha logrado proporcionarlos de manera adecuada ni mucho menos oportuna. 

La debilidad institucional en la investigación puede transformar un proceso en un escenario de desgaste, donde la justicia, aun cuando se pronuncia, lo hace tarde y de forma insuficiente frente a las expectativas legítimas de las víctimas y de la sociedad.

La lección que deja este doloroso caso no puede quedarse en el diagnóstico; exige medidas concretas. Es urgente fortalecer, de manera real y sostenida, las capacidades del aparato investigativo de la Fiscalía General de la Nación. Esto pasa, en primer lugar, por una capacitación técnica permanente del cuerpo de investigación (CTI) y, en segundo lugar, por elevar los estándares de rigor en la dirección funcional de los fiscales, quienes deben asumir un rol activo y metodológicamente sólido desde el primer momento.

A ello se suma un problema que tampoco puede seguir ignorándose: los tiempos. Un sistema en el que la asignación de una denuncia puede tardar cerca de un mes ya comienza en déficit. La demora inicial es, muchas veces, la diferencia entre preservar o perder pruebas relevantes. 

Evitar que se repitan procesos como el de Colmenares implica asumir que el problema no radica únicamente en la congestión judicial, sino en la calidad misma de la investigación, es decir, en la Fiscalía. Sin un primer eslabón sólido –oportuno, técnico y coherente–, todo el sistema queda expuesto. La justicia no puede depender de reconstrucciones tardías ni de debates interminables. Necesita precisión desde el inicio y decisiones en tiempos razonables que devuelvan confianza a la ciudadanía.